Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia
También conocida como: L 4/1992, L 4/92Esta ley regula cómo se organiza el territorio en Murcia para proteger el medio ambiente y decidir dónde y cómo se puede construir.
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- 3 de abril de 1995Reforma BOE-A-1995-13295Ver qué cambió →
- 14 de agosto de 1992Versión original BOE-A-1993-1776
Artículo por artículo
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Artículo 2
La Administración garantiza uso adecuado del territorio y equilibrio sociocultural, económico y medioambiental. Las entidades locales participan con sus competencias. Se aplican principios de legislación sectorial.
Artículo 3
Se consideran actuaciones con incidencia territorial aquellas que transforman la estructura territorial, preservan condiciones naturales, afectan a núcleos de población o distribuyen infraestructuras y servicios.
Artículo 4
La ley establece directrices territoriales, programas de actuación, actuaciones de interés regional y evaluaciones de impacto para la política territorial de la Región de Murcia.
Artículo 5
Las infracciones a los planes de ordenación son administrativas. El Director de la Agencia sanciona leves y menos graves. El Consejero de medio ambiente sanciona las graves. El Consejo de Gobierno sanciona las muy graves. Se aplica el título VI de la Ley 4/1989 y artículos 133 a 137
Artículo 6
El Gobierno Regional elabora y actualiza el Sistema Territorial de Referencia, recabando información de los Ayuntamientos para orientar decisiones territoriales.
Artículo 7
El Sistema incluye análisis de subsistemas territoriales y procesos de transformación. Prioritariamente, contiene información sobre riesgos potenciales del medio natural para la población y equipamientos.
Artículo 8
El Sistema se elabora para todo el territorio regional. Se profundiza en ámbitos comarcales o subregionales, manteniendo la configuración unitaria del sistema.
Artículo 9
La Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente elabora el Sistema. El documento de avance se eleva al Consejo de Gobierno.
Artículo 10
La Consejería difunde el Sistema Territorial de Referencia, facilitando el acceso a información pública, departamentos regionales, Ayuntamientos, Delegación del Gobierno y ciudadanos.
Artículo 11
El Sistema Territorial de Referencia se actualiza periódicamente como consecuencia de las actuaciones de incidencia territorial que se vayan produciendo.
Artículo 12
La Consejería crea una unidad de información para actualizar el Sistema Territorial de Referencia, atendiendo a estadísticas y datos de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y los Ayuntamientos.
Artículo 13
El Sistema Territorial de Referencia debe considerarse en actuaciones públicas y privadas de incidencia territorial, programación económica regional, presupuestos y planeamiento territorial y sectorial.
Artículo 15
Las directrices de ordenación territorial determinan la política general. Deben incluir, como mínimo: estructura del territorio, objetivos, criterios de actuación, actualización, descripción de usos e impactos, compatibilidad del planeamiento, localización de infraestructuras, condiciones estructur
Artículo 16
Las directrices de ordenación incluyen: planos, estudios, memoria justificativa, objetivos, expresión geográfica, evaluación de impacto, riesgos y justificación del interés supramunicipal.
Artículo 17
Las directrices sectoriales deben incluir: identificación del sector y relaciones; delimitación espacial y económica; justificación de necesidad; análisis de incidencia territorial; relación con planeamiento urbanístico; criterios de coordinación; y evaluación de alternativas.
Artículo 18
El contenido se concreta en: planos de delimitación; estudios y cartografía; memoria explicativa con justificación; evaluación de riesgos geofísicos; y determinación de objetivos con expresión gráfica.
Artículo 19
Son obligatorias para la Administración Pública. Sirven de base para planes económicos y marco para previsiones a la Administración del Estado. Su aprobación exige adaptar planes urbanísticos y programas vigentes.
Artículo 20
La modificación de la estructura territorial o sus elementos por cambio de criterios o transformación de condiciones exige revisar las directrices según el procedimiento del artículo 35.
Artículo 21
Las directrices del espacio rural establecen la normativa general para el suelo rural, la regulación de usos, la protección de recursos naturales y los criterios para definir núcleos de población rural.
Artículo 22
Los instrumentos de planeamiento de ámbito municipal deben adaptar sus determinaciones al contenido de las normas de regulación, protección y usos del espacio rural.
