Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo

Artículo 15. Modificación de la resolución de concesión. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Los beneficiarios podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación de la forma y plazos de ejecución y justificación de los correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo de las actividades, que no sean imputables al beneficiario. Las solicitudes deberán presentarse antes de la finalización del plazo previsto de ejecución y justificación, y serán resueltas por la persona titular de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por delegación de la persona titular de la Dirección General de dicho organismo, en los términos del artículo 13.1.

Artículo 16. Régimen de compatibilidad. Quienes reúnan los requisitos establecidos para obtener la condición de beneficiario, podrán solicitar una o varias de las subvenciones reguladas en este Capítulo, siendo compatibles entre sí. No obstante, el importe de las subvenciones que se concedan en ningún caso podrán ser de una cuantía que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad concreta a desarrollar objeto de la subvención, en los términos del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 17. Seguimiento, control y régimen sancionador. 1. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en este capítulo deberán someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el Servicio Público de Empleo Estatal, a las de control financiero que correspondan a la Intervención General del Estado, a las del Tribunal de Cuentas y las de otros órganos u organismos que tengan atribuidas estas competencias. 2. Los beneficiarios estarán obligadas a colaborar con los órganos y organismos competentes en sus actuaciones de seguimiento y control, debiendo aportar cuanta información y documentación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 3. A la finalización del período mínimo de realización de la actividad empresarial previsto en esta orden, el Servicio Público de Empleo Estatal podrá comprobar, de forma directa o a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que el beneficiario de la subvención ha llevado a cabo de forma efectiva la realización de dicha actividad. La comprobación se llevará a cabo mediante la visita a las instalaciones o lugar en el que se desarrolle la actividad empresarial, comprobación de facturas, libros contables y demás documentación relacionada con la misma, así como por los medios adicionales que se consideren adecuados. 4. Los beneficiarios de las subvenciones previstas en esta norma, estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia establece el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como a lo dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 18. Reintegro de las subvenciones. 1. El incumplimiento por el beneficiario de cualesquiera requisitos, obligaciones, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, dará lugar a la incoación, por el Servicio Público de Empleo Estatal, del correspondiente procedimiento de reintegro, que podrá finalizar, en su caso, con la resolución de la subvención concedida, y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la misma. En la tramitación del procedimiento se garantizará al interesado el derecho de audiencia. Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los casos contemplados en el artículo 37 de la citada ley. 2. En todo caso, procederá el reintegro total de la subvención recibida en los siguientes supuestos: a) Cuando el interesado cese en la actividad por cuenta propia que dio lugar a subvención dentro de los dos primeros años contados desde el inicio de la actividad. b) En el caso de subvención financiera, cuando el beneficiario cancele el préstamo durante los dos primeros años contados desde el inicio de la actividad. 3. En el caso de incumplimientos parciales el órgano competente determinará la cantidad a reintegrar por el beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 17.3 n) y 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de incumplimiento, salvo que se acrediten causas ajenas a la voluntad del beneficiario, en los términos del apartado 5 de este artículo, respecto de la obligación establecida en el artículo 4 de mantener su actividad empresarial y su alta en Seguridad Social o equivalente durante al menos tres años, y siempre que el cumplimiento se aproxime de forma significativa al cumplimiento total, entendiendo como tal el haber mantenido la actividad durante al menos dos años, y se acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, procederá el reintegro de las subvenciones percibidas, de forma proporcional al tiempo que reste para el cumplimiento de los tres años. En el supuesto de subvención financiera, procederá la devolución de la parte proporcional de la subvención recibida al tiempo que reste de vigencia del préstamo cancelado o amortizado y, en su caso, de forma proporcional a la cantidad parcial del préstamo amortizado, cuando el interesado cancele o amortice el préstamo anticipadamente y durante el tercer año de vigencia del mismo. 4. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común contenidas en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; por lo dispuesto en el título II, capítulo II, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en el titulo III, capítulo II del Reglamento de dicha ley; y en la Resolución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre el procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas por el Organismo y las actuaciones administrativas derivadas de la recaudación en período voluntario de los ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria derivados de los reintegros. 5. No procederá el reintegro de la subvención concedida cuando el cese en la actividad autónoma subvencionada se deba a causas ajenas a la voluntad del beneficiario, entendiendo como tales aquellos sucesos de fuerza mayor que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables y que no dependan directa o indirectamente de la voluntad del beneficiario, hagan imposible el contenido de la obligación y sean extraños, imprevisibles, insuperables, inevitables e irresistibles, los cuales deberán ser debidamente comunicados y acreditados al órgano concedente. 6. La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de esta orden. Si, como consecuencia de la tramitación del expediente de reintegro, se detectara alguna de las infracciones tipificadas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 67 de dicha ley y en el artículo 9 de la Resolución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social.