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En vigorAcuerdo internacional

Instrumento de ratificación de 14 de marzo de 1980 del Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en México, D. F., el 21 de noviembre de 1978

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17 de junio de 1980·31 de julio de 2007·Jefatura del Estado·BOE-A-1980-12240
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Este acuerdo regula cómo España y México colaboran para detener y entregar a personas reclamadas por la justicia en el otro país.

44
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Tipo de ley
Acuerdo internacional
Vigencia
En vigor
Publicación
17 de junio de 1980
Departamento
Jefatura del Estado

Temas

Acuerdos internacionalesAdministración de JusticiaEnjuiciamiento CriminalExtradiciónMéxico
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Instrumento de ratificación de 14 de marzo de 1980 del Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en México, D. F., el 21 de noviembre de 1978

DON JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuantoel día 21 de noviembre de 1978, el Plenipotenciario de España firmó en la ciudad de México, juntamente con el Plenipotenciario de México, ambos nombrados en buena y debida forma al efecto, el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos.

Visto y examinadoslos cuarenta y tres artículos que integran dicho Tratado.

Aprobadosu texto por las Cortes Generales y, por consiguiente,Autorizadopara su ratificación,

Vengo a aprobar y ratificarcuanto en el se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza,Mandoexpedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a catorce de marzo de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

TRATADO DE EXTRADICIÓN Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Rey de España y

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,

Conscientes de los estrechos vinculos existentes entre ambos pueblos, deseosos de promover una mayor cooperación entre los dos países en todas las áreas de interés común y convencidos de la necesidad de prestarse asistencia mutua para promover a la mejor administración de la justicia,

Han resuelto concluir un Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal y, al efecto, han nombrado Plenipotenciarios:

El Rey de España al señor Marcelino Oreja, Ministro de Asuntos Exteriores;

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al señor Licenciado Santiago Roel, Secretario de Relaciones Exteriores,

Quienes (después de haberse comunicado sus plenos poderes hallados en buena y debida forma), han convenido lo siguiente:

TÍTULO I. Extradición

Artículo 1.
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En resumen

España y México se obligan a entregarse recíprocamente personas contra las que haya procedimiento penal o pena privativa de libertad impuesta judicialmente, según reglas posteriores.

Las Partes contratantes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y bajo las condiciones determinadas en los artículos siguientes, los individuos contra los cuales se haya iniciado un procedimiento penal o sean requeridos para la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta judicialmente como consecuencia de un delito.

Artículo 2.
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En resumen

La extradición requiere pena superior a 1 año. Para ejecución de sentencia, faltan al menos 6 meses. Si hay hechos menores, se puede conceder.

  1. Darán lugar a la extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena privativa de libertad cuyo máximo sea superior a un año.

  2. Si la extradición se solicita para la ejecución de una sentencia se requerirá, ademas, que la parte de la pena que aun falte por cumplir no sea inferior a seis meses.

  3. Si la solicitud de extradición se refiere a varios hechos distintos, castigado cada uno de ellos por las leyes de ambas Partes con pena privativa de libertad o con pena de multa, pero alguno de ellos no cumpliese el requisito relativo a la duración mencionada de la pena privativa de libertad, la Parte requerida tendrá la facultad de conceder también la extradición por dichos hechos.

Artículo 3.

También darán lugar a la extradición, conforme al presente Tratado, los delitos incluidos en convenios multilaterales en los que ambos países sean Partes.

Artículo 4.
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En resumen

No se extradita por delitos políticos, atentados a Jefes de Estado, terrorismo o infracciones de convenios aéreos/plataformas. Tampoco si hay persecución por raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas.

  1. No se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito no le calificará por sí mismo como un delito de carácter político. A los efectos de este Tratado, en ningún caso se considerarán delitos políticos:

a) El atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia.

b) Los delitos comprendidos en tratados multilaterales que impongan a las partes, en caso de no conceder la extradición, someter el asunto a sus propias autoridades judiciales. Entre otras, las infracciones comprendidas en el ámbito de aplicación de los siguientes tratados:

Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado en La Haya, el 16 de diciembre de 1970.

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal, el 23 de septiembre de 1971.

Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que presten Servicios a la Aviación Civil Internacional, hecho en Montreal, el 24 de febrero de 1988.

Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, hecho en Roma, el 10 de marzo de 1988.

c) Los actos de terrorismo.

  1. Tampoco se concederá la extradición si la Parte requerida tiene fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición, motivada por un delito común ha sido presentada con la finalidad de perseguir o castigar a un individuo a causa de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o bien que la situación de este individuo puede ser agravada por estos motivos.
Artículo 5.

La extradición por delitos estrictamente militares queda excluida del campo de aplicación del presente Tratado.

Artículo 6.
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En resumen

La extradición se concede por hechos que constituyan delito en la parte requerida. No se denegará por diferencias en impuestos, tasas, aduanas o cambio entre legislaciones.

  1. En materia de tasas e impuestos, de aduanas y de cambio, la extradición se concederá con arreglo a las disposiciones del Tratado, por los hechos que sí correspondan, según la legislación de la parte requerida, con un delito de la misma naturaleza.

  2. La extradición no podrá denegarse por el motivo de que la legislación de la parte requerida no imponga el mismo tipo de impuestos o de tasas o no contenga el mismo tipo de reglamentación en materia de impuestos y tasas, de aduana y de cambio, que la legislación de la parte requirente.

Artículo 7.
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En resumen

Las Partes pueden denegar la extradición de sus nacionales. Si no se entrega, se inicia acción penal local. Los documentos se envían gratuitamente y se informa a la Parte requirente.

  1. Ambas Partes tendrán la facultad de denegar la extradición de sus nacionales. La condición de nacional será apreciada en el momento de la decisión sobre la extradición.

  2. En el caso de que la parte requerida no entregue a un individuo que tenga su nacionalidad, deberá poner el hecho en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, por si ha lugar, según la ley del Estado requerido, a iniciar la acción penal correspondiente. A estos efectos, los documentos, informes y objetos relativos a la infracción serán enviados gratuitamente por la vía prevista en el artículo 14, y la Parte requirente será informada de la decisión adoptada.

Artículo 8.

La Parte requerida podrá denegar la extradición cuando, conforme a sus propias leyes, corresponda a sus Tribunales conocer del delito por el cual aquella haya sido solicitada.

Artículo 9.

La extradición no será concedida si el individuo ha sido ya juzgado por las autoridades de la Parte requerida por los mismos hechos que originaron la solicitud.

Artículo 10.

No se concederá la extradición cuando la responsabilidad penal se hubiere extinguido por prescripción u otra causa, conforme a la legislación de cualquiera de las Partes.

Artículo 11.
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En resumen

Si el reclamado fue condenado en rebeldía, la extradición solo procede si la Parte requirente garantiza que será oído en defensa y se le facilitarán recursos legales pertinentes.

Si el reclamado hubiese sido condenado en rebeldía, la extradición solo se concederá si la Parte requirente da seguridades de que será oído en defensa y se les facilitarán los recursos legales pertinentes.

Artículo 12.
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En resumen

Si el delito imputado es punible con pena capital en la Parte requirente, la extradición solo se concede si esta garantiza, considerada suficiente por la requerida, que no se ejecutará dicha pena.

Si el delito que se imputa al reclamado es punible, según la legislación de la Parte requirente, con la pena capital, la extradición solo se concederá si la Parte requirente da seguridades consideradas suficientes por la requerida de que la pena capital no será ejecutada.

Artículo 13.
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En resumen

La persona objeto de extradición no podrá ser sometida a un Tribunal de excepción en la Parte requirente. No se concede extradición para ello ni para ejecutar penas de tales tribunales.

La persona objeto de extradición no podrá ser sometida en el territorio de la Parte requirente, a un Tribunal de excepción. No se concederá la extradición para ello ni para la ejecución de una pena impuesta por Tribunales que tengan ese carácter.

Artículo 14.

La solicitud de extradición será transmitida por la vía diplomática.

Artículo 15.
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En resumen

La solicitud de extradición debe incluir: exposición de hechos, sentencia u orden judicial, texto legal y datos de identidad. No se admiten oposiciones ya alegadas ni se valoran constancias salvo irregularidad.

