Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria

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• 20 de octubre de 2022
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• 3 de junio de 2021
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• 29 de junio de 2017
  Reforma BOE-A-2017-7483
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• 3 de julio de 2015
  Versión original BOE-A-2015-7391

Artículo por artículo

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1. Artículo 1 — Objeto y ámbito de aplicación

   Esta Ley regula los expedientes de jurisdicción voluntaria ante órganos jurisdiccionales. Se consideran tales aquellos que requieren intervención judicial para tutelar derechos civiles y mercantiles sin controversia contenciosa.

2. Artículo 2 — Competencia en materia de jurisdicción voluntaria

   Competen Juzgados de Primera Instancia o Mercantil. La competencia territorial es fija. Los Secretarios judiciales dirigen el expediente; el Juez decide si afecta interés público, estado civil, menores, discapacidad o creación/extinción de derechos. El resto lo resuelve el Secretario.

3. Artículo 3 — Legitimación y postulación

   Pueden promover expedientes quienes tengan derechos legítimos o legitimación legal. En casos requeridos, se necesita Letrado y Procurador. Para recursos de revisión, apelación u oposición, es obligatorio Abogado y Procurador.

4. Artículo 4 — Intervención del Ministerio Fiscal

   El Ministerio Fiscal interviene en expedientes de jurisdicción voluntaria cuando afectan al estado civil o condición de la persona, o cuando está comprometido el interés de un menor o una persona con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.

5. Artículo 5 — Prueba

   El Juez o Secretario judicial deciden sobre la admisión de pruebas. Pueden ordenar prueba de oficio por interés público, afectación a menores o personas con discapacidad, clarificación de elementos relevantes o cuando la ley lo prevea.

6. Artículo 6 — Tramitación simultánea o posterior de expedientes o procesos

   Si hay expedientes simultáneos con idéntico objeto, se archivan los posteriores. No se puede iniciar expediente si hay proceso jurisdiccional sobre el mismo objeto, archivándose y remitiéndose al tribunal. Se suspende el expediente si existe proceso contencioso que pueda afectarle.

7. Artículo 7 — Gastos

   Los gastos de los expedientes de jurisdicción voluntaria corren a cargo del solicitante, salvo disposición legal contraria. Los gastos de testigos y peritos los paga quien los propone.

8. Artículo 7 bis — Ajustes para personas con discapacidad

   Se garantizan ajustes y adaptaciones para personas con discapacidad en todas las fases. Las comunicaciones serán claras y accesibles. Se facilita apoyo, intérpretes de lengua de signos, facilitadores y acompañante elegido.

9. Artículo 8 — Carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil

   Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplican supletoriamente a los expedientes de jurisdicción voluntaria en todo lo no regulado por esta Ley.

10. Artículo 9 — Competencia internacional

    Los órganos judiciales españoles son competentes en casos internacionales según Tratados o Ley Orgánica del Poder Judicial. Si no se concreta el territorial, compete el lugar de efectos principales o ejecución.

11. Artículo 10 — Ley aplicable a los expedientes de jurisdicción voluntaria en los casos internacionales

    Los órganos judiciales españoles aplicarán a los expedientes de jurisdicción voluntaria con elementos internacionales la ley determinada por las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho internacional privado.

12. Artículo 11 — Inscripción en registros públicos

    Las resoluciones extranjeras definitivas se inscriben en registros españoles tras exequátur. Las no definitivas solo tienen anotación preventiva. El régimen aplica también a autoridades no judiciales extranjeras.

13. Artículo 12 — Efectos en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras

    Los actos extranjeros firmes surten efectos en España tras reconocimiento. El juez o registro competente lo otorga incidentalmente sin procedimiento previo. Se deniega si hay incompetencia manifiesta, infracción derechos defensa, contrariedad orden público o violación derecho fundamental.

14. Artículo 13 — Aplicación de las disposiciones de este Capítulo

    Las disposiciones de este Capítulo se aplican a todos los expedientes de jurisdicción voluntaria, salvo que se opongan a normas específicas.

15. Artículo 14 — Iniciación del expediente

    El expediente se inicia de oficio, fiscal o solicitud. Debe incluir identificación, domicilio, email (obligatorio si es necesario) y hechos. Se usan formularios normalizados si no es preceptiva letrada.

16. Artículo 15 — Acumulación de expedientes

    Se acumulan expedientes si la resolución de uno afecta a otro o hay riesgo de contradicción, salvo que correspondan a sujetos distintos. La acumulación ante mismo órgano se solicita por escrito antes de la primera comparecencia. No son acumulables a procesos contenciosos.

17. Artículo 16 — Apreciación de oficio de la falta de competencia y otros defectos u omisiones

    El Secretario judicial examina de oficio la competencia y defectos. Si falta competencia objetiva, archiva o da cuenta al Juez. Si falta competencia territorial, remite el expediente. Se concede plazo de 5 días para subsanar omisiones; si no se hace, se archiva.

18. Artículo 17 — Admisión de la solicitud y citación de los interesados

    El Secretario judicial admite o archiva la solicitud. Se cita a comparecencia si hay otros interesados, pruebas o necesidad. La citación tiene 15 días de antelación. La oposición debe formularse en 5 días y se transcribe a la parte solicitante.

19. Artículo 18 — Celebración de la comparecencia

    La comparecencia se celebra en 30 días. Si el solicitante no asiste, se archiva. Se oye a interesados y se garantiza la participación de menores y personas con discapacidad. Las cuestiones procesales se resuelven oralmente. Se graba el acto y se permiten conclusiones orales.

20. Artículo 19 — Decisión del expediente

    El expediente se resuelve en 5 días por Juez o Secretario. En casos de menores o discapacidad, la decisión puede basarse en hechos conocidos. Una vez firme, no se puede iniciar otro idéntico salvo cambio de circunstancias, aunque vincula expedientes conexos.

21. Artículo 20 — Recursos

    Contra resoluciones interlocutorias cabe recurso de reposición (oral si es en comparecencia). Las definitivas del Juez se recurren en apelación (sin efecto suspensivo salvo ley). Las del Secretario judicial se recurren en revisión ante el Juez.

22. Artículo 21 — Caducidad del expediente

    El expediente se declara caducado por abandono si no hay actividad en 6 meses desde la última notificación, pese al impulso de oficio. Lo declara el Secretario judicial. Contra este decreto solo cabe recurso de revisión.

23. Artículo 22 — Cumplimiento y ejecución de la resolución que pone fin al expediente

    La ejecución se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 521 y 522), pudiendo instarse actos inmediatos. Para inscripciones en Registro Civil se expide testimonio. En otros registros públicos, a instancia de parte, se remite mandamiento por vía electrónica.

