Ley 6/2026, de 28 de mayo, del tercer sector social
También conocida como: L 6/2026, L 6/26Nueva ley que regula cómo las entidades sociales y ONGs pueden recibir ayudas y colaborar con la administración en Cataluña.
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El texto completo y oficial de la ley, tal como lo publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Qué ha cambiado
Esta ley no tiene modificaciones registradas desde su publicación.
Artículo por artículo
Qué dice cada artículo, en lenguaje sencillo (34 artículos con resumen).Pulsa en un artículo para leer su texto oficial en el BOE.
Artículo 1 — Objeto
Esta ley regula y fortalece a las entidades del tercer sector social en Cataluña, buscando mejorar su relación con la administración pública y otros agentes para promover el bienestar social.
Artículo 2 — Ámbito de aplicación
Para ser considerada parte del tercer sector social, una entidad debe tener personalidad jurídica propia, ser de naturaleza privada, no tener ánimo de lucro y destinar sus beneficios íntegramente a fines sociales.
Artículo 3 — Ámbito de actuación
El tercer sector actúa en áreas como la inclusión laboral, atención residencial, salud mental, acceso a la vivienda, educación, reinserción social y apoyo a necesidades básicas.
Artículo 4 — Principios rectores de las entidades del tercer sector social
Las entidades deben basarse en la gobernanza democrática, permitiendo la participación de su personal, voluntarios, asociados y usuarios en la toma de decisiones.
Artículo 5 — Actividades del tercer sector social
Las actividades de estas entidades tienen como fin principal la inclusión social y garantizar el ejercicio de los derechos civiles, económicos y sociales de personas o grupos vulnerables.
Artículo 6 — Obligaciones de las entidades del tercer sector social en la cooperación y la colaboración con las Administraciones públicas
Las entidades que colaboren con la Administración en servicios sociales deben cumplir con estándares de calidad, transparencia, equidad y responsabilidad social.
Artículo 7 — Redes de colaboración del tercer sector social
Las entidades pueden establecer redes de colaboración entre ellas, con el sector privado y con la Administración pública para alcanzar objetivos sociales comunes.
Artículo 8 — Instrumentos de colaboración
La colaboración para prestar servicios públicos se realizará preferentemente mediante la acción concertada social y la gestión delegada.
Artículo 9 — Derecho de participación
Las entidades del tercer sector tienen derecho a participar en la elaboración de políticas públicas y en la toma de decisiones que afecten a su ámbito de actuación.
Artículo 10 — Instrumentos de participación, interlocución y diálogo civil
Se establece el Consejo de Diálogo Civil de Cataluña como el espacio principal para el diálogo y la colaboración entre las entidades sociales y las Administraciones públicas.
Artículo 11 — Consejo de Diálogo Civil de Cataluña
Se crea el Consejo de Diálogo Civil de Cataluña para que las entidades del tercer sector social puedan participar y dialogar directamente con el Gobierno en las decisiones que afecten a sus derechos y necesidades.
Artículo 12 — Composición y funciones del Consejo de Diálogo Civil de Cataluña
El Consejo de Diálogo Civil de Cataluña integra a la Generalitat y al tercer sector social. Sus funciones incluyen fortalecer la interlocución, formular propuestas estratégicas, debatir iniciativas normativas y planes de impulso, y aprobar su organización. Se adscribe al Departamento de la Presidencia y su funcionamiento se regula por reglamento. Los presupuestos de la Generalitat deben asignar recursos para su funcionamiento.
Artículo 13 — Participación y representación en órganos colegiados consultivos
Las entidades del tercer sector social tienen derecho a participar en órganos consultivos y grupos de trabajo del sector público, siempre que su actividad coincida con el objetivo de dichos órganos.
Artículo 14 — Plan de impulso y promoción de las entidades del tercer sector social
El Gobierno debe elaborar un plan de impulso para las entidades del tercer sector social con una vigencia de cuatro años. Este plan requiere el acuerdo previo del Consejo de Diálogo Civil.
Artículo 15 — Apoyo y colaboración entre agentes públicos y privados
Las Administraciones públicas pueden fomentar la colaboración con agentes que apoyen al tercer sector social, incluyendo la creación de mecanismos de financiación para actividades de interés general.
Artículo 16 — Reconocimiento del tercer sector social
El Gobierno tiene la obligación de apoyar a las organizaciones del tercer sector social en la difusión de su labor y de su contribución económica y social a la comunidad.