  1. Con la solicitud de extradición se enviará:

a) Exposición de los hechos por los cuales la extradición se solicita, indicando en la forma más exacta posible el tiempo y lugar de su perpetración y su calificación legal.

b) Original o copia auténtica de sentencia condenatoria, orden de aprehensión, auto de prisión o cualquier otra resolución judicial que tenga la misma fuerza según la legislación de la parte requirente.

c) Texto de las disposiciones legales relativas al delito o delitos de que se trate, penas correspondientes y plazos de prescripción.

d) En la medida en que sea posible y de conformidad con la legislación del Estado requirente, datos que permitan establecer la identidad, la nacionalidad y localización del individuo reclamado.

  1. En los procedimientos que se sigan en la Parte requerida no se podrán alegar motivos de oposición formulados ante la Parte requirente.

  2. La Parte requerida no podrá valorar constancias expedidas por los Tribunales de la Parte requirente, salvo que éstas acrediten que la solicitud de extradición no está cursada conforme a lo estipulado en este Instrumento.

Artículo 16.
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En resumen

Si la documentación es insuficiente, la Parte requerida notifica las omisiones para que sean subsanadas por la Parte requirente.

Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición son insuficientes o defectuosos, la Parte requerida pondrá en conocimiento de la requirente las omisiones o defectos para que puedan ser subsanados.

Artículo 17.
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En resumen

El extraditado no se procesa por hechos distintos salvo consentimiento o permanencia >45 días. La prescripción puede interrumpirse. Si cambia la calificación, debe permitir extradición.

  1. El individuo entregado en virtud de extradición no será procesado, juzgado o detenido para la ejecución de una pena por un hecho anterior y diferente al que hubiese motivado la extradición, salvo en los casos siguientes:

a) Cuando la Parte que lo ha entregado preste su consentimiento, después de la presentación de una solicitud en este sentido, que irá acompañada de los documentos previstos en el artículo 15 y de una declaración de la persona entregada formulada ante las autoridades competentes de la Parte requirente.

b) Cuando, estando en libertad de abandonar el territorio de la Parte a la que fue entregado, el inculpado haya permanecido en el más de cuarenta y cinco días sin hacer uso de esa facultad.

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Parte requirente podrá adoptar las medidas necesarias según su legislación para interrumpir la prescripción.

  2. Cuando la calificación del hecho imputado sea modificada en el curso del procedimiento, el individuo entregado solo será procesado o juzgado en el caso de que los elementos constitutivos del delito, según la nueva calificación, hubieren permitido la extradición.

Artículo 18.
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En resumen

La reextradición a un tercer Estado requiere consentimiento de la Parte que concedió la extradición, salvo permanencia >45 días. Puede exigirse documentación y declaración del reclamado.

Salvo en el caso previsto en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 17 la reextradición en beneficio de un tercer Estado no será otorgada sin el consentimiento de la Parte que ha concedido la extradición. Esta podrá exigir el envío previo de la documentación prevista en el artículo 15, así como un acta que contenga la declaración razonada del reclamado sobre si acepta la reextradición o se opone a ella.

Artículo 19.
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En resumen

En urgencia, se solicita detención preventiva. La detención dura máx. 45 días (prórroga a 60) hasta recibir solicitud formal. Puede haber libertad provisional. La puesta en libertad no interrumpe el procedimiento si llegan los documentos.

  1. En caso de urgencia, las autoridades competentes de la Parte requirente podrán solicitar la detención preventiva del individuo reclamado. La solicitud de detención preventiva indicará la existencia de una de las resoluciones mencionadas en el apartado b) del artículo 15 y la intención de formalizar la solicitud de extradición. Mencionará igualmente la infracción, el tiempo y el lugar en que ha sido cometida y los datos que permitan establecer la identidad y nacionalidad del individuo reclamado.

  2. La solicitud de detención preventiva será transmitida a las autoridades competentes de la Parte requerida, por la vía más rápida, pudiendo utilizar cualquier medio de comunicación siempre que deje constancia escrita o este admitido por la Parte requerida.

  3. Al recibo de la solicitud a que se refiere el apartado 1, la Parte requerida adoptará las medidas conducentes a obtener la detención del reclamado. La Parte requirente será informada del curso de su solicitud.

  4. Podrá concederse la libertad provisional siempre que la Parte requerida adoptara las medidas que estime necesarias para evitar la fuga del reclamado.

