En vigorDecreto

Decreto Legislativo 1/2023, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón

23 de marzo de 2023·3 de marzo de 2023·Comunidad Autónoma de Aragón·BOE-A-2023-7507

Resumen ciudadano

Esta norma regula cómo la Comunidad Autónoma de Aragón gestiona, protege y utiliza sus edificios, terrenos y bienes públicos.

179

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Información general

Tipo de ley

Decreto

Vigencia

En vigor

Publicación

23 de marzo de 2023

Departamento

Comunidad Autónoma de Aragón

Temas

Aragón Bienes inmuebles Cesión de Derechos Empresas públicas Inventarios Organización de las Comunidades Autónomas Patrimonio cultural Patrimonio de las Comunidades Autónomas Registros administrativos Sociedades públicas

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Esta ley no tiene modificaciones registradas desde su publicación.

Decreto Legislativo 1/2023, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón

La disposición final decimoséptima de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa autorizaba al Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, aprobase, entre otros, y según consta en su apartado m) un texto refundido del vigente texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, que incluyera la regularización, aclaración y armonización de los textos legales que han de ser refundidos. Posteriormente, la Ley 2/2022, de 19 de mayo, de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa, en su disposición final segunda amplía ese mandato a un nuevo plazo de un año, desde su entrada en vigor.

De acuerdo con la citada habilitación, se ha procedido a elaborar este texto refundido, en el que se recopilan las tres normas que han modificado el vigente. En primer lugar, la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que incluyó la regulación del procedimiento administrativo para la sucesión legal a favor de esta Administración, ante el vacío legal producido por la modificación de la normativa básica estatal reguladora de esta materia contenida en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como una previsión relativa a la admisión de pujas a la baja en los procedimientos de enajenación de bienes. En segundo lugar, la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, por la que se modifica el trámite administrativo para la constitución o disolución de sociedades mercantiles autonómicas, y, finalmente, la Ley 6/2021, de 29 de junio, por la que se modifican el Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, y el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, en lo que afecta a la regulación de los inmuebles vacantes y los saldos y depósitos abandonados, por el que se añade una sección 2.ª bis al capítulo II del título II del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, en la que queda regulada la atribución a la Comunidad Autónoma de Aragón de los referidos inmuebles vacantes y saldos y depósitos abandonados

A la vista de estas modificaciones, se ha procedido a ajustar la numeración de los artículos, y, por lo tanto, las remisiones y concordancias entre ellos. Asimismo, se han actualizado las remisiones normativas a disposiciones que ya no se encuentran en vigor e igualmente se han introducido los cambios requeridos para la regularización, aclaración y armonización de los textos legales refundidos, teniendo presente que la capacidad de innovación a través de este texto puede llegar a tales supuestos, por cuanto la autorización al Gobierno de Aragón no se circunscribe a la mera formulación de un texto único. Finalmente, se ha revisado el texto para conseguir un uso integrador y no sexista del lenguaje, siguiendo los criterios marcados por la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.

En la tramitación de este Decreto Legislativo se han observado y cumplimentado los distintos trámites e informes previstos en la normativa aplicable. En concreto, se ha remitido el texto a las secretarías generales técnicas de los departamentos del Gobierno de Aragón, se han emitido los informes de evaluación de impacto de género y de discapacidad, el informe de la Secretaría General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos y se ha emitido dictamen del Consejo Consultivo de Aragón.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión de 22 de febrero de 2023, dispongo:

Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Remisiones.

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En resumen

Las referencias a la Ley del Patrimonio de Aragón aprobada en 2013 se entienden hechas al nuevo texto refundido aprobado por este decreto.

Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias al texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, se entenderán hechas a este texto refundido.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

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En resumen

Se derogan el Decreto Legislativo 4/2013, el artículo 33 de la Ley 2/2016, la disposición final primera de la Ley 5/2021 y el artículo Segundo de la Ley 6/2021, junto con cuantas normas se opongan al Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.

Quedan derogadas las siguientes normas y cuantas otras se opongan a lo dispuesto en el presente Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón:

– Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.

– Artículo 33 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

– Disposición final primera de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.

– Artículo Segundo de la Ley 6/2021, de 29 de junio, por la que se modifican el Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, y el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

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En resumen

El Gobierno de Aragón dicta normas reglamentarias para aplicar esta ley. Se autoriza al titular del departamento de patrimonio para regular el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la gestión y protección del patrimonio de Aragón.

El Gobierno de Aragón podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.
Se autoriza a la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio para regular los procedimientos y sistemas que permitan la aplicación de medios electrónicos, informáticos y telemáticos a la gestión patrimonial y a la protección y defensa del patrimonio de Aragón.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Este Decreto Legislativo y el texto refundido que se aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Zaragoza, 22 de febrero de 2023.–El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés.–El Consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón.

ANEXO. Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón

TÍTULO I. Disposiciones generales

Son bienes y derechos de dominio público del patrimonio de Aragón aquellos que, siendo de la titularidad de alguna de las entidades señaladas en el artículo 2 de esta ley:

a) Se encuentren afectados al uso general o al servicio público.

b) Una ley les otorgue expresamente tal carácter.

c) Se destinen a servicios, oficinas o dependencias de sus órganos.

Artículo 5. Bienes y derechos de dominio privado.

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En resumen

Son bienes privados los no públicos de titularidad autonómica. Incluyen arrendamientos, valores, participaciones y derechos derivativos. Se rigen por derecho administrativo en procedimiento y privado en el resto.

Son bienes y derechos de dominio privado del patrimonio de Aragón aquellos que, siendo de la titularidad de alguna de las entidades señaladas en el artículo 2 de esta ley, no tengan el carácter de dominio público.
En todo caso, tendrán la consideración de bienes y derechos de dominio privado los derechos de arrendamiento, los valores mobiliarios, las participaciones sociales y los instrumentos financieros de titularidad autonómica, los derechos de propiedad incorporal, y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos de dominio privado.
Supletoriamente, se regirán por las normas generales del derecho administrativo en las cuestiones de competencia y procedimiento y por el derecho privado en los restantes aspectos.

CAPÍTULO II. Competencias generales

Artículo 6. Gobierno de Aragón.

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En resumen

El Gobierno de Aragón define la política patrimonial, establece criterios de coordinación con otras políticas y puede avocar la autorización de actos de adquisición, enajenación y administración de bienes.

Además de ejercer las competencias específicas que le atribuye esta ley, corresponde al Gobierno de Aragón, mediante acuerdo adoptado a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio:

a) Definir la política patrimonial de la Comunidad Autónoma.

b) Establecer criterios para la coordinación de las actuaciones patrimoniales públicas, en especial con las políticas de consolidación presupuestaria, modernización administrativa y vivienda.

c) Avocar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier acto de adquisición, enajenación y administración de bienes y derechos del patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 7. Departamento competente en materia de patrimonio.

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En resumen

El titular del departamento competente propone al Gobierno, vela por la política patrimonial, representa a la Administración, designa representantes en órganos públicos, informa convenios con inmuebles y ejerce atribuciones no conferidas. La Dirección General tramita asuntos y recaba datos sobre el

Corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, además de ejercer las competencias específicas que le atribuye esta ley:

a) Elevar al Gobierno de Aragón propuestas en las materias previstas en el artículo anterior.

b) Velar por el cumplimiento de la política patrimonial del Gobierno de Aragón y de los criterios para la coordinación de las actuaciones patrimoniales públicas establecidos por el mismo, a cuyo fin podrá dictar instrucciones y circulares dirigidas a los restantes departamentos y organismos públicos.

c) Representar, por sí o a través de los órganos de su departamento, a la Administración de la Comunidad Autónoma en las actuaciones relativas al patrimonio de la misma.

d) Proponer, en su caso, al Gobierno la designación de una persona que represente a su departamento en el órgano colegiado superior de los organismos públicos, las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones que utilicen bienes o derechos del patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma. En el caso de las fundaciones ostentará la condición de patrono, previa aceptación del cargo según lo dispuesto en su normativa reguladora.

e) Informar, previa y preceptivamente a su celebración, los convenios, contratos y demás negocios jurídicos que afecten a bienes inmuebles y derechos sobre los mismos que integren o hayan de integrar el patrimonio de Aragón.

f) Ejercer cuantas atribuciones administrativas relativas a la aplicación de esta ley no se encuentren expresamente conferidas en la misma a otra autoridad.

Corresponde a la dirección general competente en materia de patrimonio, además de ejercer las competencias específicas que le atribuye esta ley:

a) Tramitar los asuntos atribuidos a la competencia de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio.

b) Recabar de los restantes departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de sus organismos públicos, de las sociedades mercantiles autonómicas, de los consorcios, de las fundaciones del sector público autonómico y de los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma cuantos datos considere necesarios sobre el uso y situación de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón que tuvieran afectados o adscritos, de los que utilicen en arrendamiento o de los que fueran de su propiedad.

Artículo 8. Restantes departamentos y organismos públicos.

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En resumen

Los departamentos y organismos públicos aplican instrucciones de patrimonio, gestionan bienes afectados (asegurando muebles; inmuebles, centralizado) y solicitan datos. En organismos, ejercen competencias los órganos directivos según sus normas.

Corresponde a los restantes departamentos y organismos públicos, además de ejercer las competencias específicas que les atribuye esta ley:

a) Aplicar las instrucciones y circulares dictadas por la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio de Aragón.

b) Ejercer las funciones relativas a la protección, conservación y administración de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón que tengan afectados o adscritos. Se entiende por bienes afectados a los departamentos u organismos públicos los que lo estén a los usos o servicios públicos de su respectiva competencia.

Igualmente, respecto a esos bienes, compete a los departamentos y organismos públicos el aseguramiento de los bienes muebles. El aseguramiento de los bienes inmuebles se gestionará de forma centralizada para toda la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por el departamento competente en materia de organización y servicios.

c) Solicitar del departamento competente en materia de patrimonio cuantos datos estimen necesarios para la mejor utilización de los bienes que tuvieran afectados o adscritos.

En los organismos públicos, ejercerán las potestades y derechos regulados en esta ley los órganos que tengan atribuida la competencia correspondiente según sus normas específicas, y, en defecto de tal atribución, quienes sean titulares de su dirección o gerencia.

En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, será órgano competente para celebrar los convenios a los que se refieren los artículos anteriores la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, con la autorización del Gobierno de Aragón en los casos en los que el ordenamiento jurídico así lo exija.
Quienes sean titulares de los departamentos podrán celebrar convenios para la ordenación de las facultades que les correspondan, sobre los bienes que tuvieran afectados, previo informe favorable del departamento competente en materia de patrimonio, y autorización del Gobierno de Aragón en los casos en los que el ordenamiento jurídico así lo exija.
En el caso de los organismos públicos, los órganos competentes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.2 de esta ley celebrarán los expresados convenios, con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior. No obstante, no será necesaria autorización del Gobierno de Aragón cuando se trate de bienes adquiridos por los organismos públicos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares.

TÍTULO II. Adquisición y transmisión

No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del patrimonio de Aragón, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, sino mediante decreto acordado por el Gobierno de Aragón a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, previo dictamen del Consejo Consultivo de Aragón.

CAPÍTULO II. Adquisición

Sección 1.ª Adquisiciones a título gratuito

Artículo 20. Adquisiciones hereditarias.

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En resumen

La Comunidad Autónoma de Aragón puede adquirir herencias testamentarias, por pacto o ley. Si el beneficiario es un órgano sin patrimonio, se respeta la voluntad del causante. Si el órgano desapareció, la herencia va al que asume sus funciones o a la Administración. La sucesión legal se rige por el C

La Comunidad Autónoma de Aragón podrá adquirir herencias, que le hayan sido deferidas testamentariamente, por pacto o en virtud de ley.
Las disposiciones por causa de muerte de bienes o derechos se entenderán deferidas a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma en los casos en que quien dispone de la herencia señale como beneficiario a alguno de sus órganos o establecimientos, a los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma que carezcan de patrimonio propio o a la propia Comunidad Autónoma. En estos supuestos, se respetará la voluntad de quien dispone de la herencia, destinando los bienes o derechos a servicios propios de los órganos o instituciones designados como beneficiarios, siempre que esto fuera posible, y sin perjuicio de las condiciones o cargas modales a que pudiese estar supeditada la disposición, a las que se aplicarán las previsiones del apartado 3 del artículo siguiente.
Las disposiciones por causa de muerte a favor de organismos públicos u órganos autonómicos que hubiesen desaparecido en la fecha en que se abra la sucesión se entenderán hechas a favor de los que, dentro del ámbito autonómico, hubiesen asumido sus funciones, y, en su defecto, a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma.
La sucesión legal de la Administración de la Comunidad Autónoma se regirá por lo dispuesto en el Código de Derecho Foral de Aragón, la presente ley y la normativa básica estatal en materia de patrimonio.

Cuando a falta de otros herederos legales con arreglo al Derecho foral aragonés sea llamada a suceder la Administración de la Comunidad Autónoma, corresponderá a esta Administración efectuar en vía administrativa la declaración de su condición de heredera legal, una vez justificado debidamente el fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate, la procedencia de la apertura de la sucesión legal y constatada la ausencia de otros herederos legales.

Artículo 21. Procedimiento para la declaración de la Administración de la Comunidad Autónoma como heredera legal.

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En resumen

El procedimiento para declarar heredera a la Administración se inicia de oficio. Las autoridades deben comunicar fallecimientos. Se publica en el BOA y tablones por un mes. La Dirección General investiga. El Gobierno aprueba el Decreto en un año. Los actos solo son recurribles por competencia

El procedimiento para la declaración de la Administración como heredera legal se iniciará de oficio, por el Departamento competente en materia de patrimonio, ya sea por propia iniciativa o por denuncia de particulares, o por comunicación de autoridades o personal funcionario.
Las autoridades y personal funcionario de todas las Administraciones públicas que, por cualquier conducto, tengan conocimiento del fallecimiento de alguna persona, cuya sucesión legal se pueda deferir a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, están obligados a dar cuenta del fallecimiento al Departamento competente en materia de patrimonio, con indicación expresa, en el caso de que se conozca, de la existencia de los bienes y derechos integrantes del caudal relicto.
La incoación del procedimiento se aprobará mediante Orden de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio.
El expediente será instruido por la Dirección General competente en materia de patrimonio que, en caso de que considere que la tramitación del expediente no corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma, dará traslado del mismo a la Administración General del Estado o a la que resulte competente según la vecindad civil del o de la causante.
La Orden de incoación del procedimiento se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en la página web del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de difusión. Una copia de la Orden será remitida para su publicación en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio del o de la causante, al del lugar del fallecimiento y donde radiquen la mayor parte de sus bienes. Los edictos deberán estar expuestos durante el plazo de un mes. A su vez, se comunicará directamente a las personas arrendatarias y arrendadoras conocidas y manifiestas del o de la causante, así como a quienes sean titulares de derechos reales sobre los bienes del o de la causante. Cualquier persona interesada podrá presentar alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio con anterioridad a la resolución del procedimiento.
La Dirección General competente en materia de patrimonio realizará los actos y comprobaciones que resulten necesarios para determinar la procedencia de los derechos sucesorios de la Administración de la Comunidad Autónoma, e incluirá en el expediente cuantos datos pueda obtener sobre el o la causante y sus bienes y derechos. A estos efectos, se solicitará de las autoridades y personal funcionario, registros y demás archivos públicos, la información sobre el causante y los bienes y derechos de su titularidad que se estime necesaria para la mejor instrucción del expediente. Dicha información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71, será facilitada de forma gratuita.
Una vez recabados los datos sobre el o la causante y sus bienes y derechos, se someterá el expediente, junto con la propuesta de Decreto de resolución del procedimiento, a los Letrados de los Servicios Jurídicos para la emisión de informe sobre la adecuación y suficiencia de las actuaciones practicadas para declarar a la Administración de la Comunidad Autónoma como heredera legal.
La resolución del procedimiento corresponde al Gobierno de Aragón, mediante la aprobación del Decreto en el que se acuerde la declaración de heredera legal a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma, que contendrá la adjudicación administrativa de los bienes y derechos de la herencia, o la improcedencia de dicha declaración por los motivos que resulten acreditados en el expediente. El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de un año.
El Decreto de resolución del procedimiento deberá publicarse en los mismos sitios en los que se hubiera anunciado el acuerdo de incoación del expediente y comunicarse, en su caso, al órgano judicial que estuviese conociendo de la intervención del caudal hereditario. La resolución que declare la improcedencia de declarar heredera a la Administración deberá, además, notificarse a las personas con derecho a heredar.
Los actos administrativos dictados en el procedimiento previsto en este artículo solo podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de las normas sobre competencia y procedimiento, previo agotamiento de la vía administrativa. Quienes se consideren perjudicados en cuanto a su mejor derecho a la herencia u otros de carácter civil por la declaración de heredera legal o la adjudicación de bienes a favor de la Administración podrán ejercitar las acciones pertinentes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.

