Real Decreto 592/2026, de 15 de julio, por el que se regula el régimen jurídico de las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la Administración General del Estado
También conocida como: RD 592/2026, RD 592/26Regula cómo las organizaciones del tercer sector social pueden colaborar y recibir ayudas de la Administración General del Estado.
Los resúmenes de esta página están escritos en lenguaje sencillo y generados con IA a partir del texto oficial. No son asesoramiento jurídico: lo que vale es el texto publicado en el BOE. Cómo los hacemos.
El texto completo y oficial de la ley, tal como lo publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Qué ha cambiado
Esta ley no tiene modificaciones registradas desde su publicación.
Artículo por artículo
Qué dice cada artículo, en lenguaje sencillo (29 artículos con resumen).Pulsa en un artículo para leer su texto oficial en el BOE.
Artículo 1 — Objeto
Este real decreto regula el régimen jurídico de las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la Administración General del Estado y sus organismos. Establece el procedimiento de reconocimiento, así como los derechos, obligaciones, supervisión, pérdida y revocación de dicha condición.
Artículo 2 — Ámbito de aplicación
El Real Decreto 592/2026 aplica a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal (actúan en más de una comunidad autónoma o ciudad autónoma), según la Ley 43/2015. Quedan excluidas: organismos públicos, universidades, partidos políticos, colegios profesionales, cámaras de comercio, sociedades civiles, organizaciones empresariales y sindicatos.
Artículo 3 — Actuaciones de las entidades del Tercer Sector colaboradoras
Las entidades del Tercer Sector colaboran con la AGE informando, participando y ejecutando planes no contractuales o gratuitos. Excepcionalmente, pueden realizar actuaciones urgentes limitadas en el tiempo para necesidades sociales sobrevenidas.
Artículo 4 — Ámbitos específicos de colaboración
Las entidades solicitantes de colaboración con la Administración General del Estado deben realizar actividades de acción social de interés general, conforme a la definición del artículo 4.i) de la Ley 43/2015, de 9 de octubre.
Artículo 5 — Derechos de las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la Administración General del Estado
Las entidades del Tercer Sector reconocidas como colaboradoras con la AGE disfrutan de los derechos de este real decreto y de otras leyes. Pueden usar la mención oficial según formato establecido. La AGE puede adoptar medidas para su sostenibilidad con criterios objetivos. Se exime de presentar documentación ya acreditada en subvenciones (Ley 38/2003) si cumplen el art. 8 y figuran en el Inventario (art. 14). La AGE puede suscribir convenios de colaboración.
Artículo 6 — Obligaciones de las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la Administración General del Estado
Las entidades colaboradoras deben: mantener requisitos al día, comunicar inicio/fin de actuaciones, conservar documentación 4 años, remitir memoria anual, facilitar datos, cumplir Ley 19/2013, garantizar confidencialidad (RGPD y LO 3/2018) y facilitar supervisión.
Artículo 7 — Supervisión de las entidades colaboradoras
La Secretaría de Estado de Derechos Sociales supervisa a las entidades colaboradoras del Tercer Sector. Puede requerir información, recibir asesoramiento de otros departamentos y elaborar un plan bianual de evaluación y control para verificar el cumplimiento normativo de sus actuaciones.
Artículo 8 — Requisitos
Para ser entidad colaboradora, se exige personalidad jurídica, fines de interés general, 5 años de antigüedad estatal, medios adecuados, no retribuir órganos con fondos públicos, auditoría de 3 ejercicios, cumplimiento fiscal, social y de igualdad (incluyendo protocolos de acoso y discapacidad).
Artículo 9 — Presentación y contenido de la solicitud
La solicitud de reconocimiento como entidad del Tercer Sector se presenta de forma electrónica en la sede del Ministerio de Derechos Sociales. Debe incluir datos de identificación, NIF, naturaleza jurídica, ámbito de actuación y, si procede, número de inscripción en el registro competente.
Artículo 10 — Documentación acreditativa de los requisitos
La solicitud exige: poder, acuerdo del órgano de gobierno, certificado de estructura (organigrama, socios, personal, voluntarios a 31/12), memorias de 5 ejercicios, estatutos, inscripción registral, NIF, certificado de calidad, cuentas auditadas (3 años), declaración de ausencia de conflicto de intereses, declaración responsable (arts. 8.j-m y 8.n-p) e inscripción del plan de igualdad. Se autoriza la consulta telemática de deudas fiscales y de Seguridad Social, salvo denegación expresa.
Artículo 11 — Memoria de actividades
Las entidades colaboradoras deben presentar una memoria anual detallando sus actividades y servicios. Estos deben estar abiertos a cualquier beneficiario que cumpla los requisitos, no solo a sus miembros.
