En vigorLey

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo

4 de noviembre de 2011·29 de diciembre de 2025·Comunidad Autónoma del País Vasco·BOE-A-2011-17400

Resumen en lenguaje sencillo

Esta ley regula cómo se puede construir, reformar y utilizar el suelo en el País Vasco para organizar el crecimiento de los pueblos y ciudades.

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29 de diciembre de 2025
El País Vasco cambia las reglas para ejecutar actuaciones urbanísticas y promover vivienda protegida
La reforma redefine conceptos urbanísticos y adapta distintos procedimientos de gestión del suelo. En algunas actuaciones públicas destinadas a vivienda protegida, la administración o entidad promotora recibirá la cesión del 15 % de la edificabilidad ponderada; también se prevén reglas específicas para grandes actuaciones residenciales privadas.
Reforma BOE-A-2026-1256
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4 de enero de 2024
Reforma BOE-A-2024-902
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13 de junio de 2023
Reforma BOE-A-2023-15347
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15 de julio de 2022
Reforma BOE-A-2022-12589
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5 de julio de 2018
Reforma BOE-A-2018-11064
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21 de febrero de 2018
Reforma BOE-A-2018-2464
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8 de octubre de 2016
Reforma BOE-A-2016-9237
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5 de mayo de 2016
Reforma BOE-A-2016-4311
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9 de julio de 2015
Reforma BOE-A-2015-8274
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26 de junio de 2015
Reforma BOE-A-2015-7802
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7 de octubre de 2014
Reforma BOE-A-2014-10662
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4 de julio de 2014
Reforma BOE-A-2014-7060
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30 de abril de 2012
Reforma BOE-A-2012-6368
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31 de diciembre de 2008
Reforma BOE-A-2011-15731
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12 de diciembre de 2008
Reforma BOE-A-2011-15725
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20 de julio de 2006
Versión original BOE-A-2011-17400