24. Artículo 23 — Ámbito de aplicación

    Se aplica a filiación no matrimonial que requiera autorización judicial. La solicita hermano o consanguíneo en línea recta del progenitor. Se requiere aprobación si el reconocedor no puede casarse, carece de consentimiento/curador, o el padre reconoce en plazo de inscripción suspendido por la madre.

25. Artículo 24 — Competencia, legitimación y postulación

    Compete el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del reconocido (o del progenitor si no reside en España). Lo promueve el progenitor autor, asistido si procede. No es preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador.

26. Artículo 25 — Tramitación

    El Secretario judicial cita al solicitante, progenitor, representante, reconocido (si mayor de 12 años o maduro), descendientes si falleció, personas oportunas y al Ministerio Fiscal.

27. Artículo 26 — Resolución

    El Juez resuelve atendiendo al discernimiento, veracidad, verosimilitud e interés del menor/discapacitado. Se invalida si hay documento público en contra del reconocido con plena capacidad. Se inscribe en Registro Civil.

28. Artículo 26 bis — Ámbito de aplicación

    Este capítulo regula la aprobación judicial para modificar la mención registral del sexo en personas de 12 a 14 años.

29. Artículo 26 ter — Competencia, legitimación y postulación

    Compete el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia. Lo promueven personas de 12 a 14 años con representantes. En desacuerdo, se nombra defensor judicial. Si hay discapacidad, se establecen medidas de apoyo. No es necesario abogado ni procurador.

30. Artículo 26 quater — Tramitación

    Tramitación preferente. Solicitud con pruebas de disconformidad estable. El Juez cita a comparecer y puede practicar pruebas. Debe informar al menor sobre consecuencias, medidas de apoyo y asociaciones, en lenguaje accesible. Cualquier mayor de edad puede ser testigo.

31. Artículo 26 quinquies — Resolución

    El Juez resuelve la aprobación judicial previa audiencia del menor, valorando su interés superior, voluntad estable y madurez. No se exige informe médico ni modificación corporal.

32. Artículo 26 sexies — Ámbito de aplicación

    Este capítulo regula la aprobación judicial para revertir una rectificación registral previa del sexo, conforme al artículo 47 de la Ley de igualdad de personas trans y LGTBI.

33. Artículo 26 septies — Competencia, legitimación y postulación

    Compete el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia. Lo promueven quienes estén legitimados para la rectificación. No es preceptiva la intervención de abogado ni procurador.

34. Artículo 26 octies — Tramitación

    Expediente preferente iniciado con solicitud de voluntad de revertir y pruebas. El Juez cita a comparecencia al solicitante, representantes, otras personas y al Ministerio Fiscal. Puede practicar otras pruebas.

35. Artículo 26 — nonies. Resolución

    El Juez resuelve la aprobación, considerando el interés superior del menor si el solicitante es menor. El testimonio se remite al Registro Civil para la inscripción de la rectificación aprobada.

36. Artículo 27 — Ámbito de aplicación

    Se aplica a casos de defensor judicial. Se insta habilitación si progenitores/tutor ausentes, se niegan a representar o son imposibilitados. Se nombra sin habilitación para litigar contra ellos o por Fiscalía, salvo interés opuesto.

37. Artículo 28 — Competencia, legitimación y postulación

    Compete al Secretario judicial del domicilio/residencia del menor/discapacitado. Se inicia de oficio, por Fiscalía o iniciativa propia/tercero. No es preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador.

38. Artículo 29 — Efectos de la solicitud

    Desde la solicitud hasta aceptación del cargo o archivo firme, se suspenden plazos de prescripción/caducidad. Si no hay representación, el Ministerio Fiscal asume la defensa hasta el nombramiento.

39. Artículo 30 — Comparecencia y resolución

    El Secretario judicial convoca a solicitantes, interesados, menores de más de 12 años y al Ministerio Fiscal. Si se accede, se nombra defensor judicial idóneo. Su nombramiento se inscribe en el Registro Civil.

40. Artículo 31 — Cesación del defensor judicial y de la habilitación para comparecer en juicio

    El defensor judicial debe comunicar al órgano judicial la desaparición de la causa de su nombramiento, cuando los progenitores o curador comparezcan por el afectado o al terminar el procedimiento que motivó la habilitación.

41. Artículo 32 — Rendición de cuentas, excusa y remoción del defensor judicial

    Al defensor judicial se le aplican normas de inventario, excusa y remoción de tutores. La rendición de cuentas se tramita y decide por el Secretario judicial competente una vez concluida la gestión.

42. Artículo 33 — Competencia

    En expedientes de adopción, es competente el Juzgado de Primera Instancia de la sede de la Entidad Pública protectora del adoptando, o en su defecto, el del domicilio del adoptante.

43. Artículo 34 — Carácter preferente y postulación

    El expediente de adopción es preferente e interviene el Ministerio Fiscal. No es obligatorio contar con abogado ni procurador.

44. Artículo 35 — Propuesta de la Entidad Pública y solicitud del adoptante

    El expediente inicia con propuesta de la Entidad Pública o solicitud del adoptante. Deben incluirse datos personales, familiares, sociales, motivos de elección, domicilio de cónyuges/progenitores y su asentimiento, junto a la declaración de idoneidad.

45. Artículo 36 — Consentimiento

    El Secretario judicial cita al adoptante y al adoptando, si es mayor de 12 años, para que manifiesten su consentimiento ante el Juez.

46. Artículo 37 — Asentimiento y audiencia

    Se citan a las personas del art. 177.2 CC para asentir ante el Juez, salvo si lo hicieron hace menos de 6 meses. Si los progenitores reclaman su asentimiento, hay 15 días para demandar; si no, el expediente sigue. También se oirá a los del art. 177.3 CC.

47. Artículo 38 — Citaciones

    Si falta el domicilio, el Secretario lo averigua y cita en 15 días. Si no comparecen tras ser citados personalmente o no responden a la primera citación, el expediente sigue sin más citaciones. Si no se conoce el paradero, se prescinde del trámite y la adopción es válida.

48. Artículo 39 — Tramitación

    El Juez ordena diligencias para asegurar el interés del adoptado. Las actuaciones son reservadas, ocultando la familia adoptiva salvo excepciones legales. Si hay oposición, el expediente se vuelve contencioso con vista. Contra la resolución cabe recurso de apelación preferente sin efecto suspensivo.

49. Artículo 40 — Procedimiento para la exclusión de funciones tutelares del adoptante y extinción de la adopción

    El procedimiento judicial se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil. El Juez adopta medidas de protección para el menor o persona con discapacidad. Si el adoptado es mayor de edad, se requiere su consentimiento expreso para la extinción.

