Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña

CAPÍTULO 1 Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. 1.1 Es objeto de este Decreto-ley la regulación del marco de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Cataluña en los órganos, entidades o empresas públicas integrados en la Generalidad de Cataluña, mediante comisiones, consejos u otros órganos colegiados de participación, que tengan atribuidas competencias en materias laborales, sociales y socioeconómicas que afecten los intereses económicos y sociales de trabajadores y trabajadoras y del empresariado. 1.2 También es objeto de este Decreto-ley el desarrollo de los ámbitos de diálogo social permanente y concertación social que permitan el desarrollo efectivo de los apartados 3, 4 y 6 del artículo 45 del Estatuto de autonomía de Cataluña.

Artículo 2. Definiciones. 2.1 A los efectos de lo que se dispone en este Decreto-ley, se entiende por participación institucional el ejercicio de tareas y actividades de defensa y promoción de los intereses generales comunes e intersectoriales que corresponden a trabajadores y empresarios. 2.2 A los efectos de lo que dispone este Decreto-ley, se entiende por diálogo social permanente y concertación social la participación, la interacción, la negociación y las conversaciones que se llevan a cabo de forma estable y en todos los ámbitos que determina la presente norma, con el objetivo de alcanzar consensos entre las administraciones y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en materia de acción social y económica de interés general, especialmente en ámbitos como la mejora del empleo y su calidad y dignidad; la dinamización empresarial e industrial; el crecimiento económico sostenible e inclusivo; y la preservación del estado del bienestar.

Artículo 3. Organizaciones sindicales y empresariales más representativas y criterios de representatividad. 3.1 Son organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de Cataluña, a los efectos de lo que se dispone en este Decreto-ley, las que tengan esta condición de acuerdo con lo que prevén los artículos 6.2 a) y 7.1 de la Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y la disposición adicional sexta del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, así como aquellas normas que, en desarrollo de los citados preceptos, se puedan dictar, en el marco de las competencias que tenga atribuidas la Generalidad de Cataluña, en cada momento. 3.2 Las organizaciones empresariales que tengan la condición de más representativas se distribuyen esta representación en función del acuerdo que hayan alcanzado entre ellas, y, en su defecto, se establece a partir de la aplicación de las normas y procedimientos previstos para su determinación. 3.3 Para la determinación específica del número de representantes de estas organizaciones, tanto sindicales como empresariales, a las entidades previstas en el artículo 1 se debe aplicar el criterio de proporcionalidad en relación con su representatividad en Cataluña, y de paridad entre las representaciones sindicales y empresariales. 3.4 La designación de las personas representantes de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas se hace de acuerdo con las propuestas formuladas por estas organizaciones mediante sus órganos de dirección competentes y se debe respetar que, como mínimo, haya igual número de mujeres que de hombres. Corresponde su nombramiento al Gobierno, al consejo o consejera del Departamento donde esté adscrito, o a quien corresponda, en función de la norma reguladora o de creación de cada órgano.

Artículo 4. Ámbito de aplicación. 4.1 La participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social establecidos en este Decreto-ley se deben ejercer en los términos que la legislación específica de cada órgano de los departamentos de la Generalidad de Cataluña, entidades o empresas públicas establezca, y en los ámbitos de intervención siguientes: a) Entidades públicas integradas en la Administración de la Generalidad de Cataluña que tengan atribuidas competencias en materias de carácter laboral o social. Se incluyen todas aquellas entidades públicas u organismos autónomos que tengan competencias en materia de trabajo, empleo, formación profesional, economía social, política de inmigración vinculada al mercado de trabajo, y en general cualquier otra materia de relevancia laboral, económica o social. b) Entidades públicas integradas a la Administración de la Generalidad de Cataluña que tengan atribuidas competencias en materias socioeconómicas y de fomento del desarrollo económico y social. Se incluyen todas aquellas entidades públicas u organismos autónomos que tengan competencias de desarrollo autonómico, política industrial, seguimiento de la política autonómica en todo lo que haga referencia a la aplicación de los fondos estructurales comunitarios, política sanitaria, política de desarrollo territorial y de medio ambiente, servicios sociales, política de inmigración, educación, enseñanza superior, vivienda, infraestructuras y movilidad, protección social, y en general cualquier otra competencia que, por su relevancia socioeconómica, se considere conveniente adecuar a los mecanismos de participación institucional y diálogo social permanente que regula este Decreto-ley. 4.2 La participación institucional también es aplicable a aquellas otras materias que las administraciones determinen en función de sus intereses y de la relevancia socioeconómica de las mismas. 4.3 El presente Decreto-ley también es de aplicación a aquellas otras administraciones públicas de Cataluña, así como sus organismos autónomos integrados y su sector público, que así lo determinen por el acuerdo de sus órganos de Gobierno, si al mismo tiempo se determinan materias de participación, así como los recursos con el fin de hacerlo efectivo. Los nombramientos previstos en el artículo 3.4 se llevan a cabo de acuerdo con la normativa específica que les sea de aplicación. 4.4 La regulación de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los órganos de administración de empresas públicas en las que tengan reconocida su presencia se debe adecuar a lo que se disponga en su normativa específica. 4.5 El presente Decreto-ley no es aplicable a los órganos de participación, representación y negociación colectiva del personal funcionario y laboral incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, que se rigen por su regulación específica. 4.6 Este Decreto-ley no es aplicable a la regulación del derecho de negociación colectiva en el sector privado, que se rige por lo que se dispone en el título III del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y en general a todos aquellos otros espacios de negociación que se puedan crear y producir por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y entre sí. 4.7 Las administraciones públicas han de velar por facilitar el diálogo social permanente y la concertación social en las iniciativas que se desarrollen en los ámbitos y materias que prevén los apartados a) y b) del punto 1 de este artículo. A tal efecto, se han de que constituir órganos de seguimiento con el fin de garantizarlo.