Artículo por artículo

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Artículo 1 — Objeto
Esta ley regula el urbanismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Artículo 2 — Urbanismo
El urbanismo es función pública que ordena el suelo y edificaciones. Incluye potestades como regulación del mercado, participación ciudadana y protección legal.
Artículo 2 bis — Definición de otros conceptos
Actuación prioritaria: calificación de vivienda pública o intervención en conjuntos. Posibilita procedimiento abreviado, reduce plazos y flexibiliza planeamiento (máx. 10% variación). Incluye anteproyecto, proyecto básico y ejecutivo con documentación específica.
Artículo 3 — Principio de desarrollo sostenible
Desarrollo sostenible: uso racional recursos, protección medioambiente, patrimonio. Criterios: sostenibilidad ambiental, protección recursos, ocupación sostenible (rehabilitación preferente), construcción sostenible, movilidad sostenible.
Artículo 4 — Principio de subordinación al interés público
La ordenación urbanística debe garantizar: vivienda digna, desarrollo económico, participación en plusvalías, medio ambiente, patrimonio cultural y evitar especulación.
Artículo 5 — Principio de competencia del planeamiento urbanístico
Solo la ordenación urbanística vincula el suelo a destinos y le atribuye usos mediante clasificación y calificación, sin perjuicio de la ordenación territorial.
Artículo 6 — Principio de concertación
Las administraciones vascas cooperan y asisten para ejercer competencias. Concertan actuaciones y elaboración de planes. La concertación social favorece el cumplimiento de la ordenación y el respeto a los usos del suelo.
Artículo 7 — Principio de coherencia de la ordenación urbanística
La ordenación urbanística es una unidad. Se resuelven contradicciones: prescriptivas sobre descriptivas, escritas sobre gráficas. Se priorizan objetivos explícitos, dotaciones públicas, calidad ambiental o interés público.
Artículo 8 — Principio de participación ciudadana
La ordenación urbanística garantiza la participación ciudadana. Las personas físicas o jurídicas pueden comparecer como interesadas sin legitimación especial, acceder a documentación pública y ejercer acciones administrativas o judiciales para exigir el cumplimiento de la legislación urbanística.
Artículo 9 — Principio de información pública
La documentación urbanística es pública. Las administraciones deben mantener ediciones actualizadas en web, expedir certificaciones a solicitud y facilitar información comparativa. La confianza en certificaciones es legítima salvo error.
Artículo 10 — Clasificación del suelo
La clasificación del suelo vincula superficies a regímenes: urbano, urbanizable y no urbanizable. El suelo urbano se distingue en consolidado y no consolidado. El urbanizable, en sectorizado y no sectorizado.
Artículo 11 — Clasificación del suelo urbano
Suelo urbano: terrenos transformados con servicios básicos (acceso, agua, luz) o edificación consolidada (2/3 espacios). Suelo urbanizable pasa a urbano tras urbanización y entrega a la Administración. Categorías: consolidado (urbanizado/solares) y no consolidado (sin dotaciones o con edificabilidad
Artículo 12 — Condición de solar. Adquisición y pérdida
Es solar el terreno urbanizado con acceso rodado/peatonal, agua, luz y alcantarillado. Pierde esta condición por obsolescencia, reclasificación o integración en renovación urbana.
Artículo 13 — Clasificación del suelo no urbanizable
El suelo no urbanizable se clasifica por improcedencia de transformación (protección legal, riesgos naturales, infraestructuras) o inadecuación (carácter rural, sector primario).
Artículo 14 — Clasificación de suelo urbanizable
El suelo urbanizable es idóneo para usos urbanos y no clasificado como no urbanizable o urbano. Debe guardar proporción con el crecimiento poblacional y cumplir programas de vivienda. Se distingue entre sectorizado y no sectorizado.
Artículo 15 — Calificación del suelo
La calificación del suelo asigna usos globales y pormenorizados a las zonas del término municipal mediante el planeamiento.
Artículo 16 — Calificación de suelos con destino a viviendas y otros usos protegidos
El planeamiento municipal puede calificar terrenos para viviendas protegidas (cumpliendo mínimos del art. 80) o actividades económicas de interés público. Estas calificaciones influyen en la edificabilidad y valoración del suelo.
Artículo 17 — Calificación de suelos con destino a alojamientos rotacionales
El planeamiento puede calificar terrenos como equipamiento comunitario para alojamientos dotacionales (transitorios o sociales). El máximo es 2,5 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo residencial o por nueva vivienda. En suelo consolidado se pueden usar parcelas existentes si hay suficientes para
Artículo 18 — Integración del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo
Derecho de propiedad: la ordenación urbanística define facultades/deberes. No otorga indemnización salvo ley. Tampoco por uso subsuelo si no afecta edificabilidad. Se preserva patrimonio y se previenen riesgos.
Artículo 19 — Carácter estatutario de los derechos y los deberes de la propiedad del suelo
La venta del suelo no modifica los deberes urbanísticos. El nuevo propietario se subroga en la posición del anterior, asumiendo compromisos de urbanización y edificación, sin perjuicio de acciones contra el vendedor.
Artículo 20 — Contenido urbanístico legal de la propiedad del suelo. Facultades con carácter general
La propiedad del suelo incluye su uso, disfrute y explotación normales, compatibles con la legislación urbanística. No se adquieren facultades urbanísticas contrarias a la ley por silencio administrativo.
Artículo 21 — Contenido urbanístico legal de la propiedad del suelo. Facultades en suelo no urbanizable
En suelo no urbanizable se permiten usos admisibles, preservando condiciones ecológicas y previniendo riesgos, con licencias.
Artículo 22 — Contenido urbanístico legal de la propiedad del suelo. Facultades en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado
En suelo urbanizable y urbano no consolidado, sin programa aprobado, se pueden ejercer usos del art. 21, hacer obras provisionales, presentar programas y solicitar sectorización. Con programa aprobado, se participa en su ejecución o se percibe indemnización. En suelo urbano no consolidado por edific
Artículo 23 — Contenido urbanístico legal de la propiedad del suelo. Facultades en suelo urbano consolidado
En suelo urbano consolidado no solar, se puede edificar y ejecutar obras de urbanización afianzadas. En suelo con condición de solar, se edifica y destina a usos permitidos por la ordenación urbanística aplicable, desarrollando las actividades correspondientes.
Artículo 24 — Contenido urbanístico de la propiedad del suelo. Deberes con carácter general
La propiedad del suelo conlleva deberes: usarlo según planeamiento, conservarlo para evitar riesgos y daños, respetar límites de dominio público y patrimonio histórico. Su cumplimiento es previo a ejercer facultades urbanísticas.
Artículo 25 — Contenido urbanístico de la propiedad del suelo. Deberes en suelo urbanizable y urbano no consolidado
En suelo urbanizable: mantener obras provisionales o demoler sin indemnización. Participar en reparcelación cediendo suelo público, pagando plusvalías y urbanización. Edificar según normas.
Artículo 26 — Contenido urbanístico de la propiedad del suelo. Deberes en suelo urbano consolidado
En suelo urbano consolidado sin solar: repartir cargas, completar urbanización a costa propia y ceder suelo para dotaciones. Si ya es solar: edificar según ordenación urbanística.
Artículo 27 — Participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística
Cesión gratuita del 15% de edificabilidad al ayuntamiento. En promociones residenciales >20.000 m2, 1/3 al Gobierno Vasco. La cesión puede ser en suelo, vivienda o dinero, adscrito a patrimonio público.
Artículo 28 — Usos y actividades
Suelo no urbanizable: prohibida nueva vivienda (salvo ligada a explotación). Obras deben respetar ruralidad, entorno y arquitectura tradicional. Se permiten dotaciones de interés público y infraestructuras.
Artículo 29 — Régimen específico de los núcleos rurales
Núcleo rural: 6-25 caseríos. Suelo urbano o no urbanizable. Plan especial si no hay ordenación: máx. 2 plantas, acceso público. Máx. 50% viviendas nuevas, 25 caseríos total. Sin nuevas dotaciones.
Artículo 30 — Reconstrucción de caseríos y su autorización
Reconstrucción caseríos: debe mantener estructura identificable. Excepciones: caso fortuito/fuerza mayor o expropiación (plazo 1 año). Respeta volumetría original. Licencia requiere info pública 20 días. No es rehabilitación reforma no residencial previa.
Artículo 31 — Otorgamiento de licencias y documentación de actos de construcción y edificación de nueva planta de vivienda vinculada a explotación económica hortícola o ganadera
Licencia vivienda explotación hortícola/ganadera: uso habitual titular. Autorización agricultura previa. Requisitos: viabilidad, afiliación SS 1 año, >50% ingresos actividad. Vinculación mínima 25 años. Incumplimiento: fuera de ordenación y caducidad licencia.
Artículo 32 — Usos y actividades en suelo urbanizable y urbano no consolidado hasta la aprobación de programa de actuación urbanizadora
Suelo urbanizable/no consolidado sin programa: solo usos suelo no urbanizable (excepto reconstrucción caseríos y vivienda vinculada) y usos provisionales. Obras servicios obligatorios permitidas. Prohibida parcelación y transformación urbanística.
Artículo 33 — Usos y actividades en suelo urbanizable y urbano no consolidado una vez aprobado un programa de actuación urbanizadora
El programa urbanizador vincula terrenos al proceso, prohibiendo autorizaciones que lo dificulten. Determina condiciones de ejecución y afecta legalmente los terrenos a deberes de propiedad y al destino de cesión gratuita a la Administración.
Artículo 34 — Usos y actividades en suelo urbano consolidado desde la aprobación de la ordenación pormenorizada
La ordenación pormenorizada afecta las parcelas al proceso edificatorio y al destino urbanístico. Incluye la culminación del proceso urbanizador y la cesión gratuita al ayuntamiento de terrenos para dotaciones públicas como viales y aceras.
Artículo 35 — Edificabilidad física, urbanística, ponderada y media
La edificabilidad física es la superficie total construida. La urbanística excluye dotaciones públicas. La ponderada multiplica usos por coeficientes de valor. La media divide la ponderada total entre la superficie del ámbito, incluyendo dotaciones generales.
Artículo 36 — Determinación y régimen de autorización de los usos provisionales
Los usos provisionales (agrícola, almacenamiento no peligroso, servicios, ocio, oficina) son autorizables si no se prohíben ni dificultan la ordenación. No son provisionales el residencial ni el industrial. Requieren obras desmontables y cesan sin indemnización al requerimiento municipal.
Artículo 37 — Autorización de usos provisionales
La licencia provisional requiere compromiso escrito de demolición sin indemnización, garantía suficiente e información pública de 20 días. Pierde eficacia sin indemnización al requerimiento municipal o incumplimiento. Los adquirentes no tienen derecho a indemnización.
Artículo 38 — Intervención administrativa de los actos de parcelación
Toda división de terrenos en dos o más lotes requiere intervención municipal. Si no es parcelación urbanística, el ayuntamiento emite licencia de segregación.
Artículo 39 — Parcelación urbanística
Es parcelación urbanística si afecta a suelo urbano, urbanizable o no urbanizable (con superficie mínima o infraestructuras). La licencia caduca a los 3 meses si no se presenta la escritura pública.
Artículo 40 — Indivisibilidad de fincas, parcelas y solares
Son indivisibles fincas con dimensiones mínimas inferiores, o inferiores al doble si no se puede segregar el exceso. También las con edificabilidad agotada o vinculadas a construcciones autorizadas.
Artículo 41 — Régimen de las parcelaciones urbanísticas
Queda prohibida la parcelación en suelo urbano sin ordenación, urbanizable no sectorizado sin programa, y suelo no urbanizable. Se exceptúan segregaciones indispensables para programas de actuación.
Artículo 42 — Reparcelación
La reparcelación agrupa fincas para nueva división. Sus objetos son: regularizar fincas, distribuir beneficios/cargas, localizar edificabilidad, adjudicar al ayuntamiento terrenos de cesión, al agente urbanizador terrenos en pago, y sustituir fincas iniciales por solares resultantes.
Artículo 43 — Régimen de la reparcelación
El proyecto de reparcelación lo formula el promotor, propietario, agente urbanizador o la administración, y lo aprueba el ayuntamiento. Reglamentariamente se determinan supuestos, contenido y procedimiento, que incluye certificación registral, notificación e información pública de 20 días.
Artículo 44 — Criterios para la reparcelación
