Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de Castilla-La Mancha
También conocida como: L 14/2010, L 14/10Esta ley regula cómo se organizan y prestan las ayudas y servicios sociales para los ciudadanos en Castilla-La Mancha.
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Artículo por artículo
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Artículo 1 — Objeto
La ley garantiza el derecho universal a la protección social, regula y estructura el Sistema Público de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha, determina el acceso a prestaciones, establece el marco para la iniciativa privada y define estándares de calidad.
Artículo 2 — Titulares de derecho
Tienen derecho residentes en Castilla-La Mancha (acreditado con tarjeta social o empadronamiento). También emigrantes con último domicilio en la región para su retorno, y no residentes en urgencia social. Pueden existir requisitos adicionales para prestaciones específicas.
Artículo 3 — Definición y finalidad de los servicios sociales
Los servicios sociales son prestaciones públicas y privadas para atención social. La iniciativa privada está bajo control autonómico. Su finalidad es asegurar vida digna, autonomía, inclusión y prevención.
Artículo 4 — Sistema Público de Servicios Sociales
El Sistema Público de Servicios Sociales integra prestaciones públicas y privadas colaboradoras. Funciona en red con coordinación técnica y colabora con salud, educación, empleo, vivienda e igualdad.
Artículo 5 — Objetivos del Sistema Público de Servicios Sociales
El Sistema Público de Servicios Sociales analiza la realidad social, detecta necesidades de dependencia y exclusión, promueve la autonomía personal y familiar, impulsa la inclusión, facilita el desarrollo vital, fomenta el voluntariado y la participación ciudadana.
Artículo 6 — Principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales
El Sistema Público de Servicios Sociales se rige por principios programáticos (responsabilidad pública, universalidad, equidad, igualdad, prevención, inclusión, autonomía, diversidad, participación, solidaridad) y organizativos (descentralización, subsidiariedad, dimensión comunitaria, atención, etc
Artículo 7 — Derechos de las personas usuarias de servicios sociales
Los usuarios tienen derechos de igualdad, asignación de profesional de referencia, información accesible, confidencialidad, calidad, atención domiciliaria, participación, decisiones futuras y alojamiento temporal de emergencia.
Artículo 8 — Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales
Las personas usuarias deben respetar a otros, usar prestaciones para su fin, dar información veraz, cumplir normas, colaborar en su mejora, comparecer si se requiere, conocer normas y contribuir a la financiación según normativa.
Artículo 9 — Carta de derechos y deberes
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha establecerá reglamentariamente una Carta de derechos y deberes, garantizando su máxima difusión en todo el ámbito de los servicios sociales.
Artículo 10 — Derechos de las personas profesionales de los servicios sociales
Los profesionales tienen derechos al respeto, trato correcto, seguridad, protección de salud, confidencialidad, autonomía técnica, renuncia a atención en caso de agresión, igualdad, participación en decisiones, formación continuada y apoyo profesional.
Artículo 11 — Deberes de las personas profesionales de los servicios sociales
Los profesionales deben promover la dignidad del usuario, facilitar información y consentimiento informado, cumplir la normativa, actuar sin discriminación, guardar secreto profesional, documentar adecuadamente y asistir a la formación programada por su entidad.
Artículo 12 — Niveles de atención del Sistema Público de Servicios Sociales
El Sistema Público de Servicios Sociales se organiza en dos niveles: Atención Primaria y Atención Especializada. Se establecen protocolos específicos para situaciones de urgencia social.
Artículo 13 — Relación entre los niveles de atención
La coordinación entre niveles busca complementariedad. La Atención Primaria coordina casos compartidos, salvo norma contraria. La Atención Especializada coordina sus propios casos.
Artículo 14 — Los Servicios Sociales de Atención Primaria
La Atención Primaria es pública, gestiona el primer nivel y se desarrolla en municipios. Su organización y gestión corren a cargo de la Administración Autonómica y las Corporaciones Locales.
