Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana
También conocida como: L 6/2011, L 6/11Esta ley regula cómo nos movemos en la Comunidad Valenciana, fomentando el transporte público, la bicicleta y una movilidad más sostenible y segura.
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El texto completo y oficial de la ley, tal como lo publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Qué ha cambiado
21 modificaciones desde su publicación, de la más reciente a la más antigua.
- 10 de agosto de 2026
Los usuarios del transporte público deberán llevar el rostro descubierto
La ley exige mantener el rostro sustancialmente descubierto en vehículos e infraestructuras de transporte para facilitar la identificación visual. Prevé excepciones por motivos sanitarios y establece infracciones leves y graves, además de permitir impedir el acceso o uso del servicio.
Reforma BOE-A-2026-19331Ver qué cambió → - 2 de julio de 2026
La ley valenciana de movilidad actualiza la cita a otra norma
La Ley de Movilidad cambia la referencia a la Ley de Participación Ciudadana para escribir su título en minúsculas. También modifica otros dos artículos, pero no cambia su texto visible.
Reforma BOE-A-2026-15683Ver qué cambió → - 5 de junio de 2026
Los ayuntamientos pierden la competencia sobre ciertos transportes urbanos
Se deroga la atribución a los ayuntamientos de regular, ordenar y controlar el transporte público urbano prestado con vehículos de alquiler con conductor u otras modalidades similares. El cambio afecta a la distribución municipal de competencias en la Comunitat Valenciana.
Reforma BOE-A-2026-90144Ver qué cambió → - 29 de diciembre de 2025
Los ayuntamientos podrán modificar sus planes de movilidad con un trámite específico
La ley permite adaptar los planes municipales cuando cambien las circunstancias de movilidad, siempre que la modificación no afecte a grandes infraestructuras ni a proyectos sujetos a evaluación ambiental. No se exigirá informe previo del órgano autonómico de movilidad, pero habrá información pública, consulta ambiental y publicación electrónica. También establece este procedimiento para planes supramunicipales y de nuevas áreas de alta movilidad.
Reforma BOE-A-2025-90320Ver qué cambió → - 31 de mayo de 2025Reforma BOE-A-2025-11959Ver qué cambió →
- 30 de diciembre de 2023Reforma BOE-A-2024-2666Ver qué cambió →
- 30 de diciembre de 2022Reforma BOE-A-2023-5482Ver qué cambió →
- 30 de diciembre de 2021Reforma BOE-A-2022-1018Ver qué cambió →
- 31 de diciembre de 2020Reforma BOE-A-2021-1859Ver qué cambió →
- 30 de diciembre de 2019Reforma BOE-A-2020-1010Ver qué cambió →
- 1 de abril de 2019Reforma BOE-A-2019-90405Ver qué cambió →
- 28 de diciembre de 2018Reforma BOE-A-2019-1987Ver qué cambió →
- 30 de diciembre de 2017Reforma BOE-A-2018-1871Ver qué cambió →
- 10 de noviembre de 2017Reforma BOE-A-2017-15370Ver qué cambió →
- 31 de diciembre de 2016Reforma BOE-A-2017-1291Ver qué cambió →
- 31 de diciembre de 2015Reforma BOE-A-2016-1205Ver qué cambió →
- 29 de diciembre de 2014Reforma BOE-A-2015-1236Ver qué cambió →
- 27 de diciembre de 2013Reforma BOE-A-2014-970Ver qué cambió →
- 27 de diciembre de 2012Reforma BOE-A-2013-663Ver qué cambió →
- 14 de mayo de 2012Reforma BOE-A-2012-6932Ver qué cambió →
- 28 de diciembre de 2011Reforma BOE-A-2012-1253Ver qué cambió →
- 5 de abril de 2011Versión original BOE-A-2011-7330
Artículo por artículo
Qué dice cada artículo, en lenguaje sencillo (122 artículos con resumen).Pulsa en un artículo para leer su texto oficial en el BOE.
Artículo 1 — Objeto de la ley
La ley regula competencias de movilidad de la Generalitat: criterios de seguridad y medioambiente, planificación, transporte terrestre y taxi, e infraestructuras.
Artículo 2 — Principios generales
Las administraciones facilitan la movilidad para mejorar la calidad de vida. Deben garantizar seguridad, accesibilidad, salud ambiental, eficiencia energética, participación social y transporte público intermodal. También promueven la formación para elegir transportes idóneos.
Artículo 3 — Competencias administrativas
La Generalitat planifica infraestructuras interurbanas y provee servicios. La administración local gestiona la movilidad urbana, infraestructuras urbanas y transporte público urbano. Ambas colaboran para un sistema integrado.
Artículo 5 — Desplazamientos a pie y en bicicleta
Caminar y usar bicicleta son esenciales. Las administraciones valencianas promoverán estos desplazamientos en planificación y formación. Deben tomar medidas de calmado de tráfico y limitar la velocidad en zonas residenciales.
Artículo 6 — Fomento de los desplazamientos peatonales
Se fomenta el peatonal mediante crecimiento urbano contiguo y dotaciones. El planeamiento prioriza calles y plazas, calmado de tráfico y seguridad peatonal. Los planes municipales deben diseñar itinerarios seguros conectando centros escolares, comerciales y culturales.
Artículo 7 — Actuaciones específicas en relación con el uso de la bicicleta
Los ayuntamientos facilitan el uso seguro de la bicicleta. Las administraciones de carreteras coordinan medidas para desplazamientos seguros entre núcleos, evitando riesgos sin imponer limitaciones adicionales a los ciclistas. Se promueven sistemas de alquiler público.
Artículo 8 — Estacionamiento de bicicletas
Nuevos edificios residenciales deben tener plazas bici: 1 por vivienda en suelo urbanizado, 2 en no urbanizado. Exenciones para municipios <1.000 hab., 1 vivienda/parcela o parcelas <8m fachada, <200m2 o sin circunferencia de 8m. Superficie no computa edificabilidad. Silencio administrativo negativo
Artículo 8 bis — Bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) a bordo del transporte público
Las bicicletas plegadas y patinetes eléctricos plegados (VMP tipo A) pueden viajar en transporte público urbano e interurbano. El operador puede limitar el acceso por seguridad o ocupación, debiendo publicar estas normas en un año desde la entrada en vigor de la Ley 9/2019.
Artículo 9 — Concepto y tipos
Los planes de movilidad concretan objetivos hacia patrones equilibrados con transporte público accesible. Son de tres tipos: municipales, supramunicipales (comarcales/metropolitanos) y de elementos singulares.
Artículo 10 — Planes municipales de movilidad
Los planes municipales de movilidad deben incluir análisis, objetivos e indicadores. Los municipios de +20.000 habitantes deben formularlos en 4 años. Se revisan por desviaciones o cambios urbanísticos. Los ayuntamientos también redactan planes para áreas específicas.
Artículo 11 — Planes supramunicipales de movilidad
Los planes supramunicipales se centran en desplazamientos interurbanos. La Generalitat los aprueba con los municipios. También pueden formularlos agrupaciones de municipios, aprobados por la Conselleria competente.
Artículo 12 — Planes de movilidad de nuevas áreas generadoras de alta movilidad
Se exige plan de movilidad para áreas no colindantes (>0,5 km) con servicios públicos supramunicipales, áreas de servicios (terciarias, deportivas, comerciales, hoteleras) y residenciales (>250 viviendas) según superficies/puestos. Deben priorizar transporte público accesible (frecuencia 15 min, 50%
Artículo 13 — Planes de movilidad de implantaciones singulares preexistentes
La autoridad puede exigir planes de movilidad a implantaciones singulares preexistentes con alta movilidad. El plan favorece transporte no motorizado y público. La autoridad aprueba el plan tras concertación. Si no se formula en 2 años, la administración lo hace, imputando costes a los titulares.
Artículo 14 — Planes de movilidad de instalaciones productivas
Las instalaciones productivas o de servicios pueden formular planes de movilidad para desplazamientos del personal, individual o conjuntamente. Se formulan concertadamente con asociaciones de usuarios y se remiten a la autoridad de transporte para su conocimiento.
Artículo 15 — Planes de movilidad de centros de formación
Los centros de formación con más de 500 estudiantes deben tener plan de movilidad para estudiantes y personal. Los menores pueden tenerlo. El plan promueve acceso a pie, bicicleta y transporte público, incluyendo infraestructuras y acciones formativas.
Artículo 16 — Derechos y obligaciones
Los residentes tienen derecho a elegir modo de transporte, servicio básico público, alternativas seguras no motorizadas, calidad, información gratuita, presentar denuncias y participar. Deben respetar normas y a otros usuarios. Se aplican a todos, independientemente de edad o limitaciones.
Artículo 17 — Participación ciudadana
Los ciudadanos tienen derecho a conocer y participar en la planificación de movilidad. Las administraciones difunden documentos por Internet. Pueden realizarse encuestas públicas y debates. Se pueden crear paneles de usuarios consultados sobre cambios relevantes y convocados anualmente.
Artículo 18 — Obligaciones de los operadores de transporte
Operadores deben asegurar daños, informar de alteraciones, identificar al personal y gestionar quejas. Vehículos limpios. Bicis hasta 20% plazas en interurbanos.
Artículo 19 — Obligaciones de los usuarios y usuarias del transporte público
Usuarios deben tener título válido. Sin él, se aplica tarifa diferente según perjuicio. Deben atender indicaciones del personal para garantizar condiciones adecuadas.
Artículo 19 bis — Obligaciones de las personas usuarias en relación con su identificación visual
Quienes usan transporte público deben mantener el rostro descubierto para permitir su identificación por el personal o agentes. Se exceptúan casos de salud pública o protección sanitaria acreditados, o exigencias de prevención de riesgos laborales.
Artículo 20 — Foro de la Movilidad de la Comunitat Valenciana
Se crea el Foro de la Movilidad de la Comunitat Valenciana como órgano de participación ciudadana. Integra administraciones, sindicatos, expertos y asociaciones. Se reúne al menos semestralmente para analizar la movilidad. Su funcionamiento se regula reglamentariamente.
Artículo 21 — Transporte de viajeros
El transporte de viajeros es el realizado por cuenta de terceros. Se clasifica en: servicio público, regulares de uso especial, discrecional, taxi y a la demanda. Se presta por sistemas ferroviarios o viarios. No se consideran transporte los recintos cerrados o turísticos.
Artículo 22 — El servicio público de transporte. Fines y competencias
La Generalitat coordina el transporte en la Comunitat Valenciana. Los ayuntamientos gestionan el servicio en sus municipios. Las administraciones pueden cooperar mediante convenios para delegar competencias y financiar servicios.
Artículo 23 — Plan de Transporte Público de la Comunitat Valenciana
El Plan de Transporte Público define nodos, conexiones y modos de transporte. Lo aprueba la conselleria competente. Se formulan planes zonales y se promueve la participación ciudadana según la Ley 11/2008.
Artículo 24 — Definición y contenido esencial
El proyecto de servicio público define la prestación del transporte. La administración competente lo formula. Los operadores pueden proponer proyectos y recibir reembolso de honorarios si no son adjudicatarios.
Artículo 25 — Contenido específico
El proyecto incluye ámbito, servicios básicos y adicionales, tarifas, horarios, infraestructuras, compensación máxima, viabilidad económica, calidad, vehículos, plazos y aspectos ambientales. Identifica elementos básicos y mejorables.
Artículo 26 — Tramitación
El proyecto se aprueba inicialmente, se somete a información pública e informes. Tras ello, se aprueba definitivamente y se licita o encomienda. Se publica telemáticamente y se traslada a administraciones afectadas.
Artículo 27 — Plazo
Los contratos de servicio público duran máx. 10 años (autobús) o 15 (ferrocarril). Si el ferrocarril supera el 50% del valor, el límite es 15 años. Se puede prorrogar hasta la mitad del plazo original si el operador aporta activos significativos.
Artículo 28 — Publicidad
Cada año se publica un informe sobre contratos de transporte público. Para adjudicarlos directamente, se anuncia en el Diario Oficial de la UE, salvo si son menos de 50.000 km anuales. El anuncio incluye datos de la administración y características del servicio.
Artículo 29 — El contrato de servicio público de transporte
El servicio de transporte lo realiza un operador vinculado por contrato de servicio público, que puede ser interno (Reglamento CE 1370/2007) o externo. El contrato establece obligaciones, compensaciones, derechos de exclusividad y posibles tarifas máximas.
Artículo 30 — Formas de prestación
La autoridad de transporte adjudica el servicio directamente a una entidad pública o licita la operación. Excepcionalmente, la administración puede prestar el servicio con medios propios.
Artículo 31 — Formas de adjudicación y modalidades de contratación
El transporte público se adjudica por concesión (riesgo operador). La autoridad puede usar otras modalidades por interés general. Se requiere proyecto simplificado y valoración de criterios, incluidas compensaciones económicas.
Artículo 32 — Ejecución del contrato de servicio público de transporte
El operador elabora condiciones concretas (horarios, tarifas, paradas) en 2 meses. El director del servicio las aprueba. La aprobación es previa al inicio. La información a usuarios debe coincidir con este documento.
Artículo 33 — Utilización de medios de terceros y subcontratación
El operador puede usar medios propios o de terceros. Puede subcontratar a taxis si el interés público lo aconseja y se modifica el documento de condiciones. Los viajeros tienen los mismos derechos que en transporte público.
Artículo 34 — Modificación de los contratos de concesión de servicio público de transportes
Los contratos pueden modificarse según normativa estatal. Es obligatorio aprobar la modificación del proyecto si afecta a la definición de servicios. Pueden introducirse servicios a la demanda por bajo uso, con carácter obligatorio para el contratista.
Artículo 35 — Extinción de los contratos de servicio público de transportes
Los contratos se extinguen por cumplimiento o resolución (incumplimiento, insolvencia, interés público, etc.). La finalización puede prorrogarse excepcionalmente hasta 2 años para adjudicar al siguiente operador.
Artículo 36 — Rescate y renuncia
La administración puede rescindir el contrato por interés público, indemnizando al operador salvo en caducidad por sanción. El operador puede renunciar con un año de antelación. La administración gestiona el servicio durante la transición.
Artículo 37 — Títulos de transporte
Los usuarios deben llevar título de transporte, propio o integrado. Los integrados, emitidos por la autoridad de transporte, permiten acceder a diversos servicios de distintos operadores.
Artículo 38 — Soporte de los títulos de transporte
Los títulos de transporte pueden ser físicos, magnéticos o telemáticos. Deben cumplir normas de interoperatividad establecidas por la Conselleria competente o la autoridad de transporte metropolitana correspondiente.
Artículo 39 — Tarifas
Las tarifas máximas las fija la administración. Los títulos de integración se rigen por el contrato. Las tarifas pueden ser zonales o por distancia, siendo públicas y no discriminatorias. Se permiten acuerdos para reducciones a colectivos específicos.
Artículo 40 — Transportes públicos regulares de uso especial
Transporte especial para colectivos específicos (escolar, laboral). Requiere autorización administrativa previa y contrato con usuarios. Plazo igual al contrato. Se permite subcontratación con vehículos autorizados.
Artículo 41 — Transporte discrecional y arrendamiento
Transporte discrecional para colectivo específico sin oferta permanente. Se rige por normativa estatal. El arrendamiento de vehículos sigue normativa estatal, salvo si no lo conducen los usuarios.
Artículo 41 bis — Transporte a la demanda
Transporte a la demanda: itinerario/horario según solicitud previa y pago individual. Autorización máxima 5 años, con tarifas especiales y coordinación con transporte regular. Se exige gestión de datos y protección de información.
Artículo 42 — Transporte público de viajeros con vehículos turismo de características especiales
Transporte en vehículos de turismo especiales (lujo, excepcionales) con origen/destino en la Comunitat Valenciana. Se rige por legislación estatal, esta ley y autorización administrativa. Se establece la flota necesaria mediante estudio de demanda.
Artículo 43 — Objeto, ámbito de aplicación, régimen jurídico y principios
Taxi: transporte discrecional en vehículos de hasta 9 plazas. Principios: calidad, competencia limitada, tarifas obligatorias, respeto usuarios. Autorizaciones indefinidas para nuevas necesidades. Permite viajes fuera de la Comunitat Valenciana.
Artículo 44 — Competencias y áreas funcionales
La Generalitat gestiona el taxi (normativa, autorizaciones, tarifas). Áreas funcionales con tarifas homogéneas. En municipios >20.000 hab. no integrados, gestiona el ayuntamiento. Pueden existir ordenanzas municipales.
Artículo 45 — Condiciones generales de prestación del servicio
El servicio usa vehículos de hasta 5 plazas. Excepcionalmente, hasta 9 si están adaptados o por interés público. Se pide al usuario, directo o por centro de atención.
Artículo 46 — Autorizaciones de taxi
Se requiere autorización previa otorgada por concurso a personas físicas. Cada autorización vincula a un vehículo. Generalmente, una por persona. En áreas >1000 licencias, se permite acumulación hasta el 15%.
Artículo 47 — Creación de nuevas autorizaciones
La ampliación de autorizaciones requiere estudio previo informado por la Agencia Valenciana de Movilidad. Si el informe es desfavorable, el ayuntamiento puede autorizar, pero solo para ámbito municipal, sin transporte interurbano.
Artículo 48 — Requisitos para la obtención de la autorización
Se requiere nacionalidad UE o permiso trabajo, capacitación, honorabilidad (sin condenas >1 año ni sanciones graves reiteradas), solvencia económica, titularidad del vehículo y cumplimiento fiscal/laboral.
Artículo 49 — Prestación efectiva del servicio de taxi
El servicio se presta personalmente o con asalariados/familiares. Conductores y titulares deben tener capacitación, alta en Seguridad Social y no tener antecedentes penales. Se mantiene un registro oficial.
Artículo 50 — Suspensión
Los titulares pueden solicitar suspensión voluntaria por causa justificada, máximo 5 años prorrogables, con resolución en 2 meses. También se suspenden de oficio por sanciones. Si el interés público lo justifica, se otorgan autorizaciones adicionales equivalentes a las suspendidas.
Artículo 51 — Transmisión
Las autorizaciones son transmisibles e indefinidas, condicionadas al visado. La transmisión de nuevas autorizaciones requiere 6 años, salvo fallecimiento/incapacidad a favor de cónyuge/herederos. Estos tienen 2 años para obtener capacitación (salvo cónyuge >60 años). Se exige pago de tributos y no a
Artículo 52 — Extinción
Las autorizaciones se extinguen por: renuncia, incumplimiento de requisitos, revocación por interés público (con indemnización), caducidad por falta de visado, sanción o arriendo/cesión. En revocación por interés público, puede ofertarse renuncia previa.
Artículo 53 — Visado
El visado es la actuación periódica mediante la cual la administración constata el mantenimiento de las condiciones que originariamente justificaron el otorgamiento de la autorización. El procedimiento y plazo se regularán en la normativa de desarrollo.
Artículo 54 — Vehículos y características
Los taxis deben tener menos de 10 años (12 con informe anual). Se promueven vehículos adaptados. Al sustituir, el nuevo debe ser más joven (máx. 2 años si es nueva licencia). Se regulan publicidad, cobro telemático y posibles comparticiones.
Artículo 55 — Régimen económico. Tarifas
Las tarifas cubren costes y beneficio, siendo obligatorias en el área funcional. Deben ser visibles desde el interior. Los viajes fuera del área tienen tarifas máximas. Se permite precio concertado en supuestos excepcionales reglamentarios.
Artículo 56 — Centros de atención al público
Los centros de atención requieren autorización previa y garantizan libre asociación. La Generalitat facilita contratación tecnológica y accesibilidad para discapacidades, promoviendo colaboración entre centros para difundir servicios.
Artículo 57 — Derechos y obligaciones de usuarios y usuarias
Los usuarios tienen derecho a conocer tarifas, identidad conductor, recibir factura, elegir ruta y reclamar. Deben pagar, comportarse correctamente, no dañar el vehículo y respetar instrucciones del conductor para mejorar el servicio.
Artículo 58 — Consejo del Taxi de la Comunitat Valenciana
Se crea el Consejo del Taxi de la Comunitat Valenciana, presidido por el conseller de transportes. Integra representantes de administraciones, sector, usuarios y sindicatos. Reúne anualmente con funciones consultivas.
Artículo 59 — Inspección
La inspección, ejercida por órganos competentes con independencia, exige exhibir documento acreditativo. Los inspectores acceden a vehículos e instalaciones, examinan documentación y levantan actas con valor probatorio. Pueden solicitar apoyo a Fuerzas de Seguridad.
Artículo 60 — Objeto
Regula planificación y gestión de infraestructuras: ferroviarias (no generales), tranviarias, transporte público, peatón/ciclista e logísticas. La consellería gestiona las de interés general; los ayuntamientos, las locales.
Artículo 61 — Infraestructuras de transporte
La infraestructura incluye elementos operativos como paradas, estaciones, estacionamientos, ramales, áreas de descanso y subestaciones. La supresión de pasos a nivel se ejecuta conforme a esta ley.
Artículo 62 — Estudios de planeamiento de infraestructuras de transporte o logísticas
El estudio de planeamiento define características de redes/líneas. Debe incluir: servicio público, antecedentes, solución propuesta, análisis comparativo (si hay varias) y diferenciación de responsabilidades administrativas.
Artículo 63 — Tramitación, aprobación y efectos de los estudios de planeamiento
El estudio se informa a administraciones (30 días) y se concerta. La aprobación no autoriza obras sin licencias ambientales. Si no se aprueba en 1 año o ejecuta en 3, se puede anular lo incompatible.
Artículo 64 — Estudios informativos
La Conselleria aprueba el estudio informativo, base para información pública. Incluye memoria, planos y presupuesto. Acompaña evaluación ambiental y viabilidad si hay concesión.
Artículo 65 — Tramitación de los estudios informativos
Se informa a entidades locales (30 días) y se abre información pública (30 días). Si no informan, se entiende conforme. El conseller aprueba y publica en Diari Oficial. Exime seguridad ferroviaria.
Artículo 66 — Proyecto básico y constructivo
El proyecto sigue el estudio informativo. Su aprobación declara utilidad pública y urgencia para expropiación. Las obras de interés comunitario no necesitan licencia municipal si superan el ámbito local.
Artículo 67 — Delimitación
Se delimitan áreas de reserva para futuras infraestructuras, corredores, intermodalidad, protección ambiental y planificación de estaciones. Se respetan espacios naturales protegidos.
Artículo 68 — Tramitación de las reservas de suelo
Las reservas de suelo duran máx. 10 años. Se delimitan justificando interés público, se someten a información pública e informe institucional (sin trámites ambientales inmediatos) y aprueba el conseller de transportes.
Artículo 69 — Efectos de la delimitación de área de reserva
La delimitación exige informe vinculante para urbanismo/obras. Conlleva interés público expropiatorio. Los ingresos por cesión/uso forman fondo específico vinculado a adquisición de suelo e inversión en infraestructuras.
Artículo 70 — Actuaciones en las áreas de reserva
En áreas de reserva se permiten actuaciones de infraestructuras y acondicionamiento previo a información pública e informes. Para usos logísticos, productivos o residenciales, la ordenación del sector corresponde al órgano competente en transportes, conforme a la normativa urbanística.
Artículo 71 — Adecuación del viario para su uso por el transporte público
Las administraciones garantizan condiciones óptimas para el transporte público. Se aplica preferencia semafórica absoluta y carriles reservados cuando la frecuencia supere una expedición cada cinco minutos. Los servicios interurbanos pueden usar carriles urbanos con informe previo.
Artículo 72 — Paradas de transporte público
La administración titular de la vía acondiciona paradas y accesos; la del transporte, marquesinas y señales. Deben ser accesibles y tener protección climática. La ubicación considera usuarios, servicio, tráfico y accesibilidad. En estaciones, el uso es preceptivo salvo autorización.
Artículo 73 — Coordinación administrativa
La administración de transportes informa a la viaria sobre paradas, y viceversa sobre actuaciones en vías. Las discrepancias se resuelven mediante escrito motivado por el conseller competente en transportes.
Artículo 74 — Zonas de compatibilización de usos en torno a las infraestructuras de transporte
Se definen zonas de dominio público, protección y línea de edificación junto a infraestructuras. Los usos del suelo requieren autorización previa del administrador y deben respetar la ley, reflejándose en el planeamiento urbanístico.
Artículo 75 — Zona de dominio público
La zona de dominio público incluye la infraestructura y franjas laterales: 8 metros en vías generales, 3 metros en peatones/ciclistas. Se define por la arista exterior de la explanación, taludes o muros. En puentes y túneles se ajusta a proyección vertical y mantenimiento.
Artículo 76 — Zona de protección
La zona de protección ferroviaria es una franja de 70 metros a cada lado de la vía, exterior al dominio público. Para otras infraestructuras, se define según conveniencia para la integración, sin superar los 70 metros, especificándose en estudios informativos.
Artículo 77 — Limitaciones de uso
Obras en zonas de dominio público requieren autorización previa. Solo obras de interés general. En zona de protección, usos compatibles con seguridad y medioambiente. Prohibida quema de rastrojos. En suelo urbano consolidado, distancias de 5m (dominio) y 8m (protección), reducibles a 2m mínimo. El p
Artículo 78 — Limitaciones específicas a la edificación
Queda prohibida la edificación a menos de 50 metros de infraestructuras ferroviarias, salvo conservación. Se permiten reparaciones sin aumentar volumen. El planeamiento debe proteger contra ruido y emisiones. Las limitaciones para otras infraestructuras no superan los 50 metros.
Artículo 79 — Integración de las infraestructuras de transporte en su entorno
Las administraciones integran infraestructuras en su entorno, asegurando permeabilidad y atenuando efectos ambientales. Los promotores urbanizadores deben garantizar compatibilidad. En entornos consolidados, la ejecución se cofinancia paritariamente entre la conselleria y el ayuntamiento.
Artículo 80 — Planificación
Apeaderos y estaciones deben garantizar calidad, seguridad e intermodalidad. El planeamiento municipal, concertado con la Conselleria, fija ubicaciones de terminales preferentemente en centros urbanos. El diseño debe facilitar accesos, minimizar costes energéticos y adecuarse a necesidades funcion.
Artículo 81 — Construcción y explotación de terminales de transporte
La construcción de terminales se coordina entre ayuntamientos (suelo) y Conselleria (construcción). La explotación puede ser directa o por concesión. Los servicios pueden contribuir a costes mediante tarifas o compensaciones, requiriendo informe vinculante de la Conselleria para cánones.
Artículo 82 — Terminales de los operadores de transporte
La administración permite que los servicios de atención a viajeros se presten en terminales propias del operador, si se garantizan calidad, accesibilidad e intermodalidad. También se pueden atender servicios de terceros en esas terminales.
Artículo 83 — Infraestructuras logísticas
Se definen como infraestructuras logísticas: terminales ferroviarias de mercancías no estatales, ramales de conexión, áreas logísticas públicas, estacionamientos de vehículos pesados y sus accesos, excluyendo puertos y aeropuertos estatales.
Artículo 84 — Planificación, ordenación y ejecución de infraestructuras logísticas
La planificación y gestión de infraestructuras logísticas sigue esta ley y su normativa. El procedimiento de delimitación de áreas de reserva y expropiación también se rige por esta ley, debiendo respetar la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
Artículo 85 — Instalaciones ferroviarias privadas de mercancías
Las instalaciones ferroviarias privadas de mercancías requieren autorización administrativa y proyecto técnico. Solo permiten transporte por cuenta propia como complemento industrial. Si es de utilidad pública, el titular puede expropiar terrenos necesarios.
Artículo 86 — Logística urbana
Los ayuntamientos pueden elaborar planes de logística urbana para mejorar la eficiencia, reducir costes energéticos y ambientales, y racionalizar el uso del espacio en zonas con alta distribución de mercancías.
Artículo 87 — Administrador de infraestructuras de transporte
La conselleria de transportes administra las infraestructuras, pudiendo delegar en FGV u otras entidades. Sus funciones incluyen gestión, mantenimiento, explotación lucrativa, ruido y participación en financiación.
Artículo 88 — Construcción y ejecución de infraestructuras
La construcción de infraestructuras requiere estudios aprobados por la Conselleria. La retribución puede ser mediante peajes, explotación comercial o aportaciones del administrador. Los recursos incluyen fondos de la Generalitat, Estado, UE, tasas, cánones, préstamos y endeudamiento.
Artículo 89 — Patrimonio
El administrador de infraestructuras gestiona el patrimonio público con facultades de administración y conservación. Son suyos los bienes asignados, adquiridos o construidos. Los bienes innecesarios para el servicio público pueden desafectarse conforme a la Ley 14/2003 de Patrimonio.
Artículo 90 — Declaración sobre la red
La declaración sobre la red detalla características, capacidad, acceso y cánones de las infraestructuras. Se revisa anualmente o ante nuevos elementos, y su aprobación obliga automáticamente al pago de cánones por los operadores.
Artículo 91 — Derecho de uso de capacidad en infraestructuras de transporte
Los operadores tienen derecho a usar capacidad según contrato, declaración de red y acuerdo con el administrador. Un acuerdo firmado por las tres partes fija condiciones técnicas y económicas, supervisado por una comisión de seguimiento.
Artículo 92 — Adjudicación del derecho de capacidad para otros servicios y actividades
Los servicios de trenes históricos y turísticos requieren autorización del administrador de infraestructuras. Se debe suscribir un acuerdo de uso de capacidad y establecer condiciones técnicas y económicas.
Artículo 93 — Competencias
La Consellería y ayuntamientos inspeccionan el transporte. El administrador vigila infraestructuras. Los ayuntamientos inspeccionan planes de movilidad. La Consellería coordina y actúa si no hay actuación municipal.
Artículo 94 — Facultades de la inspección de transportes
Las empresas deben facilitar acceso a instalaciones e información a la inspección. El personal tiene carácter de agente de la autoridad. Puede solicitar apoyo policial. Requiere mandamiento judicial para acceder a domicilios.
Artículo 95 — Alcance subjetivo de la responsabilidad administrativa en las materias reguladas en la ley
La responsabilidad administrativa recae en prestadores, usuarios o quienes perturben el servicio. Se aplica la Ley 16/1987. Si hay varios tipos infractores, se sanciona con el más grave.
Artículo 96 — Clasificación de las infracciones en materia de compatibilidad de las infraestructuras de transporte con el entorno
Las infracciones por incompatibilidad de infraestructuras de transporte con el entorno se clasifican en muy graves y graves.