La valoración sigue la legislación general si no hay acuerdo unánime. El derecho es proporcional a la superficie inicial. Se busca mantener la localización original. Se adjudican al ayuntamiento las cesiones obligatorias. El defecto o exceso en adjudicación se satisface en dinero.
Artículo 45 — Efectos del acuerdo aprobatorio de la reparcelación
El acuerdo aprobatorio transmite al ayuntamiento los terrenos de cesión obligatoria, subroga las parcelas antiguas por nuevas y afecta las parcelas a cargas. No se conceden licencias de edificación hasta que el acuerdo sea firme. Tras la firmeza, se inscribe en el Registro de la Propiedad.
Artículo 46 — Extinción o transformación de derechos y cargas incompatibles con la ordenación
Si hay derechos incompatibles con la ordenación, el acuerdo declara su extinción y fija indemnización. Los titulares pueden transformarlos en crédito con garantía hipotecaria. En fincas sin subrogación real, la extinción opera por virtud del acuerdo de reparcelación.
Artículo 47 — Reparcelación económica
La reparcelación económica aplica si la material es impracticable en el 25% de la superficie o lo aceptan propietarios del 60%. Establece indemnizaciones sustitutorias y redistribuye terrenos no afectados.
Artículo 48 — Reparcelación voluntaria y forzosa
La reparcelación es voluntaria o forzosa. La voluntaria requiere acuerdo total, información pública de 20 días y aprobación municipal. La forzosa la promueven ayuntamientos, la Comunidad Autónoma del País Vasco, otras administraciones públicas o juntas de concertación.
Artículo 49 — Especialidades del procedimiento de reparcelación forzosa antes del programa de actuación urbanizadora
Las entidades públicas pueden promover la reparcelación forzosa antes de aprobar el programa de actuación urbanizadora. En este caso, se entiende que los terrenos carecen de programación suficiente para su desarrollo.
Artículo 50 — Ordenación urbanística
La ordenación urbanística organiza el suelo espacial y temporalmente. Incluye clasificar en urbano, urbanizable y no urbanizable; calificar zonas; establecer ordenación estructural y pormenorizada; señalar edificabilidades; regular usos y obras; y delimitar ámbitos de rehabilitación o núcleos.
Artículo 51 — Ámbitos de ordenación urbanística. Áreas y sectores
El área es la ordenación pormenorizada de suelo urbano (plan general o especial). El sector es la ordenación pormenorizada de suelo urbanizable (plan general, sectorización o parcial).
Artículo 52 — Superioridad de la ordenación del territorio
La ordenación territorial prevalece sobre la urbanística contradictoria. Si un plan territorial afecta sustancialmente a un plan general, se inicia su revisión o modificación para integrarlo.
Artículo 53 — Ordenación urbanística estructural
La ordenación estructural incluye estrategia urbana, clasificación del suelo, zonas, plazos, protección ambiental, sistemas generales, vivienda protegida y criterios de delimitación, con especificaciones por tipo de suelo.
Artículo 54 — Red dotacional de sistemas generales
La red de sistemas generales incluye espacios libres, equipamientos públicos/privados, infraestructuras (agua, luz, saneamiento, vías) y vivienda protegida, garantizando funcionalidad y servicio más allá de un solo ámbito.
Artículo 55 — Reglas específicas de la ordenación estructural
La ordenación estructural debe establecer prioridades lógicas de desarrollo, delimitar núcleos históricos para conservación y ámbitos degradados para rehabilitación. La red de sistemas locales no forma parte de ella.
Artículo 56 — Ordenación urbanística pormenorizada
La ordenación pormenorizada define sistemas locales, categorización del suelo, edificabilidades, usos, alturas, alineaciones y parcelación. En suelo urbano no consolidado y urbanizable abarca toda el área. En actuaciones prioritarias, puede reajustar la ordenación estructural sin variar más del 10% la superficie, edificabilidad o cuantía de usos.
Artículo 57 — Red dotacional de sistemas locales
La red de sistemas locales incluye espacios libres, equipamientos públicos y privados, infraestructuras (accesos, agua, luz, saneamiento, telecomunicaciones) y vías públicas. Debe asegurar el funcionamiento correcto para los residentes del área, respetando proporciones del artículo 79.
Artículo 58 — Rango jerárquico de las determinaciones de ordenación
La ordenación estructural tiene rango de planeamiento general. La pormenorizada tiene rango de desarrollo. La pormenorizada no puede contravenir la estructural salvo modificación del plan general. En caso de contradicción, prevalece la ordenación estructural.
Artículo 59 — Clases de planes
Los planes se clasifican en estructurales (general, compatibilización, sectorización) y pormenorizados (parciales, especiales urbanos, especiales para litoral, patrimonio, paisaje, infraestructuras, renovación urbana, etc.).
Artículo 60 — Restantes instrumentos de ordenación urbanística e instrumentos complementarios
Los estudios de detalle contribuyen a la ordenación urbanística pormenorizada. Las ordenanzas y los catálogos son instrumentos complementarios de ordenación urbanística.
Artículo 61 — Contenido sustantivo del plan general
El plan general establece mínimamente la ordenación estructural del municipio y la pormenorizada del suelo urbano consolidado. Potestativamente, puede incluir la ordenación del suelo urbanizable sectorizado y no consolidado.
Artículo 62 — Documentación
Los planes generales deben incluir: memoria informativa, memoria de impacto ambiental, planos de información, estructurales y pormenorizados, y estudio de viabilidad económico-financiera. Pueden incluir catálogos y ordenanzas.
Artículo 63 — Compatibilización del planeamiento general
Los ayuntamientos pueden elaborar un plan de compatibilización para coordinar la ordenación en zonas limítrofes. Si no hay acuerdo, se solicita un informe vinculante en dos meses. El contenido es similar al plan general, excepto el estudio de sostenibilidad.
Artículo 64 — Planes de sectorización
Los planes de sectorización establecen la ordenación estructural para transformar suelo urbanizable no sectorizado. Deben ser coherentes con el desarrollo sostenible, integrar la propuesta en la estructura municipal y establecer determinaciones estructurales para planes parciales.
Artículo 65 — Contenido de los planes de sectorización
Los planes de sectorización delimitan suelo, califican sistemas generales, garantizan sostenibilidad y ordenación. Incluyen ordenación pormenorizada, elementos exteriores de redes y justifican infraestructuras.
Artículo 66 — Documentación
Los planes de sectorización incluyen: memoria justificativa, estudio de sostenibilidad y viabilidad, estudios sectoriales de redes, memoria de impacto ambiental, planos de información, ordenación estructural y pormenorizada, y normas urbanísticas.
Artículo 67 — Ámbito y contenido de los planes parciales
Los planes parciales establecen la ordenación pormenorizada de sectores en suelo urbanizable sectorizado, que no puede ser discontinuo. Pueden comprender varias unidades de ejecución.
Artículo 68 — Documentación de los planes parciales
Los planes parciales incluyen: memoria informativa, planos de información y ordenación, programa de actuación urbanizadora (fases, costes, plazos), normas urbanísticas y estudio de viabilidad económico-financiera.
Artículo 69 — Ámbito y contenido de los planes especiales
Los planes especiales ordenan municipios completos o áreas definidas. Su documentación es similar a la de los planes parciales, ajustada al objeto, e incluye evaluación de impacto ambiental si afecta a suelo no urbanizable.
Artículo 70 — Plan especial de ordenación urbana
El plan especial de ordenación urbana desarrolla la ordenación estructural del plan general mediante ordenación pormenorizada de áreas de suelo urbano, pudiendo modificar dicha ordenación.
Artículo 71 — Plan especial de renovación urbana
Los planes especiales de renovación urbana desarrollan actuaciones concretas para descongestión, dotaciones, saneamiento, rehabilitación, movilidad, estética, medio ambiente o servicios públicos.
Artículo 72 — Plan especial de protección y conservación
El plan especial de protección y conservación completa normas de protección de elementos naturales o artificiales. Incluye bienes culturales y, si afecta a suelo no urbanizable, documentación de impacto ambiental.
Artículo 73 — Estudios de detalle
Los estudios de detalle completan la ordenación pormenorizada. Regulan alineaciones, volúmenes, estética y edificabilidad. No pueden alterar el destino del suelo, incrementar edificabilidad ni reducir viales o dotaciones.
Artículo 74 — Documentación
Los estudios de detalle incluyen: memoria justificativa, planos de información y planos de ordenación.
Artículo 75 — Ordenanzas municipales complementarias de la ordenación urbanística
Los ayuntamientos aprueban ordenanzas sobre construcción, urbanización (accesibilidad, mantenimiento) y edificación (seguridad, estética, eficiencia energética y bioclimática).
Artículo 76 — Catálogos. Documentación
Los catálogos identifican bienes protegidos, sus características y régimen. Se aprueban con el plan general y se formalizan como registro administrativo accesible telemáticamente.
Artículo 77 — Límites a la edificabilidad urbanística
Edificabilidad máxima: 2,3 m²/m² (suelo urbano residencial) y 1,3 m²/m² (urbanizable residencial, 1,1 en municipios <7.000 hab). Mínima: 0,4 m²/m² (0,3 en pendientes ≥15%, 0,25 sin reserva vivienda protegida). Industrial/terciario: ocupación ≥30%. El Consejo de Gobierno puede modificar máximos/mínim
Artículo 78 — Estándares mínimos para reserva de terrenos y derechos destinados a dotaciones públicas de la red de sistemas generales
Se reservan ≥5 m² de zonas verdes por habitante (1 hab/25 m² vivienda). Se puede reservar suelo para vivienda protegida mediante derecho de superficie o arrendamiento.
Artículo 79 — Estándares mínimos para reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo urbano y urbanizable
En suelo urbanizable residencial, se reservan 10 m² por cada 25 m² techado para dotaciones (15% mínimo zonas verdes), 0,35 plazas parking/25 m² (privado) y 0,15 plazas (público), 1 m² techado/25 m² equipamientos privados, y 1 árbol/vivienda o 100 m² industrial/terciario. En industrial/terciario, 12%
Artículo 80 — Estándares y cuantías mínimas de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública
En suelo urbano no consolidado, el 40% del incremento edificable es vivienda protegida (20% social, 10% alquiler). En urbanizable, el 75% (55% social, 20% alquiler). Se permite reducir al 60% con autorización autonómica.
Artículo 81 — Estándares y cuantías mínimas de reservas para alojamientos rotacionales
Municipios de más de 20.000 habitantes deben reservar suelo para alojamientos rotacionales (1,5 m² por cada 100 m² de techo residencial o 2 parcelas). Los terrenos se ceden al 75% a la Administración autonómica y 25% al ayuntamiento.
Artículo 82 — Municipios con obligación de reserva para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública
La obligación de reservar suelo para vivienda protegida se aplica a municipios de más de 3.000 habitantes y núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes. En estructura concejil, la población se calcula por núcleo. El consejero de vivienda puede incluir otros municipios mediante orden.
Artículo 83 — Mantenimiento de densidades y estándares
Los terrenos clasificados como urbanos mantienen las edificabilidades mínimas y máximas, así como las superficies de reserva para dotaciones públicas establecidas en la red de sistemas locales, conforme a los artículos 105 y 146 de esta ley.
Artículo 84 — Formulación del planeamiento y de los instrumentos urbanísticos
Administraciones, concesionarios y particulares deben colaborar facilitando información para la redacción del planeamiento. Las administraciones medioambientales aportan condicionantes. Se permiten ocupaciones temporales en fincas privadas y se debe fomentar la participación ciudadana.
Artículo 85 — Suspensión de otorgamiento de licencias, aprobaciones y autorizaciones urbanísticas
Se pueden suspender licencias urbanísticas hasta 1 año (fase avance) o 2 años (planes generales) / 1 año (otros planes). La suspensión se publica en el boletín oficial. No se permiten nuevas suspensiones en el mismo ámbito por 5 años. Se indemniza el coste de proyectos si la solicitud fue previa a 2
Artículo 86 — Estudios previos
Las administraciones pueden elaborar estudios previos para identificar necesidades urbanísticas, precisar su ámbito y definir instrumentos. Su aprobación tiene solo efectos administrativos internos preparatorios.
Artículo 87 — Avances de planeamiento urbanístico
Las administraciones deben elaborar avances de planeamiento para definir criterios y objetivos, salvo en modificaciones potestativas. Su aprobación tiene efectos internos preparatorios e incluye evaluación de impacto ambiental.
Artículo 88 — Efectos de la aprobación o, en su caso, resolución sobre el planeamiento urbanístico