  5. La detención preventiva podrá alzarse si en el plazo de cuarenta y cinco días la Parte requerida no ha recibido la solicitud de extradición y los instrumentos mencionados en el artículo 15. En ningún caso podrá exceder de un plazo de sesenta días .

  6. La puesta en libertad no impedirá el curso normal del procedimiento de extradición si la solicitud y los documentos mencionados en el artículo 15 se llegan a recibir posteriormente.

Artículo 19 bis.
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En resumen

El reclamado que consiente su extradición puede ser extraditado sin mayores trámites. No se aplica la regla de especialidad.

Si el reclamado manifiesta a las autoridades competentes de la Parte Requerida que consiente en ser extraditado, dicha Parte podrá conceder su extradición sin mayores trámites y tomará todas las medidas permitidas por sus leyes para expeditar la extradición, no siendo aplicable en estos casos la regla de especialidad.

Artículo 20.
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En resumen

En solicitudes concurrentes, la Parte requerida decide considerando tratados, gravedad, lugar, fechas, nacionalidad y posibilidad de futura extradición.

Si la extradición se solicita en forma concurrente por una de las Partes y otros Estados, bien por el mismo hecho o por hechos diferentes, la Parte requerida resolverá teniendo en cuenta las circunstancias y especialmente la existencia de otros tratados que obliguen a la Parte requerida, la gravedad relativa, el lugar de las infracciones, las fechas de las respectivas solicitudes, la nacionalidad del individuo y la posibilidad de una extradición ulterior.

Artículo 21.
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En resumen

La decisión se comunica por vía diplomática. La entrega debe hacerse en 60 días. Si no se recibe, se libera. La fuerza mayor permite reprogramar.

  1. La Parte requerida comunicará a la requirente, por la vía diplomática, su decisión respecto a la solicitud de extradición.

  2. Toda negativa, total o parcial, será motivada.

  3. Si se concede la extradición, las partes se pondrán de acuerdo para realizar la entrega del reclamado, que deberá llevarse a efecto dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que la parte requirente haya recibido la comunicación a que se refiere el apartado 1.

En caso de aceptarse, el Estado requirente será informado sobre el lugar y fecha de entrega, así como de la duración de la detención de que haya sido objeto la persona requerida a fin de extraditarla.

En caso de que la entrega o recepción de la persona a extraditar no sea posible por causa de fuerza mayor. El Estado afectado lo informará al otro Estado; ambos Estados se podrán de acuerdo sobre una nueva fecha para la entrega.

  1. Si el reclamado no ha sido recibido dentro del plazo señalado, será puesto en libertad y la Parte requerida podrá posteriormente denegar la extradición por el mismo delito.
Artículo 22.
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En resumen

Se puede retrasar la entrega para juzgar o cumplir otra pena, por salud o entregar temporalmente. La salud puede justificar la demora.

  1. La Parte requerida podrá, después de haber resuelto sobre la solicitud de extradición, retrasar la entrega del individuo reclamado a fin de que pueda ser juzgado o, si ya ha sido condenado, para que pueda cumplir en su territorio una pena impuesta por un hecho diferente de aquel por el que se concedió la extradición.

  2. En lugar de retrasar la entrega, la Parte requerida también podrá entregar temporalmente al reclamado, si su legislación lo permite, en las condiciones que de común acuerdo establezcan ambas Partes.

  3. La entrega podrá igualmente ser diferida cuando, por las condiciones de salud del reclamado, el traslado pueda poner en peligro su vida o agravar su estado.

Artículo 23.
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En resumen

La Parte requerida entrega objetos prueba o delictivos a petición. La entrega procede aunque falle la extradición por muerte o fuga. Se permiten retenciones temporales. Los objetos con derechos de terceros o de la Parte requerida se restituyen sin costo.

  1. A petición de la Parte requirente, la Requerida asegurará y entregará, en la medida en que lo permita su legislación y sin perjuicio de los derechos de terceros, los objetos:

a) Que puedan servir de medios de prueba.

b) Que, provenientes de la infracción, fuesen encontrados en poder del reclamado en el momento de su detención o descubiertos posteriormente.

  1. La entrega de los objetos citados en el apartado anterior será efectuada aunque la extradición ya acordada no pueda llevarse a cabo por muerte, desaparición o fuga del individuo reclamado.