Artículo 22. Efectos de la declaración de heredera legal.

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En resumen

La declaración implica aceptar la herencia. Si las deudas superan los bienes, el Gobierno puede repudiarla. Bienes no inventariados se incorporan mediante Orden o Resolución. La declaración sirve para inscribir inmuebles en el Registro de la Propiedad. No hay responsabilidad hasta la posesión

Realizada la declaración administrativa de heredera legal, se entenderá aceptada la herencia y se podrá proceder a tomar posesión de los bienes y derechos del o de la causante.
En el supuesto de que quede acreditado en el procedimiento que el valor de las deudas del o de la causante es superior al valor de los bienes o derechos a heredar por la Administración de la Comunidad Autónoma, mediante acuerdo del Gobierno de Aragón y previo informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, se aprobará la repudiación de la herencia con los efectos previstos en la legislación civil.
Los bienes y derechos del o de la causante no incluidos en el inventario y que se identifiquen con posterioridad a la declaración de la Administración de la Comunidad Autónoma como heredera legal y a la adjudicación de los bienes y derechos hereditarios, se incorporarán al caudal hereditario y se adjudicarán por Orden de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio y mediante el procedimiento de investigación regulado en el artículo 81.

No obstante, en los casos en que el derecho de propiedad del causante constase en registros públicos o sistemas de anotaciones en cuenta, o derivase de la titularidad de cuentas bancarias, títulos valores, depósitos y, en general, en cualesquiera supuestos en los que su derecho sea indubitado por estar asentado en una titularidad formal, la incorporación de los bienes se realizará por Resolución de la Dirección General competente en materia de patrimonio.

A los efectos de estas actuaciones de investigación, las autoridades y personal funcionario, registros y demás archivos públicos, deberán suministrar gratuitamente la información de que dispongan sobre los bienes y derechos de titularidad del causante. Igual obligación de colaborar y suministrar la información de que dispongan tendrán los órganos de la Administración tributaria.
A los efectos previstos en los artículos 14 y 16 de la Ley Hipotecaria, la declaración administrativa de heredera legal en la que se contenga la adjudicación de los bienes hereditarios o, en su caso, las resoluciones posteriores de la Dirección General competente en materia de patrimonio acordando la incorporación de bienes y derechos al caudal relicto y su adjudicación, serán título suficiente para inscribir a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma en el Registro de la Propiedad los inmuebles o derechos reales que figurasen en las mismas a nombre del o de la causante. Si los inmuebles o derechos reales no estuviesen previamente inscritos, dicho título será bastante para proceder a su inmatriculación.
No se derivarán responsabilidades para la Administración de la Comunidad Autónoma por razón de la titularidad de los bienes y derechos integrantes del caudal hereditario hasta el momento en que se tome posesión efectiva de los mismos.
La liquidación del caudal hereditario y su distribución a favor de establecimientos de asistencia social de la Comunidad Autónoma se realizará conforme al Código de Derecho Foral de Aragón, a la presente ley y a su normativa reglamentaria de desarrollo.

Artículo 23. Aceptación.

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En resumen

El Gobierno acepta o repudia herencias mediante Decreto, salvo bienes muebles. Solo se aceptan con cargas si el valor no excede lo adquirido o por interés público. Las condiciones de afectación se cumplen a los 30 años. Los funcionarios deben comunicar testamentos o donaciones al departamento

Corresponde al Gobierno de Aragón, mediante decreto, aceptar o repudiar las herencias, legados y donaciones a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos, salvo cuando el objeto del legado o donación sean bienes muebles, en cuyo caso la competencia para su aceptación corresponderá a la persona titular del departamento competente por razón de la materia.
Sólo podrán aceptarse herencias, legados o donaciones que lleven aparejados gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, según tasación pericial. Cuando el gravamen excediese el valor del bien, la disposición sólo podrá aceptarse si concurren razones de interés público debidamente justificadas.
Si los bienes se hubieran adquirido bajo condición o modo de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando, durante treinta años, hubieren servido a tales destinos, aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público.

[Nota del BOE: Véase, en cuanto a la aplicación del apartado 3, lo establecido en ladisposición transitoria única, de la presente norma.]

Los que, por razón de su cargo o empleo público, tuvieren noticia de la existencia de algún testamento u oferta de donación a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma estarán obligados a ponerlo en conocimiento del departamento competente en materia de patrimonio. Si la disposición fuese a favor de un organismo público, deberán comunicarlo a éste.
La puesta a disposición de bienes inmuebles de otras Administraciones públicas, sin transmisión de derechos reales, a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón debe ser aceptada por el departamento competente en materia de patrimonio, previo informe técnico de las cargas y gravámenes que, en su caso, hubiera.

En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a salvo la regulación de las propiedades administrativas especiales, la competencia para adquirir a título oneroso bienes inmuebles o derechos sobre los mismos corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, que podrá ejercerla por propia iniciativa cuando lo estime conveniente para atender a las necesidades que, según las previsiones efectuadas, puedan surgir en el futuro, o a petición razonada del departamento interesado, a la que deberá acompañarse, cuando se proponga la adquisición directa de inmuebles o derechos sobre los mismos, la correspondiente tasación. La tramitación del procedimiento corresponderá al departamento competente en materia de patrimonio.
La adquisición de inmuebles o derechos sobre los mismos por los organismos públicos se efectuará por el órgano que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley, previo informe favorable de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio.
Al expediente de adquisición deberán incorporarse los siguientes documentos:

a) Una memoria en la que se justificará la necesidad o conveniencia de la adquisición, el fin o fines a que pretende destinarse el inmueble y el procedimiento de adjudicación que, conforme a lo establecido en el apartado siguiente y de forma justificada, se proponga seguir.

b) La tasación del bien o derecho, debidamente motivada.

La adquisición tendrá lugar por licitación pública, con adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa mediante pluralidad de criterios, salvo que se acuerde la adquisición directa en los siguientes supuestos:

a) Cuando lo justifiquen las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien.

b) Cuando el vendedor sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público.

c) Cuando fuera declarada desierta la licitación pública mediante adjudicación con pluralidad de criterios promovida para la adquisición.

d) Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio.

e) Cuando la adquisición se efectúe en virtud del ejercicio de un derecho de adquisición preferente establecido en una ley.

Si la adquisición se hubiese de realizar por adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa mediante pluralidad de criterios, la correspondiente convocatoria se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial de Aragón y en la página web del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de los demás medios de publicidad que pudieran utilizarse.
El pago del precio de la adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años, con sujeción en todo caso a los límites previstos en la legislación presupuestaria.
La adquisición por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de bienes inmuebles sitos en el extranjero y derechos sobre los mismos se someterá a estas mismas reglas.

Artículo 27. Edificios en construcción.

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En resumen

Adquisición excepcional de edificios en construcción: valor suelo/obra > pendiente. Precio cierto. Pago inicial solo por obra realizada. Plazo máx. 2 años. Garantía de entrega. El titular del departamento de patrimonio autoriza.

La adquisición de inmuebles en construcción por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos podrá acordarse de manera excepcional por causas debidamente justificadas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) El valor del suelo y de la parte del edificio ya edificada debe ser superior al de la porción que se encuentra pendiente de construcción.

b) La adquisición deberá acordarse por un precio determinado o actualizable según parámetros ciertos.

c) En el momento de firma de la escritura pública de adquisición, sin perjuicio de los aplazamientos que puedan concertarse, sólo podrá abonarse el importe correspondiente al suelo y a la obra realizada, según certificación de los servicios técnicos correspondientes.

d) El resto del precio podrá abonarse a la entrega del inmueble o contra las correspondientes certificaciones de obra conformadas por los servicios técnicos.

e) El plazo previsto para su terminación y entrega a la Administración pública adquirente no podrá exceder de dos años.

f) El vendedor deberá garantizar suficientemente la entrega del edificio terminado en el plazo y condiciones pactados.

g) El adquirente deberá establecer los mecanismos necesarios para asegurar que el inmueble se ajusta a las condiciones estipuladas.

La adquisición de inmuebles en construcción por la Administración de la Comunidad Autónoma será acordada por la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio. Asimismo, deberá emitir informe previo favorable a la adquisición de inmuebles por los organismos públicos.
Podrán adquirirse edificios en construcción mediante la entrega, total o parcial, de otros bienes inmuebles o derechos sobre los mismos en las condiciones señaladas en el apartado 1 anterior.

Artículo 28. Adquisición de bienes por reducción de capital y otras operaciones.

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En resumen

La Administración puede adquirir bienes por reducción de capital o restitución a fundaciones. Se requiere firmar un acta de entrega entre un representante del departamento de patrimonio y la entidad.

La Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos podrán adquirir bienes y derechos como consecuencia de una operación de liquidación o de reducción del capital social de sociedades o de fondos propios de organismos públicos, o por restitución de aportaciones a fundaciones, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación aplicable a cada una de estas entidades.
La incorporación al patrimonio de Aragón requerirá la firma de un acta de entrega entre un representante del departamento competente en materia de patrimonio o del organismo público y otro de la sociedad, entidad o fundación de cuyo capital o fondos propios proceda el bien o derecho.

Artículo 29. Bienes muebles.

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En resumen

La adquisición de bienes muebles sigue la legislación de contratación pública. Los bienes del Patrimonio Cultural de Aragón se adquieren por el departamento de cultura aplicando normas de inmuebles.

La adquisición de bienes muebles por la Administración de la Comunidad Autónoma o los organismos autónomos se regirá por la legislación que regula la contratación del sector público.

La competencia para disponer esta adquisición corresponde a la persona titular del departamento que haya de utilizar o servirse de esos bienes.

Asimismo, la adquisición de bienes muebles por las entidades de derecho público se regirá por la legislación que regula la contratación del sector público en los supuestos en que ésta resulte de aplicación y, en su defecto, por lo establecido en sus normas específicas.
No obstante lo anterior, tendrán la consideración de contratos patrimoniales las adquisiciones de bienes muebles que integren o hayan de integrar el Patrimonio Cultural de Aragón.

En estos casos, la adquisición se efectuará por el departamento competente en materia de cultura, siendo de aplicación lo dispuesto en esta ley para la adquisición de bienes inmuebles, en cuanto no sea incompatible con la naturaleza de los mismos, y sin perjuicio de las especialidades establecidas en su normativa específica.

Artículo 30. Propiedad incorporal.

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En resumen

La adquisición de derechos de propiedad incorporal la realiza el titular del departamento de patrimonio, a propuesta del interesado. Para organismos públicos, son competentes los del artículo 8.2. Se aplica la normativa de inmuebles si no es incompatible.

La adquisición de los derechos de propiedad incorporal por la Administración de la Comunidad Autónoma se efectuará por la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, a propuesta, en su caso, del departamento interesado en la misma.
En el caso de organismos públicos, serán órganos competentes para la adquisición de los derechos de propiedad incorporal los indicados en el artículo 8.2 de esta ley.
En cuanto no sea incompatible con la naturaleza de estos derechos, será de aplicación a estas adquisiciones lo establecido en esta ley para la adquisición de inmuebles y derechos sobre los mismos.

Artículo 31. Adjudicación de bienes en procedimientos de ejecución.

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En resumen

Las adjudicaciones en apremio administrativo se rigen por la normativa de recaudación. En ejecución judicial, el letrado debe informar al departamento de patrimonio sobre los plazos para solicitar la adjudicación de bienes embargados.

Las adquisiciones de bienes y derechos en virtud de adjudicaciones acordadas en procedimientos de apremio administrativo se regirán por lo dispuesto en la normativa de recaudación.
En los procedimientos judiciales de ejecución de los que puedan seguirse adjudicaciones de bienes y derechos a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma, el letrado representante de ésta pondrá inmediatamente en conocimiento del departamento competente en materia de patrimonio la apertura de los plazos para pedir la adjudicación de los bienes embargados, a fin de que por el mismo se acuerde lo que proceda sobre la oportunidad de solicitar dicha adjudicación.

Artículo 32. Otras adjudicaciones.

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En resumen

Otras adjudicaciones se rigen por sus disposiciones y esta ley. Requieren informe previo del departamento de patrimonio con descripción del bien. Tras notificación, se identifican y tasán los bienes para su incorporación al patrimonio.

Las adjudicaciones judiciales o administrativas de bienes o derechos en supuestos distintos de los previstos en el artículo anterior se regirán por lo establecido en las disposiciones que las prevean y por esta ley.
En defecto de previsiones especiales, en las adjudicaciones de bienes a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma se observarán las siguientes reglas:

a) No podrán acordarse adjudicaciones a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma sin previo informe del departamento competente en materia de patrimonio. A estos efectos, deberá cursarse la correspondiente comunicación a este departamento, en la que se hará constar una descripción suficientemente precisa del bien o derecho objeto de adjudicación, con indicación de las cargas que recaigan sobre él y su situación posesoria.

b) La adjudicación deberá notificarse al departamento competente en materia de patrimonio, con traslado del auto, providencia o acuerdo respectivo.

c) El departamento competente en materia de patrimonio dispondrá lo necesario para que se proceda a la identificación de los bienes adjudicados y a su tasación pericial.

d) Practicadas estas diligencias, se formalizará, en su caso, la incorporación al patrimonio de Aragón de los bienes y derechos adjudicados.

A falta de previsiones específicas, en las adjudicaciones a favor de los organismos públicos se observarán las reglas establecidas en el apartado anterior, si bien actuará como órgano competente el que proceda conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley.

Artículo 33. Adquisición derivada del ejercicio de la potestad expropiatoria.

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En resumen

Si se expropia un bien propio, se consulta el cambio de destino. Este se tramita mediante mutación o adscripción. El departamento debe instar su alta en inventario, inscripción registral e incorporación al Catastro Inmobiliario.

Cuando, en el ejercicio de la potestad expropiatoria por la Administración de la Comunidad Autónoma, figure en la relación de bienes y derechos a expropiar alguno que sea de titularidad de la misma o de sus organismos públicos, se notificará dicho extremo por el departamento interesado a la dirección general competente en materia de patrimonio, que formulará consulta al departamento que lo tuviera afectado o al organismo que lo tuviera adscrito, fuera su propietario o le correspondiera su gestión, con el fin de determinar la viabilidad del cambio de destino.
Dicho cambio se tramitará, en su caso, mediante un procedimiento de mutación, afectación o adscripción, en favor del departamento que esté ejercitando la potestad expropiatoria o del organismo público beneficiario de la expropiación.
Corresponderá al departamento u organismo que hubiera adquirido un bien o derecho en ejercicio de la potestad expropiatoria instar su alta en inventario, en la forma y con las menciones establecidas en la ley y, en su caso, proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad o registro correspondiente, e incorporación al Catastro Inmobiliario.

Sección 3.ª Adquisiciones por ministerio de la Ley

Artículo 34. Inmuebles vacantes.

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En resumen

Los inmuebles vacantes en Aragón pertenecen a la Comunidad Autónoma por ley. No hay obligaciones tributarias hasta su incorporación oficial al patrimonio, tras expediente. La toma de posesión es administrativa si no hay poseedores o judicial si los hay.

Conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 598 bis del Código del Derecho Foral de Aragón, los bienes inmuebles vacantes situados en territorio aragonés pertenecen por ministerio de la ley a la Comunidad Autónoma. No obstante, no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades para ella por razón de la propiedad de estos bienes en tanto no se produzca la efectiva incorporación de los mismos al patrimonio de Aragón, previa tramitación de expediente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 81 de este texto refundido.
La Comunidad Autónoma podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos en vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por persona alguna a título de propietaria, y sin perjuicio de los derechos de terceras personas.
Si existiese una persona poseedora en concepto de propietaria, la Comunidad Autónoma habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil.