La aprobación vincula terrenos al destino clasificado, declara fuera de ordenación lo disconforme, obliga a su cumplimiento, es ejecutiva y declara utilidad pública para expropiaciones si procede.
Artículo 89 — Publicación y vigencia
Los planes deben publicarse y consultarse. Se depositan en registros de diputaciones forales conectados al Registro Vasco. La aprobación se publica en el boletín oficial y diario de difusión, manteniéndose vigentes hasta su revisión.
Artículo 90 — Formulación y tramitación del plan general
El ayuntamiento formula el plan. Solicita informes a órganos vascos y diputaciones en 2 meses. Los ayuntamientos alaveses piden informe a juntas administrativas en 2 meses. El avance se expone al público 2 meses. La aprobación inicial se publica 1 mes.
Artículo 91 — Aprobación definitiva del plan general
La aprobación definitiva corresponde a ayuntamientos (>7.000 hab.) o diputaciones forales, previo informe vinculante de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. Si la comisión no informa en 3 meses, se puede proseguir. La aprobación puede ser parcial o desestimada motivadamente.
Artículo 92 — Formulación, tramitación y aprobación del plan de compatibilización
Si el plan afecta a más de un municipio, una entidad local puede formularlo si hay acuerdo. Sin acuerdo en 2 meses, la administración foral o autonómica aprueba un plan de compatibilización. Se somete a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.
Artículo 93 — Autorización previa a la formulación del plan de sectorización
Para sectorizar suelo urbanizable, se solicita autorización expresa al ayuntamiento con documentación técnica. El ayuntamiento informa públicamente 1 mes. Resuelve en 3 meses. Si no resuelve, se entiende autorizada. Se requiere viabilidad urbanística, técnica, económica, ambiental y jurídica.
Artículo 94 — Formulación y tramitación del plan de sectorización
Los planes de sectorización se formulan de oficio o a instancia de particulares/administraciones, previa autorización. Se tramitan conforme al mismo procedimiento previsto para los planes generales, siguiendo la jerarquía del planeamiento general.
Artículo 94 bis — Procedimiento abreviado para los proyectos de actuación prioritaria
Procedimiento abreviado para proyectos prioritarios. El promotor solicita con anteproyecto. El ayuntamiento establece criterios en un mes. El promotor presenta proyecto básico en dos meses. El ayuntamiento resuelve en dos meses. Falta de resolución es positiva.
Artículo 95 — Tramitación de los planes parciales
El plan parcial lo formula el ayuntamiento o particulares. Tras aprobación inicial, se expone 20 días. Si hay modificaciones sustanciales, nuevo trámite. Plazo máximo 6 meses. En municipios ≤3.000 hab., la Diputación aprueba definitivamente; >3.000, el ayuntamiento. La Diputación puede delegar.
Artículo 96 — Aprobación definitiva del plan parcial
La aprobación definitiva puede denegarse por incoherencia legal o procedimental. Puede incluir modificaciones no sustanciales. En municipios ≤3.000 hab., la Diputación decide en 2 meses; si no responde, se entiende desestimada.
Artículo 97 — Tramitación y aprobación de planes especiales
Los planes especiales siguen el trámite de parciales. Los de protección en suelo no urbanizable requieren informe medioambiental en 2 meses. Los sectoriales del Gobierno Vasco o Foral requieren informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y ayuntamientos en 2 meses. Los de rehabilitación o de
Artículo 97 bis — Tramitación de proyectos sobre suelos de alto valor agrológico
Cualquier proyecto sobre suelos de alto valor agrológico exige informe del órgano foral competente en agraria. La Comisión de Ordenación del Territorio emite un informe final vinculante para el planeamiento urbanístico.
Artículo 98 — Tramitación y aprobación de estudios de detalle
Los ayuntamientos aprueban inicialmente los estudios de detalle en 3 meses. Se someten a información pública durante 20 días. La aprobación definitiva corresponde al ayuntamiento en 3 meses. Si transcurre el plazo sin resolución en estudios presentados por instancia de parte, se entiende desestimado
Artículo 99 — Tramitación y aprobación de ordenanzas municipales de urbanización y edificación
Las ordenanzas municipales de urbanización y edificación se formulan por el ayuntamiento y se tramitan según la normativa de régimen local. También pueden aprobarse conjuntamente con el plan general, sujetándose posteriormente a dicho procedimiento.
Artículo 100 — Tramitación y aprobación de catálogos
La aprobación de catálogos sigue el procedimiento de ordenanzas municipales. Se solicita informe a patrimonio cultural de la diputación foral y Gobierno Vasco. La aprobación de planes con protección determina la actualización del documento.
Artículo 101 — Régimen jurídico de las edificaciones, construcciones y usos disconformes con el planeamiento
El planeamiento califica edificaciones disconformes como fuera de ordenación, disconformes o preexistentes. No se autorizan obras de mejora en las fuera de ordenación, salvo mantenimiento básico. Excepcionalmente, se permiten obras de consolidación si no hay expropiación en 15 años.
Artículo 102 — Revisión de los planes de ordenación urbanística: concepto y procedencia
La revisión de planes es total o parcial. El órgano foral puede disponerla por urgencia o interés público, con audiencia del ayuntamiento. Si el ayuntamiento no inicia el procedimiento en plazo, el órgano foral elabora la revisión técnica en su sustitución.
Artículo 103 — Modificación de los planes de ordenación urbanística: concepto, procedencia y límites
La modificación de planes se aplica cuando no procede revisión. El plan general debe distinguir elementos de ordenación pormenorizada. La modificación puede realizarse en cualquier momento, salvo que hayan expirado plazos de revisión sin inicio de trabajos.
Artículo 104 — Procedimiento para la modificación y revisión de la ordenación establecida por los planes urbanísticos
La revisión o modificación de planes urbanísticos sigue el mismo procedimiento de aprobación. Excepciones: mejoras en planes parciales/especiales, estudios de detalle permitidos, tramitación optativa del avance en modificaciones generales, y modificaciones de sectorización o compatibilización.
Artículo 105 — Límites de las modificaciones y revisiones de la ordenación establecida en los planes urbanísticos
Aumentar edificabilidad exige medidas compensatorias: mantener calidad urbana, acceso a usos protegidos y estándares legales. Para vivienda, se requiere mayor superficie de zonas verdes (art. 78 y 81). Si no es posible, se amplían ámbitos o se compensa. Se garantiza 5 m²/hab. de espacios libres. Las
Artículo 106 — Límite específico en caso de actuaciones declaradas ilegales por sentencia judicial
Legalizar actuaciones ilegales requiere informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio y pronunciamiento del Consejo de Gobierno. La aprobación queda suspendida hasta su adopción. Si no hay resolución en 3 meses, se entiende desestimada. Es preceptiva la resolución disciplinaria, la
Artículo 107 — Actualización de la documentación de planeamiento
Los ayuntamientos pueden aprobar versiones actualizadas de los planes. Es obligatorio hacerlo tras cinco modificaciones de ordenación estructural del plan general. La versión actualizada de los planes de ordenación urbanística debe depositarse en el registro de planeamiento del territorio histórico.
Artículo 108 — Programa de participación ciudadana en el plan general
El inicio de formulación, modificación o revisión de planes de ordenación estructural debe incluir un programa de participación ciudadana con objetivos y mecanismos. Estos incluyen sesiones abiertas explicativas, posibilidad de consulta popular en caso de graves controversias, y material divulgativo
Artículo 109 — Consejo Asesor del Planeamiento Municipal: funciones
El Consejo Asesor del Planeamiento Municipal es un órgano consultivo obligatorio en municipios con competencia para aprobar planes generales. Informa sobre estudios y redacción técnica. Sus propuestas no vinculantes deben ser contestadas motivadamente si no se atienden.
Artículo 110 — Composición del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal
El reglamento municipal determina la composición del Consejo Asesor, presidido por la alcaldía y con concejal de urbanismo. Debe garantizar la presencia del movimiento asociativo vecinal y de representantes de entidades medioambientales que intervengan en el término municipal.
Artículo 111 — Finalidad y clases
Los patrimonios públicos de suelo regulan el mercado de suelo y vivienda, facilitando suelo para vivienda protegida. Todos los ayuntamientos deben constituirlos. El País Vasco puede crear los suyos. Los bienes que deban formar parte están sujetos a la ley aunque no se haya constituido el patrimonio.
Artículo 112 — Naturaleza y régimen jurídico
El patrimonio público de suelo es independiente y solo se usa para sus fines (administración, mantenimiento, incremento). La administración tiene facultades de disposición y expropiación. Se lleva un registro de explotación fiscalizado por el Tribunal de Cuentas del País Vasco.
Artículo 113 — Bienes y recursos integrantes de los patrimonios municipales de suelo
Los patrimonios municipales de suelo incluyen bienes urbanos, terrenos por cesión o expropiación, viviendas públicas y recursos como presupuestos, ingresos, multas y créditos hipotecarios.
Artículo 114 — Consignación presupuestaria con destino al patrimonio municipal de suelo
Los ayuntamientos deben destinar al menos el 10% de sus ingresos (capítulos I y II) al patrimonio municipal de suelo. Esta regla aplica por periodos cuatrienales, permitiendo compensaciones entre años, y solo afecta a municipios con obligación de reserva de viviendas protegidas.
Artículo 115 — Destino de los bienes y recursos
Los bienes y recursos de los patrimonios públicos de suelo se destinan preferentemente a vivienda protegida y urbanización. También pueden usarse para adquirir suelo de reserva municipal, rehabilitar dotaciones en zonas degradadas, promover suelo para interés público, rehabilitar patrimonio cultural
Artículo 116 — Enajenación de bienes. Concurso
Se prohíbe vender bienes dotacionales. El resto de bienes del patrimonio público de suelo se transmiten mediante concurso público, estableciendo precio mínimo, precios máximos de venta/arrendamiento y plazos máximos de obra. Los bienes no calificados específicamente pueden enajenarse libremente por
Artículo 117 — Enajenación directa
La enajenación directa sin concurso es posible para convenios entre administraciones, entidades sin ánimo de lucro que promuevan vivienda protegida, ocupantes legales de edificios públicos, si el concurso queda desierto (en un año, mismo precio), promoción pública de vivienda protegida, edificios
Artículo 118 — Enajenaciones gratuitas o por debajo de valor
El suelo público se cede gratis o barato si el receptor es administración (art. 115), entidad privada sin ánimo de lucro para vivienda protegida/equipamientos, o ocupante legal en realojo.
Artículo 119 — Finalidad de las reservas
Las reservas municipales de suelo tienen plazo máximo de 8 años para adquisición. Si no se adquieren, solo pueden reservarse de nuevo mediante expropiación forzosa simultánea.
Artículo 120 — Delimitación de reservas
Las reservas se delimitan por plan general o acuerdo municipal (si no hay reservas, se agotaron o pasan 2 años). Requiere aprobación inicial con información pública y audiencia, y definitiva por pleno.
Artículo 121 — Efectos de la delimitación
La delimitación de reserva municipal implica derechos de tanteo y retracto municipales, prohibiendo transmisiones sin comunicar al ayuntamiento, y declara utilidad pública para expropiación.
Artículo 122 — Actuaciones en concertación interadministrativa
Las expropiaciones de suelo reservado las realiza el ayuntamiento o la administración competente, mediando convenio entre ellas.
Artículo 123 — Reservas de suelo
El País Vasco y órganos forales establecen reservas de suelo. El acuerdo requiere audiencia de 1 mes a ayuntamientos. La adquisición debe completarse en 4 años.
Artículo 124 — Enajenación y cesión
La enajenación de bienes de los patrimonios públicos sigue este título. Los ingresos deben destinarse a su mantenimiento o ampliación.
Artículo 125 — Bienes sujetos a los derechos de tanteo y retracto y administraciones titulares
Tanteo y retracto (8 años) aplican a bienes en ámbitos no ordenados, reservas, rehabilitación, unidades de ejecución y vivienda protegida. Incluye transmisiones societarias.
Artículo 126 — Notificación a la administración de la transmisión de bienes sujetos a los derechos de tanteo y retracto
El propietario debe comunicar la venta (2 meses para ejercer tanteo). Si no se notifica, se puede vender. Si se oculta información, la administración tiene 2 meses para retractarse.
Artículo 127 — Efectos registrales
Los ayuntamientos comunican oficialmente al Registro de la Propiedad los ámbitos de bienes con derecho de tanteo y retracto, para su anotación registral.