  2. La Parte requerida podrá retener temporalmente o entregar bajo condición de restitución los objetos a que se refiere el apartado 1 cuando puedan quedar sujetos a una medida de aseguramiento en el territorio de dicha Parte dentro de un proceso penal en curso.

  3. Cuando existan derechos de la Parte requerida o de terceros sobre objetos que hayan sido entregados a la requirente para los efectos de un proceso penal conforme a las disposiciones de este artículo, dichos objetos serán restituidos a la Parte requerida lo mas pronto posible y sin costo alguno.

Artículo 24.
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En resumen

Se permite el tránsito de personas entregadas por terceros mediante resolución diplomática, salvo orden público. Las autoridades de tránsito custodian al reo. La Parte requirente reembolsa los gastos de tránsito al Estado de tránsito.

  1. El tránsito por el territorio de una de las Partes de una persona que no sea nacional de esa Parte, entregada a la otra Parte por un tercer Estado, será permitido mediante la presentación por la vía diplomática de una copia autentica de la resolución por la que se concedió la extradición, siempre que no se opongan razones de orden público.

  2. Corresponderá a las autoridades del Estado de tránsito la custodia del reo mientras permanezca en su territorio.

  3. La Parte requirente reembolsará al Estado de tránsito cualquier gasto en que este incurra con tal motivo.

Artículo 25.

En lo no dispuesto en el presente Tratado se aplicarán las leyes internas de las respectivas Partes en cuanto regulen el procedimiento de extradición.

Artículo 26.
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En resumen

Los gastos de extradición en territorio de la Parte requerida corren por cuenta de esta, excepto el transporte del reclamado, que asume la Parte requirente.

Los gastos ocasionados por la extradición en el territorio de la Parte requerida serán de su cuenta, excepto los relativos al transporte del reclamado que recaerán sobre la Parte requirente.

TÍTULO II. Asistencia mutua en materia penal

[Nota del BOE: Téngase en cuenta que este Título II queda reemplazado por el Tratado de 29 de septiembre de 2006Ref. BOE-A-2007-14588., según se establece en el art. 25.5 del mismo, con efectos de 26 de julio de 2007.]

Artículo 27.
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En resumen

Asistencia mutua en investigaciones penales. No aplica a medidas policiales ni delitos militares (salvo derecho común). Se presta asistencia aunque no sea punible en la Parte requerida, salvo para aseguramientos, careos o registros, que requieren tipificación delictiva.

  1. Las Partes se obligan a prestarse asistencia mutua, según las disposiciones de este Tratado, en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal incoado por hechos cuyo conocimiento competa a la Parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada.

  2. Este Tratado no se aplicará a las medidas puramente policiales ni tampoco a los delitos militares, salvo que estos constituyan infracciones de derecho común.

  3. La asistencia podrá prestarse en interés de la justicia, aunque el hecho no sea punible según las leyes de la Parte requerida. No obstante, para la ejecución de medidas de aseguramiento de objetos, de careos o registros domiciliarios será necesario que el hecho por el que se solicita la asistencia sea también considerado como delito por la legislación de la Parte requerida.

Artículo 28.
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En resumen

La asistencia judicial puede rehusarse si la solicitud refiere infracciones políticas, conexas o fiscales, o si atenta contra el orden público de la Parte requerida.

La asistencia judicial podrá ser rehusada:

a) Si la solicitud se refiere a infracciones políticas, conexas con infracciones de este tipo, a juicio de la Parte requerida o infracciones fiscales.

b) Si la Parte requerida estima que el cumplimiento de la solicitud atenta contra su orden público.

Artículo 29.

El cumplimiento de una solicitud de asistencia se llevará a cabo conforme a la legislación de la Parte requerida, ateniéndose a las diligencias solicitadas expresamente.

Artículo 30.
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En resumen

La Parte requerida cumple comisiones rogatorias penales. Puede entregar copias autenticadas salvo petición de originales. Puede negarse si su legislación no lo permite o si son necesarios en procedimiento en curso. Los objetos enviados se devuelven lo antes posible.

  1. La Parte requerida cumplimentará las comisiones rogatorias relativas a un procedimiento penal que le sean dirigidas por las autoridades judiciales o por el Ministerio Público de la Parte requirente y que tengan por objeto actos de averiguación previa o instrucción o actos de comunicación.