50. Artículo 41 — Adopción internacional

    La adopción internacional se rige por el artículo 9.5 del Código Civil, la Ley 54/2007 y los Tratados internacionales, especialmente el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993.

51. Artículo 42 — Conversión de adopción simple o no plena en plena

    Se puede convertir adopción simple en plena si el adoptado reside en España o el adoptante tiene nacionalidad/residencia española. Requiere solicitud, consentimiento del adoptante y del adoptado (si mayor de 12 años), y asenso del cónyuge.

52. Artículo 42 bis — a). Ámbito de aplicación, competencia, legitimación y postulación

    El Juzgado de Primera Instancia de la residencia de la persona con discapacidad es competente. Pueden promoverlo el Ministerio Fiscal, la persona, su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos. Cualquier persona puede alertar al Ministerio Fiscal. La persona puede actuar con su propia defensa o

53. Artículo 42 bis — b). Procedimiento

    La solicitud requiere documentación y dictamen pericial social y sanitario. Se convoca a comparecencia al Ministerio Fiscal, la persona con discapacidad y familiares. En la comparecencia, el juez informa sobre alternativas de apoyo. Si la persona opta por una alternativa o se opone, se finaliza el

54. Artículo 42 bis — c). Auto y posterior revisión de las medidas judicialmente acordadas

    Las medidas adoptadas se revisan periódicamente según el auto. Cualquier interesado puede solicitar revisión anticipada. El Juzgado que dictó las medidas es competente para la revisión. Se entrevista a la persona y se recaban informes. Las alegaciones tienen plazo de 10 días. Si hay oposición, se

55. Artículo 43 — Competencia y postulación

    Compete al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del menor. El mismo órgano conoce incidencias posteriores si reside en la misma circunscripción. No es preceptiva la intervención de abogado y procurador, salvo en remoción de tutor o extinción de poderes.

56. Artículo 44 — Ámbito de aplicación

    Esta sección regula la tramitación de expedientes de tutela y curatela. El artículo siguiente solo aplica a la curatela cuando, tras un proceso de apoyo a persona con discapacidad, sea procedente nombrar un nuevo curador.

57. Artículo 45 — Tramitación, resolución y recurso

    El expediente inicia con solicitud del Ministerio Fiscal o personas indicadas. Se oye al promotor, al afectado (si >12 años o maduro), parientes y Fiscal. El Juez designa tutor/curador, establece fiscalización y puede exigir fianza excepcional. La resolución es recurrible en apelación sin efecto sus

58. Artículo 46 — Prestación de fianza, aceptación y posesión del cargo

    Tras resolución firme, el designado tiene 15 días para prestar fianza (si exigida), aceptar cargo o excusarse. El Juez declara suficiente la fianza y acuerda medidas de conservación. El nombrado acepta ante letrado de la Administración de Justicia, recibe posesión y certificación. Debe presentar

59. Artículo 47 — Formación de inventario

    El administrador presenta inventario de bienes en plazo otorgado. El Secretario judicial fija fecha, cita a interesados, afectados (si >12 años o maduros) y Fiscal. Si hay controversia sobre bienes, se celebra vista como juicio verbal. Resuelta la oposición, el Secretario aprueba el inventario y se

60. Artículo 48 — Retribución del cargo

    El Juez fija la retribución del tutor/curador considerando complejidad, extensión de funciones y valor de los bienes, tras oír a solicitante, afectado (si >12 años o maduro), Fiscal y otros. La decisión se ejecuta sin efecto suspensivo del recurso de apelación. El mismo procedimiento sirve para

61. Artículo 49 — Remoción

    Se puede acordar la remoción del tutor/curador de oficio o a solicitud de Fiscal, tutelado, curatelado o interesado, previa comparecencia donde se oye a tutor, posibles sustitutos, afectado (si >12 años o maduro) y Fiscal. Si hay oposición, el expediente se hace contencioso. Durante el

62. Artículo 50 — Excusa

    El tutor o curador debe alegar excusas en 15 días desde el nombramiento. Se oye al excusado, sustituto, afectado (si tiene madurez) y Ministerio Fiscal. Durante el trámite, el solicitante sigue ejerciendo. Si se admite, se nombra nuevo tutor y se notifica al Registro Civil.

63. Artículo 51 — Rendición de cuentas

    El tutor o curador presenta informes o rendición de cuentas. Se trasladan al tutelado, menores de más de 12 años, interesados y Ministerio Fiscal. Si se solicita en 10 días, hay comparecencia. El juez puede ordenar prueba pericial contable. La aprobación no impide acciones judiciales.

64. Artículo 51 bis — Extinción de los poderes preventivos

    Cualquier persona legitimada o el curador pueden solicitar la extinción de poderes preventivos si concurren causas de remoción. Se cita a solicitante, apoderado, persona con discapacidad y Ministerio Fiscal. Si hay oposición, el expediente se hace contencioso.

65. Artículo 52 — Requerimiento y medidas de control

    La autoridad judicial puede requerir al guardador de hecho para informar sobre la situación de la persona y bienes. El Juez establece medidas de control y vigilancia, citando a la persona afectada, guardador y Ministerio Fiscal. En autorizaciones, el juez entrevista a la persona con discapacidad.

66. Artículo 53 — Competencia, legitimación y postulación

    El Juez del domicilio del menor conoce la emancipación (mayor de 16 años, supuestos arts. 320 CC) o beneficio de mayoría de edad (tutela, art. 321 CC). No se requiere abogado ni procurador salvo oposición.

67. Artículo 54 — Solicitud

    El menor de más de 16 años inicia el expediente con asistencia de progenitor o tutor. Si falta, se nombra defensor judicial. Se adjuntan documentos del Código Civil y proposición de prueba.

68. Artículo 55 — Tramitación y resolución

    El Secretario convoca a menor, progenitores, tutor, Fiscal e interesados. Se practican pruebas. El Juez resuelve concediendo o denegando según el interés del menor. Se inscribe en el Registro Civil.

69. Artículo 56 — Ámbito de aplicación

    Se aplica a patrimonio protegido de personas con discapacidad: constitución, nombramiento de administrador, exenciones de autorización judicial, sustitución de administrador, cambio de reglas, fiscalización, cautelas y extinción.

70. Artículo 57 — Competencia, legitimación y postulación

    Compete al Juzgado del domicilio o residencia de la persona con discapacidad. Solo el Ministerio Fiscal está legitimado para promover el expediente, actuando de oficio o a solicitud. No se requiere abogado ni procurador.