Artículo 128 — Constitución y concesión del derecho de superficie
El derecho de superficie se formaliza en escritura pública e inscripción registral. La administración fija condiciones de transmisión y puede tener preferencia de compra. La contraprestación puede ser pago, canon o adjudicación.
Artículo 129 — Extinción del derecho de superficie
El derecho de superficie extingue al cumplir el plazo máximo de 75 años o por no edificar. El propietario del suelo adquiere lo edificado sin indemnización. Las cargas gravan separadamente si se unen las propiedades.
Artículo 130 — Régimen del derecho de superficie sobre la dotación residencial protegida
La dotación residencial protegida implica un derecho de superficie gratuito y obligatorio a favor del ayuntamiento, sujeto a precios normativos.
Artículo 131 — Contenido y desarrollo de la actividad administrativa de ejecución
La ejecución urbanística incluye desarrollo, equidistribución, organización temporal, urbanización, conservación y cesión gratuita de terrenos.
Artículo 132 — Dirección, inspección y control de la actividad privada de ejecución
Las administraciones públicas dirigen, inspeccionan y controlan la participación privada en la ejecución del planeamiento urbanístico.
Artículo 133 — Organización temporal de la ejecución
Los planes fijan prioridades y plazos máximos de edificación. Su incumplimiento permite formular programas de edificación o dictar órdenes de ejecución.
Artículo 134 — Gestión propia y cooperativa
Las administraciones públicas pueden gestionar directamente su competencia usando modalidades de contratación pública. Para gestión cooperativa, pueden crear consorcios urbanísticos (con participación pública mayoritaria si hay capital privado) o delegar competencias en otras administraciones u
Artículo 135 — Presupuestos de la ejecución
La ejecución requiere aprobar: planeamiento urbanístico, proyectos de urbanización/obras/dotaciones, reparcelación (salvo excepciones) y programa de edificación. En actuaciones prioritarias bastan plan general, sectorización y proyecto ejecutivo.
Artículo 136 — Actuaciones aisladas
Se consideran actuaciones aisladas: a) Solares existentes con urbanización adecuada, permitiendo reparcelación si un copropietario representa al menos el 50% de la cuota. b) Parcelas que solo requieran obras de urbanización complementarias para ser solares.
Artículo 137 — Actuaciones de dotación
Se consideran actuaciones de dotación las dirigidas a levantar la carga dotacional en suelo urbano no consolidado mediante el incremento de la edificabilidad urbanística.
Artículo 138 — Actuaciones integradas
Las actuaciones integradas en suelo urbano no consolidado o urbanizable sectorizado permiten obtener gratuitamente suelo para dotaciones públicas mediante su inclusión en unidades de ejecución completas.
Artículo 139 — Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de las redes de sistemas generales y locales
Las actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de la red de sistemas generales y locales pueden ejecutarse directamente si el suelo y derechos se obtienen por expropiación, al no estar incluidos en actuaciones integradas.
Artículo 140 — Esferas de actuación en la ejecución
Las actuaciones aisladas edificatorias corresponden a propietarios o autorizados, bajo intervención administrativa. Las integradas son responsabilidad pública (ejecución pública o privada). La ejecución de dotaciones públicas de sistemas generales y locales es de esfera pública.
Artículo 141 — Régimen de ejecución pública o privada de las actuaciones integradas
El régimen de ejecución de actuaciones integradas se determina en el programa de actuación urbanizadora. La ejecución pública la realiza la administración. La privada participa la iniciativa privada bajo control administrativo. Los terrenos no son solares hasta entregar obras de urbanización e infra
Artículo 142 — Actuaciones de las administraciones de la Comunidad Autónoma y de los territorios históricos
Las actuaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y órganos forales requieren ordenación urbanística adecuada. Pueden formular instrumentos por encomienda municipal o excepcionalmente por el Consejo de Gobierno, tras comunicación a ayuntamientos y posibles negociaciones.
Artículo 143 — Unidades de ejecución
Las unidades de ejecución son el ámbito de la actuación urbanizadora. Deben incluir suelos dotacionales y parcelas que se transformen en solares.
Artículo 144 — Requisitos para la delimitación de unidades de ejecución
Las unidades deben permitir cesión, equidistribución y urbanización. La edificabilidad media no puede diferir más del 5% en el ámbito. En suelo urbano pueden ser discontinuas.
Artículo 145 — Procedimiento de programación de actuaciones integradas y delimitación de las unidades de ejecución
La delimitación y el programa pueden modificarse por la administración o a instancia de parte. Requiere aprobación inicial, información pública de 20 días y publicación en el boletín oficial.
Artículo 146 — Unidades de ejecución y bienes de dominio y uso o servicio público
Si hay bienes públicos no cedidos gratuitamente, su edificabilidad pertenece a la administración. Si se ceden gratuitamente, se sustituyen o la administración percibe el exceso en terrenos edificables.
Artículo 147 — Cargas de urbanización. Concepto
Las cargas incluyen vialidad, saneamiento, servicios, ajardinamiento, proyectos, gestión, realojo, infraestructuras exteriores y conservación. Los propietarios pueden resarcirse de costes de servicios. La descontaminación corre por quien la causó.
Artículo 148 — Agrupaciones de interés urbanístico. Concepto
Propietarios de >50% superficie pueden crear agrupación urbanística si tienen poder sobre terrenos, permiten adherirse a terceros, y se inscriben en el Registro dependiente del Departamento de Urbanismo.
Artículo 149 — Agente urbanizador. Concepto
El agente urbanizador, público o privado, ejecuta la actuación a su riesgo bajo control administrativo. Se selecciona por libre concurrencia salvo concertación, según convenio de colaboración.
Artículo 150 — Relaciones entre el agente urbanizador y los propietarios y titulares de derechos en el ámbito de la actuación
El agente cobra cargas y máx. 12% gastos gestión. Propietarios pagan en dinero o solares/viviendas. Tienen opción de participar o recibir indemnización. Modificaciones de coste máx. 20% sin aprobación municipal.
Artículo 151 — Relaciones entre el agente urbanizador y la administración actuante
Las relaciones se rigen por la ley, planes, programa y convenio. La administración ejerce expropiación si se requiere. El agente puede solicitarlo, financiando gastos como beneficiario.
Artículo 159 — Sistemas de actuación
El ayuntamiento elige el sistema de actuación para cada unidad de ejecución entre: cooperación y expropiación (ejecución pública); agente urbanizador y concertación (ejecución privada). La elección es libre, considerando fines del planeamiento, plazos, medios y capacidad de gestión.
Artículo 160 — Sistema de concertación
El sistema de concertación requiere convenio con >50% de propietarios para constituir junta, reparcelar, aportar terrenos y asumir urbanización. Plazo 6 meses para propuesta si está en planeamiento; 2 meses para firmar convenio. Aval del 7% garantiza compromisos.
Artículo 161 — Constitución de la junta de concertación e incorporaciones
Tras firmar el convenio, los propietarios tienen un mes para constituir la junta de concertación por escritura pública. Se publica y notifica, dando un mes a los titulares para adherirse. Las empresas urbanizadoras pueden incorporarse bajo principios de concurrencia.
Artículo 162 — Carácter de la junta de concertación
La junta de concertación es una agrupación de interés urbanístico inscrita en el Registro. Su órgano rector incluye personas físicas y un representante del ayuntamiento. Contra sus acuerdos cabe recurso de alzada ante el ayuntamiento.
Artículo 163 — Naturaleza jurídica. Funciones y fines de la junta de concertación
La junta de concertación tiene personalidad jurídica y ejecuta la urbanización, asumiendo gastos entre propietarios. Aprueba reparcelaciones (mayoría absoluta), exige pagos y actúa como fiduciaria. El ayuntamiento aprueba definitivamente y puede imponer servidumbres.
Artículo 164 — Reparcelación y juntas de concertación
El proyecto de reparcelación afecta a todas las fincas de la unidad de ejecución, independientemente de si sus propietarios se han incorporado a la junta de concertación o no.
Artículo 165 — Prerrogativa municipal de cambio de sistema de actuación
La administración municipal puede cambiar el sistema de actuación en cualquier momento si se incumplen los compromisos legales de la concertación o los recogidos en el convenio que fundamentó la elección del sistema.
Artículo 166 — Criterios del concurso público para la adjudicación de los programas de actuación urbanizadora en régimen privado
El concurso público valora: viviendas protegidas (alquiler), plazos breves, mejores calidades, respeto ambiental, menor coste y garantías de acuerdo. Se exigen criterios objetivos mínimos como compromiso de viviendas protegidas y plazos rigurosos.
Artículo 167 — Tramitación del concurso para la adjudicación de los programas de actuación urbanizadora en régimen privado
Tras aprobarse el programa, hay 2 meses para presentar proposiciones con garantía provisional (mín. 1%). La apertura es en 5 días hábiles, con 10 días para alegaciones. La garantía definitiva debe alcanzar el 7% si se adjudica.
Artículo 168 — Contenido de las proposiciones jurídico-económicas
Las proposiciones deben incluir plazos de obras, memoria de calidades si difieren, convenio urbanístico con compromisos, justificación de disponibilidad de terrenos con criterios de valoración y retribución, estimación de cargas máximas, propuesta de equidistribución de beneficios y plazo para el de
Artículo 169 — Adjudicación de los programas de actuación
El ayuntamiento puede rechazar iniciativas y modificar el sistema, condiciones o abrir nuevo plazo. La resolución en concurso tiene plazo máximo de 40 días. Se reembolsan gastos justificados de quien no resulte adjudicatario si su planeamiento se incorpora. La adjudicación se formaliza mediante con
Artículo 170 — Modificación de las condiciones de adjudicación del programa
Los adjudicatarios tienen derecho a compensación por daños por resolución o paralización por decisiones administrativas. Las alteraciones que varíen más del 20% del coste permiten resolver la adjudicación, salvo lesión del interés público. El agente puede ceder su condición a tercero con aprobación
Artículo 171 — Resolución del convenio del programa de actuación urbanizadora
La resolución del convenio se acuerda de oficio o a instancia de la junta o agente urbanizador, declarando la caducidad. Causas: incumplimiento de compromisos, modificación sustancial de condiciones o causas pactadas. El incumplimiento grave puede inhabilitar al agente. El acuerdo puede declarar ed
Artículo 172 — Aplicabilidad de la legislación en materia de contratación administrativa
La adjudicación de programas urbanizadores exige publicidad y concurrencia. En ejecución privada, la selección de contratistas se hace por licitación pública, salvo si el agente urbanizador ya ejecuta la obra. Subsidiariamente, se aplica la normativa de contratación administrativa.
Artículo 173 — Sistema de cooperación
En el sistema de cooperación, los propietarios aportan suelo y la administración ejecuta las obras. Pueden constituirse agrupaciones de interés urbanístico. La financiación puede compensarse con solares o viviendas, o mediante cuotas de urbanización. La gestión puede delegarse en otras administradas
Artículo 174 — Sistema de expropiación
La expropiación se aplica por unidades de ejecución completas. El justiprecio puede pagarse adjudicando terrenos equivalentes. La gestión puede ser directa, por entidad pública, otra administración o concesionario (mediante concurso). El concesionario puede incorporar a propietarios tras liberar la
Artículo 175 — Liberación de expropiaciones
Los órganos expropiantes pueden liberar bienes imponiendo condiciones urbanísticas y garantías. Si se libera tras pago y ocupación, se ordena la reversión. Si el expropiante no es el ayuntamiento, se oye a este. El incumplimiento de los deberes básicos inicia un nuevo expediente expropiatorio.
Artículo 176 — Legitimación de las expropiaciones urbanísticas
La aprobación de planes urbanísticos y reservas de suelo implica declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación. El incumplimiento de deberes urbanísticos constituye causa de interés público para la expropiación forzosa, garantizando su efectivo cumplimiento.
Artículo 177 — Supuestos expropiatorios por motivos urbanísticos
Expropiación por motivos urbanísticos: ejecución ordenación, dotaciones públicas, preservación valor natural/histórico, viviendas desocupadas >1 año, reservas suelo, vivienda protegida, incumplimiento plazos/conservación/accesibilidad.