Artículo 35. Saldos y depósitos abandonados.

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En resumen

Los saldos y depósitos abandonados durante 20 años pertenecen a la Comunidad Autónoma. Las entidades deben comunicar su existencia. Su incorporación y gestión sigue el procedimiento del artículo 81, correspondiendo al departamento de patrimonio.

Conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 598 bis del Código del Derecho Foral de Aragón, pertenecen por ministerio de la ley a la Comunidad Autónoma los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por las personas interesadas que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años.
Las entidades depositarias están obligadas a comunicar al Departamento competente en materia de patrimonio la existencia de estos bienes en la forma que se determine por la persona titular del Departamento.
En los informes de auditoría que se emitan en relación con las cuentas de estas entidades, se hará constar, en su caso, la existencia de estos bienes.
La incorporación de estos bienes al patrimonio de Aragón se realizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 81 de este texto refundido.
La gestión, administración y explotación de estos bienes corresponderá al Departamento competente en materia de patrimonio, el cual podrá enajenarlos de conformidad con lo dispuesto en este texto refundido, según la naturaleza de los bienes de que se trate.

Para la conclusión de contratos de arrendamiento financiero y otros contratos mixtos de arrendamiento con opción de compra, se aplicarán las normas de competencia y procedimiento establecidas para la adquisición de inmuebles.
A los efectos previstos en la legislación presupuestaria, los contratos de arrendamiento con opción de compra, arrendamiento financiero y contratos mixtos a que se refiere el apartado precedente se reputarán contratos de arrendamiento.

CAPÍTULO III. Transmisión

El ofrecimiento y tramitación de los derechos de reversión, cuando proceda, serán efectuados, previa depuración de la situación física y jurídica de los bienes, por el departamento u organismo público que hubiera instado la expropiación, aunque el bien hubiera sido posteriormente afectado o adscrito a otro distinto. A estos efectos, el departamento u organismo público al que posteriormente se hubiesen afectado o adscrito los bienes comunicará al que hubiese instado la expropiación el acaecimiento del supuesto que dé origen al derecho de reversión.
El reconocimiento del derecho de reversión llevará implícita la desafectación del bien o derecho a que se refiera. No obstante, hasta tanto se proceda a la ejecución del acuerdo, corresponderá al departamento u organismo a que estuviese afectado o adscrito el bien o derecho objeto de la reversión proveer lo necesario para su defensa y conservación.
De no consumarse la reversión, la desafectación del bien o derecho se efectuará de conformidad con lo dispuesto con carácter general en el Capítulo I del Título IV de esta ley.

Artículo 47. Cargas y gravámenes.

Se enajenan por licitación con precio como único criterio bienes inadecuados para políticas públicas (ej. suelo no urbanizable, viviendas vacías sin protección). La licitación es al alza o, excepcionalmente, a la baja (ofertas mín. 75%). Si falla la adjudicación, se vende al siguiente mejor postor o

Se enajenarán mediante licitación pública, con el precio como único criterio de adjudicación, aquellos bienes inmuebles o derechos sobre los mismos que, por su ubicación, naturaleza o características, sean inadecuados para atender las directrices derivadas de las políticas públicas y, en particular, de la política de vivienda.

Específicamente, se podrá acudir a la licitación, con el precio como único criterio de adjudicación, para la enajenación de los siguientes tipos de inmuebles:

a) Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, según la legislación urbanística de Aragón.

b) Las viviendas vacías que no se inserten en grupos o conjuntos homogéneos que requieran un tratamiento jurídico singular, y no estén sujetas a ningún régimen de protección.

La licitación mediante adjudicación por precio podrá celebrarse al alza o, excepcionalmente, a la baja, cuando concurran circunstancias debidamente acreditadas que así lo aconsejen, y siempre que las ofertas cubran, como mínimo, el 75 por 100 del tipo de licitación.

En su caso, se admitirá la presentación de posturas en sobre cerrado y podrá acudirse igualmente a sistemas de subasta electrónica.

La modalidad de la licitación, con el precio como único criterio de adjudicación, se determinará atendiendo a las circunstancias de la enajenación, la cual se efectuará a favor de quien presente la oferta económica más ventajosa.

En el caso de que la adjudicación resulte fallida al no poder formalizarse el contrato por causa imputable al adjudicatario, la venta podrá realizarse a favor de la persona o entidad licitadora que hubiese presentado la siguiente oferta más ventajosa o proceder a la venta directa del bien, siempre que en ambos casos no hubiere transcurrido más de un año desde la celebración de la licitación.

Artículo 52. Venta directa.

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En resumen

La venta directa se permite a administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro de utilidad pública, para servicios públicos, si la licitación fue desierta/fallida (en 1 año), a colindantes de solares inedificables o fincas rústicas no explotables, copropietarios, titulares de adquisición pre

Se podrá acordar la venta directa en los siguientes supuestos:

a) Cuando la adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público.

b) Cuando la adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública o que ejerza funciones públicas por delegación de la Administración de la Comunidad Autónoma, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida.

c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en las letras a) y b).

d) Cuando fuera declarada desierta la licitación pública promovida para la enajenación o ésta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de la misma. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación.

e) Cuando se trate de solares que, por su forma o pequeña extensión, resulten inedificables y la venta se realice a un propietario colindante.

f) Cuando se trate de fincas rústicas que no constituyan patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, ni lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante.

g) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios.

h) Cuando la venta se efectúe a favor de quien sea titular de un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal.

i) Cuando, por razones excepcionales debidamente justificadas, se considere conveniente efectuar la venta a favor de quien ocupe el inmueble.

En los supuestos de venta directa, podrá admitirse la entrega de otros inmuebles o derechos sobre los mismos en pago de parte del precio de venta siempre que el valor de lo entregado no supere el 50 por ciento del valor de lo adquirido
Cuando varios interesados se encontraran en un mismo supuesto de adjudicación directa, se resolverá la misma atendiendo al interés general concurrente en el caso concreto.

Artículo 53. Procedimiento.

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En resumen

La venta de bienes inmuebles se instruye por el departamento de patrimonio. Se publica en el BOA y web del Gobierno. Requiere garantía del 25% del precio. La suspensión solo la ordena el titular del departamento.

El expediente de venta de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al patrimonio de Aragón será instruido por el departamento competente en materia de patrimonio o por el órgano competente del organismo público, según proceda, que lo iniciará de oficio, por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada en la adquisición, siempre que considere, justificándolo debidamente en el expediente, que el bien o derecho no es necesario para el uso general o el servicio público ni resulta conveniente su explotación. El acuerdo de incoación del procedimiento llevará implícita la declaración de alienabilidad de los bienes a que se refiera.
El tipo de licitación para la adjudicación con el precio como único criterio o el precio de la adjudicación directa se fijarán por el órgano competente para la venta, de acuerdo con la tasación aprobada. De igual forma, los pliegos que han de regir la licitación por adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa mediante pluralidad de criterios determinarán los que hayan de tenerse en cuenta en la adjudicación, atendiendo a las directrices que resulten de las políticas públicas de cuya aplicación se trate. En todo caso, los pliegos harán referencia, por lo menos, a la situación física, jurídica y registral de la finca.
La participación en procedimientos de adjudicación requerirá la prestación de garantía por el importe de una cuarta parte del tipo de licitación pública o del precio de venta directa.
La convocatoria del procedimiento de venta se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial de Aragón, en la página web del Gobierno de Aragón, y se remitirá al ayuntamiento del correspondiente término municipal para su exhibición en el tablón de anuncios, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar, además, otros medios de publicidad, atendidas la naturaleza y características del bien.

El departamento competente en materia de patrimonio, o el órgano competente del organismo público determinado conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley, según proceda, podrá establecer otros mecanismos complementarios tendentes a difundir información sobre los bienes inmuebles o derechos reales en proceso de venta, incluida la creación, con sujeción a las previsiones de la legislación de protección de datos de carácter personal, de ficheros con los datos de las personas que voluntaria y expresamente soliciten les sea remitida información sobre dichos bienes.

La suspensión del procedimiento, una vez realizado el anuncio, sólo podrá efectuarse por orden de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio cuando se trate de bienes de la Administración de la Comunidad Autónoma, o por acuerdo del órgano competente de los organismos públicos, determinado conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley, cuando se trate de bienes propios de éstos, con fundamento en documentos fehacientes o hechos acreditados que prueben la improcedencia de la venta.
El órgano competente para la enajenación del bien, según lo dispuesto en el artículo 48, acordará, previo informe de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, la venta o su improcedencia, si considerasen perjudicial para el interés público la adjudicación en las condiciones propuestas o si, por razones sobrevenidas, considerasen necesario el bien para el cumplimiento de fines públicos, sin que la instrucción del expediente, la celebración de la licitación o la valoración de las proposiciones presentadas generen derecho alguno para quienes optaron a su compra, salvo la devolución de la garantía prestada.

Artículo 54. Aportación a juntas de compensación.

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En resumen

La Administración puede aportar inmuebles a juntas de compensación urbanísticas. Si los usos no son compatibles, se debe proponer la desafectación de los bienes si no son imprescindibles para sus fines.

La incorporación de la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos a juntas de compensación por la aportación de inmuebles o derechos sobre los mismos pertenecientes al patrimonio de Aragón se regirá por la legislación urbanística vigente, previa adhesión expresa. Corresponderá el otorgamiento de la escritura pública de adhesión y la realización de los distintos actos que requiera dicha participación a la dirección general competente en materia de patrimonio.
En el caso de inmuebles afectados o adscritos que resulten incluidos en el ámbito de una junta de compensación en la que los usos previstos no resulten compatibles con los fines que motivaron la afectación o adscripción, los departamentos u organismos titulares deberán proponer su desafectación o desadscripción al departamento competente en materia de patrimonio, siempre que no sean imprescindibles para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 55. Inmuebles litigiosos.

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En resumen

Los inmuebles litigiosos se venden asumiendo riesgos. En licitación, el pliego detalla el litigio; en venta directa, el expediente lo acredita. La asunción de riesgos debe figurar en la escritura pública.

Podrán venderse inmuebles litigiosos del patrimonio de Aragón siempre que en la venta se observen las siguientes condiciones:

a) En el caso de venta mediante licitación pública, en el pliego de bases se hará mención expresa y detallada del objeto, partes y referencia del litigio concreto que afecta al bien, y deberá preverse la plena asunción, por quien resulte adjudicatario, de los riesgos y consecuencias que se deriven del litigio.

b) En los supuestos legalmente previstos de venta directa, constará en el expediente documentación acreditativa de que el adquirente conoce el objeto y el alcance del litigio, y que conoce y asume las consecuencias y riesgos derivados de tal litigio.

c) En los dos casos anteriores, la asunción por el adquirente de las consecuencias y riesgos derivados del litigio figurará necesariamente en la escritura pública en que se formalice la enajenación.

Si el litigio se plantease una vez iniciado el procedimiento de venta y éste se encontrase en una fase en la que no fuera posible el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, se retrotraerán las actuaciones hasta la fase que permita el cumplimiento de lo indicado.
El bien se considerará litigioso desde que el órgano competente para la venta tenga constancia formal del ejercicio, ante la jurisdicción que proceda, de la acción correspondiente y de su contenido.

El órgano competente para la enajenación de los derechos de propiedad incorporal de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma será la persona titular del departamento que los hubiese generado o que tuviese encomendada su administración y explotación, quien informará de la cesión al departamento competente en materia de patrimonio.
La enajenación de los derechos de propiedad incorporal de los organismos públicos se efectuará por el órgano competente conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley.
La enajenación se verificará por licitación pública con el precio como único criterio de adjudicación. No obstante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 52 de esta ley, la venta podrá efectuarse de forma directa.
Se aplicarán a las licitaciones de estos derechos las normas de procedimiento establecidas en el artículo 53 de esta ley

Sección 4.ª Permutas

Artículo 59. Admisibilidad.

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En resumen

Los bienes y derechos del patrimonio de Aragón pueden permutarse si el interés público lo justifica y la diferencia de valor tasado no supera el 50% del bien de mayor valor. Si supera ese límite, se tramita como enajenación con pago parcial en especie.

Los bienes y derechos del patrimonio de Aragón podrán ser permutados cuando, por razones debidamente justificadas en el expediente, resulte conveniente para el interés público y la diferencia de valor entre los bienes o derechos que se trate de permutar, según tasación, no sea superior al 50 por 100 del que lo tenga mayor. Si la diferencia fuese mayor, el expediente se tramitará como enajenación con pago de parte del precio en especie.

Artículo 60. Procedimiento.

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En resumen

La permuta sigue normas de venta, salvo licitación. El órgano competente puede invitar ofertas públicas vía BOA y web. La selección del adjudicatario se realiza según el pliego de condiciones.

Serán de aplicación a la permuta las normas previstas para la venta de inmuebles o de muebles, según proceda, salvo lo dispuesto en cuanto a la necesidad de convocar licitación pública para la adjudicación.
No obstante, el órgano competente para la permuta podrá instar la presentación de ofertas de inmuebles o derechos para permutar, mediante un acto de invitación al público al que se dará difusión a través del Boletín Oficial de Aragón, de la página web del Gobierno de Aragón, y de cualesquiera otros medios que se consideren adecuados.
En el caso de presentación de ofertas a través del procedimiento previsto en el apartado anterior, la selección del adjudicatario se realizará de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones previamente elaborado.

La cesión y la reversión, en su caso, se harán constar en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.
Si la cesión tuviese por objeto bienes inmuebles o derechos reales sobre ellos, se procederá a la práctica del correspondiente asiento a favor del cesionario en el Registro de la Propiedad.

En la inscripción se hará constar el fin al que deben dedicarse los bienes y cualesquiera otras condiciones y cargas que lleve aparejada la cesión, así como la advertencia de que el incumplimiento de las mismas dará lugar a su resolución.

El acto por el que se acuerde la resolución de la cesión y la reversión del bien o derecho será título suficiente para la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad o en los registros que procedan, así como para la reclamación, en su caso, del importe de los deterioros actualizado al momento en que se ejecute el acuerdo de reversión.

TÍTULO III. Protección y defensa

El departamento competente en materia de patrimonio podrá requerir a los órganos competentes en materia de catastro, a los registros de la propiedad y a los restantes registros o archivos públicos la información de que dispongan sobre los bienes o derechos del patrimonio de Aragón, así como todos aquellos datos o informaciones que sean necesarios para la adecuada gestión o actualización del Inventario General del Patrimonio de Aragón, o para el ejercicio de las potestades establecidas en la legislación estatal básica o de aplicación general para la defensa del patrimonio de las Administraciones públicas. De igual forma, podrán recabar esta información los organismos públicos respecto de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón que tengan adscritos o que les pertenezcan.

CAPÍTULO II. Inventario General del Patrimonio de Aragón

Artículo 72. Obligación.

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En resumen

El Inventario General incluye todos los bienes y derechos, excepto los adquiridos para devolverlos al tráfico jurídico o con inventario propio. Se registran datos necesarios para la administración y operaciones contables. Los valores mobiliarios se incluyen en un inventario auxiliar coordinado.

El Inventario General del Patrimonio de Aragón incluirá la totalidad de los bienes y derechos que se integran en el patrimonio de Aragón, con excepción de los que hayan sido adquiridos por los organismos públicos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares o para cumplir con los requisitos sobre provisiones técnicas obligatorias y, asimismo, de aquellos otros bienes y derechos cuyo inventario e identificación corresponda a los departamentos u organismos públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 73.3 de esta ley.
Respecto de cada bien o derecho se harán constar en el Inventario General aquellos datos que se consideren necesarios para su administración y, en todo caso, los correspondientes a las operaciones que, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de Aragón, den lugar a anotaciones en las rúbricas correspondientes del mismo.
Los valores mobiliarios, instrumentos financieros y participaciones sociales de titularidad autonómica definidos en el artículo 137 de esta ley quedarán reflejados en la correspondiente contabilidad patrimonial, de acuerdo con los principios y normas que les sean de aplicación, y se incluirán en un inventario de carácter auxiliar que deberá estar coordinado con el sistema de contabilidad patrimonial.

Artículo 73. Estructura y organización.

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En resumen

La dirección general lleva el inventario de inmuebles, derechos de arrendamiento, bienes muebles y valores. Las unidades de los departamentos llevan el de bienes de dominio público especial, muebles adquiridos y derechos incorporales. El inventario no es registro público ni surte efectos frente a第三.