Artículo 15 — Funciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria
Funciones: información, detección de necesidades, diagnóstico, prescripción de intervención, plan de atención, intervención interdisciplinar, derivación, gestión, seguimiento, coordinación con otros niveles y sistemas, promoción social, estudio de realidad social, registro de datos y otras atribuid.
Artículo 16 — Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria
El Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria es público y estructura física de acceso. Dispone de equipo profesional reglamentario según población y zona. Sus requisitos mínimos se establecen reglamentariamente.
Artículo 17 — Centro Coordinador de Servicios Sociales
El Centro Coordinador es equipamiento público de atención primaria y especializada. Cuenta con equipo interdisciplinar coordinado y personal administrativo. Su composición y requisitos mínimos se determinan reglamentariamente según población y calidad.
Artículo 18 — Los Servicios Sociales de Atención Especializada
Los Servicios de Atención Especializada responden a necesidades específicas que superan la atención primaria. Se valoran previamente por Atención Primaria, salvo en riesgo o urgencia. Pueden ser públicos o privados colaborando con la administración.
Artículo 19 — Funciones de los Servicios Sociales de Atención Especializada
Las funciones incluyen valoración diagnóstica, elaboración de planes individualizados, intervención interdisciplinar, gestión y coordinación, integración con atención primaria y sanitaria, apoyo técnico, registro de datos y otras atribuciones normativas.
Artículo 20 — Equipamientos de Servicios Sociales de Atención Especializada
Los equipamientos de atención especializada incluyen centros residenciales, de día y de noche, ocupacionales, viviendas y de acogida. Pueden ser públicos o privados con colaboración administrativa. Sus funciones y medios se establecen reglamentariamente.
Artículo 21 — Urgencia social
La urgencia social requiere actuación inmediata para evitar deterioro. Es prioritaria y puede eximir requisitos. Se coordina entre niveles y se protocoliza. Para menores en riesgo, aplica normativa específica de protección.
Artículo 22 — Historia Social
Cada usuario tiene una única historia social abierta en Atención Primaria, que recoge su situación y Plan de Atención. Atención Especializada la complementa para garantizar la continuidad de las intervenciones.
Artículo 23 — Plan de Atención Social
El Plan de Atención Social incluye valoración, objetivos, prestaciones, calendario, indicadores y acuerdos. Se consensúa con la persona. En desacuerdo prevalece el criterio técnico en riesgo. Se diseña un único plan en actuaciones conjuntas.
Artículo 24 — Profesional de referencia
Se asigna un profesional de referencia (trabajador social) para garantizar integralidad. Coordina la historia social y ofrece apoyo, seguimiento y derivaciones. En Atención Especializada, se designa otro profesional que coordina con el de Primaria.
Artículo 25 — Tarjeta social
Los residentes en Castilla-La Mancha tienen derecho a una tarjeta social personal e intransferible. Acredita el derecho y facilita la información. Se emite acreditando empadronamiento o de oficio si hay historia social activa o prestaciones en los últimos 4 años.
Artículo 26 — Sistema de información de servicios sociales
El sistema de información recopila historia social y prestaciones. No requiere consentimiento si hay atención pública. Garantiza acceso ciudadano y uso estadístico para planificación, respetando protección de datos.
Artículo 27 — Identificación del Sistema Público de Servicios Sociales
Las prestaciones se identifican con símbolos de la Administración Regional y otras competentes. El Consejo de Gobierno establece requisitos para centros y entidades que pertenecen al Sistema Público de Servicios Sociales.
Artículo 28 — La iniciativa privada
La iniciativa privada puede crear centros de atención especializada y gestionar prestaciones. La Junta colabora preferentemente con entidades sociales (sin ánimo de lucro) o mercantiles (con ánimo de lucro). Todas deben someterse a autorización y registro reglamentarios.
Artículo 29 — Estructura territorial
El Sistema Público de Servicios Sociales se estructura territorialmente en zonas y áreas de servicios sociales, además de otros ámbitos para atención especializada. Estas estructuras son el referente para la atención primaria y especializada.
