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En vigorLey

Ley 2/2026, de 28 de abril, de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa

También conocida como: L 2/2026, L 2/26
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11 de mayo de 2026·29 de abril de 2026·Comunidad Autónoma de La Rioja·BOE-A-2026-10117
Resumen en lenguaje sencillo

Facilita y agiliza los trámites administrativos y la apertura de negocios para mejorar la calidad de las leyes.

Los resúmenes de esta página están escritos en lenguaje sencillo y generados con IA a partir del texto oficial. No son asesoramiento jurídico: lo que vale es el texto publicado en el BOE. Cómo los hacemos.

El texto completo y oficial de la ley, tal como lo publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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  1. Artículo 1 — Objeto y finalidad

    Esta ley busca una Administración más sencilla y cercana, centrada en la ciudadanía. Facilita la inversión, la innovación y la creación de empleo en La Rioja mediante la simplificación de trámites y la mejora regulatoria.

  2. Artículo 2 — Ámbito de aplicación

    La ley se aplica a la Administración General de La Rioja, sus organismos públicos y otros entes de su sector público cuando ejercen potestades administrativas. Se les denomina conjuntamente 'la Administración autonómica'.

  3. Artículo 3 — Deber general de simplificación

    La Administración autonómica tiene la obligación de simplificar los trámites y la gestión. Debe elegir las opciones que supongan menores cargas y mayor sencillez para los ciudadanos en el ejercicio de sus competencias.

  4. Artículo 4 — Principios generales

    Los principios que guían la simplificación administrativa son: servicio efectivo a la ciudadanía, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, no discriminación, celeridad, economía y calidad normativa, además de transparencia.

  5. Artículo 5 — Criterios de simplificación administrativa

    Los criterios de simplificación incluyen mejorar la información sobre requisitos y procedimientos, usar lenguaje claro, derogar o refundir normativa y buscar la eficacia y eficiencia en la creación y funcionamiento de la Administración.

  6. Artículo 6 — Consejo de Gobierno

    El Consejo de Gobierno ostenta la máxima dirección y coordinación de las políticas de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa.

  7. Artículo 7 — Consejería competente en materia de organización de los servicios públicos

    La consejería competente en organización de servicios públicos, bajo la dirección del Consejo de Gobierno, diseña, dirige e impulsa las políticas de simplificación administrativa. Creará un grupo de trabajo para ello.

  8. Artículo 8 — Consejería competente en materia de tecnologías de la información y la comunicación

    La consejería competente en tecnologías de la información y comunicación colaborará con la de organización de servicios públicos en la planificación y diseño de los sistemas de administración electrónica necesarios para la simplificación.

  9. Artículo 9 — Competencias de las consejerías

    Las Secretarías Generales Técnicas impulsarán, coordinarán, seguirán y evaluarán la aplicación de esta ley en sus respectivas consejerías y entes adscritos, bajo la dirección de la consejería competente en organización.

  10. Artículo 10 — Colaboración con organizaciones sociales y empresariales y entidades del tercer sector de acción social

    La Administración autonómica colaborará con sindicatos, organizaciones sociales, profesionales y empresariales, y entidades del tercer sector para identificar y reducir las cargas administrativas.

  11. Artículo 11 — Concepto

    La simplificación administrativa busca agilizar trámites reduciendo fases, documentos o plazos, y mejorando la calidad normativa mediante tecnología. Su objetivo es optimizar los servicios públicos sin reducir los derechos ni las garantías de las personas interesadas.

  12. Artículo 13 — Aportación de documentos

    Los procedimientos no exigen documentos innecesarios. Se sustituye la aportación por declaraciones responsables, exigiendo documentos solo si es estrictamente necesario y antes de la resolución. La Administración recaba datos electrónicamente, salvo oposición o necesidad de consentimiento expreso, según la Ley 39/2015.

  13. Artículo 14 — Formularios

    La Administración autonómica ofrece modelos y formularios en sus dependencias y sede electrónica, actualizados desde la entrada en vigor de la norma. En formato electrónico, incluyen partes dinámicas, comprobaciones automáticas de datos y permiten verificar, modificar o completar la información antes del envío.

  14. Artículo 15 — Plazo máximo para resolver y notificar

    El plazo máximo para notificar resoluciones de la Administración autonómica es de 3 meses, salvo normas estatales o de la UE. Excepcionalmente, una ley puede establecer plazos superiores por interés general. La Administración debe revisar y reducir los plazos actuales.

