Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias

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• 26 de junio de 2012
  Reforma BOE-A-2012-9282
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• 21 de diciembre de 2009
  Reforma BOE-A-2010-1398
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• 19 de febrero de 2003
  Versión original BOE-A-2003-4608

Artículo por artículo

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1. Artículo 1 — Objeto de la Ley

   Esta Ley regula la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios en Canarias, estableciendo principios para mejorar su calidad de vida.

2. Artículo 2 — Concepto de consumidor y usuario

   Son consumidores las personas que adquieren bienes o servicios como destinatario final para uso personal, familiar o colectivo, ofrecidos por un empresario.

3. Artículo 3 — Derechos de los consumidores y usuarios

   Derechos básicos: protección salud/seguridad, intereses económicos, información veraz, educación, asociación y reparación de daños. Son irrenunciables; cualquier renuncia previa o acto en fraude es nulo.

4. Artículo 4 — Colectivos especialmente protegidos

   Las Administraciones Públicas protegen especialmente a colectivos en situación de inferioridad o indefensión, así como a los derechos relacionados con productos o servicios de uso común y generalizado.

5. Artículo 5 — Requisitos de los productos, bienes y servicios

   Productos y servicios deben ser seguros, sin riesgos para salud o medioambiente. Se consideran seguros si cumplen normas o no presentan riesgos admisibles. Los servicios seguros deben especificar medidas de protección y recomendaciones.

6. Artículo 6 — Sujetos responsables

   Productores, importadores, distribuidores y suministradores deben poner en el mercado productos y servicios seguros. Los empresarios deben actuar con diligencia, vigilar la seguridad y transmitir información sobre riesgos.

7. Artículo 7

   Productores, importadores, distribuidores y primeros comercializadores deben acreditar el cumplimiento normativo medioambiental en Canarias, asumiendo costes de recuperación de envases o valorización.

8. Artículo 8 — Actuaciones administrativas

   Las Administraciones públicas de Canarias vigilan la seguridad de productos y servicios mediante controles, análisis de muestras, medidas provisionales, avisos a ciudadanos expuestos a riesgos y colaboración con otras administraciones y entidades locales.

9. Artículo 9 — Marco legal

   Los intereses económicos y sociales legítimos de los consumidores y usuarios deben respetarse conforme a esta Ley, sus disposiciones de desarrollo y la legislación general de defensa del consumidor.

10. Artículo 10 — Ámbito de actuación

    Las Administraciones de Canarias velan por que la oferta coincida con lo entregado, salvo que sea más beneficioso. Exigen contratos justos sin cláusulas abusivas, priorizando productos de uso común.

11. Artículo 11 — Derechos reconocidos

    Las Administraciones de Canarias garantizan el derecho a recibir: factura desglosada, garantía escrita (excluyendo desgaste normal), presupuesto previo, resguardo de depósito para reparaciones y notificación previa ante suspensión de suministros básicos.

12. Artículo 12 — Información de bienes, productos y servicios

    La información debe ser veraz. El precio total (con cargas) debe ser visible en anaqueles. En servicios, se debe exhibir cartel con precios y descuentos. En aplazamientos, se informa de plazos e intereses. La información debe estar en castellano.

13. Artículo 13 — Ámbito de actuación

    En créditos, se exige publicidad adecuada y entrega del contrato. En viviendas, se facilita información sobre características, precio total, forma de pago, garantías y cantidades entregadas.

14. Artículo 14 — Actividad publicitaria

    La publicidad debe ser suficiente, objetiva, veraz y cierta, sin inducir a error. El órgano competente puede exigir pruebas de exactitud; si no se aportan, los datos se consideran inexactos.

15. Artículo 15 — Actuaciones administrativas

    Se difunde información, se promueven espacios en medios públicos y privados, se vigilan etiquetas (especialmente en transgénicos) y se prohíbe publicidad sexista, racista o violenta dirigida a colectivos vulnerables.

16. Artículo 16 — Oficinas de información al consumidor

    Las oficinas de información al consumidor ofrecen asesoramiento, reciben reclamaciones, promueven resolución voluntaria y educación. Fomentan el Sistema Arbitral de Consumo y sirven de sede a la Junta Arbitral.