Artículo 178 — Procedimiento expropiatorio
Procedimiento expropiatorio: se aplica legislación general con adecuaciones vascas. Si es ayuntamiento/diputación, la urgente ocupación requiere solo acuerdo municipal o foral. Se puede usar tasación conjunta o individual.
Artículo 179 — Procedimiento de tasación conjunta
Tasación conjunta: proyecto expuesto 1 mes. Notificación individual con 1 mes para alegaciones. Audiencia ayuntamiento 1 mes. Aprobación y 20 días para conformidad/disconformidad. Sin oposición, justiprecio definitivo.
Artículo 180 — Bienes de dominio y uso o servicio público y expropiación
Bienes dominio público: si cambia destino, se sigue procedimiento de desafectación. Vías rurales expropiadas son municipales salvo prueba contraria. Vías urbanas desaparecidas se transmiten al órgano expropiante.
Artículo 181 — Constitución de servidumbres
Se imponen servidumbres si no excede del 50% del valor expropiatorio total. Si supera ese límite, se expropia salvo oposición. Las servidumbres contradictorias con la ordenación urbanística pueden expropiarse.
Artículo 182 — Prohibición de construir en terrenos a expropiar
Queda prohibido construir o modificar obras en terrenos expropiados desde el inicio del expediente, salvo autorización expresa del organismo expropiante, que comunicará al ayuntamiento si no es este.
Artículo 183 — Destino de los bienes y derechos expropiados
Los bienes expropiados se destinan al fin del plan. La modificación del planeamiento no altera la causa de utilidad pública. Se consideran dotacionales las viviendas protegidas y actividades de interés público.
Artículo 184 — Expropiación en los casos de incumplimiento de los deberes y obligaciones urbanísticas
Se notifica incumplimiento y se otorgan 1 mes para alegaciones y 1-3 meses para subsanar. Si no se subsana, se inicia expropiación. Si se subsana, se inicia expediente sancionador sustitutorio.
Artículo 185 — Plazo para la expropiación de terrenos
Si pasan 4 años sin adquirir, el propietario puede requerir. Si no se incoa en 1 año, se entiende incoado. Tras 2 meses sin resolución, se fija justiprecio ante jurado. La administración tiene 1 mes para aportar su hoja.
Artículo 186 — Obtención del suelo y derechos destinados a dotaciones públicas de la red de sistemas generales y locales
El suelo para dotaciones públicas se obtiene gratuitamente si está en actuaciones integradas. Si no, se expropia. En suelo urbano no consolidado, la expropiación debe hacerse en 4 años desde la aprobación del planeamiento.
Artículo 187 — Supuesto de expropiación anticipada de terrenos destinados a dotaciones públicas
Si se expropia anticipadamente suelo para dotaciones públicas en actuaciones integradas, la administración se subroga en la posición del propietario original respecto a la ejecución y la superficie expropiada.
Artículo 188 — Ocupación directa de terrenos destinados a dotaciones públicas
El suelo para dotaciones en actuaciones integradas puede ocuparse directamente, reconociéndose edificabilidad al titular. Requiere publicación, notificación y acta. Si no se aprueba reparcelación en 4 años, se puede instar expropiación.
Artículo 189 — Deber de edificar y plazos máximos
Las parcelas deben edificarse en los plazos del planeamiento. El inicio no puede superar el año desde la finalización de obras de urbanización. Se requiere ordenación pormenorizada y cumplimiento de deberes legales.
Artículo 190 — Incumplimiento del deber de edificar
El incumplimiento del deber de edificar permite a la administración expropiar, vender forzosamente o adjudicar un programa de edificación. La declaración de edificación forzosa la acuerda el ayuntamiento al vencimiento del plazo o a instancia de los sujetos del art. 157. El concurso valora precio de adquisición, plazos y menor precio de venta/renta.
Artículo 191 — Venta forzosa
El ayuntamiento puede vender forzosa si hay interés público. El concurso se publica en 3 meses, con precio mínimo, plazos y garantía del 25%. Si deserta, segundo concurso con rebaja 25% en 2 meses. Si también deserta, el ayuntamiento puede adquirir en 3 meses. La declaración de edificación forzosa
Artículo 192 — Subrogación de la diputación foral en la competencia municipal
Si el procedimiento de edificación forzosa iniciado a instancia de parte se paraliza injustificadamente más de seis meses, el interesado puede denunciar la mora presentándola en el ayuntamiento y la diputación foral. Esto provoca la subrogación de la diputación foral en las competencias municipales
Artículo 193 — Expropiación forzosa por incumplimiento del deber de edificar
El ayuntamiento puede acordar la expropiación forzosa de parcelas no edificadas en plazo en cualquier momento. Esto suspende el procedimiento de venta forzosa desde la declaración de necesidad de ocupación en el expediente.
Artículo 194 — Proyectos de urbanización
Los proyectos de urbanización definen detalles técnicos de obras. Su ejecución requiere elaboración, aprobación administrativa y publicación en el boletín oficial. Deben incluir memoria, planos, mediciones, presupuesto y pliegos. Pueden establecer fases y condiciones para primera ocupación sin
Artículo 195 — Proyectos de obras complementarias, proyectos de obra pública ordinaria y proyectos de obras de dotaciones públicas
Proyectos de urbanización aislada hasta el 5% del presupuesto se aprueban por el ayuntamiento o se incluyen en el proyecto de edificación. En municipios alaveses, se requiere informe de los concejos.
Artículo 196 — Procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos de urbanización
La aprobación inicial de proyectos de urbanización es en 3 meses. Tras información pública de 20 días, la aprobación definitiva se resuelve en 2 meses o por silencio administrativo. En Álava, informe vinculado de concejos en 20 días.
Artículo 197 — El deber de conservación de las obras de urbanización
El ayuntamiento conserva obras públicas. Los propietarios costean temporalmente si el planeamiento lo exige, constituyendo una junta. Las obras privadas las mantienen sus propietarios según propiedad horizontal.
Artículo 198 — Recepción municipal de las obras de urbanización
La recepción se solicita con 20 días de antelación. Si no hay observaciones, se da por recibida. Con observaciones, hay negociación. La recepción final se notifica en 10 días. En Álava, se acuerda el traspaso a los concejos.
Artículo 199 — El deber de conservación y rehabilitación
Los propietarios deben mantener edificios seguros. El coste de obras no supera el 60% (aisladas) o 50% (integradas) del coste de reposición. Si la administración exige más, puede exigir sufragio del exceso o establecer ayudas públicas.
Artículo 201 — Situación legal de ruina
El ayuntamiento declara la ruina legal si el coste de reparaciones supera el deber normal de conservación o no se autorizan. Se exige audiencia al propietario. Se ordenan rehabilitación o demolición, salvo edificios protegidos donde se prioriza la recuperación.
Artículo 202 — Ruina física inminente
Ante ruina física inminente, el ayuntamiento ordena apuntalamiento, desalojo o demolición excepcional para proteger la seguridad. El propietario asume los costes y daños. Se incoa expediente de ruina legal.
Artículo 203 — Órdenes de ejecución
Los ayuntamientos dictan órdenes de ejecución para reparaciones, conservación y corrección de usos no permitidos. El incumplimiento genera ejecución subsidiaria, multas coercitivas (hasta 10, del 10% del coste), expropiación o rehabilitación sustitutoria.
Artículo 204 — Funciones de garantía y protección de la ordenación urbanística
Los ayuntamientos velan por el cumplimiento de la normativa urbanística. El ejercicio de estas potestades es irrenunciable. Las autoridades deben iniciar los procedimientos en plazo, bajo responsabilidad disciplinaria por incumplimiento.
Artículo 205 — Colaboración en el ejercicio de las funciones de control, protección y disciplina
Ciudadanos y empresas deben colaborar con las administraciones en control urbanístico, facilitando información y documentación requerida. Las administraciones públicas también colaboran entre sí.
Artículo 206 — Régimen de control de las actividades y los actos regulados por la ordenación urbanística
Las actuaciones de suelo están sujetas a control mediante inspección, licencias, órdenes de ejecución o comunicación previa. Los ayuntamientos tienen potestades de inspección e imponen obras en caso de incumplimiento.
Artículo 207 — Actos sujetos a licencia urbanística
Requiere licencia urbanística actos como obras nuevas, reformas, demoliciones, tala de árboles protegidos o apertura de establecimientos. Exentos: solar fotovoltaica y recarga eléctrica interior (con comunicación previa), salvo afectación a bienes culturales o cimentación.
Artículo 208 — Reglas comunes a las licencias urbanísticas
Las licencias se otorgan según proyecto básico o ejecución. Son transmisibles con el suelo, debiendo comunicarse al ayuntamiento.
Artículo 209 — Competencia para el otorgamiento de la licencia urbanística
Los ayuntamientos controlan la legalidad. La competencia para otorgar la licencia corresponde al órgano municipal determinado.
Artículo 210 — Procedimiento general de otorgamiento de licencia urbanística
El procedimiento sigue ordenanzas municipales. Se requiere proyecto, autorizaciones y visado. Plazo máximo: 3 meses. Silencio positivo.
Artículo 211 — Efectos del otorgamiento de la licencia urbanística
La licencia legitima la ejecución. Si hay disconformidad sobrevenida, el ayuntamiento puede suspender obras hasta 4 meses.
Artículo 212 — Actos promovidos por las administraciones públicas
En el sector público vasco, la aprobación del proyecto y calificación como vivienda protegida eximen de licencia municipal, previa consulta al ayuntamiento (1 mes). Otras actuaciones requieren licencia municipal en 3 meses; si no hay respuesta, se puede ejecutar tras audiencia.
Artículo 213 — Integración del régimen urbanístico y el de actividades clasificadas o sujetas a evaluación de impacto ambiental
La relación entre actividades clasificadas, impacto ambiental y licencias se rige por la Ley 3/1998 del País Vasco. Las licencias deben especificar medidas correctoras y de verificación para actividades clasificadas, y medidas de minoración y seguimiento para impacto ambiental.
Artículo 214 — Prestación de servicios por compañías suministradoras
Las empresas suministradoras (luz, agua, gas, teléfono) exigen licencia urbanística para contratos provisionales, cuya duración máxima coincide con la de ejecución de obras. Para el contrato definitivo se requiere licencia de usos y actividades, y de primera utilización (más calificación definitiva,
Artículo 215 — Contenido de las licencias
Las licencias urbanísticas deben incluir, como mínimo: el plazo de iniciación, el plazo máximo de ejecución de las obras y el periodo máximo de interrupción de la ejecución por causa imputable al promotor.
Artículo 216 — Caducidad
El ayuntamiento declara la caducidad de la licencia si no se inician, finalizan o mantienen las obras según los plazos, sin indemnización. Se puede solicitar ampliación de plazos motivadamente. Tras la caducidad, el interesado puede solicitar la licencia nuevamente.
Artículo 217 — Función inspectora. El deber de colaboración
La inspección urbanística verifica el cumplimiento de la legalidad. Sus funciones incluyen vigilar, denunciar anomalías, proponer medidas, instruir expedientes y colaborar con tribunales. Tiene facultades de investigación, actas con presunción de veracidad y uso de fuerza pública. Existe el deber de
Artículo 218 — Servicios de inspección
La inspección la ejercen la Comunidad Autónoma, territorios históricos y ayuntamientos. Los informes forales deben comunicarse al ayuntamiento, que debe resolver en 20 días. Los ayuntamientos desarrollan la inspección por sí o cooperando con el departamento foral, que les presta ayuda.
Artículo 219 — Actuaciones clandestinas
Se consideran clandestinas las actuaciones con licencia realizadas sin los títulos administrativos requeridos o al margen de los mismos.
Artículo 220 — Suspensión previa
El alcalde ordena la suspensión inmediata de obras o usos clandestinos. El incumplimiento genera multas coercitivas mensuales de 600 euros o el 10% del valor de la actuación (la mayor). También se traslada al Ministerio Fiscal si hay indicios de delito de desobediencia.
Artículo 221 — Régimen de legalización de las actuaciones clandestinas
El ayuntamiento ordena suspender las obras clandestinas y notifica a los responsables. Si son legalizables, se dispone un mes para solicitar la legalización con proyecto técnico. La administración resuelve en 3 meses. Si no es legalizable, se ordena demolición, cese de uso o reconstrucción. Se pueden aplicar medidas cautelares como el corte de suministros. La legalización no extingue la responsabilidad sancionadora.
Artículo 222 — Competencia supramunicipal