Artículo 30 — Zona de servicios sociales
La zona de servicios sociales es la división territorial básica para la atención primaria. Está constituida por un municipio o agrupación de municipios. Puede subdividirse en unidades para prestar atención básica de información, orientación, estudio y valoración.
Artículo 31 — Área de servicios sociales
El área de servicios sociales coordina la atención primaria y planifica prestaciones. Está formada por una o varias zonas. La Administración autonómica puede gestionarlas mediante agencias, gerencias, consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.
Artículo 32 — Mapa de Servicios Sociales
El Consejo de Gobierno aprueba el Mapa de Servicios Sociales para estructurar el sistema. Se elabora considerando población, demografía, profesionales, ratios, prestaciones y equipamientos. Se actualiza cada cuatro años y facilita coordinación con el Sistema de Salud.
Artículo 33 — Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales
Las prestaciones son atenciones directas para la autonomía e inclusión. Se clasifican en: técnicas (intervención profesional), económicas (aportaciones dinerarias) y tecnológicas (instrumentos para la autonomía). La ley define las mínimas garantizadas.
Artículo 34 — Catálogo de prestaciones
El catálogo determina las prestaciones, incluyendo las de atención primaria y especializada. Las garantizadas son un derecho subjetivo. El catálogo especifica naturaleza, requisitos, objetivos, centros, copagos, suspensión y calidad. Se priorizan las prestaciones técnicas.
Artículo 35 — Elaboración del catálogo de prestaciones
El catálogo de prestaciones tiene vigencia de 4 años, prorrogable. Incluye prestaciones mínimas y adicionales. Su elaboración requiere participación ciudadana, informe del Consejo Asesor y estudios de costes previos a la aprobación del Consejo de Gobierno.
Artículo 36 — Prestaciones técnicas de Servicios Sociales de Atención Primaria
Catálogo de prestaciones técnicas gratuitas: a) Información y Orientación; b) Estudio, Valoración y Acompañamiento; c) Atención a la familia; d) Ayuda a Domicilio; e) Teleasistencia (garantizada >70 años o dependencia); f) Alojamiento temporal urgencia; g) Prevención exclusión social; h) Fomento de.
Artículo 37 — Prestaciones técnicas de Servicios Sociales de Atención Especializada
Garantiza prestaciones técnicas: valoración dependencia, discapacidad, atención temprana, desprotección, estancias diurnas/nocturnas/residenciales, acogimiento, adopciones y familias numerosas. Acceso condicionado: envejecimiento activo, habilidades, apoyo jóvenes, violencia familiar, mediación y p.
Artículo 38 — Prestaciones económicas
Prestaciones garantizadas: Renta Básica y vinculadas a dependencia (servicio, cuidados familiares, asistencia personal). Acceso condicionado: Emergencia Social y necesidades específicas para integración y calidad de vida.
Artículo 39 — Prestaciones tecnológicas
La prestación tecnológica facilita eliminación de barreras arquitectónicas y adquisición de ayudas técnicas para personas con limitaciones. Se garantiza a quienes tengan reconocida la dependencia y prescrito en su programa individual.
Artículo 40 — Formas de provisión de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales
Las Administraciones públicas proveen prestaciones preferentemente mediante gestión pública propia. También pueden usar gestión indirecta o colaboración con entidades locales o privadas sociales o mercantiles.
Artículo 41 — Gestión pública propia
Gestión pública exclusiva para: técnicas (acceso, valoración, dependencia, menores), económicas (Renta Básica, Emergencia Social, dependencia) y actuaciones (planificación, registro, autorizaciones, inspección, calidad).
Artículo 42 — Concertación con entidades de la administración local y entidades privadas
Las administraciones pueden encomendar la gestión de prestaciones a entidades locales o privadas (prioritariamente sociales) mediante concierto, convenio o contrato. Las privadas deben tener autorización y estar inscritas en el Registro de Servicios Sociales. El Consejo de Gobierno establece el Rég.
Artículo 43 — Planificación general
El Gobierno de Castilla-La Mancha realiza la planificación general de los servicios sociales, garantizando la participación de todas las administraciones implicadas y los órganos de participación de la Ley. Los planes incluyen memoria de impacto de género y económica, y se modifican periódicamente.