71. Artículo 58 — Solicitud, tramitación y resolución del expediente

    El expediente se inicia por escrito del Ministerio Fiscal. El Juez resuelve en interés de la persona con discapacidad. Si se crea patrimonio protegido, debe incluir inventario, reglas de administración y designación de órganos. La resolución es recurrible en apelación suspensiva, salvo excepciones.

72. Artículo 59 — Ámbito de aplicación, competencia, legitimación y postulación

    Se aplica para obtener autorización judicial cuando el Ministerio Fiscal se opone al consentimiento del representante legal de un menor o persona con discapacidad sobre honor, intimidad o imagen. Compete al Juzgado de Primera Instancia del domicilio. No requiere abogado ni procurador.

73. Artículo 60 — Tramitación y resolución

    El expediente inicia con solicitud y oposición del Ministerio Fiscal. El Juez cita a comparecencia y resuelve en interés del menor o persona con discapacidad, en 5 días si es complejo. Contra la resolución cabe recurso de apelación suspensivo. Los representantes pueden pedir la revocación del juicio

74. Artículo 61 — Ámbito de aplicación

    Se requiere autorización judicial para actos de disposición, gravamen o similares sobre bienes de menores, personas con discapacidad o patrimonios protegidos, salvo que exista una tramitación específica establecida.

75. Artículo 62 — Competencia, legitimación y postulación

    Compete al Juzgado de Primera Instancia de la residencia del menor o persona con discapacidad. Pueden promoverlo sus representantes legales o la propia persona con discapacidad. No se requiere abogado ni procurador si el valor no supera los 6.000 euros.

76. Artículo 63 — Solicitud

    La solicitud debe expresar el motivo, necesidad, identificar el bien y la finalidad de la suma. Se adjuntan documentos necesarios. Para transigir, se aportan las bases; para vender directamente, un dictamen pericial de valoración.

77. Artículo 64 — Tramitación

    El Letrado de la Administración de Justicia cita al Ministerio Fiscal, a la persona con discapacidad y al menor con suficiente madurez (mayor de 12 años). Si hay dictamen pericial, se cita al perito para la comparecencia.

78. Artículo 65 — Resolución

    El Juez resuelve concediendo o denegando la autorización según los intereses del menor o persona con discapacidad. Si se autoriza la transacción, se expide testimonio. La resolución es recurrible en apelación con efectos suspensivos.

79. Artículo 66 — Destino de la cantidad obtenida

    El Juez adopta medidas para asegurar que la cantidad obtenida por enajenación, gravamen o negocio autorizado se aplique a la finalidad para la que se concedió la autorización.

80. Artículo 67 — Ámbito de aplicación

    Este capítulo regula los procedimientos judiciales sobre desaparición, declaración de ausencia y fallecimiento de personas, conforme al Título VIII del Libro I del Código Civil.

81. Artículo 68 — Competencia, legitimación y postulación

    Competencia: Juzgado del último domicilio/residencia o del siniestro. Legitimados: Ministerio Fiscal, cónyuge, pareja, parientes hasta 4º grado o personas con derechos sobre bienes. No es necesaria abogada ni procurador.

82. Artículo 69 — Defensor judicial en caso de desaparición

    En casos de desaparición, se nombra defensor judicial. Si hay urgencia, el Secretario judicial puede designarlo inmediatamente y adoptar medidas de protección patrimonial, ratificándolas luego.

83. Artículo 70 — Declaración de ausencia

    La declaración de ausencia se solicita por parte interesada o Ministerio Fiscal. El letrado admite la solicitud, cita a comparecer en un mes y publica edictos. El Secretario judicial adopta medidas de investigación y protección.

84. Artículo 71 — Resolución y nombramiento de representante del ausente

    El Secretario judicial dicta el decreto de ausencia y nombra al representante, quien gestiona bienes y obligaciones. Se aplican normas sobre tutores para aceptación, fianza, retribución y rendición de cuentas.

85. Artículo 72 — Medidas provisionales

    Las medidas provisionales anteriores subsisten hasta la declaración de ausencia, salvo modificación judicial. Si no existían, el Secretario judicial puede acordarlas provisionalmente hasta finalizar el expediente.

86. Artículo 73 — Práctica de inventario de bienes

    El representante acepta el cargo y realiza inventario de bienes muebles, inmuebles y deudas pendientes. El inventario se practica en el expediente con intervención del Ministerio Fiscal y los interesados.

87. Artículo 74 — Declaración de fallecimiento

    La declaración de fallecimiento por siniestro se solicita por Ministerio Fiscal. El Secretario judicial decreta el fallecimiento y fecha. Si se acredita, cesa la ausencia y se abre la sucesión de bienes.

88. Artículo 75 — Hechos posteriores a la declaración de ausencia o fallecimiento

    Si aparece el declarado ausente/fallecido, el Secretario judicial lo identifica y, en 3 días, deja sin efecto o ratifica la declaración. Si hay noticias de su existencia, se le notifica para aportar pruebas en 20 días. Si solicita suspensión de actuaciones con identificación, puede decretarse hasta

89. Artículo 76 — Constancia del fallecimiento del desaparecido

    Si se comprobara el fallecimiento del desaparecido o ausente durante el expediente, se archivará el expediente y quedarán sin efecto las medidas adoptadas.

90. Artículo 77 — Comunicación al Registro Civil

    Se remiten al Registro Civil los testimonios necesarios para hacer constar lo previsto en el artículo 198 del Código Civil.

91. Artículo 78 — Ámbito de aplicación y competencia

    Se aplican normas de este Capítulo a expedientes sobre extracción y trasplante de órganos de donante vivo, conforme a la Ley 30/1979. Es competente el Juez de Primera Instancia de la localidad donde se realice la intervención, a elección del solicitante.

92. Artículo 79 — Solicitud y tramitación del expediente

    El expediente se inicia con solicitud del donante o comunicación del Director del Centro sanitario, con datos personales, objeto, centro, médico responsable y certificado médico de salud mental y física. No requiere Abogado ni Procurador. Se cita a médicos y autorizador. El donante otorga consentim

93. Artículo 80 — Resolución

    Si el consentimiento no es libre o consciente, no se extiende el documento. Si cumple requisitos, se firma por interesado, médico y asistentes. El donante puede revocar el consentimiento antes de la intervención. Se facilita copia al donante.

94. Artículo 80 bis — Ámbito de aplicación

    Se aplica a expedientes para obtener declaración judicial sobre hechos pasados sin controversia. Requiere: objeto lícito, principio de prueba, sin perjuicio a persona determinada, sin otro procedimiento judicial en trámite ni indicado legalmente.