17. Artículo 17 — Derecho a la educación y formación

    Los consumidores tienen derecho a educación sobre sus derechos. Los principios son: uso racional de recursos, valores ecológicos y corresponsabilidad ambiental.

18. Artículo 18 — Actuaciones administrativas

    Las Administraciones de Canarias adoptan medidas para: colaborar en educación del consumidor en escuelas; formar a docentes y funcionarios; elaborar materiales didácticos; formar a sectores empresariales y promover el uso de nuevas tecnologías.

19. Artículo 19 — Representación, consulta y participación

    Los consumidores pueden constituir asociaciones para defender sus derechos. Las Administraciones fomentan el asociacionismo y promueven el diálogo entre organizaciones, empresas e investigadores.

20. Artículo 20 — Asociaciones de consumidores y usuarios

    Son asociaciones las entidades sin ánimo de lucro. Las cooperativas lo son si su actividad con terceros no socios no supera el 25% y crean un fondo social del 10% de excedentes.

21. Artículo 21 — Derechos de las asociaciones de consumidores y usuarios

    Las asociaciones inscritas en Canarias tienen derecho a ayudas, participación en órganos colegiados, sistema arbitral, representación legal y ser oídas en normativas. No pueden recibir fondos de empresas ni hacer publicidad comercial para mantener estos derechos.

22. Artículo 24 — Mediación

    Las Administraciones de Canarias facilitan mecanismos de mediación voluntaria para resolver conflictos de consumo, sin perjuicio de inspecciones y sanciones.

23. Artículo 25 — Arbitraje

    El Gobierno de Canarias participa e impulsa el Sistema Arbitral de Consumo. Las administraciones y empresas, especialmente públicas o que gestionen servicios públicos, deben incluir este sistema en sus contratos para resolver conflictos con consumidores.

24. Artículo 26 — Códigos de buenas prácticas

    Las administraciones promueven códigos de buenas prácticas voluntarios para empresarios. Una vez adoptados, su cumplimiento es obligatorio. El procedimiento de aprobación se determinará reglamentariamente.

25. Artículo 27 — Reclamaciones

    Establecimientos y servicios a domicilio deben tener hojas de reclamaciones. Las ventas no presenciales deben informar de procedimientos y dirección postal. El Gobierno de Canarias establece un modelo único de hoja.

26. Artículo 28 — Denuncias de consumidores y usuarios

    Los consumidores pueden denunciar ante la Administración mediante hojas de reclamación. La Administración examina la denuncia e inicia expediente si está fundamentada.

27. Artículo 29 — Obligaciones

    Los establecimientos con licencia específica deben: asumir costes de análisis en laboratorios independientes, publicar sanciones administrativas, facilitar transporte/montaje a costes sectorios (anunciados), devolver productos defectuosos bajo pedido y permitir comparativas técnicas.

28. Artículo 30 — La inspección de consumo

    La inspección de consumo en Canarias verifica productos y servicios en todas las fases, priorizando uso común o riesgo para salud. Las administraciones locales facilitan información y apoyo.

29. Artículo 31 — Del personal de la inspección

    El personal de inspección actúa como autoridad, debe acreditarse y mantener sigilo profesional. Pueden solicitar ayuda a otras autoridades y actuar con corrección, perturbando lo mínimo la actividad.

30. Artículo 32 — Facultades de la inspección

    La inspección puede acceder sin aviso a establecimientos, requerir personas y documentos, tomar muestras y realizar ensayos. También puede adoptar medidas urgentes, investigar riesgos para la salud y asesorar a los agentes del mercado sobre buenas prácticas.

31. Artículo 33 — Actas de inspección

    Los funcionarios documentan inspecciones en acta con datos mínimos (identidad, hechos, diligencias). El compareciente recibe copia. Las actas tienen valor probatorio. Las irregularidades subsanables requieren corrección en 10 días.

32. Artículo 34 — Obligaciones de los inspeccionados

    Los inspeccionados deben facilitar acceso, información, documentación y muestras. El incumplimiento genera acta con valor probatorio por obstrucción a la labor inspectora.

33. Artículo 35 — Medidas provisionales

    Se adoptan medidas provisionales ante riesgos para salud o intereses económicos. En urgencia, el personal de inspección las aplica, debiendo ser ratificadas por el órgano competente en 10 días hábiles.