  15. Artículo 16 — Efectos del silencio administrativo

    En procedimientos a solicitud, el silencio administrativo estima la petición al vencer el plazo, salvo excepciones de la normativa estatal. Solo una ley puede establecer sentido desestimatorio por interés general, justificándolo. En procedimientos de oficio, se aplica la normativa estatal y sectorial. La Administración autonómica revisará los procedimientos.

  16. Artículo 17 — Plazo para la emisión de informes y dictámenes en los procedimientos administrativos

    En La Rioja, el plazo general para informes y dictámenes sectoriales es de 10 días. Se exceptúan plazos de la UE o estatales, o normas de ley por interés general. No aplica a Servicios Jurídicos, Consejo Económico y Social ni Consejo Consultivo. Si no se emiten y se supera la suspensión de 3 meses, el procedimiento puede proseguir.

  17. Artículo 18 — Agilidad en la tramitación de informes sectoriales

    Los informes sectoriales de la Administración autonómica se solicitan simultáneamente y no son sucesivos, salvo dependencia lógica. Excepción: Intervención General, Servicios Jurídicos, Consejo Económico y Social y Consejo Consultivo. Un mismo órgano emite un único informe si abarca varios efectos.

  18. Artículo 19 — Informes sectoriales emitidos por los órganos de la Administración del Estado

    En autorizaciones autonómicas que requieran informe estatal, el órgano autonómico lo solicita directamente. Si el informante no responde en el plazo máximo, se informa a la Delegación del Gobierno en La Rioja y a la persona promotora sobre la demora y sus efectos económicos.

  19. Artículo 20 — Principio de necesidad y proporcionalidad

    Limitar el acceso a una actividad económica exige motivar su necesidad por interés general (Ley 20/2013). La medida debe ser proporcionada y no existir un medio menos restrictivo. Las memorias normativas deben justificar el régimen de autorización, declaración responsable o comunicación.

  20. Artículo 21 — Racionalización de la intervención administrativa

    La Administración autonómica debe usar declaración responsable o comunicación, salvo excepciones legales. Puede exigir licencias por ley motivada. Revisará procedimientos para sustituir licencias. La Certificación Documental Acreditada tiene la misma validez que los informes técnicos administrativos.

  21. Artículo 22 — Actividad de comprobación e inspección

    La Administración autonómica puede requerir documentación en cualquier momento. La falsedad u omisión esencial en declaraciones o comunicaciones impide continuar la actividad, obliga a restituir la situación jurídica y prohíbe iniciar un nuevo procedimiento durante un plazo legal. La comprobación posterior abarca todas las manifestaciones y no impide la inspección sectorial.

  22. Artículo 23 — Concepto

    La entidad colaboradora de certificación es una persona jurídica inscrita en el registro que realiza funciones de comprobación, informe y certificación en ámbitos con intervención administrativa. Sus funciones no sustituyen las potestades de la Administración, que puede verificarlas en cualquier momento.

  23. Artículo 24 — Régimen de Certificación Documental Acreditada

    La Certificación Documental Acreditada, emitida por entidades colaboradoras, agiliza trámites de autorización o licencia. La Administración acepta la documentación certificada como suficiente, salvo requerimientos de subsanación o inspección. El uso es voluntario y no sustituye al visado colegial ni a las funciones profesionales.

  24. Artículo 25 — Acreditación y registro de entidades colaboradoras de certificación

    La consejería de simplificación administrativa acredita y registra entidades colaboradoras de certificación (colegios profesionales u otras personas jurídicas). Requisitos: profesionales habilitados, sin prohibiciones, seguro de responsabilidad y no estar en concurso. Plazo de resolución: 3 meses (silencio positivo). Se crea un Registro público; el incumplimiento posterior de requisitos provoca la pérdida de la acreditación.

  25. Artículo 26 — Funciones de las entidades colaboradoras de certificación

    Las entidades colaboradoras de certificación actúan por sí mismas o, si son colegios profesionales, a través de sus colegiados. Sus funciones son: realizar comprobaciones, informes y certificaciones (firmados por técnico competente y máximo responsable); emitir un documento-resumen de requisitos principales que debe exponerse en lugar visible; y las que atribuya la normativa sectorial.