95. Artículo 80 ter — Competencia, legitimación y postulación

    Compete al Juzgado de Primera Instancia del lugar de los hechos o domicilio del solicitante. Pueden promoverlo titulares de derechos o el Ministerio Fiscal. No es necesaria defensa de Letrado ni representación por Procurador.

96. Artículo 80 quater — Tramitación y resolución

    Se inicia a solicitud. Si hay defectos, el Juez decide admisibilidad. Se convoca comparecencia con 5 días para citar testigos. El Juez resuelve en 5 días tras la vista. La oposición puede suspender el expediente si se estima justificada.

97. Artículo 80 quinquies — Recursos

    Las resoluciones interlocutorias son recurribles mediante recurso de reposición. La resolución definitiva es susceptible de recurso de apelación, ambos conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

98. Artículo 81 — Competencia, legitimación y postulación

    El Juez de Primera Instancia del domicilio de los contrayentes conoce la dispensa de impedimentos (muerte dolosa o parentesco). Lo promueve quien tiene el impedimento. No es necesaria intervención de Abogado ni Procurador.

99. Artículo 82 — Solicitud

    La solicitud al Juzgado debe exponer motivos particulares, familiares o sociales, acompañando documentos que acrediten la justa causa del Código Civil y, si es parentesco, el árbol genealógico. El Juez acordará la prueba.

100. Artículo 83 — Tramitación y resolución

     El Secretario judicial cita a contrayentes e interesados para ser oídos. En impedimento por muerte dolosa, se cita al Ministerio Fiscal. Se practican pruebas acordadas. El Juez resuelve concediendo o denegando la dispensa.

101. Artículo 84 — Testimonio

     Si se concede la dispensa para el matrimonio, el Secretario judicial expedirá un testimonio que se entregará al solicitante para el uso que corresponda.

102. Artículo 85 — Tramitación

     El Secretario cita a solicitante, Ministerio Fiscal, progenitores, tutores, persona con discapacidad o menor (si >12 años). El Juez puede practicar diligencias. Si son posteriores a la comparecencia, hay 5 días para alegaciones. No se requiere Abogado ni Procurador.

103. Artículo 86 — Ámbito de aplicación, competencia y legitimación

     Aplica a desacuerdos en patria potestad o autorización judicial. Compete al Juzgado del domicilio del hijo (o el que dictó resolución previa). Están legitimados ambos progenitores, o sus progenitores/tutor si el titular es menor no emancipado.

104. Artículo 87 — Ámbito de aplicación, competencia y legitimación

     Se aplican medidas para guarda de menores/discapacitados o administración de bienes (arts. 158, 164, 165, 167, 200, 249 CC). Compete al Juzgado de Primera Instancia del domicilio. Se adoptan de oficio o a instancia de parientes, Ministerio Fiscal o interesados.

105. Artículo 88 — Resolución

     Si el Juez estima procedente las medidas, designa persona o institución para custodia o apoyo, adopta medidas civiles y puede nombrar un defensor judicial si procede.

106. Artículo 89 — Actuación en casos de tutela y curatela

     En casos de tutela o curatela, el Juez que conoce el expediente remite testimonio de la resolución definitiva al Juez que nombró al tutor o curador, si son distintos.

107. Artículo 90 — Ámbito de aplicación, competencia, postulación y tramitación

     Cónyuges solicitan autorización judicial para fijar domicilio, cargas, administración o disposición de bienes comunes. Compete al Juzgado de Primera Instancia del último domicilio. No requiere abogado/procurador salvo valor >6.000 euros.

108. Artículo 91 — Ámbito de aplicación, competencia, postulación y tramitación

     Se regula la renuncia, prórroga, remoción y rendición de cuentas del albacea, así como la autorización para actos de disposición. No es preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador si el haber hereditario es inferior a 6.000 euros. La competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia.

109. Artículo 92 — Ámbito de aplicación, competencia, postulación y tramitación

     Se aplica a la designación, renuncia, prórroga y aprobación de la partición por el contador-partidor. No es preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador si el haber hereditario es inferior a 6.000 euros. La competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia.

110. Artículo 93 — Ámbito de aplicación

     El Capítulo requiere autorización judicial para aceptar o repudiar herencias. Es obligatoria para: progenitores (menores de 16 o sin consentimiento), tutores/curadores (aceptar sin inventario o repudiar), acreedores (aceptar en nombre del heredero) y representantes de asociaciones, corporaciones y fundaciones (repudiación).

111. Artículo 94 — Competencia, legitimación y postulación

     La competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia del último domicilio del causante o del solicitante. Pueden promoverlo los llamados a la herencia, sus representantes o el Ministerio Fiscal. No es preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador si el haber hereditario es inferior a 6.0

112. Artículo 95 — Resolución

     El Juez resuelve concediendo o denegando la autorización o aprobación solicitada, valorando los intereses de los llamados a la herencia. Si no se concede la autorización para aceptar sin beneficio de inventario o repudiar, solo podrá aceptarse a beneficio de inventario. La resolución es recurrible.

113. Artículo 96 — Ámbito de aplicación

     Si se requiere plazo judicial para cumplir una obligación, se aplican las normas de esta Ley.

114. Artículo 97 — Competencia y postulación

     Compete al Juez del domicilio del deudor (o del acreedor si es consumidor). No requiere abogado ni procurador. Si hay oposición, el caso se vuelve contencioso.

115. Artículo 98 — Ámbito de aplicación, competencia y postulación

     Aplica a consignaciones ante el juez. Compete al juzgado del lugar de cumplimiento (o del deudor). No requiere abogado ni procurador.

116. Artículo 99 — Tramitación

     Solicitud con datos y pago previo. Notificación al acreedor con plazo de 10 días para retirar o alegar. Si no retira, el promotor puede pedir devolución (5 días) o mantenimiento. Gastos: acreedor si aceptada, promotor si no.

117. Artículo 100 — Ámbito de aplicación

     El usufructuario puede reclamar créditos vencidos o invertir el capital si no necesita fianza, no pudo constituirla o no cuenta con autorización del propietario.

118. Artículo 101 — Competencia y postulación

     Compete el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o residencia. No es necesaria la intervención de abogado ni procurador.

119. Artículo 102 — Solicitud

     Se inicia con solicitud y pruebas del derecho, crédito o falta de autorización. Si se pide invertir el capital, deben ofrecerse garantías suficientes.

120. Artículo 103 — Tramitación y resolución

     El Secretario convoca a las partes. El Juez resuelve concediendo o denegando la autorización. Si es para cobrar, se exige informe periódico; si para invertir, se fijan garantías.