Artículo 23
Las directrices del espacio rural deben incluir: fines y objetivos; regulación de usos y actividades por categorías; delimitación de zonas de especial protección; áreas protegidas por valores agropecuarios o forestales con unidades mínimas de cultivo; y criterios para definir núcleos de población.
Artículo 24
Se considera espacio rural el terreno no incluido en otra clase de suelo, especialmente aquellos con valor agrícola, forestal, ganadero, paisajístico, histórico, cultural, o destinados a la defensa de fauna, flora o equilibrio ecológico.
Artículo 25
Los programas de actuación territorial recogen sistemáticamente las actuaciones de organismos públicos. Se elaboran cada cuatro años, de forma global e interrelacionada con los planes económicos del Gobierno, especificando actuaciones anuales y sus implicaciones económicas.
Artículo 26
Los programas de actuación territorial deben incluir: delimitación del ámbito; relación de actuaciones; justificación de coherencia con directrices; relación con planeamiento urbanístico; previsiones de convenios; y determinación de organismos, plazos, estudios económicos y presupuestarios. Deben ir
Artículo 27
Los programas de actuación territorial se refieren a actuaciones públicas con impacto territorial o a sectores/finalidades específicas.
Artículo 28
La duración de los programas depende de la naturaleza de las actuaciones. Si son plurianuales, deben actualizarse anualmente según el programa.
Artículo 29
La Administración revisa las previsiones de los programas. Las actuaciones anuales influyen en la planificación económica regional y estatal. Las desviaciones requieren revisión previa del Consejo de Gobierno y cuenta a la Asamblea Regional.
Artículo 30
Las actuaciones de interés regional benefician a la Región y son declaradas por el Consejo de Gobierno mediante decreto, con evaluación de impacto. Excepcionalmente, pueden estar en documentos de planificación supramunicipal.
Artículo 33
El Consejo de Gobierno inicia las directrices territoriales. Los Ayuntamientos pueden solicitarlo para directrices subregionales o comarcales. El acuerdo de inicio publica los plazos, órganos participantes y se publica en el BORM y remite a la Asamblea Regional.
Artículo 34
Se elabora un documento de avance remitido al Consejo Asesor. Tras su informe, se consulta a Consejerías y ayuntamientos en un mes. Se anuncia en el BORM y medios regionales para observaciones públicas en un mes, con copia disponible en oficinas.
Artículo 35
La propuesta de directrices se remite a la Consejería para aprobación inicial. Tras publicación, hay dos meses para alegaciones públicas y a corporaciones locales. Analizadas las alegaciones, se aprueban provisionalmente y se elevan al Consejo de Gobierno para aprobación definitiva por Decreto
Artículo 36
La revisión sigue el procedimiento de aprobación. La actualización la decide el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería u órganos facultados. El organismo encargado presenta la propuesta a la Consejería, informada por el Consejo Asesor, para su aprobación final.
Artículo 37
El Consejo de Gobierno inicia programas territoriales regionales o sectoriales. Los programas subregionales o comarcales los proponen los organismos interesados. El acuerdo señala participantes, plazos y condiciones. Los programas subregionales se coordinan con la Consejería.
Artículo 38
La elaboración de los programas de actuación territorial corresponde a los organismos designados por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
Artículo 39
Los programas de actuación territorial se elevan al Consejo de Gobierno para su aprobación, previo informe del Comité de Planificación Económica Regional y otros órganos consultivos con incidencia en la materia.
Artículo 40
Quienes pretendan realizar actuaciones de interés regional pueden solicitar informe a la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, adjuntando documentación sobre titularidad, impacto y alternativas.
Artículo 41
Para declarar una actuación de interés regional, se presenta escrito justificando su conveniencia con anteproyecto, estudio de impacto y análisis de planeamiento. La Consejería remite el expediente a corporaciones locales y consejos para informes en 30 días. Si no hay informe, se entiende favorable
Artículo 42
La declaración de interés regional se notifica al Ayuntamiento, que tiene un mes para manifestar conformidad o disconformidad. En caso de disconformidad, el Consejo de Gobierno ordena la modificación del planeamiento.
Artículo 45
Los planes de ordenación de los recursos naturales son el principal instrumento de planificación y gestión de dichos recursos y espacios naturales en la Región de Murcia, conforme a la Ley 4/1989.
Artículo 46
Los efectos de los planes de ordenación de los recursos naturales tienen el alcance establecido en sus normas de aprobación. Los instrumentos contradictorios deben adaptarse a estos planes.