El Inventario General del Patrimonio de Aragón está a cargo del departamento competente en materia de patrimonio; su llevanza corresponderá a la dirección general competente en materia de patrimonio y a las unidades con competencia en materia de gestión patrimonial de los diversos departamentos y organismos públicos, que actuarán como órganos auxiliares.
La dirección general competente en materia de patrimonio llevará directamente el inventario correspondiente a los siguientes bienes y derechos del patrimonio de Aragón, ya sean de dominio público o de dominio privado:

a) Los bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos.

b) Los derechos de arrendamiento y cualesquiera otros de carácter personal en virtud de los cuales se atribuya a la Administración de la Comunidad Autónoma o a sus organismos públicos el uso o disfrute de inmuebles ajenos.

c) Los bienes muebles y las propiedades incorporales cuyo inventario no corresponda llevar a los departamentos o a los organismos públicos.

d) Los valores mobiliarios, instrumentos financieros y participaciones sociales de titularidad autonómica definidos en el artículo 136 de esta ley.

Por las unidades competentes en materia patrimonial de los departamentos y organismos públicos, y sin perjuicio de los registros, catálogos o inventarios de bienes y derechos que estén obligados a llevar en virtud de normas especiales, se llevará el inventario de los siguientes bienes y derechos del patrimonio de Aragón:

a) Los bienes de dominio público sometidos a una legislación especial cuya administración y gestión tengan encomendadas.

b) Los bienes muebles adquiridos o utilizados por ellos.

c) Los derechos de propiedad incorporal adquiridos o generados por la actividad del departamento u organismo o cuya gestión tenga encomendada.

Igualmente, los departamentos y organismos públicos mantendrán un catálogo permanentemente actualizado de los bienes inmuebles y derechos reales que tengan afectados o adscritos, y de los arrendamientos concertados para alojar a sus órganos. Una copia de estos catálogos se remitirá anualmente al departamento competente en materia de patrimonio.

El Inventario General del Patrimonio de Aragón no tiene la consideración de registro público, y los datos reflejados en el mismo, así como los resultados de su agregación o explotación estadística, constituyen información de apoyo para la gestión interna y la definición de políticas de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos.

Estos datos no surtirán efectos frente a terceros ni podrán ser utilizados para hacer valer derechos frente a la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos.

La consulta por terceros de los datos del Inventario General sólo será procedente cuando formen parte de un expediente y de conformidad con las reglas generales de acceso a éstos.

Reglamentariamente se regularán las condiciones en que las Administraciones públicas podrán tener acceso al Inventario General del Patrimonio de Aragón respecto de los datos correspondientes a los bienes sitos en el territorio a que se extiendan sus competencias.
De igual forma, se regularán reglamentariamente los términos en que el departamento competente en materia de patrimonio facilitará, a efectos informativos, el acceso de la ciudadanía a los datos más relevantes del Inventario General del Patrimonio de Aragón.

Artículo 74. Formación y actualización.

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En resumen

Las unidades de gestión patrimonial deben inscribir inmediatamente hechos y actos en el Inventario General y notificar a la dirección general los cambios que afecten la situación jurídica o física de los bienes. El titular del departamento puede dar instrucciones y recabar datos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo anterior, las unidades competentes en materia de gestión patrimonial adoptarán las medidas oportunas para la inmediata constancia en el Inventario General del Patrimonio de Aragón de los hechos, actos o negocios relativos a los bienes y derechos de su competencia, y notificarán a la dirección general competente en materia de patrimonio los hechos, actos y negocios que puedan afectar a la situación jurídica y física de los bienes y derechos cuyo inventario corresponda al referido órgano directivo, o al destino o uso de los mismos.
La persona titular del departamento competente en materia de patrimonio podrá dirigir instrucciones sobre cualquier cuestión relacionada con la formación y actualización del Inventario General del Patrimonio de Aragón, y recabar igualmente cuantos datos o documentos considere necesarios.

Artículo 75. Control de la inscripción.

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En resumen

No se pueden realizar actos de gestión o disposición sobre bienes no inscritos en el Inventario General. La Intervención General verifica las inclusiones y bajas. Los servicios jurídicos deben advertir sobre la obligatoriedad de inscripción si no les constase.

No se podrán realizar actos de gestión o disposición sobre los bienes y derechos del patrimonio si éstos no se encuentran debidamente inscritos en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.
La verificación de los datos relativos a la inclusión, baja o cualquier otra modificación que afecte a bienes o derechos que deban ser inventariados se incluirá dentro del alcance del control financiero ejercido por la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos advertirán específicamente en cuantos informes emitan en relación con los bienes y derechos del patrimonio de Aragón acerca de la obligatoriedad de inclusión en el citado Inventario General, si ésta no les constase.

CAPÍTULO III. Práctica de la inscripción registral

Artículo 76. Obligatoriedad.

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En resumen

La Dirección General de Patrimonio solicita la inscripción registral de bienes de la Comunidad, salvo expropiaciones y patrimonios especiales (art. 3.2), inscritos por el departamento correspondiente. Los organismos públicos gestionan la suya según el art. 8.2.

La inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes y derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá solicitarse por la dirección general competente en materia de patrimonio, salvo en relación con los bienes adquiridos por expropiación forzosa y los integrantes de los patrimonios especiales enumerados en el artículo 3.2 de esta ley, que serán inscritos a solicitud del departamento correspondiente.
La inscripción de los bienes y derechos de los organismos públicos será solicitada por el órgano que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley.

Artículo 77. Título inscribible.

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En resumen

La certificación administrativa permite cancelar o rectificar inscripciones a favor de la Administración en tres casos: inexistencia/localización de la finca (con informe técnico), o reconocimiento de mejor derecho de terceros (con informe jurídico).

La certificación administrativa expedida por órgano competente de las Administraciones públicas será título suficiente para proceder a la cancelación o rectificación de las inscripciones a favor de la Administración pública en los siguientes supuestos:

a) Cuando, previa la instrucción del correspondiente procedimiento en cuya tramitación será preceptivo un informe técnico, se acredite la inexistencia actual o la imposibilidad de localización física de la finca.

b) Cuando se reconozca el mejor derecho o preferencia del título de un tercero sobre el de la Administración pública en caso de doble inmatriculación, previo informe de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

c) Cuando se reconozca la titularidad, mejor derecho o preferencia del título de un tercero sobre una finca que aparezca inscrita a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos, previo informe de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 78. Comunicación de inscripciones.

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En resumen

El registrador de la propiedad y mercantil comunica a la dirección general competente en materia de patrimonio las inscripciones registrales que afecten a inmuebles colindantes con otros pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos.

En el caso de inscripciones registrales que afecten a inmuebles colindantes con otros pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos, el registrador de la propiedad y mercantil lo comunicará a la dirección general competente en materia de patrimonio.

CAPÍTULO IV. Potestades para la defensa del patrimonio de Aragón

Artículo 79. Regla general.

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En resumen

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En resumen

Los terrenos sobrantes de deslindes pueden desafectarse conforme a la ley. Asiste una persona representante de la dirección general competente si no corresponde a su departamento. La dirección general puede instar deslindes para determinar extensión y existencia de terrenos sobrantes.

Los terrenos sobrantes de los deslindes de inmuebles de dominio público del patrimonio de Aragón podrán desafectarse en la forma prevista en el Capítulo I del Título IV de esta ley.
A estos deslindes acudirá una persona en representación de la dirección general competente en materia de patrimonio si la competencia para efectuarlo no correspondiese a su departamento, a cuyos efectos el órgano competente para el deslinde cursará la oportuna citación.
La persona titular de la dirección general competente en materia de patrimonio podrá instar de los departamentos y organismos públicos competentes el deslinde de los inmuebles de dominio público, a efectos de determinar con precisión la extensión de éstos y la eventual existencia de terrenos sobrantes.

Artículo 84. Procedimiento de recuperación posesoria.

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En resumen

En recuperación posesoria, se requiere al ocupante con plazo máximo de 8 días. Ante resistencia, se pueden solicitar auxilio policial o multas coercitivas hasta el 5% del valor, reiteradas cada 8 días. Los gastos y daños corren por cuenta del usurpador, cobrables por apremio.

El procedimiento para el ejercicio de la potestad de recuperación posesoria, una vez comprobado el hecho de la usurpación, se sujetará a las siguientes normas:

a) Previa audiencia al interesado, se requerirá a quien ocupe para que cese en su actuación, señalándole un plazo no superior a ocho días para ello, con la prevención de actuar en la forma señalada en los apartados siguientes si no atendiere voluntariamente el requerimiento.

b) En caso de resistencia al desalojo, se adoptarán cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión del bien o derecho, de conformidad con las reglas que regulan la ejecución en la normativa del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Para el lanzamiento podrá solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o imponerse multas coercitivas de hasta un 5 por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo.

En estos supuestos serán de cuenta del usurpador los gastos derivados de la tramitación del procedimiento de recuperación, cuyo importe, junto con el de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado a los bienes usurpados, podrá hacerse efectivo por el procedimiento de apremio.

Artículo 85. Procedimiento de desahucio administrativo.

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En resumen

El desahucio requiere declarar extinción del título. Se notifica al detentador con plazo de 8 días para desocupar. Si no lo hace, se aplica ejecución administrativa, con auxilio policial o multas hasta 5% del valor. El detentador paga los gastos.

Para el ejercicio de la potestad de desahucio será necesaria la previa declaración de extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de dominio público.
Esta declaración, así como los pronunciamientos que sean pertinentes en relación con la liquidación de la correspondiente situación posesoria y la determinación de la indemnización que, en su caso, sea procedente, se efectuarán en vía administrativa, previa instrucción del pertinente procedimiento, en el que deberá darse audiencia a la persona interesada.
La resolución que recaiga, que será ejecutiva sin perjuicio de los recursos que procedan, se notificará al detentador, o detentadora, y se le requerirá para que desocupe el bien, a cuyo fin se le concederá un plazo no superior a ocho días.
Si la persona tenedora no atendiera el requerimiento, se procederá en la forma prevista en las reglas que regulan la ejecución en la normativa del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Se podrá solicitar para el lanzamiento el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o imponer multas coercitivas de hasta un 5 por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo.
Quien detente los bienes de dominio público será responsable de los gastos que ocasione el desalojo, pudiendo hacerse efectivo su importe por vía de apremio.

TÍTULO IV. Tráfico jurídico de derecho público de los bienes y derechos

CAPÍTULO I. Afectación y desafectación

Sección 1.ª Afectación

Artículo 86. Concepto.

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En resumen

La afectación vincula bienes y derechos del patrimonio de Aragón a un uso general o servicio público, integrándolos en el dominio público.

La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público.

Artículo 87. Forma.

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En resumen

La afectación se hace por acto expreso del departamento competente o por hechos como uso público continuado, usucapión, expropiación, planes del Gobierno de Aragón, adquisición de muebles o reparcelación. Los inmuebles en construcción se afectan al departamento financiador.

Salvo que la afectación derive de una norma con rango legal, ésta deberá hacerse en virtud de acto expreso por la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, en el que se indicará el bien o derecho a que se refiera, el fin al que se destina, la circunstancia de quedar aquél integrado en el dominio público y el órgano al que corresponda el ejercicio de las competencias correspondientes, incluidas las relativas a su administración, defensa y conservación.
Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, surtirán los mismos efectos de la afectación expresa los hechos y actos siguientes:

a) La utilización pública, notoria y continuada por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos de bienes y derechos de su titularidad para un servicio público o para un uso general.

b) La adquisición de bienes o derechos por usucapión, cuando los actos posesorios que han determinado la prescripción adquisitiva hubiesen vinculado el bien o derecho al uso general o a un servicio público, sin perjuicio de los derechos adquiridos sobre ellos por terceras personas al amparo de las normas de derecho privado.

c) La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa.

d) La aprobación por el Gobierno de Aragón de programas o planes de actuación general, o proyectos de obras o servicios, cuando de ellos resulte la vinculación de bienes o derechos determinados a fines de uso o servicio público.

e) La adquisición de los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para la decoración de dependencias oficiales.

f) La aprobación del proyecto de reparcelación, respecto a los terrenos de cesión obligatoria a la Comunidad Autónoma para su destino a los usos previstos en el planeamiento.

El departamento u organismo público que tuviese conocimiento de los hechos o realizase actuaciones de las previstas en las letras a) a d) del apartado anterior, deberá comunicarlo al departamento competente en materia de patrimonio para su adecuada regularización, sin perjuicio del ejercicio de las funciones de administración, protección y defensa que le correspondan.
Los inmuebles en construcción se entenderán afectados al departamento con cargo a cuyos créditos presupuestarios se efectúe la edificación.

Una vez finalizada la obra se dará cuenta a la dirección general competente en materia de patrimonio de su recepción, a los efectos de que pueda instar la inscripción de la obra nueva. Esta dirección general procederá a dictar los actos de regularización necesarios.

Podrá acordarse la afectación a un departamento de bienes y derechos que no vayan a dedicarse de forma inmediata a un servicio público cuando sea previsible su utilización para estos fines tras el transcurso de un plazo o el cumplimiento de determinadas condiciones, que se harán constar en la resolución que acuerde la afectación.

Artículo 88. Afectaciones concurrentes.

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En resumen

Los bienes del patrimonio de Aragón pueden afectarse a más de un uso o servicio si son compatibles. La resolución determina las facultades de cada departamento u organismo respecto a la utilización, administración y defensa de dichos bienes.

Los bienes y derechos del patrimonio de Aragón podrán ser objeto de afectación a más de un uso o servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos, siempre que los diversos fines concurrentes sean compatibles entre sí.
La resolución en que se acuerde la afectación a más de un fin o servicio determinará las facultades que correspondan a los diferentes departamentos u organismos respecto de la utilización, administración y defensa de los bienes y derechos afectados.

Artículo 89. Competencia y procedimiento.

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En resumen

La afectación de bienes a usos públicos la resuelve el titular del departamento de patrimonio, instruida por la Dirección General. La orden surte efectos al recibir los bienes mediante acta firmada por los titulares, delegable en órganos directivos.

La afectación de bienes y derechos del patrimonio de Aragón a los usos o servicios públicos correspondientes a las atribuciones de los diferentes departamentos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma compete a la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio. La instrucción del procedimiento compete a la dirección general competente en materia de patrimonio, que lo incoará a iniciativa propia o a propuesta del departamento interesado en la afectación.
La orden de afectación, que deberá contener las menciones requeridas por el artículo 87.1 de esta ley, surtirá efectos a partir de la recepción de los bienes por el departamento a que se destinen, recepción que tendrá lugar mediante suscripción de la correspondiente acta por la persona titular de dicho departamento y la del departamento competente en materia de patrimonio, quienes podrán delegar la firma en quienes sean titulares de los órganos directivos de sus respectivos departamentos. Una vez suscrita el acta, el departamento al que se hayan afectado los bienes o derechos utilizará los mismos de acuerdo con el fin señalado, y ejercerá respecto de ellos las correspondientes competencias demaniales.

Artículo 90. Régimen urbanístico de los inmuebles afectados.

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Artículo 93. Concepto y forma.

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En resumen

La mutación demanial desafecta un bien público para afectarlo a otro uso. Debe ser expresa. Si hay cesión a otra Administración, el bien debe destinarse al fin previsto al menos 30 años (inmuebles). El incumplimiento provoca reversión al patrimonio de Aragón e indemnizaciones.

La mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho de dominio público del patrimonio de Aragón, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración de la Comunidad Autónoma, de sus organismos públicos o de otras Administraciones públicas.
Las mutaciones demaniales deberán efectuarse de forma expresa de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente, salvo lo previsto para los casos de reestructuración orgánica en la disposición adicional octava de esta ley.
Los bienes y derechos demaniales podrán afectarse a usos y servicios públicos competencia de otras Administraciones públicas, con o sin transferencia de la titularidad de esos bienes y derechos, y en las restantes condiciones que se acuerden.
Cuando la mutación demanial conlleve la cesión de titularidad del bien o derecho de dominio público a otra Administración pública, ésta habrá de destinarlo a la afectación prevista al menos durante treinta años tratándose de bienes inmuebles.
En caso de incumplimiento de la finalidad de la mutación, el bien revertirá al patrimonio de Aragón, estableciéndose, en tal caso, las indemnizaciones que procedan por los daños y perjuicios que se hubieran causado.