121. Artículo 104 — Ámbito de aplicación

     Este procedimiento aplica para deslindar fincas no inscritas en el Registro de la Propiedad. No aplica a inmuebles de Administraciones Públicas.

122. Artículo 105 — Competencia, legitimación y postulación

     Compete al Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia del lugar de la finca. Se inicia a instancia del titular del dominio o de uso y disfrute. Es preceptiva la intervención de Abogado si el valor supera 6.000 euros.

123. Artículo 106 — Solicitud y tramitación

     La solicitud debe incluir datos de la finca, colindantes, certificación catastral y gráfica. Tras admitirla, se notifica a interesados para alegaciones en 15 días. Se cita al acto de deslinde en 30 días para buscar acuerdo. No se suspende por falta de asistencia.

124. Artículo 107 — Resolución

     Si hay acuerdo, el Secretario judicial levanta acta firmada por los comparecientes. Si no, se deja constancia. El Secretario dicta decreto con el acta y certificaciones catastrales, archivando el expediente. Se remite testimonio al Catastro para alteraciones si procede.

125. Artículo 108 — Ámbito de aplicación

     Este título se aplica para la enajenación en subasta de bienes o derechos determinados, fuera de procedimiento de apremio, a instancia del propio interesado.

126. Artículo 109 — Competencia y postulación

     Compete al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del titular (o de cualquiera si son varios) o del lugar donde radiquen los inmuebles. No es preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.

127. Artículo 110 — Solicitud

     La solicitud de subasta requiere acreditar capacidad, poder de disposición y pliego con valoración. Debe identificar arrendatarios. Se puede pedir venta a entidad especializada.

128. Artículo 111 — Tramitación

     La subasta es electrónica en el Portal BOE. El Secretario judicial verifica concursos y notifica al Registro Concursal. Tras la subasta, aprueba el remate si cubre el tipo mínimo. Sin postores, se sobresee.

129. Artículo 112 — Ámbito de aplicación

     Se puede solicitar la exhibición de libros y documentos contables mediante este expediente, siempre que no exista norma especial aplicable al caso.

130. Artículo 113 — Competencia y postulación

     La competencia corresponde al Juzgado de lo Mercantil del domicilio del obligado o del establecimiento afectado. Es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

131. Artículo 114 — Tramitación

     La solicitud debe detallar derechos y objeto. El Juez cita a comparecencia y resuelve. Si se estima, se fija exhibición de libros. El Juez puede exigir presentación en Juzgado excepcionalmente.

132. Artículo 115 — Forma de realizar la exhibición

     La persona obligada debe facilitar acceso. La exhibición es ante el Secretario judicial en su domicilio o en soporte informático. El solicitante examina con expertos autorizados.

133. Artículo 116 — Multas coercitivas

     Si se niega injustificadamente, se requiere con apercibimiento de multa y delito. Si persiste, el Secretario judicial impone multas coercitivas de hasta 300 euros al día al Tesoro Público.

134. Artículo 117 — Ámbito de aplicación

     Este expediente aplica cuando las leyes permitan solicitar la convocatoria de una junta general, sea ordinaria o extraordinaria.

135. Artículo 118 — Competencia, legitimación y postulación

     Compete al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social. Lo solicita quien esté legitimado. Es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

136. Artículo 119 — Tramitación

     Se inicia con escrito adjuntando estatutos y legitimación. Si es ordinaria, se justifica incumplimiento de plazos; si extraordinaria, motivos y orden del día. El Secretario judicial cita al órgano de administración. La junta se convoca en un mes, en el lugar estatutario o municipio de la sociedad. No cabe recurso contra la convocatoria.

137. Artículo 120 — Ámbito de aplicación

     Se aplica este capítulo al nombramiento de liquidador, auditor o interventor por el Secretario judicial, y a su revocación o cese.

138. Artículo 121 — Competencia, legitimación y postulación

     El Juzgado de lo Mercantil nombra liquidador, auditor e interventor. Quien tenga legitimación legal puede solicitarlo. Es obligatorio contar con Abogado y Procurador en estos expedientes.

139. Artículo 122 — Tramitación

     El expediente inicia con escrito solicitando liquidador, auditor e interventor, adjuntando documentación. El Secretario judicial convoca comparecencia a interesados y administradores no promotores, dándoles traslado.

140. Artículo 123 — Resolución y aceptación del cargo

     El Secretario judicial resuelve el expediente en 5 días. La decisión se notifica a los nombrados. Aceptado el cargo, se les acredita. El testimonio se remite al Registro Mercantil para inscripción.

141. Artículo 124 — Ámbito de aplicación, competencia y postulación

     La reducción de capital o enajenación de acciones sigue el expediente general. Compete al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social. Es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

142. Artículo 125 — Ámbito de aplicación

     El expediente regulado en este Capítulo se aplica a la disolución judicial de una sociedad en los casos en que proceda conforme a la ley.

143. Artículo 126 — Competencia, legitimación y postulación

     La disolución judicial corresponde al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social. Están legitimados administradores, socios e interesados. Es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

144. Artículo 127 — Tramitación

     El expediente se inicia con escrito acreditando requisitos. Si no son administradores, se acredita notificación a la sociedad. El Secretario judicial da traslado a administradores y convoca comparecencia.

145. Artículo 128 — Resolución

     El Juez resuelve por auto en 5 días. Si declara disuelta la sociedad, designa liquidadores. El testimonio se remite al Registro Mercantil para su inscripción.

146. Artículo 129 — Ámbito de aplicación

     El expediente aplica cuando las leyes permiten solicitar la convocatoria de una asamblea general de obligacionistas.

147. Artículo 130 — Competencia, legitimación y postulación

     Compete el Juzgado de lo Mercantil del domicilio social. Quien esté legitimado puede solicitarlo. Es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

148. Artículo 131 — Tramitación

     Se inicia con escrito y documentos. El Secretario judicial cita al comisario y promotores. Si procede, decreta la convocatoria de la asamblea. Contra el decreto no cabe recurso. La convocatoria se realiza en un mes.

149. Artículo 132 — Ámbito de aplicación

     Se aplican las disposiciones cuando se soliciten medidas por robo, hurto, extravío o destrucción de títulos valor o representación de partes de socio.

150. Artículo 133 — Competencia, legitimación y postulación

     Competencia: Juzgado Mercantil del lugar de pago, depósito o domicilio emisor. Legitimados: poseedores legítimos, víctimas de destrucción o extravío. Intervención preceptiva de Abogado y Procurador.

151. Artículo 134 — Denuncia del hecho en el caso de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales

     El legitimado denuncia ante la Sociedad Rectora del mercado oficial el robo, hurto, destrucción o extravío del título. La denuncia se publica en tablones y periódicos. Debe solicitarse el expediente en 9 días.

