Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones

Qué ha cambiado

Esta ley no tiene modificaciones registradas desde su publicación.

Artículo por artículo

Qué dice cada artículo, en lenguaje sencillo (14 artículos con resumen).Pulsa en un artículo para leer su texto oficial en el BOE.

1. Artículo 1 — Modificación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana

   Se modifica el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2015. Los españoles tienen derecho al DNI, documento público oficial único para acreditar identidad y datos personales a todos los efectos.

2. Artículo 2 — Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

   Se modifica la Ley 59/2003. El DNI electrónico acredita electrónicamente la identidad personal y permite la firma electrónica de documentos, conforme a la Ley Orgánica 4/2015.

3. Artículo 3 — Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

   Se modifican los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015. Se establecen sistemas de identificación y firma electrónica. Se autorizan otros sistemas con permiso de la Secretaría General de Administración Digital (plazo máx. 3 meses). Los datos deben estar en la UE (España para datos especiales). Se prohíe

4. Artículo 4 — Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

   Los sistemas de registro electoral, padrones, fiscales y salud deben ubicarse en la UE. No se transfieren datos a terceros países salvo decisión de la Comisión o obligación internacional. Las Administraciones facilitan acceso a datos con garantías. El tratamiento ulterior requiere compatibilidad y,

5. Artículo 5

   Se modifican artículos de la Ley 9/2017. Los pliegos deben incluir referencia a protección de datos, criterios de solvencia y obligaciones esenciales. Se exige declaración de ubicación de servidores y respeto a la normativa de datos, calificándose como esenciales estas obligaciones.

6. Artículo 6 — Modificación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

   El Gobierno puede asumir gestión de redes por seguridad pública/nacional o incumplimiento servicio público, previo informe de CNMC. Las Administraciones deben comunicar al Ministerio de Economía proyectos de autoprestación. Se sanciona el incumplimiento de acceso a infraestructuras. El Ministerio de

7. Artículo 7 — Modificación del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información

   El CCN coordina la respuesta técnica de los CSIRT del sector público. Estos consultan con órganos de seguridad y protecciones de datos. El CCN facilita la cooperación transfronteriza con CSIRT internacionales.

8. Disposición adicional única — Comunicación de las redes de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación de las Administraciones Públicas

   Las Administraciones Públicas deben comunicar al Ministerio de Economía y Empresa, en un mes, las redes de comunicaciones electrónicas en autoprestación que usan dominio público.

9. Disposición transitoria primera — Régimen transitorio de las modificaciones introducidas en el artículo 3

   Plazo de 6 meses para cumplir obligaciones de identificación/firma. Los contratos iniciados antes no se modifican salvo adaptación posible. En 3 meses, se informa a la Comisión sobre contratos vigentes.

10. Disposición transitoria segunda — Régimen transitorio de las modificaciones introducidas en el artículo 4

    El Sector Público adapta el art. 46 bis de la Ley 40/2015 en 6 meses. Los expedicios iniciados antes no se modifican, salvo prórroga previa. Se considera iniciado al publicar convocatoria o aprobar pliegos.

11. Disposición transitoria tercera — Régimen transitorio de las modificaciones introducidas en el artículo 5

    Los expedicios iniciados antes se rigen por la normativa anterior. Los contratos basados en acuerdos marco se rigen por la normativa vigente en la invitación o adjudicación. El art. 5 aplica a modificaciones posteriores.

12. Disposición final primera — Títulos competenciales

    Se establecen las competencias constitucionales: seguridad pública (arts. 1-2, 5, 7), bases régimen jurídico (arts. 3-4, 5) y telecomunicaciones (art. 6).

13. Disposición final segunda — Desarrollo reglamentario y ejecución

    Se habilita al Gobierno y a los departamentos ministeriales para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto-ley.

14. Disposición final tercera — Entrada en vigor

    El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.