Real Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión en el sistema de la Seguridad Social de pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo

Qué ha cambiado

Esta ley no tiene modificaciones registradas desde su publicación.

Artículo por artículo

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1. Artículo 1 — Régimen jurídico

   Las víctimas de terrorismo afiliadas a la Seguridad Social tienen derecho a pensiones extraordinarias, estén o no de alta en algún régimen.

2. Artículo 2 — Cuantía y condiciones de las pensiones

   Las pensiones se calculan como invalidez por accidente laboral. La base se obtiene dividiendo por 14 el salario mensual x 12. Si no cotiza, usa la base mínima. Si es pensionista, usa su pensión actualizada. El importe es el 200% de la base reguladora.

3. Artículo 3 — Limite de cuantía

   Las pensiones extraordinarias por terrorismo no están sujetas a los límites generales de cuantía inicial ni de revalorización.

4. Artículo 4 — Régimen de incompatibilidades

   Son incompatibles con pensiones ordinarias o extraordinarias por los mismos hechos. Si ya es pensionista, es incompatible con la pensión usada para calcular la base. Son compatibles con pensiones ordinarias de otro régimen por pluriactividad. Se puede optar entre una u otra.

5. Artículo 5 — Gestión

   La gestión corre a cargo de la Entidad Gestora de la Seguridad Social competente según el régimen del beneficiario o causante.

6. Artículo 6 — Financiación

   Si no hubiera derecho a pensión ordinaria, el Estado financia el coste íntegro. Si hubiera derecho, el Estado financia la diferencia entre la extraordinaria y la ordinaria. El Ministerio de Economía ingresa el capital en la Tesorería General de la Seguridad Social.

7. Disposición adicional

   Si el beneficiario de la pensión de invalidez por terrorismo fallece por causa distinta a las lesiones, se causan pensiones de muerte y supervivencia aplicando el porcentaje de la pensión sobre la base reguladora.

8. Disposición transitoria

   El Real Decreto se aplica a actos de terrorismo desde el 1 de enero de 1987. Se revisan de oficio o a instancia de parte las pensiones ordinarias derivadas de estos hechos.

9. Disposición final

   Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para dictar disposiciones de desarrollo. El Real Decreto entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.