152. Artículo 135 — Tramitación

     El expediente se inicia justificando legitimación. El Secretario judicial comunica la incoación, anuncia en BOE y prensa, y dicta medidas sobre negociación o pago. Tras 6 meses sin controversia se autoriza cobrar rendimientos; tras 1 año, se expiden nuevos títulos.

153. Artículo 136 — Ámbito de aplicación

     El expediente se aplica cuando no hay acuerdo entre los peritos del asegurador y el asegurado sobre los daños, y no se designa a un tercero.

154. Artículo 137 — Competencia, legitimación y postulación

     Es competente el Juzgado de lo Mercantil del domicilio del asegurado. Pueden promoverlo las partes del contrato. No es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

155. Artículo 138 — Tramitación

     Se inicia con escrito solicitando un tercer perito. Si no hay acuerdo en la comparecencia, el Secretario judicial lo nombra. El perito emite dictamen en 30 días, finalizando el expediente.

156. Artículo 139 — Procedencia de la conciliación

     La conciliación busca evitar pleitos. Se inadmiten abusos. No procede con menores, discapacidad, Estado, Administraciones, jueces o materias no transables.

157. Artículo 140 — Competencia

     Compete Juez de Paz o Secretario. Regla general: domicilio del requerido. Si cuantía <6.000€, Juez de Paz. Si requerido es persona jurídica, también domicilio solicitante. Si no se halla domicilio, se archiva.

158. Artículo 141 — Solicitud

     La solicitud escrita debe incluir datos de solicitante y requerido, domicilios, objeto y fecha. Se permiten formularios normalizados. Se pueden adjuntar documentos. No es necesaria intervención de abogado ni procurador.

159. Artículo 142 — Admisión, señalamiento y citación

     El Secretario o Juez resuelve admisión en 5 días hábiles y cita. Entre citación y acto deben pasar al menos 5 días. El acto no puede celebrarse más de 10 días tras la admisión.

160. Artículo 143 — Efectos de la admisión

     La solicitud de conciliación interrumpe la prescripción. El plazo vuelve a computarse desde el decreto del Secretario judicial o auto del Juez de Paz que termine el expediente.

161. Artículo 144 — Comparecencia al acto de conciliación

     Las partes deben comparecer personalmente o por Procurador. Si el solicitante no acude sin causa justa, se archiva el expediente y puede reclamar indemnización el requerido. Si falta el requerido, se tiene por intentada la conciliación. Se puede reprogramar en 5 días si hay causa justa.

162. Artículo 145 — Celebración del acto de conciliación

     El solicitante expone su reclamación y el requerido contesta. Se pueden aportar documentos. El Secretario judicial o Juez de Paz procuran acuerdo. Si hay avenencia, se firma acta. Si no, se deja constancia. El desarrollo puede grabarse. Se archivan las actuaciones.

163. Artículo 146 — Testimonio y gastos

     Las partes pueden solicitar testimonio del acta final. Los gastos del acto de conciliación corren a cargo de quien lo promovió.

164. Artículo 147 — Ejecución

     El testimonio del acta y el decreto/auto de avenencia llevan aparejada ejecución. Lo convenido tiene valor de documento público. La ejecución corresponde al Juzgado que tramitó la conciliación o al de Primera Instancia, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

165. Artículo 148 — Acción de nulidad

     Contra la conciliación solo cabe acción de nulidad por causas que invalidan contratos. La demanda debe interponerse en 15 días ante el tribunal competente. La ejecución queda suspendida hasta resolución definitiva.

166. Disposición adicional primera — Referencias contenidas en la legislación

     Las referencias anteriores a esta Ley a Jueces en jurisdicción voluntaria se entienden al Juez o Secretario judicial del art. 2.3. Las referencias a la Ley de Enjuiciamiento Civil se entienden a esta Ley. Las referencias a separación judicial se entienden a legal; y a separación de hecho, a notarial

167. Disposición adicional segunda — Régimen jurídico aplicable al acogimiento de menores

     El acogimiento de menores se rige por esta ley. Si requiere decisión judicial, lo promueve el Ministerio Fiscal o Entidad Pública. El Juez obtiene consentimientos y resuelve en 5 días. Si no se conoce a los progenitores, se prescinde del trámite. La cesación se inicia de oficio o a petición; el Juez

168. Disposición adicional tercera — Inscripción en los registros públicos de documentos públicos extranjeros

     Un documento público extranjero no judicial es título para inscripción si: fue otorgado por autoridad competente extranjera; esta desarrolló funciones equivalentes a las españolas; el acto es válido según normas españolas de Derecho internacional privado; y no es incompatible con el orden público

169. Disposición adicional cuarta — Aranceles notariales y registrales

     El Gobierno aprobará aranceles notariales y registrales en 3 meses. Los expedientes de designación de peritos en seguros se perciben sin atención a la cuantía.

170. Disposición adicional quinta — Modificaciones y desarrollos reglamentarios

     El Gobierno llevará a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios necesarios para la aplicación de la presente Ley

171. Disposición adicional sexta — No incremento del gasto

     Las medidas de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, no podrán suponer incremento de dotaciones, retribuciones ni otros gastos de personal.

172. Disposición transitoria primera — Expedientes en tramitación

     Los expedientes en tramitación al entrar en vigor la Ley continúan sujetas a la legislación anterior.

173. Disposición transitoria segunda — Herencias abintestato a favor de la Administración pública

     Las herencias abintestato a favor de la Administración en tramitación se resuelven con la legislación anterior. El reparto se rige por la normativa previa si ya había convocatoria en el BOE.

174. Disposición transitoria tercera — Expedientes de subastas voluntarias

     Las subastas voluntarias celebradas hasta el 15 de octubre de 2015 se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

175. Disposición transitoria cuarta — Expedientes de adopción y matrimoniales

     Adopciones iniciadas antes de la nueva ley se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Expedientes matrimoniales previos a la Ley 20/2011 se tramitan según Código Civil y Ley Registro Civil de 1957. El matrimonio puede celebrarse ante Juez, Alcalde, Notario o funcionario consular. Se exige

176. Disposición transitoria quinta — Matrimonios celebrados por las confesiones religiosas evangélicas, judías e islámicas y por las que hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España

     Hasta la entrada en vigor de las disposiciones finales, los matrimonios religiosos evangélicos, judíos e islámicos requieren resolución previa de capacidad. El ministro extiende certificación que se remite electrónicamente al Registro Civil en 5 días. El consentimiento se presta ante ministro y dos.

177. Disposición derogatoria única — Derogación de normas

     Se derogan los artículos 4, 10, 11, 63, 460-480, 977-1000, 1811-1879, 1901-1918, 1943-2174 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (1881). Se deroga el artículo 316 del Código Civil y los artículos 84-87 de la Ley 19/1985, Cambiaria y del Cheque. Se consideran derogadas las normas incompatibles

178. Disposición final primera — Modificación de determinados artículos del Código Civil

     Modifica el Código Civil: impide matrimonio a condenados por muerte dolosa del cónyuge; regula capacidad, celebración y nulidad; separación y divorcio por mutuo acuerdo; efectos civiles religiosos; adopción, ausencia y herencia.

179. Disposición final segunda — Modificación del Código de Comercio

     El empresario debe auditar cuentas si lo acuerda juez o registrador por interés legítimo. El auditor entrega informe el mismo día. El coste lo paga quien solicitó si es favorable.

180. Disposición final tercera — Modificación de determinados artículos de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil

     Modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil: nombra defensor judicial si falta representante; regula costas en allanamiento; excluye ejecución provisional en familia, capacidad, etc.; aplica a procesos de capacidad, filiación, divorcio, guarda, adopción y sustracción internacional; interviene siempre el

181. Disposición final cuarta — Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil

     Modifica la Ley del Registro Civil. El matrimonio civil puede celebrarse ante Juez de Paz, Alcalde, Notario, Secretario judicial o funcionario consular. Requiere acta previa de capacidad. El religioso requiere acta previa y certificación en 5 días. Inscripciones automáticas. Tasas municipales y arañ

182. Disposición final quinta — Modificación de Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España

     El matrimonio evangélico requiere acta previa ante funcionario competente. El ministro de culto remite certificación al Registro Civil en 5 días, entregando copia a los contrayentes.

183. Disposición final sexta — Modificación de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España

     Se cambia el nombre a Federación de Comunidades Judías de España. El matrimonio requiere acta previa y certificación al Registro Civil en 5 días, con copia para los contrayentes.

184. Disposición final séptima — Modificación de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España

     El matrimonio islámico requiere acreditar capacidad en 6 meses. El representante remite certificación al Registro Civil en 5 días, entregando copia a los contrayentes.

185. Disposición final octava — Modificación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas

     La Administración General del Estado o Comunidades Autónomas pueden ser herederas abintestato. El procedimiento, iniciado de oficio, lo instruye la Delegación de Economía y Hacienda. La resolución corresponde al Director General del Patrimonio del Estado en un plazo máximo de un año. La declaración,

186. Disposición final novena — Modificación de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro

     Se modifica la Ley de Contrato de Seguro. Si no hay acuerdo entre peritos, se designa un tercero. Si no hay conformidad, se sigue el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria o notarial. El dictamen se emite en el plazo pactado o en 30 días desde la aceptación.

187. Disposición final décima

     La administración de bienes protegidos requiere autorización judicial igual que la tutela, salvo capacidad suficiente. No hay subasta pública. El gasto para necesidades vitales no es disposición.

188. Disposición final undécima — Modificación de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado

     Modifica la Ley del Notariado. Los Notarios autorizan escrituras (voluntades) o actas (hechos). Designación de peritos por sorteo/correlativo. Actas de matrimonio, separación/divorcio (sin hijos menores), régimen económico, herederos abintestato, apertura de testamentos (cerrados, ológrafos, orales)

189. Disposición final duodécima — Modificación de la Ley Hipotecaria

     Se modifica la Ley Hipotecaria. El título sucesorio incluye testamento, acta de notoriedad, declaración administrativa y certificado europeo. Los Registradores conocen de conciliación inmobiliaria, urbanística y mercantil, salvo materia indisponible o Ley Concursal.

190. Disposición final decimotercera — Modificación de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión

     Se modifica la Ley de Hipoteca Mobiliaria. La venta extrajudicial requiere mandatario, precio tasado y domicilio. Se inicia con requerimiento al Notario. Si no se paga en 5 días, se subasta online en el BOE (mín. 20 días). Se adjudica al mejor postor si supera el 70% del valor. El acreedor puede lic

191. Disposición final decimocuarta — Modificación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio

     Se modifican los artículos 139, 141, 169-171, 265-266, 377, 380, 381, 389 y 422 de la Ley de Sociedades de Capital. Se regulan la reducción de capital, convocatoria de juntas, nombramiento/revocación de auditores, cobertura de vacantes de liquidadores, separación de liquidadores, interventores en SA

192. Disposición final decimoquinta

     Las sociedades no anónimas y asociaciones que emitan obligaciones deben constituir el Sindicato de Obligacionistas y designar un Comisario. Si no se constituye, los obligacionistas que representen al menos el 30% pueden solicitarlo ante el Registrador mercantil.

193. Disposición final decimosexta — Modificación de la disposición transitoria única de la Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios

     La nueva ley se aplica a expedientes de Grandezas y títulos nobiliarios pendientes al 27 de julio de 2005 o promovidos entre esa fecha y el 20 de noviembre de 2006. Las partes tienen 5 días para alegar conforme a la nueva normativa.

194. Disposición final decimoséptima — Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre

     Se regulan prácticas comerciales y se establece una franquicia de 500 euros en indemnizaciones. Los organizadores de viajes deben garantizar reembolsos y repatriación; el viajero accede a la protección sin trámites excesivos. La garantía debe reponerse en 15 días.

195. Disposición final decimoctava — Modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

     Se incluye en tasas judiciales la ejecución de laudos de Juntas Arbitrales de Consumo y Transporte (cuantía <2.000 euros), además del acta notarial de reclamación de deuda no contradicha.

196. Disposición final decimonovena — Gratuidad de determinados expedientes notariales y registrales

     Se reconoce gratuidad notarial y registral en sucesiones (herederos, testamentos, inventarios) y derechos reales (deslindes, inmatriculación, cargas). La acreditación de requisitos se realiza ante el Colegio Notarial o Registro correspondiente.

197. Disposición final vigésima — Título competencial

     La ley se basa en competencia estatal de legislación procesal. Se exceptúan las disposiciones finales primera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, décima, decimocuarta y decimooctava (legislación civil), la adicional cuarta y las finales undécima, duodécima y decimotercera (registros), y las seg

198. Disposición final vigésima primera — Entrada en vigor

     La ley entra en vigor a los 20 días de su publicación. Excepciones: adopciones (al entrar la Ley de Protección a la Infancia); subastas notariales (15 octubre 2015); modificaciones Código Civil y Registro Civil (al entrar la Ley 20/2011); acuerdos religiosos (al entrar Ley 20/2011); actas matrimonia