Artículo 97 — Infracciones en materia de transporte de viajeros
El incumplimiento en transporte de viajeros se clasifica como muy grave, grave o leve según la Ley 16/1987. Los transportes reiterados para colectivos se entienden como regulares de uso especial. El transporte a la demanda sigue el régimen sancionador del transporte regular de uso general.
Artículo 101 — Infracciones en relación con la compatibilidad de las infraestructuras de transporte con el entorno
Muy graves: obras sin autorización, deterioro de infraestructuras, lanzar objetos o reincidir en graves. Graves: obras sin autorización o alteración de instalaciones.
Artículo 102 — Otras infracciones
Infracciones graves: carencia de plan de movilidad, vulneración de elementos esenciales o reserva de aparcamiento bicis (leve en autopromoción). Leves: vulneración aspectos no esenciales. Dos leves en un año se vuelven graves. Daños a infraestructuras se clasifican como infracciones de transporte.
Artículo 103 — Sanciones en relación con las infracciones tipificadas en los artículos 101 y 102
Sanciones: leves hasta 1.000€ (0-400€ sin reincidencia, 1.000€ con reincidencia); graves 1.001-2.000€; muy graves 2.001-6.000€. Se consideran reincidencia dos faltas en un año. La multa puede triplicarse si hay beneficio cuantificable. La sanción es independiente de indemnizar daños.
Artículo 103 bis — Sanciones en materia de transporte de viajeros
El incumplimiento de la ley en transporte de viajeros se sanciona conforme a la Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres y su reglamento.
Artículo 105 — Otros efectos de las sanciones
La firmeza de sanciones por edificaciones en dominio público exige demolición y restauración del entorno. Si no se hace, el administrador puede ejecutarlo a costa del sancionado. En casos de seguridad, la administración puede demoler de oficio antes de la resolución final. Para extinción de autoriz
Artículo 106 — Multas coercitivas
La autoridad competente puede imponer multas coercitivas si se reitera la conducta infractora tras requerimiento de cese. Cada multa coercitiva no excederá del 10% de la sanción fijada para la infracción cometida.
Artículo 107 — Competencia para la imposición de sanciones
La competencia para imponer sanciones corresponde a la dirección general de transportes (si la ostenta la conselleria), al órgano determinado en su regulación (otros entes de la Generalitat, salvo muy graves que impone la dirección), o al alcalde (si la ostenta el ayuntamiento).
Artículo 108 — Procedimiento sancionador y medidas provisionales en relación con las infracciones tipificadas en los artículos 101 y 102
El procedimiento sancionador se inicia de oficio. Hay 15 días para alegaciones y prueba. Antes de resolver, se admiten más alegaciones (15 días). La resolución se dicta en 1 mes. Caduca si no se notifica en 1 año. Hay reducción del 25% por pago anticipado voluntario.
Artículo 108 bis — Procedimiento sancionador en materia de transporte de viajeros
Las sanciones en transporte de viajeros siguen la Ley 16/1987 y su reglamento. Lo no previsto se rige por las Leyes 39/2015 y 40/2015.
Artículo 109 — Medidas urgentes y provisionales
Se pueden adoptar medidas provisionales urgentes antes o durante el procedimiento. Deben confirmarse en 30 días. Pueden ser suspensión de actividades, clausura o fianzas. No causan perjuicio irreparable. Se extinguen con la resolución final.
Artículo 110 — Coordinación administrativa y acción subsidiaria de la Generalitat
Las administraciones competentes mantienen un registro común de sanciones firmes para aplicar agravantes por reiteración y facilitar la instrucción de expedientes.
Artículo 111 — Prescripción
Las infracciones prescriben en: 3 años (muy graves), 2 años (graves) y 1 año (leves). Las sanciones también prescriben en esos plazos. El plazo empieza desde el hecho o la firmeza de la resolución. Se interrumpe al iniciar el procedimiento.
Disposición adicional tercera — Constitución del Foro de Movilidad de la Comunitat Valenciana
El Foro de Movilidad de la Comunitat Valenciana se constituirá en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
Disposición adicional quinta — Aplicación de la ley al sistema viario de la Comunitat Valenciana
Las secciones primera y segunda del capítulo II del título III de esta ley se aplican a la Red Básica y Local del sistema viario de la Comunitat Valenciana, salvo que se opongan a la Ley 6/1991 de Carreteras.
Disposición transitoria primera — Planes de movilidad en actuaciones iniciadas
No es obligatorio plan de movilidad si el plan general ya pasó información pública. Tampoco para usos residenciales con plan parcial en trámite o actividades con licencia solicitada antes de la entrada en vigor.
Disposición transitoria segunda — Concesiones vigentes de servicios públicos regulares
Las concesiones de transporte regular vigentes mantienen su validez hasta su fin. En un año se nombra director y se fija el documento de condiciones. Si hay compensación económica, el contrato se transforma en servicio público sin alterar derechos ni plazos.
Disposición transitoria cuarta — Expedientes iniciados en materia de infraestructuras y autorizaciones
Los expedientes de infraestructuras iniciados antes de la entrada en vigor se tramitan según esta ley. Las autorizaciones de dominio público no caducadas antes de esa fecha se entienden plenamente vigentes.