Artículo 94. Competencia y procedimiento.

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En resumen

La mutación de bienes inmuebles la resuelve el departamento de patrimonio o el Gobierno si hay transmisión. Se requiere acta firmada. Los muebles se gestionan entre los departamentos interesados mediante actas de entrega.

La mutación de destino de los bienes inmuebles de dominio público de la Administración de la Comunidad Autónoma compete a la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, salvo en los casos en los que la mutación implique la transmisión de la titularidad del bien o derecho a otra Administración pública, en los que resolverá el Gobierno de Aragón, mediante acuerdo. La incoación e instrucción del correspondiente procedimiento se acordará por la dirección general competente en materia de patrimonio, a iniciativa propia o a propuesta del departamento u organismo interesado.

La mutación demanial requerirá para su efectividad de la firma de un acta por las personas titulares de los departamentos interesados o, en el caso de los organismos públicos, por el órgano que corresponda conforme a lo establecido en el artículo 8.2 de esta ley; o en el supuesto de otra Administración pública, por el órgano que legalmente corresponda, y por la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, quienes podrán delegar la firma en las personas titulares de los órganos directivos de sus respectivos departamentos u organismos.

La mutación de destino de los bienes muebles se realizará por los propios departamentos, organismos o Administraciones interesados en la misma. Para ello se formalizarán por los mismos las correspondientes actas de entrega y recepción, que perfeccionarán el cambio de destino de los bienes de que se trate y constituirán título suficiente para las respectivas altas y bajas en los inventarios de bienes muebles de los departamentos.
La mutación de destino de los bienes y derechos de dominio público propios de los organismos públicos para el cumplimiento dentro del organismo de sus fines o servicios públicos, se acordará por la persona titular del departamento del que dependan, a propuesta del órgano que corresponda conforme a lo establecido en el artículo 8.2 de esta ley. Las mutaciones de destino de bienes y derechos de dominio público, propios o adscritos, de un organismo, para el cumplimiento de fines o servicios de otro organismo o de la Administración de la Comunidad Autónoma, serán acordadas por la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, a propuesta conjunta de los órganos que correspondan conforme a lo establecido en el artículo 8.2 de esta ley.

CAPÍTULO III. Adscripción, desadscripción e incorporación

La desadscripción requiere recepción formal del bien o derecho, documentada en acta de entrega suscrita por representantes de la dirección general competente y la entidad, o en acta de toma de posesión levantada por dicha dirección.

La desadscripción, que llevará implícita en su caso la desafectación, requerirá, para su efectividad, de la recepción formal del bien o derecho, que se documentará en la correspondiente acta de entrega suscrita por representantes de la dirección general competente en materia de patrimonio y de la entidad o entidades correspondientes, o en acta de toma de posesión levantada por la citada dirección general.

Sección 3.ª Incorporación de bienes de los organismos públicos

Artículo 102. Supuestos.

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En resumen

Los bienes innecesarios de organismos públicos se incorporan al patrimonio autonómico. Se exceptúan los adquiridos para enajenar. Los organismos con facultades propias deben comunicar la innecesariedad. Las reestructuraciones siguen la disposición adicional octava.

Los bienes inmuebles y derechos reales de los organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma que no les sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se incorporarán, previa desafectación en su caso, al patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes de este artículo.
Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior y, en consecuencia, podrán ser enajenados por los organismos públicos los bienes adquiridos por ellos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares.
En el caso de organismos públicos que en virtud de sus normas específicas tengan reconocidas facultades para la enajenación de sus bienes, cuando los inmuebles o derechos reales dejen de serles necesarios, deberán comunicar esta circunstancia a la dirección general competente en materia de patrimonio a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo siguiente.
En los supuestos de reestructuraciones orgánicas se estará a lo previsto en la disposición adicional octava de esta ley.

Artículo 103. Competencia y procedimiento.

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En resumen

La dirección general incoa el procedimiento y eleva propuesta. La incorporación requiere acta de entrega o toma de posesión. En supresión de organismos, el departamento comunica y adjunta relación de bienes. Los con facultades propias pueden enajenar si se acuerda la no incorporación.

La dirección general competente en materia de patrimonio incoará y tramitará el correspondiente procedimiento, por propia iniciativa o en virtud de la comunicación que, comprobada la innecesariedad de los bienes o derechos, está obligado a cursar el organismo al que pertenecieran, y elevará a la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio la propuesta que sea procedente.
La incorporación, que llevará implícita la desafectación, requerirá para su efectividad de la recepción formal del bien o derecho, que se documentará en la correspondiente acta de entrega suscrita por representantes de la dirección general competente en materia de patrimonio y del organismo, o en acta de toma de posesión levantada por la citada dirección general.
En el caso de supresión de organismos públicos que no conlleve una reestructuración orgánica en los términos regulados en la disposición adicional octava de esta ley, la incorporación de sus bienes al patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma se efectuará mediante la toma de posesión de los mismos por el departamento competente en materia de patrimonio, que se documentará en la correspondiente acta. A estos efectos, el departamento del que dependiera el organismo comunicará su supresión a la dirección general competente en materia de patrimonio, y acompañará a dicha comunicación una relación de los bienes propios de aquél.
Respecto de los bienes y derechos de los organismos públicos que en virtud de sus normas específicas tengan atribuidas facultades para su enajenación, la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio podrá acordar la no incorporación del inmueble o derecho al patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma, supuesto en el que el organismo titular quedará facultado para proceder a su enajenación conforme a lo previsto en el Capítulo III del Título II de esta ley.

CAPÍTULO IV. Reglas comunes sobre constancia inventarial y publicidad registral

Artículo 104. Constancia inventarial.

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En resumen

Los actos de afectación, mutación demanial, desafectación, adscripción, desadscripción e incorporación deben constar en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.

Los actos de afectación, mutación demanial, desafectación, adscripción, desadscripción e incorporación se harán constar en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.

Artículo 105. Publicidad registral.

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En resumen

El registrador no inscribe actos patrimoniales sin firma de representante del departamento competente. En supresión de organismos, la inscripción requiere la disposición de supresión y el acta de incorporación de bienes.

Tratándose de bienes del patrimonio de Aragón, el registrador de la propiedad y mercantil no practicará la inscripción de los actos de afectación, mutación demanial, desafectación, adscripción, desadscripción e incorporación, cuando no sea firmante del documento correspondiente un representante del departamento competente en materia de patrimonio.
En el caso de supresión de organismos públicos, la inscripción en el Registro de la Propiedad a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma se practicará con la presentación de la disposición en cuya virtud se hubiese producido la supresión del organismo, acompañada del acta de incorporación de los bienes al patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 103 de esta ley.

TÍTULO V. Utilización de bienes y derechos

CAPÍTULO I. Utilización del dominio público

Sección 1.ª Disposición general

Artículo 106. Necesidad de título habilitante.

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En resumen

Nadie puede ocupar o usar bienes públicos sin título habilitante. Los departamentos velan por el cumplimiento y actúan contra ocupaciones ilegales. Las concesiones se rigen por legislación especial o esta ley.

Nadie puede, sin título que lo autorice, otorgado por el órgano competente, ocupar bienes y derechos de dominio público del patrimonio de Aragón, o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.
Los departamentos y organismos públicos responsables de la defensa del dominio público velarán por el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior y, en su caso, actuarán contra quienes careciendo de título ocupen bienes y derechos de dominio público o se beneficien de un aprovechamiento especial sobre ellos, ejercitando las potestades previstas en el Capítulo IV del Título III de esta ley.
Las concesiones y autorizaciones sobre bienes y derechos de dominio público del patrimonio se regirán, en primer término, por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por esta ley.

Sección 2.ª Utilización de los bienes destinados al uso general

Artículo 107. Tipos de uso de los bienes de dominio público.

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En resumen

El uso común es igual para todos. El aprovechamiento especial implica intensidad o rentabilidad. El uso privativo limita o excluye a otros.

Se considera uso común de los bienes de dominio público el que corresponde por igual y de forma indistinta a toda la ciudadanía, de modo que el uso por unos no impide el de los demás interesados.
Es uso que implica un aprovechamiento especial del dominio público el que, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste.
Es uso privativo el que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados.

Artículo 108. Títulos habilitantes.

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En resumen

El uso común es libre. El aprovechamiento especial o privativo con instalaciones desmontables requiere autorización (o concesión si supera 4 años). El uso privativo con obras fijas exige concesión administrativa.

El uso común de los bienes de dominio público podrá realizarse libremente, sin más limitaciones que las derivadas de su naturaleza, lo establecido en los actos de afectación o adscripción y en las disposiciones que sean de aplicación.
El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su uso privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la duración del aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a concesión.
El uso privativo de los bienes de dominio público que determine su ocupación con obras o instalaciones fijas deberá estar amparado por la correspondiente concesión administrativa.

Sección 3.ª Utilización de los bienes y derechos destinados a un servicio público

Artículo 109. Bienes y derechos destinados a la prestación de servicios públicos.

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En resumen

El uso de bienes para servicios públicos sigue las normas del servicio. Si no hay regulación, se aplica el acto de afectación o esta ley.

La utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio público se supeditará a lo dispuesto en las normas reguladoras de dicho servicio y, en su defecto, a lo establecido en esta ley. Cuando la prestación del servicio no esté regulada, los bienes y derechos destinados a él se utilizarán de conformidad con lo previsto en el acto de afectación o adscripción y, en su defecto, por lo establecido en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 110. Autorizaciones especiales de uso sobre bienes afectados o adscritos.

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En resumen

Se autoriza el uso público temporal (hasta 4 años) con informe favorable. Para eventos o menos de 30 días, se fijan condiciones y contraprestación.

La persona titular del departamento que tenga afectados los bienes o el órgano rector competente del organismo público que los tuviera afectados o adscritos podrá autorizar su uso por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para el cumplimiento esporádico o temporal de fines o funciones públicas, previo informe motivado favorable del departamento competente en materia de patrimonio, por cuatro años.
La persona titular del departamento que tenga afectados los bienes o el órgano rector competente del organismo público que los tuviera afectados o adscritos podrá autorizar su uso por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas por un plazo inferior a treinta días, o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos. En estos casos, el órgano competente deberá hacer constar en la autorización tanto las condiciones de utilización del inmueble, estableciendo lo necesario para que ésta no menoscabe su uso por los órganos administrativos que lo tuvieran afectado o adscrito, así como la contraprestación que debe satisfacer el solicitante.

Sección 4.ª Autorizaciones y concesiones demaniales

Artículo 111. Condiciones de las autorizaciones y concesiones demaniales.

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En resumen

El departamento de patrimonio aprueba condiciones generales para concesiones, publicadas en el BOA y web del Gobierno. Sin ellas, las fija el titular del departamento afectado, con informe vinculante del departamento de patrimonio. Los organismos públicos siguen las mismas reglas.

El departamento competente en materia de patrimonio podrá aprobar condiciones generales para el otorgamiento de determinadas concesiones y autorizaciones demaniales sobre bienes y derechos, que deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de Aragón y en la página web del Gobierno de Aragón.
En defecto de condiciones generales, las concesiones y autorizaciones demaniales se ajustarán a las que establezca la persona titular del departamento al que se encuentren afectados los bienes. Estas condiciones podrán tener un alcance general, para categorías determinadas de autorizaciones y concesiones de competencia del departamento, o establecerse para supuestos concretos, y su aprobación requerirá, en todo caso, informe previo favorable del departamento competente en materia de patrimonio. Este informe será igualmente preceptivo y vinculante cuando se pretenda establecer excepciones a las condiciones fijadas con carácter general por el departamento competente en materia de patrimonio.

Las concesiones y autorizaciones que se refieran a bienes pertenecientes al patrimonio de los organismos públicos o adscritos a ellos se ajustarán a las condiciones que establezca la persona titular del departamento al que esté adscrito, en los mismos casos y con los mismos requisitos previstos en el párrafo anterior.

Corresponde al departamento u organismo público que tenga afectado o adscrito el bien, otorgar las autorizaciones y concesiones demaniales que habiliten para una ocupación de bienes de dominio público necesaria para la ejecución de un contrato administrativo, de acuerdo con la legislación básica del Estado.

Artículo 112. Autorizaciones demaniales.

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En resumen

Las autorizaciones se otorgan directamente, salvo limitación de número (concurrencia o sorteo). No son transmisibles si hay limitación o requisitos personales. Duran máximo 4 años. Se revocan sin indemnización por interés público, daños al dominio público o incompatibilidad.

Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y, si ello no fuera procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en las solicitudes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen.
No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta circunstancias personales del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen admitan su transmisión.
Las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo determinado. Su duración máxima, incluidas las prórrogas, será de cuatro años.
Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente, en cualquier momento, por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.

Artículo 113. Garantía en las autorizaciones de uso.

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En resumen

Se puede exigir garantía al solicitante de autorizaciones de uso privativo o aprovechamiento especial para cubrir daños, reposición o gastos. Si la garantía no cubre los gastos, el cobro se realiza por vía de apremio.

Al solicitante de autorizaciones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, cualquiera que sea el régimen económico que les resulte de aplicación, podrá exigírsele garantía, en la forma que se estime más adecuada, del uso del bien y de su reposición o reparación, o indemnización de daños, en caso de alteración. El cobro de los gastos generados, cuando excediese la garantía prestada, podrá hacerse efectivo por la vía de apremio.

Artículo 114. Contenido del acuerdo de autorización de uso.

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En resumen

El acuerdo de autorización incluye: régimen de uso, económico, garantía, gastos, licencias, responsabilidad, revocación, inspección, prórroga y extinción. Aplica también a autorizaciones especiales del artículo 110.

Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares, el acuerdo de autorización de uso de bienes y derechos demaniales incluirá, al menos:

a) El régimen de uso del bien o derecho.

b) El régimen económico a que queda sujeta la autorización.

c) La garantía que se debe prestar, en su caso.

d) La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, de los tributos correspondientes, así como del compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y de entregarlo en el estado en que se recibe.

e) El compromiso de obtención, a su costa, de cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre él.

f) La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, con mención, en su caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna póliza de seguro, aval bancario u otra garantía suficiente.

g) La aceptación de la revocación unilateral, sin derecho a indemnizaciones, por razones de interés público, en los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 112 de esta ley.

h) La reserva por parte del departamento u organismo público de la facultad de inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar que es usado de acuerdo con los términos de la autorización.

i) El plazo y régimen de prórroga y subrogación que, en todo caso, requerirá la previa autorización.

j) Las causas de extinción.

Lo dispuesto en este precepto será de aplicación a las autorizaciones especiales de uso previstas en el artículo 110 de esta ley, en lo que no sea incompatible con su objeto y finalidad.

Artículo 115. Concesiones demaniales.

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En resumen

Las concesiones se otorgan en concurrencia (salvo excepciones). Duran máximo 75 años. Incluyen menciones similares a las autorizaciones, salvo revocación sin indemnización. Pueden ser gratuitas o con tasas, salvo que no haya utilidad económica.

Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares que se aprueben, el acuerdo de otorgamiento de la concesión sobre bienes de dominio público incluirá al menos las menciones establecidas para las autorizaciones en el apartado 1 del artículo 114 de esta ley, salvo la relativa a la revocación unilateral sin derecho a indemnización.
El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 52 de esta ley y, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.
Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.
Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de setenta y cinco años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.
Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público, o a las tasas previstas en sus normas especiales.

No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla.

En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesión.

Artículo 116. Competencia para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones demaniales.

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En resumen

Las concesiones y autorizaciones sobre bienes demaniales las otorgan los titulares de los departamentos afectados o los órganos rectores de organismos públicos adscritos.

Las concesiones y autorizaciones sobre los bienes y derechos demaniales serán otorgadas por las personas titulares de los departamentos a que se encuentren afectados, o por los órganos rectores de los organismos públicos que los tengan adscritos o a cuyo patrimonio pertenezcan.

Artículo 117. Justificación de la iniciación de oficio de los procedimientos.

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En resumen

Para iniciar oficio un procedimiento de concesión, el órgano competente debe justificar la necesidad pública, que el bien sigue siendo de dominio público y la procedencia de la adjudicación directa.