34. Artículo 36 — Tipos de medidas provisionales

    Las medidas provisionales incluyen suspensión temporal de productos o servicios, condiciones previas o cualquier medida necesaria ante riesgos para la salud, seguridad o intereses económicos de los consumidores.

35. Artículo 37 — Procedimiento

    Se inicia el procedimiento administrativo. La resolución puede elevar las medidas a definitivas. En casos graves, se permite urgencia. Los gastos de almacenaje o destrucción corren por cuenta del responsable si se confirman las medidas.

36. Artículo 38 — Multa coercitiva

    Se pueden imponer multas coercitivas hasta 3.000 euros por incumplimiento de resoluciones, tras requerimiento previo. Son independientes de sanciones y compatibles con ellas. Se pueden reiterar si persiste el incumplimiento.

37. Artículo 39 — Potestad sancionadora

    Las sanciones por infracciones de consumo en Canarias las imponen: el Gobierno (muy graves), el Consejero (graves >6.000€) o el Director general (leves y graves ≤6.000€).

38. Artículo 40 — Tipificación de las infracciones

    Las infracciones se clasifican en muy graves (riesgos salud deliberados, reincidencia grave), graves (peligro por negligencia, publicidad engañosa, cláusulas abusivas) y leves (etiquetado incorrecto, falta de factura, negativa a entregar hojas de reclamaciones).

39. Artículo 41 — Responsabilidad de las infracciones

    Son responsables quienes participen en la infracción. Fabricantes y vendedores responden de la idoneidad. En productos a granel, responde el tenedor; en envasados, la firma en la etiqueta o importador, salvo prueba de falsificación.

40. Artículo 42 — Sanciones

    Las sanciones son multas: leves hasta 3.000 euros; graves de 3.000 a 15.000 (hasta 5 veces el valor); muy graves de 15.000 a 600.000 (hasta 5 veces). Se puede decomisar mercancía o cerrar establecimientos hasta 5 años en infracciones muy graves.

41. Artículo 43 — Graduación de las sanciones

    Las sanciones se gradúan por agravantes (intencionalidad, alteración social, incidencia en mercado, perjuicios, uso común, colectivos protegidos) y atenuantes (subsanación antes de resolución, reparación efectiva).

42. Artículo 44 — Prescripción y procedimiento

    Prescripción infracciones: 5 años (muy graves), 3 (graves), 2 (leves). Sanciones prescriben en 3, 2 y 1 año. El plazo se interrumpe al conocerse el procedimiento o por análisis técnicos.

43. Artículo 45 — Competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

    El Gobierno de Canarias dirige la política de consumo, coordina entidades locales y mantiene registros de servicios. Sus órganos ejecutan la ley mediante planes conjuntos, campañas de control, inspecciones, sanciones y formación.

44. Artículo 46 — Competencias de las entidades locales

    Las entidades locales velan por consumidores: información, inspección de productos comunes, colaboración en emergencias y potestad sancionadora (leves/graves) si la infracción se cometió en su territorio.

45. Artículo 47 — Colaboración y coordinación administrativa

    Las administraciones colaboran. Ayuntamientos y cabildos comunican procedimientos y sanciones al órgano autonómico. Este coordina departamentos y concertará con entidades locales programas conjuntos de protección.

46. Disposición adicional única

    Los departamentos de la Administración Pública de Canarias con competencia en defensa del consumidor elaboran conjuntamente un Plan Anual de Inspección, que se ejecuta de forma coordinada.

47. Disposición transitoria primera

    Hasta el desarrollo reglamentario de los artículos 22 y 23, se aplican los preceptos reglamentarios sobre el Consejo General de Consumo y la Comisión Regional de Consumo para sus órganos respectivos.

48. Disposición transitoria segunda

    Hasta el desarrollo reglamentario del art. 27, se aplica la normativa canaria sobre hojas de reclamaciones (modelo, info y procedimiento), salvo excepciones autonómicas sectoriales.

49. Disposición transitoria tercera

    Hasta el desarrollo reglamentario del art. 44, se aplica el procedimiento ordinario sancionador de la normativa general, independientemente de la calificación de la infracción.

50. Disposición final primera

    Se autoriza al Gobierno de Canarias para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

51. Disposición final segunda

    El Gobierno de Canarias debe elaborar el reglamento de desarrollo de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, en un plazo máximo de seis meses desde su aprobación.