Artículo 17 — Censo público de entidades del tercer sector social
Se establece un censo público de entidades del tercer sector social. Este registro será de acceso libre y podrá consultarse por internet para garantizar la transparencia y coordinación.
Artículo 18 — Promoción pública de la colaboración entre el sector mercantil y el tercer sector social
Las Administraciones públicas deben promover la colaboración entre las empresas y las organizaciones del tercer sector social, especialmente en servicios de atención a las personas.
Artículo 19 — Evaluación de políticas públicas
El Gobierno debe garantizar evaluaciones independientes sobre el impacto social y laboral de las políticas y ayudas públicas que afectan al tercer sector social.
Artículo 20 — Informes de evaluación
Al finalizar el plan de impulso de cuatro años, el Gobierno debe presentar un informe que evalúe la situación del sector, su transparencia y el impacto de las medidas adoptadas.
Artículo 21 — Condiciones del personal de las entidades del tercer sector social
Las entidades del tercer sector social tienen la obligación de cumplir con la normativa laboral, de seguridad social y los convenios colectivos aplicables para garantizar las condiciones de trabajo de su personal.
Artículo 22 — Financiación de las entidades representativas del tercer sector social
El Gobierno debe asegurar una financiación estable y suficiente para las federaciones y plataformas que representan al tercer sector social, bajo principios de transparencia y eficacia.
Artículo 23 — Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
Las Administraciones públicas deben promover mecanismos de control y evaluación periódica para garantizar la transparencia en la participación del tercer sector social en las políticas públicas.
Disposición adicional primera — Adaptación de las entidades del tercer sector social
Las entidades del tercer sector social disponen de un plazo de 18 meses para adaptarse a esta ley. La adecuación de las condiciones laborales de sus trabajadores se realizará de forma progresiva.
Disposición adicional segunda — Reconocimiento de la experiencia profesional en el tercer sector social
La experiencia profesional acreditada en entidades del tercer sector social será reconocida como mérito específico en los procesos de selección para trabajar en el ámbito de los servicios sociales.
Disposición adicional tercera — Suficiencia financiera del Consejo de Diálogo Civil de Cataluña y de las entidades del tercer sector social
Se establece que los presupuestos anuales de la Generalitat deben incluir una partida específica para garantizar la financiación y el funcionamiento del Consejo de Diálogo Civil de Cataluña.
Disposición derogatoria
Tras el plazo de la disposición final segunda, se derogan las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o contradigan la Ley 6/2026, de 28 de mayo, del tercer sector social.
Disposición final primera — Desarrollo reglamentario
El Gobierno debe aprobar en 12 meses un reglamento que incluya: instrumentos de participación (art. 23), el censo público de entidades (art. 17) y las funciones del personal remunerado y voluntario (art. 21.5 y 6). Además, dictará el resto de disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de la ley.
Disposición final segunda — Adaptación de la normativa vigente
El Gobierno debe proponer la adaptación de las disposiciones afectadas por la Ley 6/2026, de 28 de mayo, en un plazo de 12 meses desde su entrada en vigor.
Disposición final tercera — Legislación aplicable a las entidades del tercer sector social
Las organizaciones del tercer sector deben seguir la legislación correspondiente a su forma jurídica y no quedan exentas de cumplir con los requisitos legales que les sean aplicables.
Disposición final cuarta — Inclusión de los centros especiales de trabajo de iniciativa social en el Registro de centros especiales de trabajo en Cataluña
El Gobierno tiene un plazo de doce meses para regular la inclusión de los centros especiales de trabajo de iniciativa social en el Registro de centros especiales de trabajo de Cataluña.
Disposición final sexta — Habilitación presupuestaria
Los preceptos de la Ley 6/2026 que generan gastos con cargo a los presupuestos de la Generalitat producen efectos a partir de la entrada en vigor de la ley de presupuestos del ejercicio inmediatamente posterior a la entrada en vigor de esta ley.
Disposición final séptima — Entrada en vigor
La Ley 6/2026, de 28 de mayo, del tercer sector social, entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Información general
Temas
Notas oficiales
Publicada en el DOGC núm. 9675, de 29 de mayo de 2026.
Leyes en las que se basa
- los arts. 24.4, 118, 124 y 166.1 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio BOE-A-2006-13087
- la Ley 25/2015, de 30 de julio BOE-A-2015-9726
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