Si el ayuntamiento no actúa, el Gobierno Vasco puede requerir al alcalde para que proceda en un mes. Si no se atiende o no hay respuesta, se puede recurrir ante la jurisdicción competente.
Artículo 223 — Límites de la legalización
Las actuaciones clandestinas contrarias a la ordenación urbanística solo pueden legalizarse previa modificación o revisión del planeamiento urbanístico.
Artículo 224 — Operaciones de restauración de la ordenación urbanística
La restauración corre a cargo de los responsables. Tras 4 años, no se puede ordenar demolición, salvo en suelo no urbanizable, dotaciones públicas, dominio público o bienes catalogados. El incumplimiento genera multas de hasta 600 euros o el 10% del coste.
Artículo 225 — Infracciones urbanísticas
Se clasifican infracciones muy graves (sistemas generales, patrimonio), graves (incumplimiento normas, exceso edificación, vertidos) y leves. Responsables locales sancionados si legitiman ilegalidades o no inspeccionan.
Artículo 226 — Sanciones urbanísticas
Las infracciones urbanísticas se sancionan con multa (500-5.000€ leves; 5.001-50.000€ graves; >50.001€ muy graves), inhabilitación, publicidad e incautación. En muy graves, se publica en BOE y diario local. El beneficio económico se incrementa la sanción. La recaudación va al patrimonio público.
Artículo 227 — Multas coercitivas
Por obstaculización o desobediencia a la administración, se imponen hasta diez multas coercitivas mensuales. El importe es el mayor entre la décima parte del valor ordenado o 600 euros. El dinero ingresado en el patrimonio público de suelo de la administración actuante.
Artículo 228 — Sujetos responsables de las infracciones urbanísticas
Son responsables de obras sin licencia: promotores, empresarios, propietarios y técnicos. Si la licencia es ilegal, responden los técnicos que informaron favorablemente y las autoridades que la otorgaron. Las personas jurídicas asumen costes de restauración.
Artículo 229 — Prescripción de las infracciones
Las infracciones prescriben en: 5 años (muy graves), 4 años (graves) y 2 años (leves). El plazo cuenta desde que las obras sirven al fin previsto o existen signos exteriores. La prescripción se interrumpe con la notificación de incoación del procedimiento.
Artículo 230 — Prescripción de la sanción
Las sanciones prescriben en 5 años (muy graves), 3 años (graves) y 1 año (leves). El plazo comienza al día siguiente de que la resolución firme.
Artículo 231 — Graduación de la responsabilidad
Agravan la responsabilidad: abuso de cargo, violencia, falsificación, resistencia o reincidencia en 3 años. Atenuan: falta de intención o reparación previa. La multa se ajusta según gravedad.
Artículo 232 — Exención de responsabilidad y reducción de sanciones
Exención total si se restaura y legaliza antes del inicio de actuaciones. Reducción del 30% si se paga en 1 mes, se renuncia a impugnar y se presenta fianza del 50% de las obras.
Artículo 233 — Reglas para la determinación de la multa
Las multas se imponen independientemente de otras medidas. Las sanciones a distintos responsables por una misma infracción son independientes entre sí.
Artículo 234 — Normativa subsidiaria
Lo no previsto en materia sancionadora por esta ley se aplica subsidiariamente según la Ley 2/1998, de 20 de febrero, del Parlamento Vasco, sobre Potestad Sancionadora.
Artículo 235 — Infracciones en materia de urbanización y ejecución de la programación de actuaciones
Las obras clandestinas de urbanización se sancionan con multa igual a su importe (mín. 5.000 euros). El incumplimiento de compromisos de programación conlleva multas de 5.000 a 50.000 euros e inhabilitación de 3 a 10 años para ejecutar actuaciones.
Artículo 236 — Infracciones en materia de parcelación
Las infracciones en materia de parcelación se sancionan con una multa equivalente al 20-25% del valor de los terrenos afectados en las operaciones de parcelación o división.
Artículo 237 — Infracciones en materia de edificación
Edificaciones irregulares: multa del 50% del presupuesto/valor obra. Obras en sistemas generales: 100-200% valor suelo/obra (mín. 5.000 euros). Alteración de uso: 100% beneficio obtenido. Carteles sin licencia: 500-5.000 euros.
Artículo 238 — Infracciones en materia de medio ambiente y patrimonio cultural y natural
Derribos de bienes protegidos: sanción según legislación patrimonio. Construcciones en entornos históricos: multa del 75% valor obra (mín. 5.000 euros). Talas en espacios forestales: multa valor arbolado. Se ordena restauración física.
Artículo 239 — Infracciones en materia de patrimonios públicos de suelo
Funcionarios y autoridades que no incorporen bienes al patrimonio público o los enajenen ilegalmente reciben multas mínimas de 5.000 euros y obligación de reintegro solidario del valor del menoscado sufrido.
Artículo 240 — Infracciones específicas en suelo no urbanizable
En suelo no urbanizable, las construcciones que contravengan la ley se sancionan con multa del 100% del coste de la obra, con un importe mínimo de 500 euros.
Artículo 241 — Competencias
La competencia para incoar e instruir procedimientos sancionadores corresponde siempre al ayuntamiento, salvo excepciones. La imposición de sanciones sigue la legislación de régimen local.
Artículo 242 — Instrucción de los procedimientos
Se inician simultáneamente los procedimientos de protección de la legalidad urbanística (legalización y restauración) y los de sanción por los mismos hechos.
Artículo 243 — Prejudicialidad
Si hay indicios de delito, se remite al Ministerio Fiscal y se suspende el procedimiento administrativo hasta resolución judicial. La sanción penal excluye la administrativa, pero no las medidas de reposición.
Artículo 244 — Anulación del acto administrativo de autorización
No se sanciona hasta anular la licencia si la infracción se cometió bajo ella. El ayuntamiento suspende obras o usos mientras duren. Si están terminadas, se revisa la licencia según la ley de procedimiento administrativo.
Disposición adicional primera — Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco es el órgano superior consultivo. Informa planes territoriales, naturales y especiales, y actúa con carácter vinculante sobre suelos de alto valor agrológico. Su pleno incluye representantes del Estado, Gobierno Vasco, diputaciones y Eudel.
Disposición adicional segunda — Realojos
El derecho al realojo se garantiza al desalojar residentes habituales. En expropiación, la administración o beneficiario ofrece vivienda protegida. En otros casos, el promotor asume el coste. Los arrendatarios tienen derecho al retorno. El precio y superficie se fijan por normativa vasca o municipal
Disposición adicional tercera — Registros de Agrupaciones de Interés Urbanístico
Los registros de Agrupaciones de Interés Urbanístico se constituyen a partir de los actuales Registros de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. Se establecen en los departamentos competentes en urbanismo de cada territorio histórico.
Disposición adicional cuarta — Legitimación expropiatoria de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública
Se legitima la expropiación de viviendas protegidas si permanecen sin uso residencial más de un año sin causa justificada, o si se usan para fines distintos al domicilio sin autorización del Gobierno Vasco o ayuntamiento. Las viviendas expropiadas se destinan a necesidades sociales del régimen de
Disposición adicional quinta — Actualización de las multas urbanísticas
Las multas urbanísticas fijas se pueden actualizar por orden del consejero competente en urbanismo del Gobierno Vasco, en función de la evolución del índice de costes del sector de construcción de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Disposición adicional sexta — Régimen de los núcleos rurales
Los núcleos rurales que hayan completado su desarrollo según la Ley 5/1998 quedan consolidados. Queda prohibido efectuar nuevos desarrollos en estos núcleos.
Disposición adicional séptima — Convenios urbanísticos
La Administración puede firmar convenios urbanísticos con entidades públicas o privadas. Se rigen por legalidad y transparencia. Tipos: ordenación (modificar planeamiento) y ejecución (gestión). Son nulos si contravienen normas. El ayuntamiento mantiene su potestad. Requieren aprobación municipal, 2
Disposición adicional octava — Viviendas de protección pública: viviendas de protección social y viviendas tasadas
Las viviendas de protección pública incluyen las sociales y tasadas. Las administraciones pueden promoverlas y adjudicarlas respetando publicidad y no discriminación, pudiendo excluir cupos para necesidades sociales. El precio máximo de las tasadas no supera 1,70 veces el de las sociales.
Disposición adicional décima — Actividades económicas de fomento o interés público
El desarrollo reglamentario de las actividades económicas calificadas como de fomento o interés público corresponde al departamento competente en industria y comercio del Gobierno Vasco.
Disposición adicional undécima — Foro de Encuentro de Urbanismo y Vivienda
Se crea el Foro de Encuentro de Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sus funciones, composición y régimen jurídico se desarrollarán reglamentariamente.
Disposición adicional duodécima — Composición de los jurados territoriales de expropiación forzosa
Los jurados territoriales de expropiación se constituyen en la capital de cada territorio histórico. Están formados por un presidente (magistrado), un letrado del Gobierno Vasco, un técnico de la administración expropiante, un titulado superior y un notario. Actúa como secretario un letrado del dept
Disposición transitoria primera — Clasificación del suelo
El suelo se clasifica en urbano (consolidado o no), urbanizable (sectorizado o no) y no urbanizable. Los núcleos rurales consolidados no permiten nuevos desarrollos sin reclasificación a suelo urbano.
Disposición transitoria segunda — Vigencia y adaptación de planes y demás instrumentos de ordenación urbanística
Los planes generales vigentes se adaptan automáticamente a los límites de edificabilidad. Deben adaptarse definitivamente en 15 años. Los instrumentos en trámite pueden aprobarse bajo la nueva ley o la anterior, a elección del ayuntamiento.
Disposición transitoria tercera — Vigencia y adaptación de sistemas de actuación, programas de actuación urbanizadora y proyectos de gestión y ejecución
La ley sustituye sistemas de gestión por concertación. Los plazos máximos se refieren a la aprobación del planeamiento. No es obligatorio programa urbanizador si hay ordenación aprobada. Proyectos de compensación se sustituyen por reparcelación.
Disposición transitoria cuarta — Aplicación de los estándares de vivienda sometida a algún régimen de protección pública
Los estándares de vivienda protegida son exigibles en planes no aprobados inicialmente. Excepciones para ordenación adaptada a Ley 17/1994 sin incrementar edificabilidad.
Disposición transitoria quinta — Aplicación de los estándares de alojamientos dotacionales y de las dotaciones locales
La obligación de reservar suelo para alojamientos dotacionales es exigible en revisiones con incremento de edificabilidad residencial sin aprobación inicial. Las dotaciones locales aplican a planes sin aprobación inicial.
Disposición transitoria sexta — Equiparaciones terminológicas
Se equiparan términos antiguos: ámbitos de planeamiento a áreas/sectores, polígonos a unidades de ejecución, y aprovechamiento tipo a edificabilidad media. La normativa técnica anterior permanece vigente hasta la adaptación.
Disposición transitoria séptima — Aplicación del régimen de realojo
El régimen de realojo aplica a proyectos con aprobación inicial posterior a la entrada en vigor de la ley. Las viviendas no adjudicadas pueden acogerse al nuevo régimen de protección pública.
Disposición derogatoria
Se derogan: Ley 9/1989 (Valoración del Suelo), Ley 17/1994 (Medidas vivienda), Ley 3/1997 (Plusvalías), Ley 5/1998 (Régimen suelo), Ley 11/1998 (Modificación plusvalías), Ley 20/1998 (Patrimonios Públicos) y otras disposiciones contrarias.
Disposición final primera — Desarrollo reglamentario
El Gobierno Vasco aprueba los reglamentos de desarrollo de esta ley mediante decreto, dentro del año siguiente a su entrada en vigor.
Disposición final segunda — Modelos y documentación tipo
El Gobierno Vasco elabora modelos de ordenanzas y documentación tipo para planes, con colaboración de diputaciones y municipios, en un año.
Disposición final tercera — Clasificación normalizada de usos del suelo
El Gobierno Vasco elabora la clasificación normalizada de usos del suelo, de obligado cumplimiento, aprobándose mediante decreto en un año.
Disposición final cuarta — Políticas de fomento de alquiler de vivienda
Las instituciones públicas vascas impulsan políticas de alquiler. Se destina suelo de reservas a vivienda protegida en alquiler social o arrendamiento protegido.
Disposición final quinta — Entrada en vigor
La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, entra en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Información general