  2. Si la comisión rogatoria tiene por objeto la transmisión de autos, elementos de prueba y, en general, cualquier clase de documentos, la Parte requerida podrá entregar solamente copias o fotocopias autenticadas, salvo si la Parte requirente pide expresamente los originales.

  3. La Parte requerida podrá negarse al envío de objetos, autos o documentos originales que le hayan sido solicitados si su legislación no lo permite o si le son necesarios en un procedimiento penal en curso.

  4. Los objetos o documentos que hayan sido enviados en cumplimiento de una comisión rogatoria serán devueltos lo antes posible, a menos que la Parte requerida renuncie a ellos.

Artículo 31.

Si la Parte requirente lo solicita expresamente, será informada de la fecha y lugar de cumplimiento de la comisión rogatoria.

Artículo 32.
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En resumen

La Parte requerida entrega decisiones judiciales. La entrega se acredita con recibo o certificación. La solicitud de citación puede no diligenciarse si se recibe en los 45 días anteriores a la comparecencia.

  1. La Parte requerida procederá a la entrega de las decisiones judiciales o documentos relativos a actos procesales que le sean enviados a dicho fin por la Parte requirente.

  2. La entrega podrá ser realizada mediante la simple remisión del documento al destinatario, o a petición de la Parte requirente, en alguna de las formas previstas por la legislación de la Parte requerida, o en cualquier otra forma compatible con dicha legislación.

  3. La entrega se acreditará mediante recibo, fechado y firmado por el destinatario, o por certificación de la autoridad competente que acredite el hecho, la forma y la fecha de la entrega. Uno u otro de estos documentos serán enviados a la Parte requirente y, si la entrega no ha podido realizarse, se harán constar las causas.

  4. La solicitud que tenga por objeto la citación de un inculpado, testigo o Perito ante las autoridades de la Parte requirente podrá no ser diligenciada si es recibida dentro de los cuarenta y cinco días anteriores a la fecha señalada para la comparecencia. La Parte requirente deberá tener en cuenta este plazo al formular su solicitud.

Artículo 33.
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En resumen

La Parte requerida cita al testigo o perito sin sanciones por incomparecencia. La solicitud debe mencionar el importe de viáticos, dietas e indemnizaciones que percibirá.

  1. Si la Parte requirente solicitase la comparecencia como testigo o Perito de una persona que se encuentre en el territorio de la otra Parte, ésta procederá a la citación según la solicitud formulada, pero sin que puedan surtir efecto las cláusulas conminatorias o sanciones previstas para el caso de incomparecencia.

  2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior deberá mencionar el importe de los viáticos, dietas e indemnizaciones que percibirá el testigo o Perito.

Artículo 34.
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En resumen

Si la Parte requirente estima especialmente necesaria la comparecencia personal del testigo o perito, lo hará constar en la solicitud de citación.

Si la Parte requirente estima que la comparecencia personal de un testigo o Perito ante sus autoridades judiciales resulta especialmente necesaria, lo hará constar en la solicitud de citación.

Artículo 35.
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En resumen

El testigo o perito citado no será perseguido por hechos anteriores. La inmunidad cesa si permanece más de 45 días en el territorio de la Parte requirente tras dejar de ser exigida su presencia.

  1. El testigo o Perito, cualquiera que sea su nacionalidad, que, como consecuencia de una citación, comparezca ante las autoridades judiciales de la Parte requirente, no podrá ser perseguido o detenido en este Estado por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida.

  2. La inmunidad prevista en el precedente apartado cesará cuando el testigo o Perito permaneciere más de cuarenta y cinco días en el territorio de la Parte requirente después del momento en que su presencia ya no fuere exigida por las autoridades judiciales de dicha Parte.

Artículo 36.
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En resumen

El traslado de un detenido para declarar requiere su consentimiento y aprobación. La parte que solicita debe custodiarlo, devolverlo tras la diligencia y asumir los gastos.

  1. Si en una causa penal se considerase necesaria la comparecencia personal ante las autoridades de una de las Partes, en calidad de testigo o para un careo, de un individuo detenido en el territorio de la otra Parte, se formulará la correspondiente solicitud. Se accederá a ella si el detenido presta su consentimiento y si la Parte requerida estima que no existen consideraciones importantes que se opongan al traslado.

