Ley 8/2026, de 23 de junio, de Ordenación del Transporte Marítimo de Cantabria
También conocida como: L 8/2026, L 8/26Regula la ordenación del transporte marítimo en Cantabria, incluyendo puertos, licencias y seguridad.
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El texto completo y oficial de la ley, tal como lo publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Qué ha cambiado
Esta ley no tiene modificaciones registradas desde su publicación.
Artículo por artículo
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Artículo 1 — Objeto
Regula el transporte marítimo de pasajeros y mercancías entre puertos de Cantabria, realizado por empresas comunitarias con embarcaciones matriculadas en la UE.
Artículo 2 — Ámbito territorial de aplicación
Se aplica a transportes marítimos no estatales, realizados exclusivamente entre puertos de Cantabria, sin afectar a competencias estatales de seguridad.
Artículo 3 — Ámbito subjetivo de aplicación
Afecta a la actividad de transporte marítimo de pasaje y mercancías en Cantabria, realizada a cambio de pago, y al transporte turístico marítimo.
Artículo 4 — Libertad de prestación
El cabotaje en Cantabria se rige por la libre prestación de servicios, pudiendo ser modulada para asegurar el transporte y proteger el medio ambiente.
Artículo 5 — Clases de servicios
Clasifica los servicios de transporte marítimo en Cantabria como de pasaje (principalmente pasajeros a cambio de precio) o de mercancías.
Artículo 6 — Creación del registro de empresas de transporte marítimo de Cantabria
Se crea el Registro de empresas de transporte marítimo de Cantabria para compatibilizar la libre prestación de servicios con la seguridad y el medio ambiente.
Artículo 7 — Obligatoriedad de presentación de declaración responsable e inscripción en el registro
Es obligatorio presentar una declaración responsable antes de iniciar la actividad de transporte marítimo en Cantabria e inscribirse en el registro.
Artículo 8 — Tasas
La inscripción en el Registro de empresas de transporte marítimo de Cantabria y la expedición de certificados están sujetas al pago de tasas.
Artículo 9 — Obligaciones de información
Las empresas inscritas en el registro deben suministrar información a la Dirección General de Transportes cuando sea requerida, garantizando la confidencialidad.
Artículo 10 — Cese de la actividad
El cese de actividad, disolución de la empresa o sanción firme por infracción muy grave imposibilitan legalmente continuar el transporte marítimo en Cantabria.
Artículo 11 — Medidas de control
Las empresas de transporte marítimo deben someterse a controles de la Dirección General de Transportes para verificar servicios, precios y datos de usuarios, asegurando la planificación y ordenación del sector.
Artículo 12 — Deberes referidos a los documentos de control
Las empresas de transporte marítimo deben disponer de hojas de reclamación para los usuarios. Su procedimiento se rige por el Decreto 21/2021, que regula las reclamaciones de consumo.
Artículo 13 — Órganos de inspección
La Dirección General de Transportes ejerce la inspección y vigilancia de los servicios de transporte marítimo. Los inspectores tienen la condición de autoridad pública.
Artículo 14 — Ejercicio de la función inspectora
La inspección de transporte marítimo se realiza de oficio o por denuncia. Las empresas y responsables de embarcaciones deben facilitar la documentación requerida por los inspectores.
Artículo 15 — Definición de persona usuaria
Se consideran personas usuarias del transporte marítimo a quienes demanden o utilicen cualquier servicio de transporte marítimo, de pasaje o mixto, regular u ocasional.
Artículo 16 — Derechos
Los usuarios de transporte marítimo tienen derecho a servicios seguros y de calidad, a obtener el documento justificativo del servicio (preferiblemente digital) y a recibir información detallada.
Artículo 17 — Información previa de seguridad a las personas usuarias
Antes de cada servicio, las empresas de transporte marítimo deben informar a los usuarios sobre el uso de equipos de seguridad, vías de evacuación e instrucciones en caso de emergencia.
Artículo 18 — Deberes
Los usuarios de transporte marítimo deben tener el billete adecuado, viajar en los lugares habilitados, atender las indicaciones de la tripulación y mantener un comportamiento respetuoso.
Artículo 19 — Infracciones
Las infracciones en el transporte marítimo se clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 20 — Infracciones muy graves
Son infracciones muy graves prestar transporte marítimo sin declaración responsable o autorizaciones, falsear datos, o impedir la labor de los servicios de inspección.
Artículo 21 — Infracciones graves
Son infracciones graves: modificar condiciones, rutas, horarios o tarifas sin avisar al registro; no iniciar el servicio a tiempo; informar mal; demorar reclamaciones o compensaciones por retrasos; y reincidir tras dos sanciones leves o graves en 3 años.
Artículo 22 — Infracciones leves
Son infracciones leves: irregularidades en frecuencias y horarios no graves; falta de limpieza y conservación de embarcaciones; no actualizar datos de la declaración responsable; y trato descortés o falta de respeto a derechos de usuarios, sin perjuicio de compensaciones.
Artículo 23 — Responsabilidad por infracciones
Solo se sanciona a responsables de infracciones, incluso por simple inobservancia. Si varias personas cumplen obligaciones conjuntas, responden solidariamente. Si la infracción es de una persona jurídica, sus directivos que autorizaron la conducta son responsables solidarios.