  26. Artículo 27 — Obligaciones de las entidades colaboradoras de certificación

    Las entidades colaboradoras de certificación deben mantener registros permanentes, garantizar confidencialidad y cumplir requisitos de acreditación. Actúan en régimen de mercado, financiándose con honorarios. Deben comunicar sus tarifas a la consejería competente, que publicará una tabla general de precios.

  27. Artículo 28 — Incompatibilidades de las entidades colaboradoras de certificación

    Las entidades colaboradoras de certificación no pueden tener relaciones que generen dependencia o conflicto de intereses con sus clientes o proyectos. Sus actuaciones son nulas si incumplen esta norma. Pueden exigir a sus profesionales la acreditación de ausencia de estas circunstancias.

  28. Artículo 29 — Responsabilidad de las entidades colaboradoras de certificación

    Las entidades colaboradoras de certificación responden de sus certificados. Si actúan conjuntamente, la que emite el principal es solidariamente responsable con las de los accesorios. Si interviene personal habilitado con seguro de responsabilidad civil, ambos son solidariamente responsables.

  29. Artículo 30 — Principio de no discriminación

    En La Rioja, todos los operadores económicos tienen los mismos derechos sin discriminación por residencia o establecimiento. Ninguna norma o actuación administrativa puede imponer requisitos que discriminen a operadores legalmente establecidos en España.

  30. Artículo 31 — Principio de eficacia

    Las disposiciones y actos de autoridades de otras comunidades sobre el libre acceso a la actividad económica tienen eficacia en La Rioja, conforme al capítulo III de este título.

  31. Artículo 32 — Acceso a las actividades económicas y su ejercicio

    El acceso a las actividades económicas y su ejercicio solo puede limitarse conforme a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, o a la normativa de la Unión Europea y tratados internacionales.

  32. Artículo 33 — Libre iniciativa económica

    Los operadores establecidos en España pueden ejercer en La Rioja cumpliendo requisitos de origen. Los productos legales circulan libremente. La Rioja acepta requisitos ajenos y debe flexibilizar los propios si son más exigentes. Solo se exige comunicación por motivos estadísticos, sin declaraciones responsables adicionales.

  33. Artículo 34 — Eficacia en la Comunidad Autónoma de La Rioja de las actuaciones administrativas

    En La Rioja, las autorizaciones, licencias, inscripciones y declaraciones de otras autoridades tienen plena eficacia sin trámites extra. Los organismos de certificación nacionales pueden operar allí tras comunicar su registro a la consejería de simplificación. Se aplican a certificaciones de calidad y profesionalidad. Además, se celebran reuniones trimestrales entre administraciones locales y autonómicas para coordinar la simplificación.

  34. Artículo 35 — Excepciones

    El principio de eficacia en La Rioja no aplica a autorizaciones o declaraciones de instalaciones físicas, ni a ocupación de dominio público con operadores limitados o tarifas reguladas. Tampoco aplica por razones de orden público, seguridad o protección civil motivadas legalmente.

  35. Artículo 36 — Avance en la transformación digital

    La Administración autonómica aplicará un proceso permanente de transformación digital, centrado en la ciudadanía y las empresas, respetando sus derechos y libertades.

  36. Artículo 38 — Ofrecimiento proactivo de servicios públicos personalizados

    La Administración autonómica puede ofrecer servicios personalizados proactivos basados en la Carpeta ciudadana, con consentimiento expreso y medidas de seguridad. La persona interesada puede retirar su consentimiento o decidir la prestación de estos servicios en cualquier momento a través de la Carpeta ciudadana.

  37. Artículo 39 — Gobernanza e intermediación de datos

    La Administración autonómica creará en un año una plataforma de gobernanza de datos. Los órganos deben integrar sus datos con el Sistema de Verificación estatal y permitir el acceso interno. Los datos interoperados se muestran en la Carpeta ciudadana. Se aprobará una política de gobierno del dato, publicada en sedes electrónicas, para garantizar calidad, seguridad e integridad.

  38. Artículo 40 — Impulso al establecimiento de cuadros de mando

    La consejería de administración electrónica impulsará, con otras consejerías, cuadros de mando con indicadores de la Plataforma de Gobernanza de Datos. Ofrecen información actualizada para diseñar políticas, tomar decisiones, regular procedimientos y evaluar su funcionamiento.