Artículo 44 — Plan Estratégico de Servicios Sociales
El Plan Estratégico de Servicios Sociales, con vigencia máxima de 4 años, diseña medidas para cumplir los objetivos del sistema. Lo elabora la Consejería competente y lo aprueba el Gobierno. Incluye diagnóstico, objetivos, cronograma, coordinación, evaluación y mecanismos correctivos. Anualmente se.
Artículo 45 — Planes específicos
Se pueden elaborar planes específicos para abordar necesidades sociales como complemento del Plan Estratégico. Deben contener análisis de necesidades, objetivos, acciones, órgano responsable y mecanismos de seguimiento y evaluación.
Artículo 46 — Planes Locales de Servicios Sociales
Los municipios o agrupaciones de municipios articularán Planes Locales de Servicios Sociales para garantizar la integralidad de las acciones. Estos planes deben sujetarse a la planificación estratégica y planes específicos autonómicos, atendiendo a las necesidades del territorio.
Artículo 47 — Atención social y sanitaria
El Sistema de Salud y Servicios Sociales establecen mecanismos de atención integral para personas con necesidades complementarias, graves problemas de salud, limitaciones funcionales o riesgo de exclusión social, garantizando continuidad.
Artículo 48 — Mecanismos de atención integral
Para facilitar la atención integral, se establecerán planes, protocolos y procedimientos comunes que permitan la continuidad de la atención de la persona.
Artículo 49 — Autorizaciones administrativas
Las prestaciones públicas no requieren autorización. Los servicios privados y centros/equipamientos sí la necesitan, siendo previa a la actividad. La Consejería la otorga para asegurar calidad; su incumplimiento puede llevar a revocación.
Artículo 50 — Acreditación de la calidad
Se pueden establecer estándares de calidad específicos para acreditar entidades con niveles superiores a los mínimos. Esta acreditación de calidad puede considerarse mérito o mejora en los procedimientos de concurrencia pública para la provisión de prestaciones del Sistema Público.
Artículo 51 — Registro de Servicios Sociales
El Registro de Servicios Sociales inscribe de oficio las entidades privadas autorizadas y los centros públicos o privados. La inscripción es requisito imprescindible para colaborar con la administración.
Artículo 52 — Inspección y control
La inspección y control de servicios sociales corresponde a la Consejería competente, con apoyo de otros departamentos autonómicos. Afecta a todas las actuaciones de entidades públicas y privadas.
Artículo 53 — El personal de inspección
El personal de inspección es agente de la autoridad. Vigila derechos, cumplimiento legal, ratios y calidad. Puede entrar libremente, tomar muestras y proponer medidas cautelares para evitar riesgos.
Artículo 54 — Actas
De cada inspección se levanta acta con lugar, fecha, identificación y hechos. Tiene naturaleza de documento público y los hechos se presumen ciertos salvo prueba en contrario.
Artículo 55 — Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
La Consejería valora la dependencia y el programa de atención. Prevalece el criterio técnico si hay desacuerdo. El consentimiento para datos médicos se entiende otorgado salvo oposición expresa.
Artículo 56 — Responsabilidad pública
La Junta gestiona el Sistema Público de Servicios Sociales. Las Corporaciones Locales desarrollan y gestionan el sistema bajo coordinación y cooperación.
Artículo 57 — Competencias del Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno establece la política, aprueba el Mapa y catálogo de prestaciones, planes regionales, financia el sistema y coordina administraciones.
Artículo 58 — Competencias de la Consejería competente en materia de servicios sociales
La Consejería ejecuta la política social, elabora planes estratégicos y el Mapa de Servicios, crea el catálogo de prestaciones, gestiona y evalúa servicios, autoriza centros, ejerce inspección, garantiza derechos, fomenta investigación, forma profesionales, coordina con locales y tutela menores.