Artículo 12 — Instrucción
La Subdirección General de Promoción del Tercer Sector instruirá las solicitudes. Si faltan requisitos, se concederán 10 días para subsanarlos.
Artículo 13 — Resolución del procedimiento
La Secretaría de Estado de Derechos Sociales dictará la resolución final, que se notificará. Contra ella cabe recurso de reposición o impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 14 — Inventario de entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la Administración General del Estado
Las entidades colaboradoras se incorporarán a un inventario oficial. La Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales habilitará la opción para su inclusión.
Artículo 15 — Creación de la Comisión de Evaluación
Se crea la Comisión de Evaluación de Entidades Colaboradoras como órgano colegiado para coordinar la actuación de los departamentos de la Administración General del Estado.
Artículo 16 — Funciones de la Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación analizará informes, emitirá propuestas de resolución y supervisará el desarrollo de las funciones de las entidades colaboradoras.
Artículo 17 — Estructura y composición de la Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación se estructura en Pleno, Comisión Permanente y grupos de trabajo. La Presidencia recae en la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.
Artículo 18 — Funcionamiento y organización de la Comisión de Evaluación
El Pleno de la Comisión de Evaluación se reunirá al menos dos veces al año. Podrán asistir representantes de otros departamentos o comunidades autónomas con voz pero sin voto.
Artículo 19 — Vigencia del reconocimiento
El reconocimiento como entidad colaboradora es indefinido si se cumplen los requisitos. Anualmente, se debe presentar una declaración responsable de mantenimiento de dichos requisitos.
Artículo 20 — Pérdida del reconocimiento
La renuncia voluntaria a la condición de entidad colaboradora implica la pérdida del reconocimiento. Para obtenerlo de nuevo, se deberá iniciar un nuevo procedimiento de solicitud.
Artículo 21 — Revisión del reconocimiento y procedimiento de revocación
La revocación de la condición de entidad colaboradora procede por incumplir requisitos u obligaciones. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales inicia el procedimiento, que se resuelve en máx. 6 meses. La entidad dispone de 15 días para alegar. La revocación se notifica y publica en el BOE. Para reobtenerla, deben pasar 12 meses y desaparecer la causa.
Artículo 22 — Actuaciones de carácter urgente
En situaciones excepcionales de necesidad social sobrevenida, las entidades del Tercer Sector pueden prestar apoyo urgente a la Administración General del Estado. El pleno de la Comisión de Evaluación, por mayoría simple y a propuesta ministerial, determina motivadamente estas situaciones, que deben ser extraordinarias, no permanentes y de duración limitada.
Artículo 23 — Plan de Actuaciones
Si la Comisión de Evaluación detecta circunstancias extraordinarias, se elabora un Plan de Actuaciones en un mes. No es vinculante ni genera obligaciones económicas. Incluye justificación, actuaciones, instrumentos (convenios, subvenciones), coordinación y duración máxima de 2 años. Las entidades deben aceptar expresamente su participación.
Disposición adicional única — No incremento del gasto público
Esta norma no incrementa el gasto público. El Pleno y la Comisión Permanente de la Comisión de Evaluación funcionan con los medios del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La asistencia a reuniones no genera emolumentos ni retribuciones.
Disposición final primera — Título competencial
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencias exclusivas para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales.
Disposición final segunda — Modificación de la Orden DCA/448/2026, de 5 de mayo, por la que se regula el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales
Se modifica la disposición final segunda de la Orden DCA/448/2026, de 5 de mayo, que regula el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales, quedando redactada en los términos establecidos en esta disposición.
Disposición final tercera — Salvaguarda de rango de disposiciones reglamentarias
La Orden DCA/448/2026, de 5 de mayo, que regula el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales, podrá ser modificada por orden ministerial del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Disposición final cuarta — Habilitación normativa
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para aprobar las disposiciones necesarias para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final quinta — Entrada en vigor
El Real Decreto 592/2026 entra en vigor el 2 de enero de 2027. Excepción: las disposiciones finales segunda y tercera entran en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Información general
Temas
Notas oficiales
Entrada en vigor: el 2 de enero de 2027, salvo las disposiciones finales 2 y 3, que entrarán en vigor el 17 de julio de 2026.
Leyes en las que se basa
- el art. 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre BOE-A-1997-25336
- la Ley 43/2015, de 9 de octubre BOE-A-2015-10922
- la disposición final 2 de la Orden DCA/448/2026, de 5 de mayo BOE-A-2026-10043
Leyes que la modifican
- en BOE núm. 226, de 12 de septiembre de 2026 BOE-A-2026-19052
¿Quieres saber cuándo cambia esta ley?
Cada cambio queda registrado en nuestro repositorio público. Síguelo con cualquier lector de noticias, sin darnos ningún dato: canal de cambios de esta ley · historial en GitHub.