Artículo 47
La Agencia Regional redacta un documento previo con informe del Consejo Asesor. El Consejero aprueba inicialmente, abre información pública (2 meses) y audiencia a Ayuntamientos. El Consejo de Gobierno aprueba definitivamente el plan. Si afecta a bienes de interés cultural, se requiere informe de la
Artículo 48
Se declaran parques regionales, reservas, monumentos y paisajes protegidos. Leyes los dos primeros; decretos los otros. La Agencia impulsa el expediente. Se requiere audiencia, informes de administraciones y del Consejo Asesor Regional.
Artículo 49
La Agencia Regional elabora los planes rectores en un año. Prevalecen sobre el planeamiento urbanístico. En monumentos naturales, se pueden sustituir por programas de actuación. Se consignan fondos anuales en los presupuestos. Se pueden establecer áreas de influencia socioeconómica
Artículo 50
Los parques y reservas naturales deben tener un director-conservador para la gestión integral. Se constituyen patronatos o juntas rectoras como órganos de participación, cuya composición y funciones se determinan en sus disposiciones reguladoras. En otras figuras, su constitución es facultativa
Artículo 51
Las infracciones se rigen por la Ley 4/1989 (título VI) y los artículos 133-137 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Sanciona infracciones leves y menos graves el Director de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza; las graves, el Consejero de medio ambiente; y las muy grave
Disposición transitoria primera
El Consejo de Gobierno aprobará el Reglamento del Consejo Asesor de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Mientras tanto, su composición y medios serán los del Consejo Asesor Regional de Urbanismo de Murcia.
Disposición transitoria segunda
En el plazo de cinco años, el Consejo de Gobierno desarrollará los instrumentos de ordenación del territorio previstos en esta Ley, dando cuenta anualmente a la Asamblea Regional.
Disposición adicional primera
Se crea la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza. Su Consejo Asesor tiene 15-25 vocales. El Director se nombra por decreto y sus actos son recurribles en alzada.
Disposición adicional tercera
Se reclasifican como parques: Sierra Espuña (17.804 ha, Alhama, Totana, Mula), Carrascoy y El Valle, Sierra de la Pila, Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, y Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. Se declaran paisajes: Humedal del Ajauque y Rambla Salada, Cuatro Calas, Espacios
Disposición final
Se autoriza al Consejo de Gobierno de Murcia para dictar disposiciones necesarias para desarrollar esta Ley, incluyendo reformas en la estructura y funciones de la Administración Regional.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia.
Información general
Notas oficiales
Publicada en el BOMU núm. 189, de 14 de agosto de 1992.
Leyes en las que se basa
- Ley sobre procedimiento administrativo, de 17 de julio de 1958 (Gazeta) BOE-A-1958-11341
- el art. 30.2 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio BOE-A-1982-15031
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio BOE-A-1986-17240
- Ley 5/1986, de 23 de mayo BOE-A-1986-24581
- Ley 3/1987, de 23 de abril BOE-A-1987-16638
- los arts. 1.1, 8.1, 10 y 13 de la Ley 10/1986, de 19 de diciembre BOE-A-1987-4748
- Real Decreto 1331/1988, de 30 de septiembre BOE-A-1988-23079
- Ley 4/1989, de 27 de marzo BOE-A-1989-6881
- Ley sobre Régimen del Suelo y ordenación Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio BOE-A-1992-15285
Leyes que la modifican
- los apartados 4 y 5 del art. 5 y la disposición adicional 4, por Ley 1/1995, de 8 de marzo BOE-A-1995-13295
- con la disposición adicional 3, sobre modificación de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña, por Ley 6/1995, de 21 de abril BOE-A-1995-13300
- lo indicado de la disposición adicional 3, por Ley 6/1995, de 21 de abril BOE-A-1995-13300
- el título preliminar, los títulos I, II, III, IV, V y la disposición adicional 2, por Ley 1/2001, de 24 de abril BOE-A-2001-18797
- con el art. 48, declarando la Sierra de el Carche como parque regional: Ley 2/2003, de 28 de marzo BOE-A-2004-2128
- lo indicado de la disposición adicional 3, en la redacción dada por el art. único de la Ley 6/1995, de 21 de abril, por Ley 1/2026, de 2 de marzo BORM-s-2026-90042
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