Artículo 59 — Competencias de los Ayuntamientos
Los Ayuntamientos detectan necesidades, planifican y gestionan servicios de atención primaria y especializada, fomentan participación, elaboran planes locales, aportan financiación, inspeccionan, sensibilizan y coordinan entidades. La Administración Autonómica actúa subsidiariamente en municipios de
Artículo 60 — Competencias de las Diputaciones Provinciales
Las Diputaciones Provinciales prestan servicios sociales subsidiariamente, cooperan con municipios de menor capacidad y aportan la financiación correspondiente a sus competencias.
Artículo 61 — Comisión de Cooperación Interadministrativa
Se crea una Comisión de Cooperación Interadministrativa para articular la colaboración entre las administraciones públicas responsables de los servicios sociales. Su funcionamiento se determina reglamentariamente.
Artículo 62 — Principios de la financiación
La Comunidad Autónoma garantiza la suficiencia financiera de los servicios sociales. Las Corporaciones Locales deben consignar en sus presupuestos las dotaciones necesarias para la financiación de sus competencias.
Artículo 63 — Fuentes de financiación
El Sistema Público de Servicios Sociales se financia con fondos públicos (Junta, Ayuntamientos, Estado, otras entidades) y privados (usuarios, entidades privadas, otras aportaciones legales).
Artículo 64 — Financiación de los Servicios Sociales de Atención Primaria
La financiación de Atención Primaria se garantiza mediante colaboración entre administraciones. La Comunidad Autónoma actúa supletoriamente si los recursos locales son insuficientes o la calidad no cumple estándares.
Artículo 65 — Financiación de los Servicios Sociales de Atención Especializada
La financiación de Atención Especializada corresponde al titular de los servicios. La Consejería financia prestaciones garantizadas reconocidas. Las entidades privadas financian sus propios servicios.
Artículo 66 — Financiación de los equipamientos de servicios sociales
La Consejería colabora en financiar equipamientos públicos. La Junta promueve equipamientos con suelo e infraestructuras de Ayuntamientos. Las entidades privadas financian sus propios equipamientos.
Artículo 67 — Participación de las personas usuarias en la financiación de servicios sociales
El copago se fija en el catálogo bajo principios de equidad. No se excluye por falta de recursos ni se afecta la calidad. La Junta puede cobrar aportaciones de bienes donados, vendidos o heredados.
Artículo 68 — Participación social
La Consejería garantiza la participación de entidades sociales, profesionales, corporaciones locales y sindicatos. Las administraciones promueven el uso de espacios públicos y la participación ciudadana por Internet.
Artículo 69 — Órganos de participación
El Consejo Asesor de Servicios Sociales es el órgano participativo máximo, adscrito a la Consejería competente. Se pueden crear otros órganos de participación para ámbitos inferiores al regional.
Artículo 70 — Funciones del Consejo Asesor de Servicios Sociales
El Consejo Asesor delibera sobre orientación, asesora en planificación, informa mapas y planes, valora normativa, sigue la ejecución y presenta informe bianual a la Junta de Comunidades.
Artículo 71 — Composición del Consejo Asesor de Servicios Sociales
La composición del Consejo Asesor incluye representantes de la Administración autonómica, estatal, local, sindicatos, colegios profesionales y entidades sociales, según reglamento.
Artículo 72 — Procesos de participación
Las administraciones deben establecer procesos de participación deliberativa en planificación, gestión y evaluación. Incluyen: información, debate y devolución de resultados.
Artículo 73 — Participación en el ámbito de los centros
Centros públicos y privados con financiación pública deben establecer procesos de participación democrática para usuarios, familiares o representantes, según reglamento.
Artículo 74 — Voluntariado social
Se fomenta el voluntariado solidario en entidades públicas o sociales. No implica relación laboral ni contraprestación económica, siendo complementario a la atención profesional.
Artículo 75 — Disposiciones generales
La calidad según estándares reglamentarios es un derecho. La Consejería promueve criterios y evaluación. Aplicables a todas las entidades públicas y privadas autorizadas.
Artículo 76 — Gestión de la calidad
La gestión de calidad es un proceso integral y continuado de evaluación del servicio, basado en compromisos declarados, necesidades de las personas y programas de mejora.