Disposición transitoria quinta
En infraestructuras autonómicas se permite la circulación de vehículos de servicios públicos (ambulancias, bomberos, policía) y mantenimiento, debidamente identificados, para conservación, vigilancia, seguridad y emergencias.
Disposición transitoria sexta — Régimen transitorio del procedimiento a que se refiere el artículo 78 de esta ley
Hasta el desarrollo reglamentario del artículo 78, para edificar cerca de infraestructuras ferroviarias se requiere informe favorable de FGV justificando distancia inferior a 50 metros y resolución del conseller competente con las distancias concretas.
Disposición derogatoria única — Derogación normativa
Se derogan las disposiciones de inferior o igual rango que se opongan a esta ley. Hasta la entrada en vigor del reglamento de desarrollo, se aplican supletoriamente las demás disposiciones de movilidad no contrarias a esta ley.
Disposición final primera — Habilitación normativa
El Consell tiene la facultad de dictar disposiciones reglamentarias y normas técnicas necesarias para el desarrollo y la aplicación de la Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana.
Disposición final segunda — Entrada en vigor
La Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Disposición final tercera — Supletoriedad de la legislación estatal para los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera y las estaciones y terminales de viajeros
En lo no previsto por esta ley o su reglamento, se aplica supletoriamente la legislación estatal a los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera y a las estaciones y terminales de viajeros.
Información general
Temas
Notas oficiales
Publicada en el DOCV núm. 6495, de 5 de abril 2011.
Leyes en las que se basa
- el art. 49 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio BOE-A-1982-17235
- Ley 9/2009, de 20 de noviembre BOE-A-2009-20072
Leyes que la modifican
- los arts. 95, 97, 98 y 99, por Ley 9/2011, de 26 de diciembre BOE-A-2012-1253
- los arts. 4.1 y 22.2, por Ley 1/2012, de 10 de mayo BOE-A-2012-6932
- el art. 35, por Ley 10/2012, de 21 de diciembre BOE-A-2013-663
- la disposición transitoria 5, por Ley 5/2013, de 23 de diciembre BOE-A-2014-970
- los arts. 31, 54 y 103, y SE AÑADE los arts. 95 bis, 99 bis y 103 bis, por Ley 7/2014, de 22 de diciembre BOE-A-2015-1236
- la disposición transitoria 3.4 y SE AÑADEN las disposiciones transitorias 6 y 7, por Ley 10/2015, de 29 de diciembre BOE-A-2016-1205
- el art. 87.4, por Ley 13/2016, de 29 de diciembre BOE-A-2017-1291
- determinados preceptos y SE MODIFICA el art. 96, por Ley 13/2017, de 8 de noviembre BOE-A-2017-15370
- la exposición de motivos y los arts. 9, 10, 11, 12, 13 y 71 y SE DEJA SIN EFECTO los arts. 67, 68, 69 y 70, por Ley 21/2017, de 28 de diciembre BOE-A-2018-1871
- el art. 8, por Ley 27/2018, de 27 de diciembre BOE-A-2019-1987
- los arts 98, 99, 104, SE MODIFICA los arts. 39, 81, 95 a 97, 103, 103 bis, 105, 107.1, 108 y SE AÑADE los arts. 8 bis y 108 bis, por Ley 9/2019, de 23 de diciembre BOE-A-2020-1010
- en la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, en BOE núm. 149, de 26 de mayo de 2020 BOE-A-2020-5289
- los arts. 21, 40, 66, 72, 80 y SE AÑADE la disposición final 3, por Ley 3/2020, de 30 de diciembre BOE-A-2021-1859
- el art. 40.8, por Ley 7/2021, de 29 de diciembre BOE-A-2022-1018
- los arts. 21, 22, 31, 34, 38, 39, 87, 93, 97 y SE AÑADE el 41 bis, por Ley 8/2022, de 29 de diciembre BOE-A-2023-5482
- la disposición adicional 2 y SE MODIFCA los arts. 31, 34, 39 y 87.1, por Ley 7/2023, de 26 de diciembre BOE-A-2024-2666
- los arts. 8, 10, 12, 22, 32, 71 y 72, por Ley 5/2025, de 30 de mayo BOE-A-2025-11959
- los arts. 10 al 12, por Ley 3/2026, de 29 de junio BOE-A-2026-15683
- los arts. 93, 102 y SE AÑADE el art. 19 bis, por Ley 5/2026, de 31 de julio BOE-A-2026-19331
- el art. 3.2.c), por Decreto-ley 4/2019, de 29 de marzo DOGV-r-2019-90405
- en la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, en DOGV núm. 8761, de 13 de marzo de 2020 DOGV-r-2020-90055
- los arts. 10, 11 y 12, por Decreto-ley 14/2025, de 26 de diciembre DOGV-r-2025-90320
- el art. 3.2.c), por Decreto-ley 5/2026, de 29 de mayo DOGV-r-2026-90144
- los arts. 10 al 12, por Ley 3/2026, de 29 de junio DOGV-r-2026-90169
- los arts. 93, 102 y SE AÑADE el art. 19 bis, por Ley 5/2026, de 31 de julio DOGV-r-2026-90213
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