Para la iniciación de oficio de cualquier procedimiento para otorgar una autorización o concesión demanial, el órgano competente deberá justificar su necesidad o conveniencia de la misma para el cumplimiento de los fines públicos que le competen, el hecho de que el bien ha de continuar siendo de dominio público y la procedencia de la adjudicación directa, en su caso.

Artículo 118. Otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia competitiva.

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En resumen

Las autorizaciones demaniales en concurrencia competitiva se inician de oficio o a solicitud. La convocatoria se publica en el BOA y web del Gobierno, con plazo de 30 días para presentar peticiones. Si se inicia a petición de particulares, se invita a otros interesados o se publica las solicitudes,

El procedimiento para otorgar las autorizaciones y concesiones demaniales en régimen de concurrencia competitiva se iniciará de oficio o a solicitud de la persona interesada.
La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón, y en la página web del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de la posibilidad de usar otros medios adicionales de difusión. Los interesados dispondrán de un plazo de treinta días para presentar las correspondientes peticiones.
En los procedimientos iniciados a petición de particulares, la Administración pública podrá, por medio de anuncio público, invitar a otros posibles interesados a presentar solicitudes. Si no media este acto de invitación, se dará publicidad a las solicitudes que se presenten, a través de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, y sin perjuicio de la posible utilización de otros medios adicionales de difusión, y se abrirá un plazo de treinta días durante el cual podrán presentarse solicitudes alternativas por otros interesados.
Para decidir sobre el otorgamiento de la autorización o concesión demanial, se atenderá al mayor interés y utilidad pública de la utilización o aprovechamiento solicitado, lo que se valorará en función de los criterios especificados en los pliegos de condiciones.
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que se notifique resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud.

Artículo 119. Extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales.

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En resumen

Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguen por: muerte o incapacidad del titular, falta de autorización en transmisiones, caducidad, rescate o revocación, mutuo acuerdo, falta de pago o incumplimiento grave, desaparición del bien, desafectación u otras causas previstas.

Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las siguientes causas:

a) Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona física titular del derecho de uso o de la concesión, o extinción de la personalidad jurídica.

b) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica de quien sea titular del derecho de uso o de la concesión.

c) Caducidad por vencimiento del plazo.

d) Rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la autorización.

e) Mutuo acuerdo.

f) Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones de quien sea titular de la concesión, declarados por el órgano que otorgó la concesión o autorización.

g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.

h) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo previsto en el artículo 116 de esta ley.

i) Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que se rijan.

Artículo 120. Efectos de la extinción de la concesión.

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En resumen

Al extinguirse la concesión, las obras se demuelen o pasan gratis al patrimonio de Aragón. En rescate, hay indemnización por daños, considerando acreedores hipotecarios inscritos.

Cuando se extinga la concesión, las obras, construcciones e instalaciones fijas existentes sobre el bien demanial deberán ser demolidas por quien sea titular de la concesión o, por ejecución subsidiaria, por la Administración pública a costa del concesionario, a menos que su mantenimiento hubiera sido previsto expresamente en el título concesional o que la autoridad competente para otorgar la concesión así lo decida. En tal caso, las obras, construcciones e instalaciones serán adquiridas para el patrimonio de Aragón gratuitamente y libres de cargas y gravámenes.
En caso de rescate de la concesión, su titular será indemnizado por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la extinción anticipada. Los derechos de los acreedores hipotecarios cuya garantía aparezca inscrita en el Registro de la Propiedad en la fecha en que se produzca el rescate serán tenidos en cuenta para determinar la cuantía y receptores de la indemnización.

Artículo 121. Liquidación de concesiones y autorizaciones sobre bienes desafectados.

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En resumen

Al desafectar bienes, se oye a titulares. Sus derechos pasan a derecho privado. La extinción se declara al vencer plazo o por libre rescate. El departamento de patrimonio gestiona extinciones y expropiaciones.

Para que los bienes de dominio público sobre los que exista una autorización o concesión pierdan ese carácter y adquieran la condición de patrimoniales se estará a lo dispuesto en las letras siguientes:

a) Se concederá audiencia a quienes sean titulares de autorizaciones o concesiones en el expediente de desafectación.

b) Los derechos y obligaciones de dichos titulares se mantendrán con idéntico contenido en tanto no se proceda a su extinción, si bien las relaciones jurídicas con ellos establecidas pasarán a regirse por el derecho privado, y corresponderá al orden jurisdiccional civil conocer de los litigios que surjan en relación con las mismas.

c) Se declarará la extinción de las autorizaciones o concesiones en que se haya cumplido el plazo para su disfrute o sin esperar al vencimiento de plazos cuando la Administración de la Comunidad Autónoma ejerza la facultad de libre rescate. Respecto de las restantes se irá dictando su extinción a medida que venzan los plazos establecidos.

El órgano competente para declarar la extinción de las relaciones jurídicas derivadas de autorizaciones y concesiones otorgadas cuando los bienes eran de dominio público, así como para exigir los derechos y cumplir los deberes que se deriven de las relaciones novadas mientras se mantenga su vigencia será la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio.
Corresponde, asimismo, a la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio acordar la expropiación de los derechos si estimase que su mantenimiento durante el plazo establecido perjudica el ulterior destino de los bienes o los hace desmerecer considerablemente a efectos de su enajenación.

Artículo 122. Derecho de adquisición preferente.

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En resumen

Titulares de concesiones sobre bienes demaniales enajenados tienen derecho preferente de compra. No aplica en cesiones gratuitas a administraciones públicas u organismos internacionales.

Cuando se acuerde la enajenación onerosa de bienes patrimoniales que anteriormente hubieran tenido carácter demanial, quienes sean titulares de derechos vigentes sobre ellos que resulten de concesiones o autorizaciones otorgadas cuando eran demaniales tendrán derecho preferente a su adquisición.
El derecho de adquisición preferente no surgirá en caso de cesión gratuita del bien o de transferencia de titularidad, por cualquier negocio jurídico, a favor de Administraciones públicas, organismos de ellas dependientes, fundaciones o instituciones públicas u organismos internacionales. En este supuesto, quienes hayan recibido los bienes sobre los que recaigan los derechos establecidos a favor de beneficiarios de concesiones o autorizaciones podrán liberarlos, a su costa, en los mismos términos que la Administración de la Comunidad Autónoma. Si se produjera la reversión de los bienes o derechos cedidos, los cesionarios no tendrán derecho alguno por razón de las indemnizaciones satisfechas con motivo de aquella liberación.

Artículo 123. Autorización de uso derivada de contratos públicos.

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En resumen

La autorización para usar bienes de dominio público en contratos públicos es implícita en la adjudicación. Se comunica al departamento de patrimonio para su inclusión en el Inventario General.

La autorización para la utilización de bienes de dominio público que sea necesaria para la ejecución de un contrato público se entenderá implícita en la adjudicación del mismo.
De las adjudicaciones de dichos contratos se dará cuenta al departamento competente en materia de patrimonio para su inclusión en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.

Artículo 124. Reserva demanial.

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En resumen

La Administración puede reservar uso exclusivo de bienes por utilidad pública, por tiempo necesario. Lo decide el departamento de patrimonio, prevalece sobre otros usos y se publica en BOA y Registro.

La Administración de la Comunidad Autónoma podrá reservarse el uso exclusivo de bienes destinados al uso general para la realización de fines de su competencia cuando existan razones de utilidad pública o interés general que lo justifiquen. Su duración se limitará al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines para los que se acordó.
La reserva se efectuará por la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, a iniciativa propia o a propuesta de los departamentos u organismos públicos interesados. Dicha reserva prevalecerá frente a cualesquiera otros posibles usos de los bienes y llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella.
La declaración de reserva se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y se inscribirá en el Registro de la Propiedad y en la página web del Gobierno de Aragón.

CAPÍTULO II. Utilización de los edificios administrativos

Artículo 125. Concepto.

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En resumen

Son edificios administrativos: oficinas de órganos estatutarios y administración; servicios públicos reglamentarios; y bienes patrimoniales susceptibles de dichos fines. Se asimilan terrenos adquiridos para construir inmuebles para esos fines.

Tendrán la consideración de edificios administrativos los siguientes:

a) Los edificios destinados a oficinas y dependencias auxiliares de los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma, y de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos.

b) Los destinados a otros servicios públicos que se determinen reglamentariamente.

c) Los edificios del patrimonio de Aragón que fueren susceptibles de ser destinados a los fines expresados en las letras anteriores, independientemente del uso a que estuvieren siendo dedicados.

A los efectos previstos en este Capítulo, se asimilan a los edificios administrativos los terrenos adquiridos por la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos para la construcción de inmuebles destinados a alguno de los fines señalados en las letras a) y b) anteriores.

Artículo 126. Coordinación.

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En resumen

La coordinación de edificios administrativos corresponde al titular del departamento de organización, bajo la autoridad de la dirección general competente. Esta coordinación se desarrolla conforme a programas de actuación y planes de optimización de esta ley.

La coordinación de la gestión de los edificios administrativos utilizados por la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de organización y, bajo la autoridad de ésta, a quien sea titular de la dirección general competente en la misma materia.
Las facultades de coordinación a las que se refiere el apartado anterior se desarrollarán de acuerdo con los programas de actuación y los planes de optimización previstos en los artículos siguientes de esta ley.

Artículo 127. Programas de actuación.

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En resumen

El Gobierno de Aragón aprueba, a propuesta del departamento de organización, programas de actuación para optimizar el uso de edificios administrativos y cubrir nuevas necesidades mediante construcción, adquisición o arrendamiento de inmuebles.

El Gobierno de Aragón aprobará, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de organización, programas de actuación para la optimización del uso de los edificios administrativos y la cobertura de las nuevas necesidades a través de la construcción, adquisición o arrendamiento de inmuebles.

Artículo 128. Planes de optimización.

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En resumen

La dirección general elabora planes de optimización de edificios, con análisis detallado y medidas como recolocación. Se envía a afectados para alegaciones en un mes. La dirección general financia actuaciones no atribuidas y gestiona ahorros/gastos con la dirección de presupuestos.

La elaboración de planes para la optimización del uso de los edificios administrativos será acordada por la dirección general competente en materia de organización, de acuerdo con las previsiones del programa de actuación.
El ámbito de los planes de optimización podrá determinarse territorial o sectorialmente; en este último caso, comprenderá los inmuebles afectados o adscritos a un determinado departamento u organismo, y su objetivo último será la utilización más eficiente del conjunto de inmuebles incluidos en el mismo.
Los planes comprenderán un análisis detallado de la situación, características y nivel de ocupación de los inmuebles a que se refieran, y las medidas y actuaciones que se consideren más adecuadas para la optimización de su uso, incluidas, en su caso, propuestas de recolocación y concentración de unidades y efectivos, afectaciones, desafectaciones, adscripciones, desadscripciones o incorporaciones al patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma de bienes propios de organismos públicos, con fijación del calendario para su ejecución.
El plan de optimización será trasladado a los departamentos u organismos afectados para que, en el plazo de un mes, manifiesten su conformidad o formulen alegaciones. Transcurrido este plazo o evacuado el trámite, la dirección general elevará el plan a la persona titular del departamento competente en materia de organización para su aprobación.
La ejecución de las medidas contenidas en el plan competerá a las unidades a las que afecte. Deberá la dirección general competente en materia de organización velar por el cumplimiento de los plazos previstos en el plan. A estos efectos, se instará de los órganos que en cada caso sean competentes la adopción de las correspondientes medidas de optimización y elevar a la persona titular del departamento competente en materia de organización los informes o propuestas que estime pertinentes en relación a la misma.
La dirección general competente en materia de organización financiará, con cargo a sus créditos presupuestarios, las actuaciones de los planes de optimización cuya financiación no se haya atribuido expresamente a ninguno de los órganos y organismos incluidos en el plan.

Cuando de la ejecución de las operaciones de optimización se deriven ahorros o gastos adicionales para las entidades integrantes del plan de optimización, la dirección general competente en materia de organización dará cuenta de los mismos a la dirección general competente en materia de presupuestos, con la cuantificación estimada y debidamente anualizada.

Artículo 129. Verificación de proyectos de obras.

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En resumen

Proyectos de edificios administrativos con coste superior a 2 millones de euros requieren informe favorable de la dirección general de patrimonio. Si supera los 5 millones, corresponde al titular del departamento.

La aprobación de proyectos de construcción, transformación o rehabilitación de edificios administrativos requerirá informe favorable de la dirección general competente en materia de patrimonio cuando su coste exceda de dos millones de euros. Cuando el coste sea superior a cinco millones de euros, corresponderá a la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio.

Artículo 130. Ocupación de espacios.

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En resumen

Terceros pueden ocupar espacios excepcionales (cafeterías, cajeros) mediante contrato, sin entorpecer el uso administrativo. Los departamentos pueden autorizar usos menores a 30 días según el artículo 110.2.

La ocupación por terceros de espacios en los edificios administrativos del patrimonio de Aragón podrá admitirse, con carácter excepcional, cuando se efectúe para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos o al público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos, o para la explotación marginal de espacios no necesarios para los servicios administrativos.
La ocupación a que se refiere el apartado anterior no podrá entorpecer o menoscabar la utilización del inmueble por los órganos o unidades alojados en él, y habrá de estar amparada por un contrato que permita la ocupación.
Los departamentos u organismos públicos que tengan afectados o adscritos los edificios administrativos podrán autorizar el uso de espacios en los mismos por plazo inferior a treinta días, en los términos dispuestos en el artículo 110.2 de esta ley.

La administración y explotación de las propiedades incorporales de la Administración de la Comunidad Autónoma corresponde al departamento que los hubiese generado o que tuviese encomendada su administración y explotación, salvo que por acuerdo del Gobierno de Aragón se encomienden a otro departamento u organismo público.
En los organismos públicos serán órganos competentes para disponer la administración y explotación de las propiedades incorporales de que aquéllos sean titulares los que procedan conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley.
La utilización de propiedades incorporales que por aplicación de la legislación especial hayan entrado en el dominio público no devengará derecho alguno en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma ni de sus organismos públicos.

TÍTULO VI. Sector empresarial del patrimonio de Aragón

Compete al Gobierno de Aragón, mediante acuerdo adoptado, a propuesta conjunta de las personas titulares del departamento competente en materia de patrimonio, y del departamento al que esté adscrito el organismo público o sociedad matriz que, en su caso, tenga encomendada la gestión de los títulos societarios autonómicos, autorizar a la Administración de la Comunidad Autónoma, a sus organismos públicos y a las sociedades mercantiles autonómicas los actos de adquisición o enajenación de valores mobiliarios y participaciones sociales, y cualesquiera actos y negocios jurídicos que supongan la adquisición por una sociedad de la condición de sociedad mercantil autonómica o la pérdida de la misma.
Compete también al Gobierno de Aragón, mediante acuerdo adoptado a propuesta conjunta de las personas titulares del departamento competente en materia de patrimonio, y del departamento al que esté adscrito el organismo público o sociedad matriz que, en su caso, tenga encomendada la gestión de los títulos societarios autonómicos:

a) Determinar las directrices y estrategias de gestión de las sociedades mercantiles autonómicas, en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria.

b) Aprobar planes de reestructuración del sector público empresarial y ordenar la ejecución de los mismos.

c) Atribuir la tutela de las sociedades mercantiles autonómicas a un determinado departamento.

d) Autorizar el aumento y la reducción del capital social, la transformación, fusión, escisión y disolución de sociedades mercantiles autonómicas. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a la conexión de la actuación con las funciones públicas y los efectos económicos previstos.

e) Autorizar a la Administración de la Comunidad Autónoma, a sus organismos públicos y a las sociedades mercantiles autonómicas para la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen a ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.

f) Autorizar a la Administración de la Comunidad Autónoma, a sus organismos públicos y a las sociedades mercantiles autonómicas los actos de adquisición o enajenación de valores mobiliarios, instrumentos financieros y participaciones sociales cuando el importe de la transacción supere los tres millones de euros o cuando conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a tres millones de euros, siempre que no concurra el supuesto previsto en el anterior apartado 1.

Artículo 140. Departamento o entidad de gestión.

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En resumen

El departamento de patrimonio gestiona valores y participaciones, controla eficacia y fija criterios. Puede delegar en una entidad de gestión. Las discrepancias con el departamento de tutela las resuelve el Gobierno.