  39. Artículo 42 — Inteligencia artificial y robotización aplicadas a la simplificación administrativa

    La Administración de La Rioja incorpora IA y robotización para agilizar trámites, automatizar tareas repetitivas y ofrecer asistentes virtuales. Se garantiza el cumplimiento de la normativa UE, se forma al personal y se publica un inventario de sistemas. Se crea una fábrica de IA pública y se prohíbe el uso de herramientas no autorizadas.

  40. Artículo 43 — Seguridad en materia de administración electrónica

    Se establecen medidas técnicas y organizativas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de documentos electrónicos y datos. Toda actuación que afecte a la seguridad debe someterse a análisis de riesgos y requerir la asunción expresa y documentada de los riesgos residuales por el órgano responsable.

  41. Artículo 44 — Asistencia en el uso de medios electrónicos

    La Administración le asistirá en el uso de medios electrónicos si no está obligado a usarlos y lo solicita. También podrá autorizar a terceros para realizar trámites electrónicos en su nombre.

  42. Artículo 45 — Ámbito de aplicación

    El título tipifica infracciones y sanciones por incumplir obligaciones de declaraciones responsables, comunicaciones y actuaciones de entidades colaboradoras de certificación, si no están en la normativa sectorial. No se impone sanción sin procedimiento según la legislación de procedimiento administrativo.

  43. Artículo 46 — Disposiciones generales

    Los órganos competentes verifican el cumplimiento de la ley mediante inspección. Quienes detecten infracciones penales en inspecciones deben informarlo a la autoridad competente. Las personas y entidades con información relevante deben colaborar en la comprobación de los requisitos de los declarantes.

  44. Artículo 47 — Responsables

    Son responsables de la infracción las entidades colaboradoras de certificación, quienes suscriban los certificados y quienes presenten declaración responsable o comunicación. Ante una misma infracción con varios responsables, estos responden solidariamente.

  45. Artículo 48 — Infracciones leves

    Son infracciones leves: inexactitud u omisión de datos no esenciales en la declaración responsable; falta de colaboración con las Administraciones en comprobaciones; y no comunicar a la Administración la modificación de dichos datos no esenciales.

  46. Artículo 49 — Infracciones graves

    Son infracciones graves: certificar sin registro, falsedad esencial en declaraciones, falta de firma técnica, obstaculizar inspecciones, no comunicar cambios esenciales, reincidencia en 2 años, incumplir incompatibilidades (art. 28.1) o confidencialidad, y daños o riesgos graves.

  47. Artículo 50 — Infracciones muy graves

    Son infracciones muy graves: graves con daño o riesgo grave/inminente; negativa absoluta a colaborar con inspectores; incumplimiento del aseguramiento de riesgos por entidad certificadora; y reincidencia en falta grave sancionada en los 2 años anteriores.

  48. Artículo 51 — Infracciones permanentes o continuadas

    La infracción permanente es un único ilícito que se mantiene en el tiempo y puede interrumpirse por la voluntad del infractor. La infracción continuada implica varias acciones u omisiones que violan el mismo precepto, ejecutadas bajo un plan preconcebido o aprovechando la misma ocasión.

  49. Artículo 52 — Reiteración y reincidencia

    Existe reiteración al cometer una nueva infracción de la misma índole en un año, sin resolución firme previa. La reincidencia ocurre al cometer más de una infracción de la misma naturaleza en un año, ya sancionada y firme en vía administrativa.

  50. Artículo 53 — Medidas provisionales

    Los órganos competentes pueden adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución, los intereses generales, el buen fin del procedimiento o evitar los efectos de la infracción.

  51. Artículo 54 — Prescripción de las infracciones

    Si cometes una falta, te pueden sancionar. Las faltas graves caducan a los 2 años, las muy graves a los 3, y las leves a los 1. Si la falta es continua, se cuenta desde que se acaba.

  52. Artículo 55 — Clases de sanciones

    Las infracciones se sancionan con multas y, en graves o muy graves, con inhabilitación (3-6 años), pérdida de acreditación (3-6 años) o decomiso de beneficios. Se puede imponer resarcimiento de gastos de intervención administrativa.

  53. Artículo 56 — Cuantía de las sanciones

    Las sanciones por infracciones se establecen así: leves, multa de 600 a 3.000 euros; graves, de 3.001 a 120.000 euros; y muy graves, de 120.001 a 900.000 euros.

