Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

El cálculo del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere este real decreto no modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en materia de morosidad y cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y demás normativa aplicable, sin perjuicio de que sirva como un elemento adicional que permita fomentar la reducción de los plazos para el pago a los proveedores reduciendo el nivel de morosidad en las Administraciones Públicas en beneficio de los acreedores.

1. A los efectos del cálculo del periodo medio de pago global al que se refiere el artículo anterior, el periodo medio de pago de cada entidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:


b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.

c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.

En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo.

Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos desde:

a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.

b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.

c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.

En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo.

1. En ejercicio de las facultades atribuidas en el artículo 18.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, el Ministerio de Hacienda y Función Pública hará un seguimiento, a efectos de detectar posibles incumplimientos, de los datos publicados por las Comunidades Autónomas relativos al periodo medio de pago a proveedores y analizará su consistencia con el resto de información remitida por éstas al Ministerio.

2. Una vez efectuada la comunicación de alerta según lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, el Ministerio podrá comunicar la actualización del importe que la Comunidad Autónoma deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores si, de acuerdo con el seguimiento mensual del gasto, de los pagos realizados y de la evolución de la deuda comercial, entre otros datos, resulta necesaria dicha actualización para que la Comunidad Autónoma cumpla con el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad. Dicha actualización producirá efectos desde el primer día del mes siguiente a la remisión de la comunicación, en aplicación de lo previsto en el apartado 4 de la Disposición Adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

3. Si el Ministerio de Hacienda y Función Pública detecta un incumplimiento en la aplicación de la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores prevista en este real decreto o la inconsistencia de los datos publicados con la información remitida por las Comunidades Autónomas al Ministerio, formulará un requerimiento a la Comunidad Autónoma para que se cumpla lo previsto en este real decreto.

El requerimiento de cumplimiento indicará el plazo, no superior a diez días naturales, para atender la obligación incumplida o la revisión del dato del periodo medio de pago a proveedores publicado, con apercibimiento de que transcurrido el mencionado plazo se procederá a dar publicidad del incumplimiento a través de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que pueda corresponder y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El importe objeto de retención o deducción se determinará mensualmente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en una cuantía que se estime necesaria para mantener el periodo medio de pago a proveedores de los meses siguientes por debajo del plazo máximo fijado en la normativa de morosidad considerando, entre otros, factores tales como el volumen, antigüedad o estado de tramitación contable de la deuda comercial, el seguimiento del gasto, la evolución observada y prevista de los pagos realizados a proveedores, el calendario de tramitación de los mecanismos de financiación habilitados por el Estado, la evolución del plazo medio transcurrido desde la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio hasta la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de la prestación, la distribución temporal de los pagos de los recursos del sistema de financiación o la atención de determinados pagos de carácter prioritario.

3. Desde el momento en que se remita la notificación prevista en el apartado anterior, se tendrá por iniciado el procedimiento de retención. Esta notificación que, en su caso, será objeto de actualización mensual, se acompañará del correspondiente acuerdo de retención dictado por el titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local antes del día catorce de cada mes para cada uno de los meses en los que se mantenga la aplicación del procedimiento de retención previsto en el artículo 20.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

4. Cuando el Ministerio de Hacienda y Función Pública detecte que se ha producido un incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores en los términos establecidos en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, lo comunicará a la Corporación Local, previa comunicación a la Comunidad Autónoma en el caso de que esta ejerza la tutela financiera de dicha Corporación, y le podrá solicitar la información necesaria, debidamente certificada por el Interventor de la Corporación Local, para cuantificar y determinar la deuda comercial y la parte de ella que se va a pagar con cargo a sus recursos propios, cancelándose la diferencia mediante retenciones de la participación en tributos del Estado.

1. Cuando el saldo del importe efectivo de la retención para el pago a proveedores deba ser distinto al importe comunicado en el correspondiente acuerdo de retención, debido a la aplicación de los criterios de prelación legalmente establecidos cuando concurre la aplicación de varios acuerdos de retención, el titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local comunicará al Interventor General de la Comunidad Autónoma el citado saldo. Esa comunicación se efectuará antes del día veinte del mes en el que se haya dictado el acuerdo de retención.

Cuando la Comunidad Autónoma cumpla con el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad durante seis meses consecutivos, finalizará el procedimiento de retención, sin perjuicio de que se continúe el procedimiento de pago iniciado en relación a las comunicaciones remitidas con anterioridad. La finalización del procedimiento de retención será comunicada por el titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local a la Comunidad Autónoma y al Consejo de Política Fiscal y Financiera mediante una comunicación a sus miembros por medios electrónicos, a través de su Secretaría, no siendo necesaria la convocatoria del mismo.

2. Determinado, de acuerdo con el artículo 8.4, el importe total de la deuda comercial que se va a cancelar mediante retenciones de la participación de las Corporaciones Locales en tributos del Estado, y una vez que se conozca el importe de la entrega mensual a cuenta que, efectivamente, va a ser objeto de retención por aplicación de los criterios contenidos en la disposición adicional segunda, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local comunicará al Interventor de la Corporación Local el importe efectivo objeto de retención.

3. Efectuada la comunicación prevista en los apartados anteriores, el Interventor General de la Comunidad Autónoma o de la Corporación Local, según corresponda, remitirá al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la plataforma habilitada al efecto y de acuerdo con las indicaciones y calendario que el mencionado Ministerio le comunique, una relación de las facturas que conforman la propuesta de pago, cuya suma alcance como máximo el importe efectivo objeto de retención comunicado y las regularizaciones procedentes de la tramitación de los pagos de meses anteriores.

Esta relación incluirá, al menos: el importe y la fecha de cada factura o documento acreditativo de la obligación de pago; la fecha de inicio del cómputo del periodo de pago; la identificación del acreedor actual y, en caso de cesión del crédito, del acreedor originario, el número de cuenta corriente en la que se debe realizar el pago, el tipo de deuda y la partida presupuestaria o cuenta contable en la que la obligación pendiente de pago está registrada.

4. Para la selección de facturas prevista en este artículo, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales atenderán como criterio de prioridad de pago la obligación pendiente de pago más antigua en disposición de ser propuesta, salvo autorización del titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, a petición de la Comunidad Autónoma.

5. El Ministerio de Hacienda y Función Pública sólo podrá abonar directamente las facturas de los proveedores de las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales que cumplan todos los requisitos siguientes: