Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría

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• 1 de junio de 2023
  Reforma BOE-A-2023-13020
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• 5 de noviembre de 2019
  Versión original BOE-A-2019-15830

Artículo por artículo

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1. Primero. Aprobación

   Se aprueban 34 NIA-ES-SP, sus Notas Explicativas, Glosario, criterios de aplicación y el Código de Ética para la auditoría pública.

2. Segundo. Ámbito de aplicación

   Aplicable a auditorías de la IGAE, con auditores privados, a entidades públicas no estatales por convenio, y otras Administraciones. Incluye regularidad contable.

3. Tercero. Criterios de interpretación y aplicación

   Las NIA-ES-SP se aplican a la auditoría de cuentas públicas. Se interpretan con criterios específicos: ámbito público, supresión de referencias al sector privado, terminología adaptada y modelos de informe uniformes. La responsabilidad recae en los cuentadantes según la Ley 47/2003.

4. Cuarto. Modificaciones

   Se autoriza a la ONA a modificar las normas de auditoría para adaptarlas al marco normativo financiero aplicable, mediante la mera actualización de la referencia legislativa.

5. Quinto. Formación

   La ONA estructura planes de formación para asimilar las nuevas normas. La IGAE promueve convenios con órganos de control territoriales.

6. Sexto. Publicación

   Se publica en el BOE. Las normas, Notas, Glosario y Código de Ética se publican en la web de la IGAE.

7. Disposición derogatoria — Derogación normativa

   Se derogan la Norma Técnica de 2013 y las Normas de Auditoría de 1997 en auditoría de cuentas. Mantienen vigencia en auditoría operativa y de cumplimiento. Se derogan normas sobre el sujeto auditor.

8. Disposición transitoria

   Las normas técnicas vigentes se aplican hasta adaptarse a las NIA-ES-SP. No son aplicables en lo que se oponga a dichas normas.

9. Disposición final

   Las normas son obligatorias para auditorías de cuentas iniciadas desde el 1 de enero de 2019, realizadas por la Intervención General o auditores privados contratados, salvo normas con aplicación suspendida.