  54. Artículo 57 — Graduación de las sanciones

    La imposición de sanciones debe guardar proporcionalidad con la gravedad del hecho y estar motivada. Se gradúan atendiendo a: perjuicio ocasionado, beneficio obtenido, persistencia en la infracción, intencionalidad y reiteración o reincidencia (art. 53 de esta ley).

  55. Artículo 58 — Caducidad del procedimiento

    El procedimiento sancionador debe resolverse y notificarse en un máximo de 6 meses desde su inicio, bajo pena de caducidad según la Ley del Procedimiento Administrativo Común. La persona instructora puede proponer la suspensión del plazo si concurren las circunstancias previstas en dicha ley.

  56. Artículo 59 — Prescripción de las sanciones

    Las sanciones prescriben en 3 años (muy graves), 2 años (graves) y 6 meses (leves). El plazo inicia el día siguiente a la firmeza de la resolución. Se interrumpe al iniciar la ejecución; si se paraliza más de un mes por causa no imputable al infractor, el plazo se reanuda.

  57. Artículo 60 — Competencias sancionadoras

    El inicio e instrucción de sanciones corresponde al órgano de acreditación (arts. 49.a, i, j y 50.c) o a la dirección general competente. Sancionan: titulares de dirección general (leves), consejerías (graves) y el Consejo de Gobierno (muy graves). En el sector público, según estatutos.

  58. Artículo 61 — Calidad normativa

    El artículo 61 modifica el capítulo I del título III de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, estableciendo una nueva redacción para dicha sección.

  59. Disposición adicional primera — Constitución del Grupo de Trabajo de Simplificación Administrativa

    Se creará un Grupo de Trabajo de Simplificación Administrativa en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley. La persona titular de la consejería con competencias en la materia dictará la resolución para su constitución y funciones.

  60. Disposición adicional segunda — Revisión de los plazos para resolver y de los efectos del silencio

    Las consejerías revisarán sus procedimientos administrativos en un plazo de nueve meses para asegurar el cumplimiento de los plazos de resolución y los efectos del silencio administrativo establecidos por ley.

  61. Disposición adicional tercera — Intervención administrativa

    Las consejerías revisarán la normativa para sustituir autorizaciones o licencias previas por declaraciones responsables o comunicaciones en un plazo de nueve meses, conforme a la ley.

  62. Disposición adicional cuarta — Implantación de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo

    En un plazo de doce meses, se aprobarán las Directrices para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, que incluirán su calendario de implantación y aplicación.

  63. Disposición adicional quinta — Prestación de servicios de administración electrónica con las entidades locales

    La Comunidad Autónoma prestará servicios de administración electrónica a municipios de menos de 20.000 habitantes y ofrecerá la posibilidad de adhesión a los de más de 20.000.

  64. Disposición adicional sexta — Tablón de anuncios electrónico

    Las publicaciones de actos y comunicaciones de la Administración autonómica se realizarán en un tablón de anuncios electrónico integrado en la sede electrónica.

  65. Disposición adicional séptima — Puesta a disposición de la ciudadanía de nuevos canales, herramientas y medios técnicos para relacionarse con la Administración autonómica

    Se desarrollarán nuevos canales y herramientas tecnológicas para mejorar la atención e información administrativa a la ciudadanía en su relación con la Administración autonómica.

  66. Disposición transitoria única

    Mientras no se aprueben las Directrices para la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, se aplicará el régimen previsto anteriormente en la Ley 4/2005 y la Ley 5/2014.

  67. Disposición derogatoria única

    Quedan derogadas las disposiciones contrarias a esta ley. Se deroga expresamente la Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación administrativa.

  68. Disposición final primera — Desarrollo reglamentario

    El Gobierno de La Rioja y los titulares de las consejerías pueden dictar disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley, dentro de sus respectivos ámbitos de competencias.

  69. Disposición final segunda — Decreto de creación del Registro general de entidades colaboradoras de certificación y el Registro de entes habilitados

    En seis meses se creará un decreto para regular los requisitos y procedimientos de las entidades colaboradoras de certificación y de habilitación para la representación, así como sus registros.

  70. Disposición final tercera — Entrada en vigor de la ley

    La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

Información general

Tipo de ley
Ley
Vigencia
En vigor
Publicación
11 de mayo de 2026
Departamento
Comunidad Autónoma de La Rioja

Notas oficiales

Publicada en el BOR núm. 80, de 29 de abril de 2026.

Leyes en las que se basa

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