El departamento competente en materia de patrimonio ejercerá las responsabilidades de departamento de gestión de los valores mobiliarios, de los instrumentos financieros y de las participaciones sociales de titularidad autonómica, salvo cuando el Gobierno de Aragón atribuya dichas responsabilidades con el carácter de entidad de gestión a un organismo público o a una sociedad matriz, que dependerá del departamento que determine el Gobierno de Aragón, y reunirá las características establecidas en el artículo siguiente.
En relación con los valores mobiliarios, los instrumentos financieros y las participaciones sociales de titularidad autonómica, las responsabilidades del departamento o entidad de gestión comprenden, además de las competencias específicamente atribuidas en esta ley:

a) Ejercer los derechos correspondientes.

b) Impartir instrucciones a quienes ostenten en los órganos de las sociedades mercantiles la representación de las participaciones sociales de titularidad autonómica para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las mismas.

En relación con las sociedades mercantiles autonómicas, las responsabilidades de departamento o entidad de gestión comprenden, además de las competencias específicamente atribuidas en esta ley:

a) Ejercer el control funcional y de eficacia de las sociedades mercantiles autonómicas.

b) Fijar criterios para la gestión de las sociedades mercantiles autonómicas de conformidad con los principios de eficiencia económica en la prosecución del interés público.

c) Establecer los sistemas de control que permitan la adecuada supervisión financiera de las sociedades mercantiles autonómicas.

d) Proponer el establecimiento de un convenio o contrato-programa de los regulados en la legislación presupuestaria que defina el marco de relaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma, para aquellas sociedades mercantiles autonómicas en que sea necesario definir un escenario presupuestario, financiero y de actuación a medio plazo.

El departamento o entidad de gestión ejercerá en todo caso sus responsabilidades de acuerdo con las políticas sectoriales que, en su caso, adopte el departamento de tutela determinado conforme a lo establecido en el artículo 142 de esta ley. Las discrepancias que pudieran surgir entre el departamento o entidad de gestión y el departamento de tutela serán resueltas por el Gobierno de Aragón.

Artículo 141. Sociedad matriz.

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En resumen

La sociedad matriz es una sociedad mercantil autonómica de capital 100% público, con la Administración como único socio, cuya única función es gestionar valores y participaciones de titularidad autonómica.

A los efectos previstos en el artículo anterior, se entiende por sociedad matriz una sociedad mercantil autonómica en la que concurran los siguientes requisitos:

a) Su capital será íntegramente público y de titularidad exclusiva de la Administración de la Comunidad Autónoma, que se mantendrá como único socio.

b) Su objeto social exclusivo será gestionar los valores mobiliarios, los instrumentos financieros y las participaciones sociales de titularidad autonómica que se le incorporen.

Artículo 142. Departamento de tutela.

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En resumen

El Gobierno vincula los valores y participaciones públicas al departamento cuyas competencias guarden relación con ellas. Si no se determina, corresponde al departamento de patrimonio ejercer la tutela.

Compete al Gobierno de Aragón vincular los valores mobiliarios, y las participaciones sociales de titularidad autonómica, a un departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma cuyas competencias guarden relación específica con los valores mobiliarios, los instrumentos financieros o el objeto social de la sociedad concernida.
En ausencia de la determinación prevista en el apartado anterior, corresponderá al departamento competente en materia de patrimonio el ejercicio de las funciones de departamento de tutela.

CAPÍTULO II. Suscripción, adquisición y transmisión de los títulos societarios autonómicos

Artículo 143. Competencias.

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En resumen

La suscripción de títulos societarios autonómicos la acuerda el departamento de patrimonio, con autorización del Gobierno si procede. La dirección general formaliza los actos. En organismos públicos, los órganos del art. 8.2 adoptan acuerdos. En sociedades mercantiles, rige la legislación mercantil,

La suscripción, adquisición y transmisión por la Administración de la Comunidad Autónoma de los títulos societarios autonómicos, definidos en el artículo 137 de esta ley, se acordará por la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, previa autorización del Gobierno de Aragón cuando resulte necesaria conforme a lo previsto en el artículo 139 de esta ley. Corresponde a la dirección general competente en materia de patrimonio la formalización, en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma, de las correspondientes suscripciones y transmisiones.
En los organismos públicos que estén autorizados por sus normas específicas para suscribir, adquirir o transmitir títulos societarios autonómicos, serán competentes para adoptar los correspondientes acuerdos los órganos determinados conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2 de esta ley, previa autorización del Gobierno de Aragón cuando resulte necesaria conforme a lo previsto en el artículo 139 de la misma.
La suscripción, adquisición y transmisión por las sociedades mercantiles autonómicas de títulos societarios autonómicos se rige por la legislación mercantil, sin perjuicio de la previa autorización del Gobierno de Aragón cuando resulte necesaria conforme a lo previsto en el artículo 139 de esta ley. En relación con las sociedades mercantiles autonómicas que no sean de capital íntegramente público, dicha autorización se entenderá dirigida a los representantes de la Comunidad Autónoma en los órganos sociales de la sociedad participada.

La suscripción, adquisición y transmisión por las sociedades mercantiles autonómicas de títulos societarios autonómicos requerirá, en todo caso, informe previo del departamento competente en materia de patrimonio.

Artículo 144. Importe de las adquisiciones.

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En resumen

La adquisición de títulos societarios autonómicos fija su importe mediante métodos de valoración aceptados. Si se negocian en mercados oficiales, el precio es el de mercado. Los servicios técnicos pueden proponer otro método si el de mercado no es adecuado. Para obtener inmuebles,

El acuerdo de adquisición por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos de títulos societarios autonómicos determinará los procedimientos para fijar el importe de la misma según los métodos de valoración comúnmente aceptados. Cuando los títulos societarios autonómicos cuya adquisición se acuerde se negocien en algún mercado secundario oficial o sistema multilateral de negociación, el precio de adquisición será el de mercado en el momento y fecha de la operación.
No obstante, en el supuesto de que los servicios técnicos designados por la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, o por el órgano competente del organismo público que efectúe la adquisición, estimaran que el precio de mercado no es el adecuado, podrán proponer, motivadamente, la adquisición y determinación del precio de los mismos por otro método legalmente admisible de adquisición o valoración.
Cuando la adquisición de títulos societarios autonómicos tenga por finalidad obtener la plena propiedad de inmuebles o de parte de los mismos por la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos, su valoración requerirá la tasación previa de los bienes inmuebles, aplicándose el régimen que corresponda conforme a lo establecido en el Título II de esta ley.

Artículo 145. Procedimiento de enajenación.

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En resumen

La enajenación de títulos societarios autonómicos se realiza por órganos competentes. El precio se fija por valoración de mercado o métodos técnicos. La venta suele ser pública, salvo excepciones como limitaciones estatutarias, adquisición por sector público, licitaciones desiertas o acuerdo del Gov

La enajenación de títulos societarios autonómicos, por los órganos competentes según lo previsto en el artículo 143 de esta ley, se podrá realizar tanto en mercados secundarios organizados como fuera de los mismos, siempre de conformidad con la legislación vigente, y por medio de cualesquiera actos o negocios jurídicos.
Para llevar a cabo dicha enajenación, los títulos societarios autonómicos se podrán vender por la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos, o la sociedad matriz prevista en el artículo 141 de esta ley, o se podrán aportar o transmitir a una sociedad mercantil autonómica o entidad pública empresarial cuyo objeto social comprenda la tenencia, administración, adquisición y enajenación de acciones y participaciones en entidades mercantiles. La instrumentación jurídica de la venta a terceros de los títulos se realizará en términos ordinarios del tráfico privado, ya sea al contado o con precio aplazado cuando concurran garantías suficientes para el aplazamiento.
En el supuesto de títulos societarios autonómicos que coticen en mercados oficiales o sistemas multilaterales de negociación, cuando el importe de su enajenación no pueda considerarse una auténtica inversión patrimonial ni represente una participación relevante en el capital de la sociedad mercantil, la dirección general competente en materia de patrimonio, el organismo público titular de los mismos, o la sociedad matriz prevista en el artículo 141 de esta ley, podrán enajenarlos mediante intermediación financiera legalmente autorizada. En este supuesto, los gastos y comisiones de la operación se podrán deducir del resultado bruto de la misma, ingresándose en la tesorería el rendimiento neto de la enajenación.
El importe de la enajenación se determinará según los métodos de valoración comúnmente aceptados. Cuando los títulos societarios autonómicos cuya enajenación se acuerde coticen en algún mercado oficial, el precio de enajenación será el correspondiente al valor que establezca el mercado en el momento y fecha de la operación.

No obstante, en el supuesto de que los servicios técnicos designados por la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio o por el órgano competente del organismo público, o de la sociedad matriz prevista en el artículo 141 de esta ley, que efectúe la enajenación estimaran que el precio de mercado no es el adecuado podrán proponer, motivadamente, la enajenación y determinación del precio de los mismos por otro método legalmente admisible de adquisición o valoración.

Cuando los títulos societarios autonómicos que se pretenda enajenar no coticen en mercados oficiales o sistemas multilaterales de negociación, o en el supuesto previsto en el segundo párrafo del apartado 4 del presente artículo, el órgano competente para la autorización de la enajenación determinará el procedimiento de venta que, normalmente, se realizará mediante licitación pública. No obstante, el órgano competente podrá acordar la adjudicación directa cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Existencia de limitaciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones o de las participaciones, o existencia de derechos de adquisición preferente.

b) Cuando el adquirente sea cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público.

c) Cuando fuera declarada desierta una licitación con el precio como único criterio de adjudicación o ésta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario.

En este caso, la venta directa deberá efectuarse en el plazo de un año desde la celebración de la licitación declarada desierta, y sus condiciones no podrán diferir de las publicitadas para dicha licitación o de aquéllas en que se hubiese producido la adjudicación.

d) Cuando la venta se realice a favor de la propia sociedad o cuando se realice a favor de otro u otros accionistas o partícipes en la misma en los casos y con las condiciones y requisitos establecidos en la legislación de sociedades de capital.

e) Cuando el Gobierno de Aragón acuerde la enajenación directa, previo expediente justificativo.

El precio de la enajenación se fijará por el órgano competente para autorizar la misma, sin que su cuantía pueda ser inferior al importe que resulte de la valoración efectuada por los servicios técnicos designados por la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio.

Los títulos societarios autonómicos que la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos transmitan o aporten a una sociedad mercantil autonómica, se registrarán en la contabilidad de dicha sociedad con el valor neto contable que figure en las cuentas del transmitente, sin que en las mismas condiciones establecidas para el Estado sea necesario el informe de expertos independientes, previsto en la legislación reguladora de las sociedades de capital.

CAPÍTULO III. Régimen administrativo en relación con las sociedades mercantiles autonómicas

Los nombramientos de presidente del consejo, consejero delegado o máximo ejecutivo de las sociedades públicas autonómicas se realizan mediante propuesta vinculante del Gobierno de Aragón.

Los nombramientos de quienes vayan a ejercer la presidencia del consejo de administración o vayan a asumir el cargo de consejero o consejera delegada, o puesto equivalente que ejerza el máximo nivel ejecutivo de las sociedades mercantiles autonómicas de capital íntegramente público, se efectuarán en virtud de propuesta vinculante efectuada por el Gobierno de Aragón.

CAPÍTULO IV. Reestructuración del sector público empresarial

Artículo 153. Competencia y procedimiento.

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En resumen

El Gobierno de Aragón, por decreto, puede incorporar títulos societarios a: la propia Administración autonómica, organismos públicos vinculados o dependientes, o a una sociedad matriz prevista en el artículo 141 de esta ley.

El Gobierno de Aragón, mediante decreto adoptado a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, podrá acordar la incorporación de títulos societarios autonómicos y el ejercicio de los derechos inherentes a las mismas a cualquiera de las siguientes entidades:

a) La propia Administración de la Comunidad Autónoma

b) Los organismos públicos vinculados a la Administración de la Comunidad Autónoma o de ella dependientes.

c) Una sociedad matriz de las previstas en el artículo 141 de esta ley.

Artículo 154. Adquisición.

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En resumen

Las entidades receptoras adquieren el pleno dominio desde el decreto, que acredita la titularidad. Los títulos se registran en contabilidad por el mismo valor neto contable del anterior titular, sin perjuicio de correcciones al final del ejercicio.

Las entidades a las que se incorporen los títulos societarios autonómicos adquirirán el pleno dominio de los mismos desde la adopción del decreto correspondiente, que será título acreditativo de la nueva titularidad, sin perjuicio de las normas mercantiles aplicables a efectos de legitimación de su condición de accionista o partícipe.
Los títulos societarios autonómicos se registrarán en la contabilidad del nuevo titular por el mismo valor neto contable que tenían en el balance del anterior titular a la fecha de dicho decreto, sin perjuicio de las correcciones valorativas que procedan al final del ejercicio.

Artículo 155. Continuidad.

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En resumen

La entidad que recibe títulos societarios asume la gestión. El Gobierno de Aragón puede establecer condiciones de subrogación en derechos y obligaciones con sociedades participadas.

Cuando se lleve a cabo una incorporación de títulos societarios autonómicos en los términos previstos en el artículo 153 de esta ley, la entidad que las reciba asumirá las funciones de entidad de gestión sobre los mismos.
En los decretos que se adopten por el Gobierno de Aragón sobre incorporación de títulos societarios autonómicos se podrán prever los términos y condiciones en que la entidad a la que se incorporan se subroga en las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones que la entidad transmisora mantenga con las sociedades mercantiles participadas.

Artículo 156. Efectos.

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En resumen

Las operaciones societarias gozan de exenciones: no aplican normas de mercado de valores ni derechos de tanteo. No resuelven contratos, tienen beneficios fiscales y aranceles notariales reducidos.

Todas las operaciones societarias, cambios de titularidad y actos derivados de las reestructuraciones del sector público del patrimonio de Aragón previstas en el artículo 153 de esta ley se beneficiarán de los mismos privilegios y exenciones previstos en relación con el patrimonio empresarial del Estado y, en consecuencia:

a) No estarán sujetas a la legislación del mercado de valores ni al régimen de ofertas públicas de adquisición, y no darán lugar al ejercicio de derechos de tanteo, retracto o cualquier otro derecho de adquisición preferente que estatutaria o contractualmente pudieran ostentar sobre las acciones y participaciones otras y otros socios de las sociedades cuyos valores sean transferidos o, en su caso, terceros con respecto a esas sociedades.

b) La mera transferencia y reordenación de participaciones societarias que se realice en aplicación de esta ley no podrá ser entendida como causa de modificación o de resolución de las relaciones jurídicas que mantengan tales sociedades mercantiles.

c) Todas las operaciones societarias, cambios de titularidad y actos derivados de la ejecución de esta ley gozarán de los mismos beneficios fiscales establecidos para las operaciones de reestructuración empresarial en el ámbito del Estado.

d) Los aranceles de los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles que intervengan los actos derivados de la ejecución de la presente ley se reducirán en la misma cuantía establecida en relación con el patrimonio empresarial del Estado.

TÍTULO VII. Responsabilidades

Artículo 157. Responsabilidades penales.

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En resumen

Los servicios jurídicos representan y defienden a la Administración y sus organismos en actuaciones penales por delitos contra el patrimonio de Aragón.

Los servicios jurídicos correspondientes asumirán la representación y defensa de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos en las actuaciones penales relativas a delitos o faltas que hayan afectado al patrimonio de Aragón.

Artículo 158. Obligación de reparar.

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En resumen

Quien cause daño al patrimonio de Aragón por dolo, imprudencia o negligencia debe repararlo. La obligación también alcanza a responsables legales, animales o cosas poseídas.

Con independencia de las sanciones penales o administrativas que puedan proceder, quien por acción u omisión cause daño en los bienes y derechos del patrimonio de Aragón, interviniendo dolo, imprudencia o simple negligencia, estará obligado a reparar el daño causado.
La obligación de reparar el daño causado a los bienes y derechos procede también por actos u omisiones de aquellas personas de quienes legalmente se debe responder, y por hechos producidos por los animales o las cosas que se poseen, salvo que se haya empleado toda la diligencia posible en evitar el daño.

Artículo 159. Alcance de la reparación.

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En resumen

La reparación incluye restituir bienes a su estado anterior o pagar su valor si no es posible. También cubre indemnización por daños, gastos de contención/reparación, costes del expediente y otros conceptos.

