Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos

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Esta ley no tiene modificaciones registradas desde su publicación.

Artículo por artículo

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1. Artículo 1 — Objeto

   La Ley regula el uso de videocámaras por Fuerzas de Seguridad en lugares públicos para garantizar seguridad y prevenir delitos, estableciendo garantías de derechos fundamentales.

2. Artículo 2 — Ámbito de aplicación

   La captación de imágenes no es intromisión ilegítima. El tratamiento automatizado se rige por la Ley Orgánica 5/1992.

3. Artículo 3 — Autorización de las instalaciones fijas

   La instalación fija de videocámaras requiere autorización del Delegado del Gobierno y informe de una Comisión presidida por el Presidente del TSJ. La autorización, motivada y revocable, dura máximo un año, prohíbe captar sonido salvo riesgo concreto y especifica limitaciones técnicas.

4. Artículo 4 — Criterios de autorización de instalaciones fijas

   Se autorizan videocámaras para proteger edificios públicos, defensa nacional, constatar infracciones y prevenir daños.

5. Artículo 5 — Autorización de videocámaras móviles

   Las videocámaras móviles requieren autorización del máximo responsable provincial. La resolución se comunica a la Comisión en 72 horas. En urgencia máxima, se actúa y se informa en 72 horas. La Comisión se informa quincenalmente y puede exigir la destrucción de grabaciones si el informe es negativo.

6. Artículo 6 — Principios de utilización de las videocámaras

   Se usan videocámaras por proporcionalidad y riesgo. Prohibido grabar viviendas o conversaciones privadas sin consentimiento.

7. Artículo 7 — Aspectos procedimentales

   Las grabaciones de delitos se entregan a la justicia en 72 horas. Las infracciones administrativas se remiten al órgano competente.

8. Artículo 8 — Conservación de las grabaciones

   Las grabaciones se destruyen en 1 mes, salvo si hay investigación o procedimiento judicial. Se prohíbe su cesión. El órgano competente custodia las imágenes y resuelve accesos.

9. Artículo 9 — Derechos de los interesados

   Se informa al público sobre videocámaras. Las personas interesadas pueden solicitar acceso y cancelación de sus imágenes, aunque puede denegarse por seguridad o derechos de terceros.

10. Artículo 10 — Infracciones y sanciones

    Las infracciones a esta Ley se sancionan con el régimen disciplinario correspondiente o, en su defecto, con el régimen general de sanciones en tratamiento automatizado de datos.

11. Artículo 11 — Recursos

    Contra resoluciones de esta Ley caben recursos administrativos, contencioso-administrativos y los del art. 53.2 de la Constitución.

12. Disposición adicional primera

    Las Comunidades Autónomas con competencias en orden público pueden regular el uso de videocámaras por sus policías y locales, la custodia de grabaciones y el acceso a las mismas. Deben regular la Comisión prevista en el artículo 3, con presidencia judicial y sin mayoría de la Administración autoriz.

13. Disposición adicional segunda

    Cada autoridad competente para autorizar la instalación fija de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debe crear un registro que contenga todas las instalaciones autorizadas.

14. Disposición adicional tercera

    Los participantes en manifestaciones responden directamente de daños a terceros. Las personas o entidades organizadoras responden subsidiariamente, salvo que hayan puesto todos los medios razonables para evitarlos.

15. Disposición adicional cuarta

    Se sanciona el incumplimiento de normas sobre reuniones y la negativa a disolverlas. Se definen organizadores y se renumeran infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana.

16. Disposición adicional quinta

    Las autorizaciones de instalaciones fijas de videocámaras son actividades de seguridad pública. No están sujetas al control preventivo de las Corporaciones locales ni al ejercicio de competencias de otras Administraciones públicas, debiendo respetar los principios de la legislación vigente.

17. Disposición adicional sexta

    Los propietarios y titulares de bienes afectados por instalaciones de videocámaras deben facilitar su colocación y mantenimiento. Esto requiere, en su caso, autorización judicial según el artículo 87.2 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y las indemnizaciones procedentes.

18. Disposición adicional séptima

    Son faltas muy graves: alterar registros, permitir acceso no autorizado o usar imágenes para fines distintos a los legales. Son faltas graves las restantes infracciones a esta Ley en el régimen disciplinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

19. Disposición adicional octava

    El control de tráfico con videocámaras lo realiza la autoridad de tráfico, respetando la Ley de Tráfico y la protección de datos e imagen personal.

20. Disposición adicional novena

    El Gobierno adaptará esta ley a la seguridad privada en un plazo de un año.

21. Disposición transitoria única

    En seis meses desde la entrada en vigor de la ley, se autorizarán las instalaciones fijas de videocámaras existentes y se destruirán las grabaciones que no reúnan condiciones legales para su conservación.

22. Disposición final primera

    El Gobierno debe aprobar las disposiciones reglamentarias necesarias para la ejecución y desarrollo de esta Ley en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor.

23. Disposición final segunda

    La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, sobre el uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.