Artículo 77 — Plan de calidad
El Plan de calidad, parte del Plan Estratégico, incluye: objetivos, sistemas de mejora, evaluación de satisfacción, cartas de servicios, criterios de instalaciones y empleo, formación profesional, sistema de sugerencias y quejas, e indicadores de seguimiento.
Artículo 78 — Formación en servicios sociales
La Consejería competente promueve, planifica y coordina la formación permanente de los profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales para mejorar la calidad de la atención.
Artículo 79 — Investigación, desarrollo e innovación en materia de servicios sociales
La investigación e innovación buscan conocer necesidades y optimizar la atención integral con el sistema sanitario. Las administraciones pueden colaborar con universidades y centros de estudios.
Artículo 80 — Instituto Regional de Formación en Servicios Sociales y Observatorio de Servicios Sociales y Dependencia
Se crea el Instituto Regional de Formación en Servicios Sociales, adscrito a la consejería, para coordinar formación. También se crea el Observatorio de Servicios Sociales y Dependencia, adscrito a la consejería, para investigación e innovación.
Artículo 81 — Sujetos responsables
Son responsables las personas que cometan la infracción. Si son menores no emancipados o incapacitados, responden solidariamente sus progenitores, tutores o representantes legales.
Artículo 82 — Responsabilidad penal
Si la infracción es delito, la Administración comunica los hechos al Ministerio Fiscal. Si no hay delito, el expediente sancionador usa los hechos probados judicialmente. Las medidas de seguridad se mantienen hasta que el juez decida.
Artículo 83 — Concurrencia de sanciones
No se impondrá doble sanción administrativa por los mismos hechos e intereses protegidos. Se exigirán otras responsabilidades derivadas de infracciones concurrentes.
Artículo 84 — Infracciones
Son infracciones las acciones u omisiones tipificadas en los artículos siguientes, según la normativa de desarrollo. Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 85 — Infracciones leves
Son infracciones leves: vulnerar derechos sobre reglamento interno, quejas y precios; no adaptar normativa; incumplir requisitos de prestaciones o condiciones mínimas sin peligro; impedir participación ciudadana; ejecutar mal acciones; deteriorar bienes sin afectar funcionamiento; alterar funcionamiento de forma leve; incumplir la Ley no tipificado como grave; y otras previstas.
Artículo 86 — Infracciones graves
Infracciones graves: incumplir confidencialidad, uso indebido de prestaciones, vulnerar intimidad, no cumplir acuerdos de guarda, no comunicar desamparo, incumplir normativa específica o de registro, falta de transparencia en fondos, obstruir inspección, no comunicar precios, prácticas lucrativas en
Artículo 87 — Infracciones muy graves
Infracciones muy graves: trato degradante, descuidar atención, no garantizar tratamiento técnico, abrir centro sin autorización, daño irreparable por infracción grave, impedir derechos, incumplimiento consciente con daño grave, agresión física a profesionales o usuarios.
Artículo 88 — Sanciones
Infracciones leves: hasta 3.000€. Graves: hasta 15.000€. Muy graves: hasta 600.000€. Se pueden superar límites si beneficia al sancionado. Muy graves pueden cerrar centros privados. Algunas inhabilitan profesión 1-5 años. Graves/muy graves suspenden derechos usuario máx. 6 meses.
Artículo 89 — Graduación
Las sanciones se gradúan (mínimo, medio, máximo) según intencionalidad, reincidencia, perjuicio, protección de colectivos vulnerables, beneficios obtenidos, reiteración (2 infracciones distintas en 1 año) y reincidencia (2 iguales en 1 año). Debe haber proporcionalidad.
Artículo 90 — Órganos sancionadores
El Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es competente para imponer sanciones superiores a 120.000 euros por infracciones muy graves. Reglamentariamente se establecerán los órganos para otras sanciones.
Artículo 91 — Plazo de resolución de los procedimientos sancionadores
El plazo para resolver y notificar procedimientos sancionadores por infracciones de esta Ley es de un año, sin perjuicio de lo establecido para los procedimientos simplificados.