Tipo de ley

Ley

Vigencia

En vigor

Publicación

4 de noviembre de 2011

Departamento

Comunidad Autónoma del País Vasco

Temas

País Vasco Suelo Urbanismo

Notas oficiales

Publicada en el BOPV núm. 138, de 20 de julio de 2006.

Leyes en las que se basa

el art. 10.31 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre BOE-A-1979-30177
Ley 6/1998, de 13 de abril BOE-A-1998-8788
Ley 5/1998, de 6 de marzo BOE-A-2011-20038
Ley 11/1998, de 20 de abril BOE-A-2011-20654
Ley 20/1998, de 29 de junio BOE-A-2011-20663
Ley 17/1994, de 30 de junio BOE-A-2012-1688
Ley 9/1989, de 17 de noviembre BOE-A-2012-3408
Ley 3/1997, de 25 de abril BOE-A-2012-410
Sentencia del TC 164/2001, de 11 de julio BOE-T-2001-15937

Leyes que la modifican

el art. 27, por Ley 11/2008, de 28 de noviembre BOE-A-2011-15725
la disposición adicional primera y SE AÑADE el art. 97 bis, por Ley 17/2008, de 23 de diciembre BOE-A-2011-15731
los arts. 200, 206, 207, 208, 210 y 213 , por Ley 7/2012, de 23 de abril BOE-A-2012-6368
la disposición transitoria 2.1, por Ley 2/2014, de 2 de octubre BOE-A-2014-10662
en la Cuestión 6283/2010, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso indicado del art. 138.2, la constitucionalidad, interpretado según el fj6, del resto del art., y la desestimación de todo lo demás por Sentencia 94/2014, de 12 de junio BOE-A-2014-7060
el art. 200 y disposiciones adicionales 8 y 9 y SE MODIFICA los arts. 27, 35, 80 y disposición adicional 8, por Ley 3/2015, de 18 de junio BOE-A-2015-7802
el art.28, por Ley 6/2015, de 30 de junio BOE-A-2015-8274
1941/2016 planteado en relación con el art. 28.7 en la redacción dada por el art. 3 de la Ley 6/2015, de 30 de junio, con suspensión, desde el 5 de mayo de 2016, de vigencia y aplicación de los preceptos impugnados y, desde el 11 de abril, para las partes legitimadas BOE-A-2016-4311
en el Recurso 1941/2016, el levantamiento de la suspensión de la vigencia y aplicación del art. 28.7, en la redacción dada por el art. 3 de la Ley 6/2015, de 30 de junio, por Auto de 6 de octubre de 2016 BOE-A-2016-9237
el art. 210, por Ley 2/2018, de 28 de junio BOE-A-2018-11064
en el Recurso 1941/2016, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 28.7, en la redacción dada por el art. 3 de la Ley 6/2015, de 30 de junio, por Sentencia 8/2018, de 25 de enero BOE-A-2018-2464
el art. 221, por Ley 7/2022, de 30 de junio BOE-A-2022-12589
el art. 207, por Ley 5/2023, de 1 de junio BOE-A-2023-15347
el art. 85, por Ley 18/2023, de 21 de diciembre BOE-A-2024-902
la sección 8 del capítulo I del título V, lo indicado de los arts. 159, 169 y de la disposición transitoria 3; SE MODIFICA determinados preceptos y las referencias indicadas; SE SUPRIME las referencias reseñadas y SE AÑADE los arts. 2 bis y el 94 bis, por Ley 6/2025, de 11 de diciembre BOE-A-2026-1256

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