Artículo 24 — Prescripción de las infracciones
Las infracciones prescriben en 1 año (leves), 2 años (graves) y 3 años (muy graves). El plazo comienza al cometerse la infracción o al finalizar la conducta si es continuada. Se interrumpe al iniciar el procedimiento sancionador, reanudándose si se paraliza más de un mes por causas no imputables.
Artículo 25 — Sanciones
La Ley 8/2026 establece sanciones: apercibimiento, multa (leves hasta 500€, graves 501-2.000€, muy graves 2.001-10.000€), cese, suspensión o inhabilitación. La multa se gradúa por beneficio, daño, negligencia y reincidencia (3 años). Puede duplicarse por daño ambiental. Las infracciones del art. 20 pueden causar suspensión (1 año) o inhabilitación (5 años).
Artículo 26 — Prescripción de las sanciones
Las sanciones prescriben en: 1 año (leves), 2 años (graves) y 3 años (muy graves). El plazo se cuenta desde el día siguiente a la firmeza de la resolución. Se interrumpe al iniciar la ejecución con conocimiento del sancionado, reanudándose si se paraliza más de un mes por causas no imputables.
Artículo 27 — Régimen jurídico
La potestad sancionadora se ejerce mediante un procedimiento que respeta los principios y reglas generales de la legislación del procedimiento administrativo común.
Artículo 28 — Órgano competente
La potestad sancionadora en materia de transportes marítimos corresponde a la persona que ostente la titularidad de la Dirección General competente en dicha materia.
Artículo 30 — Plazo máximo de resolución
El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento sancionador es de 6 meses desde su incoación. Si transcurre este plazo sin resolución expresa, se acuerda la caducidad del expediente.
Disposición adicional primera — Resolución alternativa de controversias con las personas usuarias
Las personas usuarias consumidoras pueden reclamar ante tribunales o sistemas alternativos a los que se adhiera la empresa. Se presume la adhesión a la Junta Arbitral de Transportes de Cantabria para reclamaciones económicas de hasta 15.000 euros, salvo manifestación contraria previa.
Disposición adicional segunda — Transporte en aguas continentales
El transporte de pasaje y mercancías con contraprestación en ríos, embalses, lagos o lagunas de Cantabria, sin origen o destino en otra comunidad autónoma, queda sujeto a las normas de esta ley. Se define como transporte en aguas continentales.
Disposición adicional tercera — Modernización
El Gobierno de Cantabria impulsará la incorporación progresiva de embarcaciones de bajas emisiones, híbridas o eléctricas en el transporte marítimo regular. Además, podrá establecer líneas de apoyo para la modernización ambiental y energética de las embarcaciones.
Disposición adicional cuarta — Ordenación ambiental y territorial de las actividades desarrolladas mediante motos náuticas
El Gobierno de Cantabria puede regular motos náuticas por seguridad, medio ambiente o saturación. Medidas: límites temporales, distancias a playas, velocidad, itinerarios y requisitos de alquiler. Se exige sostenibilidad, control acústico y criterios técnicos y proporcionales.
Disposición transitoria única — Obligación de declaración responsable por parte de las empresas prestadoras del servicio de transporte marítimo
Las empresas de transporte marítimo en Cantabria deben realizar la declaración responsable en 2 meses desde la entrada en vigor de la ley para inscribirse en el registro. Si no se cumple, la Dirección General puede ordenar la suspensión de la actividad, con las consecuencias del artículo 20.
Disposición derogatoria única — Derogación normativa
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la Ley 8/2026, de 23 de junio, de Ordenación del Transporte Marítimo de Cantabria.
Disposición final primera — Modificación de la Ley 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera
Se modifica el apartado segundo del artículo 8 de la Ley 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera, mediante la Ley 8/2026, de 23 de junio, de Ordenación del Transporte Marítimo de Cantabria.
Disposición final segunda — Medidas de salvaguardia
Si la liberalización del transporte marítimo causa perturbaciones graves, el Gobierno de Cantabria puede solicitar a la Comisión Europea medidas de salvaguardia conforme a la normativa de la Unión Europea.
Disposición final tercera — Desarrollo normativo
El Gobierno de Cantabria dicta disposiciones para desarrollar esta ley. Los desarrollos de los capítulos II y III se aprueban en 6 meses desde la entrada en vigor. Las disposiciones del capítulo II pueden modificarse por orden de la Consejería competente.
Disposición final cuarta — Actualización de sanciones
El Gobierno de Cantabria puede actualizar anualmente las sanciones de la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo, a propuesta del órgano competente en navegación marítima, mediante su inclusión en la Ley anual de los Presupuestos Generales de Cantabria.
Disposición final quinta — Informe de evaluación
El Gobierno de Cantabria presentará al Parlamento un informe sobre la aplicación de esta ley en un plazo de dos años desde su entrada en vigor.
Disposición final sexta — Entrada en vigor
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Información general
Temas
Notas oficiales
Publicada en el BOC núm. 122, de 26 de junio de 2026.
Leyes en las que se basa
- los arts. 15 y 24.6 y 7 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre BOE-A-1982-635
- el art. 8.2 de la Ley 1/2014, de 17 de noviembre BOE-A-2014-12975
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