  2. La Parte requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla tan pronto como se haya realizado la diligencia especificada en la solicitud que dio lugar al traslado.

  3. Los gastos ocasionados por la aplicación de este artículo correrán por cuenta de la Parte requirente.

Artículo 37.

Las Partes se informarán mutuamente de las sentencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de ellas hayan dictado contra nacionales de la otra.

Artículo 38.
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En resumen

Se comunican los antecedentes penales si se indica el motivo y la legislación de la Parte requerida no lo prohíbe.

Cuando una de las Partes solicite de la otra los antecedentes penales de una persona, haciendo constar el motivo de la petición, dichos antecedentes le serán comunicados si no lo prohíbe la legislación de la Parte requerida.

Artículo 39.
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En resumen

Las solicitudes deben incluir autoridad, naturaleza, descripción, delito, identidad y destinatario. Las comisiones rogatorias añaden acusación y hechos. Si no se cumple, se devuelve con causa.

  1. Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes indicaciones:

a) Autoridad de que emana el documento o resolución.

b) Naturaleza del documento o de la resolución.

c) Descripción precisa de la asistencia que se solicite.

d) Delito a que se refiere el procedimiento.

e) En la medida de lo posible, identidad y nacionalidad de la persona encausada o condenada.

f) Nombre y dirección del destinatario.

  1. Las comisiones rogatorias que tengan por objeto cualquier diligencia distinta de la simple entrega de documentos mencionarán además la acusación formulada y contendrán una sumaria exposición de los hechos.

  2. Cuando una solicitud de asistencia no sea cumplimentada por la Parte requerida, ésta la devolverá con expresión de la causa.

Artículo 40.
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En resumen

Las comunicaciones las envía y recibe la Procuraduría General (México) o el Ministerio de Justicia (España). También se puede usar la vía diplomática o los Cónsules.

  1. A efectos de lo determinado en este Título, las Autoridades habilitadas para enviar y recibir las comunicaciones relativas a la asistencia en materia penal son:

a) En el caso de los Estados Unidos Mexicanos, la Procuraduría General de la República;

b) En el caso de España, el Ministerio de Justicia.

  1. No obstante lo anterior, las Partes podrán utilizar en todo caso la vía diplomática o encomendar a sus Cónsules la práctica de diligencias permitidas por la legislación del Estado receptor.

TÍTULO III. Disposiciones finales

Artículo 41.
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En resumen

Los documentos del Tratado de Extradición con México se dispensan de legalización si se cursan por vía diplomática o por las autoridades del artículo anterior.

Los documentos transmitidos en aplicación de este Tratado estarán dispensados de todas las formalidades de legalización cuando sean cursados por la vía diplomática o por conducto de las autoridades a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.

Artículo 42.

Las dificultades derivadas de la aplicación y la interpretación de este Tratado serán resueltas por la vía diplomática.

Artículo 43.
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En resumen

El Tratado con México entra en vigor el primer día del segundo mes tras el canje de ratificaciones en Madrid. Abroga el Tratado de 1881. Las extradiciones posteriores se rigen por este, salvo las ya solicitadas.

  1. El presente Tratado está sujeto a ratificación. El canje de los instrumentos de ratificación tendrá lugar en la ciudad de Madrid a la brevedad posible.

  2. Este Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a aquel en que tenga lugar el canje de los instrumentos de ratificación y seguirán en vigor mientras no sea denunciado por una de las Partes. Sus efectos cesarán seis meses después del día de la recepción de la denuncia.

  3. Al entrar en vigor este Tratado quedará abrogado el Tratado de 17 de noviembre de 1881, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5.

  4. Las extradiciones solicitadas después de la entrada en vigor de este Tratado se regirán por sus cláusulas, cualquiera que sea la fecha de comisión del delito.

  5. Las extradiciones solicitadas después de la entrada en vigor de este Tratado continuarán tramitándose y serán resueltas conforme a las disposiciones del Tratado de 17 de noviembre de 1881.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente Tratado, hecho en dos originales iguales auténticos, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y ocho.

Por el Gobierno del Reino de España, Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,
MARCELINO OREJA, Lic. SANTIAGO ROEL,
Ministro de Asuntos Exteriores Secretario de Relaciones Exteriores