Artículo 92 — Medidas cautelares
La Consejería adopta medidas cautelares ante riesgos graves: cierre temporal o exigencia forzosa de requisitos. La duración se fija según la superación del riesgo.
Disposición adicional primera — Multas coercitivas
Se imponen multas coercitivas de 300 a 1.000 euros, reiteradas mensualmente, para cumplir resoluciones administrativas según el artículo 99 de la Ley 30/1992.
Disposición adicional segunda — Carácter del silencio administrativo
El silencio administrativo desestima solicitudes, salvo autorizaciones para actividades privadas, que se entienden estimadas si no hay resolución en plazo.
Disposición adicional tercera — Sustitución de la fiscalización previa de las prestaciones de emergencia social por el control financiero permanente
Se sustituye la fiscalización previa de prestaciones de emergencia social por el control financiero permanente de la Intervención General de la Junta.
Disposición adicional cuarta — Entidades Colaboradoras de la Administración regional
Las ECASS, autorizadas por la Consejería, verifican requisitos y acreditan calidad en procedimientos de autorización y acreditación, sin ser autoridad pública.
Disposición transitoria única — Disposiciones vigentes con carácter transitorio
La normativa existente sobre servicios sociales mantiene su vigencia hasta que entren en vigor los reglamentos de desarrollo de esta ley.
Disposición derogatoria única — Derogación normativa
Se derogan leyes de 1986, 1994 y 1995 de Castilla-La Mancha sobre servicios sociales, solidaridad y protección de usuarios, salvo lo dispuesto en la disposición transitoria.
Disposición final única — Entrada en vigor
La ley entra en vigor a los 6 meses de su publicación. El Consejo de Gobierno debe completar el desarrollo reglamentario en un plazo máximo de 4 años.
Información general
Temas
Notas oficiales
Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 30 de junio de 2011.
Publicada en el DOCM núm. 251, de 31 de diciembre de 2010.
Leyes en las que se basa
- el art. 31 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto BOE-A-1982-20820
- Ley 3/1986, de 16 de abril BOE-A-1986-19742
- Ley 3/1994, de 3 de noviembre BOE-A-1995-3398
- Ley 5/1995, de 23 de marzo BOE-A-1996-5105
Leyes que la modifican
- los arts. 36, 37, 40 a 42, 59, 68, 70 y disposición final única, por Ley 1/2012, de 21 de febrero BOE-A-2012-10756
- los arts. 36.e) y 37.1.i), por Ley 9/2012, de 29 de noviembre BOE-A-2013-2558
- con efectos de 1 de octubre de 2014, el art. 16.2, por Ley 3/2014, de 21 de julio BOE-A-2014-10666
- el art. 37.2.b), por Ley 7/2014, de 13 de noviembre BOE-A-2015-1626
- el art. 55, por Ley 3/2017, de 1 de septiembre BOE-A-2017-11784
- el art. 80, por Ley 11/2019, de 20 de diciembre BOE-A-2020-1997
- el art. 40 y lo indicado, por Ley 1/2020, de 3 de febrero BOE-A-2020-4473
- los arts. 20, 36, 40, 42 y 67 y SE AÑADE la disposidción adicional 3, por Ley 4/2021, de 25 de junio BOE-A-2021-18038
- el art. 37.1, por Ley 1/2024, de 15 de marzo BOE-A-2024-10149
- el art. 55 y SE AÑADE la disposición adicional 4, por Ley 4/2025, de 11 de julio BOE-A-2025-18966
- los arts. 3, 28, 42, 50, 51, 53, 75, 87, las disposiciones adicionales 2, 4 y, con los efectos indicados, el art. 49.2, por Ley 1/2026, de 26 de marzo BOE-A-2026-23387
- los arts. 3, 28, 42, 50, 51, 53, 75, 87, las disposiciones adicionales 2, 4 y, con los efectos indicados, el art. 49.2, por Ley 1/2026, de 26 de marzo DOCM-q-2026-90065
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