Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el listado de las entidades del Tercer Sector que tienen la consideración de mediadores sociales colaboradores de la Administración General del Estado, a los efectos de las acreditaciones de los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes

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1. Resolución de 2 de febrero de 2021, de la secretaría de estado de derechos sociales, por la que se publica el listado de las entidades del tercer sector que tienen la consideración de mediadores sociales colaboradores de la administración general del estado, a los efectos de las acreditaciones de los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el real decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes — Primero

   Se consideran mediadores sociales las entidades del Tercer Sector que en 2020 recibieron subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales para actividades de interés general. Las acreditaciones las firman trabajadores sociales colegiados.

2. Segundo. Protección de datos de carácter personal de los consumidores

   Los mediadores sociales y responsables de datos deben garantizar la confidencialidad y los derechos de protección de datos de los consumidores conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018.

3. Tercero. Publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» y efectos

   La resolución se publica en el Boletín Oficial del Estado y surte efectos desde el mismo día de su publicación.

4. Cuarto. Régimen de recursos

   La resolución agota la vía administrativa. Se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en 2 meses o recurso de reposición ante la Secretaría de Estado en 1 mes.