La obligación de reparar el daño causado a los bienes y derechos del patrimonio de Aragón comprende:

a) La restitución de los bienes y derechos a su estado anterior y, si ello no fuera posible o no se llevara a cabo en el plazo que en cada caso se fije, el pago de la valoración en dinero de los bienes y derechos destruidos o dañados.

b) La indemnización de los daños y perjuicios causados, incluyendo en los mismos el importe de los gastos ocasionados por razón de las labores de contención, reparación o extinción del daño, el coste correspondiente al expediente administrativo de responsabilidad y cualesquiera otros conceptos que pudieran concurrir.

Artículo 160. Prescripción.

La obligación de reparar el daño causado a los bienes y derechos prescribe a los cuatro años de producirse la acción u omisión determinante del daño.

Artículo 161. Procedimiento.

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En resumen

La obligación de reparar se fija en vía administrativa. Si el daño no supera 10.000 euros, lo decide la dirección general competente. En otros casos, lo decide la persona titular del departamento de patrimonio.

El establecimiento de la obligación de reparar el daño causado a los bienes y derechos, los obligados a hacerlo y el alcance de la reparación se fijarán ejecutoriamente en vía administrativa por los siguientes órganos, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa:

a) Por la dirección general competente en materia de patrimonio cuando la valoración de los daños no supere los diez mil euros.

b) Por la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, en los demás casos.

Disposición adicional primera. Cortes de Aragón y Justicia de Aragón.

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En resumen

Las referencias a la Ley del Patrimonio de Aragón aprobada en 2013 se entienden hechas al nuevo texto refundido aprobado por este decreto.

Las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón son titulares de su propio patrimonio y gozan de plena autonomía patrimonial, correspondiéndoles sobre los bienes y derechos de su titularidad, así como sobre los que se les afecten o adscriban, las mismas competencias y facultades que se atribuyen en esta ley al Gobierno de Aragón y a la Administración de la Comunidad Autónoma.
Las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón comunicarán al departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en materia de patrimonio los actos o hechos relevantes que incidan sobre su respectivo patrimonio.
La afectación y la adscripción de los bienes y derechos del patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos públicos a las Cortes de Aragón o al Justicia de Aragón se acordarán por el Gobierno de Aragón a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio.
Cuando a las Cortes de Aragón o al Justicia de Aragón dejara de serles necesario un bien inmueble o derecho real que tuvieran afectado o adscrito, lo pondrán en conocimiento del departamento competente en materia de patrimonio para que se disponga de él de conformidad con lo establecido en esta ley.

Disposición adicional segunda. Órganos estatutarios.

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En resumen

La gestión de bienes para órganos estatutarios sigue las normas de los departamentos. La Presidencia se considera un departamento, y sus competencias las ejerce la Secretaría General Técnica.

La afectación de bienes y derechos del patrimonio de Aragón a los órganos estatutarios, así como su desafectación, administración y utilización, se regirán por las normas establecidas en esta ley para los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
A efectos de esta ley, la Presidencia del Gobierno de Aragón tendrá la consideración de un departamento. Las competencias atribuidas a quien sea titular del departamento corresponderán a la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Presidencia.

Disposición adicional tercera. Actualización de cuantías.

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En resumen

Las cuantías basadas en el valor de bienes y derechos para atribuir competencias pueden modificarse mediante las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Las cuantías establecidas en esta ley por razón del valor de los bienes y derechos para la atribución de diversas competencias podrán ser modificadas por las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Disposición adicional cuarta. Viviendas oficiales.

Los inmuebles del patrimonio de Aragón utilizados como vivienda oficial tendrán la consideración de bienes de dominio público.

Disposición adicional quinta. Bienes del Patrimonio Cultural de Aragón.

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En resumen

Los bienes del Patrimonio Cultural de Aragón se incluyen en el Inventario General y se rigen por esta ley. Para decisiones patrimoniales es preceptivo el informe del departamento de cultura.

Los bienes pertenecientes al patrimonio de Aragón que tengan la consideración de bienes del Patrimonio Cultural de Aragón se incluirán en el Inventario General del Patrimonio de Aragón y se regirán por esta ley y sus normas de desarrollo, sin perjuicio de las previsiones establecidas en su legislación especial.
Para la adopción de decisiones de carácter patrimonial respecto de estos bienes, será preceptivo el informe del departamento competente en materia de cultura de Aragón.

Disposición adicional sexta. Fincas de desconocidos procedentes de procesos de concentración parcelaria.

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En resumen

Las fincas de desconocidos en concentración parcelaria se inscriben a nombre de la Comunidad Autónoma si no aparece el dueño en 5 años. Antes, el departamento puede ceder su uso en precario.

Las fincas que reemplacen a las parcelas cuyo dueño no fuese conocido durante un proceso de concentración parcelaria se incluirán también en el acta de reorganización de la concentración parcelaria, haciéndose constar aquella circunstancia y consignando, en su caso, las situaciones posesorias existentes. Tales fincas, sin embargo, no serán inscritas en el Registro de la Propiedad mientras no aparezca su dueño o fuese procedente inscribirlas a nombre de la Comunidad Autónoma.
El departamento competente en materia de concentración parcelaria está facultado, dentro de los cinco años siguientes a la fecha del acta, para reconocer el dominio de estas fincas a favor de quien lo acredite suficientemente y para ordenar en tal caso que se protocolicen las correspondientes rectificaciones del acta de reorganización, de las cuales el notario expedirá copia a efecto de su inscripción en el Registro de la Propiedad con sujeción al mismo régimen del acta.
Transcurridos los cinco años a que se refiere el apartado anterior, el departamento competente en materia de concentración parcelaria remitirá al que lo sea en materia de patrimonio agrario una relación de los bienes cuyo dueño no hubiese aparecido, con mención de las situaciones posesorias que figuren en el acta de reorganización.
Los bienes indicados en el apartado anterior se adscribirán al patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, previo el correspondiente procedimiento, en el que se dará publicidad a la correspondiente propuesta en el Boletín Oficial de Aragón y en el ayuntamiento en cuyo término municipal estén ubicadas las fincas.
El departamento competente en materia de concentración parcelaria queda facultado hasta que se produzca la atribución prevista en el apartado anterior para ceder el uso en precario al ayuntamiento que corresponda, a la entidad local menor o a la comunidad de regantes, el cultivo o el uso de las fincas sin dueño.

Disposición adicional séptima. Sistemas especiales de gestión.

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En resumen

La gestión de bienes puede encomendarse a entidades públicas o privadas. Se permiten acuerdos marco para operaciones futuras. En ventas, la entidad puede adelantar el precio.

La adquisición, enajenación y administración de los bienes se podrán encomendar a sociedades o entidades de carácter público o privado, seleccionadas en la forma prevista por la legislación de contratos del sector público. Quedarán en todo caso excluidas de la encomienda las actuaciones que supongan el ejercicio de potestades administrativas.
En el caso de enajenación de bienes se podrá prever que la sociedad o entidad a quien se encomiende la gestión adelante la totalidad o parte del precio fijado para la venta, a reserva de la liquidación que proceda en el momento en que se consume la operación.
En la forma prevista en esta ley para el correspondiente negocio, podrán concluirse acuerdos marco en los que se determinen las condiciones que han de regir las concretas operaciones de adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes que se prevea realizar durante un período de tiempo determinado. Las operaciones patrimoniales que se realicen al amparo del acuerdo marco no se someterán a los trámites ya cumplimentados al concluirse aquél.

Disposición adicional octava. Reestructuración orgánica.

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En resumen

En reestructuraciones, los bienes siguen a las competencias. Si no se decide otra cosa, se vinculan automáticamente al nuevo órgano. Los departamentos deben comunicar los cambios al patrimonio para actualizar el inventario. Si hay desacuerdo sobre la distribución, la dirección general de patrimonio住

En los casos de reestructuración de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de modificación o supresión de sus organismos públicos se estará, en lo que respecta al destino de los bienes y derechos de su propiedad o que tuviesen afectados o adscritos los órganos u organismos que se supriman o reformen, a lo que se establezca en la correspondiente disposición. Si no se hubiese previsto nada sobre este particular, se entenderá que los bienes y derechos continúan vinculados a los mismos fines y funciones, considerándose afectados al órgano u organismo al que se hayan atribuido las respectivas competencias sin necesidad de declaración expresa.
Los departamentos u organismos públicos a que queden afectados los bienes o derechos comunicarán a la dirección general competente en materia de patrimonio la mutación demanial operada, para que se proceda a tomar razón de la misma en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.
Si la adaptación de la situación patrimonial a la reforma orgánica producida exigiese una distribución de los bienes entre varios departamentos u organismos, será necesario el acuerdo expreso de distribución entre todos ellos, lo que se reflejará en la comunicación que cursen. A falta de acuerdo, cada departamento u organismo remitirá a la dirección general competente en materia de patrimonio una propuesta de distribución de los bienes y la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio resolverá en último término sobre la afectación.

Disposición adicional novena. Departamento o entidad de gestión y departamento de tutela.

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En resumen

La Corporación Empresarial Pública de Aragón actúa como entidad de gestión. El departamento de patrimonio gestiona otros activos autonómicos. Los departamentos con sociedades adscritas ejercen tutela. El departamento de patrimonio puede solicitar información sobre acuerdos del Gobierno.

La Corporación Empresarial Pública de Aragón, Sociedad Limitada Unipersonal, creada por Decreto del Gobierno de Aragón 314/2007, de 11 de diciembre, es una sociedad matriz que tendrá la consideración y ejercerá las responsabilidades de entidad de gestión, conforme a lo dispuesto en los artículos 140 y concordantes de esta ley, siéndole de aplicación los requisitos establecidos en el artículo 141 de la misma.

Uno de los miembros del Consejo de Administración cuya designación corresponda al Gobierno de Aragón se hará a propuesta del departamento competente en materia de patrimonio.

En relación con los valores mobiliarios, los instrumentos financieros y las participaciones sociales de titularidad autonómica, y las sociedades mercantiles autonómicas no incluidos en la Corporación a la que se refiere el apartado anterior, el departamento competente en materia de patrimonio ejercerá las funciones de órgano de gestión, conforme a lo dispuesto en los artículos 140 y concordantes de esta ley, en tanto no se disponga otra cosa por el Gobierno de Aragón.
Los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma que tuvieran adscritas o vinculadas sociedades mercantiles autonómicas ejercerán las funciones de departamento de tutela, conforme a lo dispuesto en los artículos 142 y concordantes de esta ley, en tanto no se disponga otra cosa por el Gobierno de Aragón.
El departamento competente en materia de patrimonio podrá solicitar la información que tenga por oportuna sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Aragón en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 139 de esta Ley del Patrimonio.

Disposición adicional décima. Informes del departamento competente en materia de patrimonio.

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En resumen

El departamento competente en materia de patrimonio debe informar preceptivamente sobre anteproyectos de ley y disposiciones generales que afecten a la gestión del patrimonio de Aragón o redistribuyan masas patrimoniales.

El departamento competente en materia de patrimonio informará preceptivamente los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten a la regulación de la gestión del patrimonio de Aragón o impliquen la redistribución de masas patrimoniales entre la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos.

Disposición adicional undécima. Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

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En resumen

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión está exenta de esta ley en la adquisición y transmisión de derechos de propiedad intelectual. Su competencia y procedimiento se rigen por su legislación específica, y los efectos por el derecho privado.

La adquisición y transmisión de derechos de propiedad intelectual por parte de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión quedan exentas de la aplicación de lo previsto en esta ley, rigiéndose en cuanto a competencia y procedimiento por lo establecido en su legislación específica, y en lo relativo a efectos y extinción por el derecho privado.

Disposición adicional duodécima. Bienes informáticos.

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En resumen

Reglamentariamente se regularán las especialidades del régimen jurídico patrimonial de los bienes muebles de telecomunicaciones, hardware y software de la Administración de Aragón y sus organismos públicos. El decreto se aprueba a propuesta conjunta de los departamentos de patrimonio y telecomunic.

Reglamentariamente se regularán las especialidades del régimen jurídico patrimonial de los bienes muebles de los sistemas de telecomunicaciones y del hardware y del software informáticos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos. El correspondiente decreto será aprobado a propuesta conjunta de los consejeros o consejeras competentes en materia de patrimonio y de telecomunicaciones e informática.

Disposición transitoria única. Aplicabilidad del artículo 23.3.

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En resumen

El artículo 23.3 de esta ley afecta a las disposiciones gratuitas de bienes perfeccionadas antes de la entrada en vigor de la Ley 5/2011, siempre que no se haya ejercitado la acción revocatoria previamente.

La previsión del artículo 23.3 de esta ley surtirá efecto respecto de las disposiciones gratuitas de bienes o derechos que se hubieran perfeccionado antes de la entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Patrimonio de Aragón, siempre que previamente no se hubiera ejercitado la correspondiente acción revocatoria.

Decreto Legislativo 1/2023, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón

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Decreto Legislativo 1/2023, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón

Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.

Disposición adicional primera. Remisiones.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

ANEXO. Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón

TÍTULO I. Disposiciones generales

CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto de la ley.

Artículo 2. Concepto de patrimonio de Aragón.

Artículo 3. Régimen jurídico.

Artículo 4. Bienes y derechos de dominio público.

Artículo 5. Bienes y derechos de dominio privado.

CAPÍTULO II. Competencias generales

Artículo 6. Gobierno de Aragón.

Artículo 7. Departamento competente en materia de patrimonio.

Artículo 8. Restantes departamentos y organismos públicos.

CAPÍTULO III. Convenios patrimoniales y urbanísticos

Artículo 9. Admisibilidad.

Artículo 10. Modalidades.

Artículo 11. Competencias.

TÍTULO II. Adquisición y transmisión

CAPÍTULO I. Disposiciones comunes

Artículo 12. Admisibilidad.

Artículo 13. Régimen jurídico.

Artículo 14. Contenido.

Artículo 15. Expediente patrimonial.

Artículo 16. Formalización.

Artículo 17. Tasaciones.

Artículo 18. Inembargabilidad.

Artículo 19. Transacción y arbitraje.

CAPÍTULO II. Adquisición

Sección 1.ª Adquisiciones a título gratuito

Artículo 20. Adquisiciones hereditarias.

Artículo 21. Procedimiento para la declaración de la Administración de la Comunidad Autónoma como heredera legal.

Artículo 22. Efectos de la declaración de heredera legal.

Artículo 23. Aceptación.

Sección 2.ª Adquisiciones a título oneroso

Artículo 24. Régimen jurídico.

Artículo 25. Negocios jurídicos de adquisición.

Artículo 26. Inmuebles.

Artículo 27. Edificios en construcción.

Artículo 28. Adquisición de bienes por reducción de capital y otras operaciones.

Artículo 29. Bienes muebles.

Artículo 30. Propiedad incorporal.

Artículo 31. Adjudicación de bienes en procedimientos de ejecución.

Artículo 32. Otras adjudicaciones.

Artículo 33. Adquisición derivada del ejercicio de la potestad expropiatoria.

Sección 3.ª Adquisiciones por ministerio de la Ley

Artículo 34. Inmuebles vacantes.

Artículo 35. Saldos y depósitos abandonados.

Sección 4.ª Arrendamientos de inmuebles

Artículo 36. Arrendamiento de inmuebles por la Administración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 37. Arrendamiento de inmuebles por organismos públicos.

Artículo 38. Procedimiento.

Artículo 39. Arrendamiento compartido.

Artículo 40. Utilización del bien arrendado.

Artículo 41. Cambio de usuario.

Artículo 42. Contratos mixtos.

CAPÍTULO III. Transmisión

Sección 1.ª Reglas comunes

Artículo 43. Bienes y derechos transmisibles.

Artículo 44. Negocios jurídicos de transmisión.

Artículo 45. Aplazamiento de pago.

Artículo 46. Reversión de bienes expropiados.

Artículo 47. Cargas y gravámenes.

Sección 2.ª Venta de bienes inmuebles y derechos reales

Artículo 48. Competencia.

Artículo 49. Trámites previos.

Artículo 50. Formas de adjudicación.

Artículo 51. Enajenación con el precio como único criterio de adjudicación.

Artículo 52. Venta directa.

Artículo 53. Procedimiento.

Artículo 54. Aportación a juntas de compensación.