Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil

1.ª Existirá uno o más Registros, siempre a cargo de Jueces municipales, asistidos por Secretarios de la Justicia Municipal.

2.ª El Ministerio de Justicia, atendiendo a las circunstancias de cada población, adoptará las medidas más convenientes. En particular, le corresponde decidir:

a) Si en el término municipal ha de existir un único Registro, o varios, señalando en este caso la competencia de cada uno.

b) El Juzgado o Juzgados Municipales a quienes incumbe el Registro Civil y, en su caso, las funciones que a cada uno corresponden.

c) Si el Juzgado o Juzgados han de dedicarse exclusivamente al servicio del Registro. En todo caso, la provisión de vacantes se ajustará a las disposiciones orgánicas de los respectivos Cuerpos.

d) El número de Médicos del Registro Civil y distribución entre ellos de los servicios.

La Orden ministerial por la que se reorganice el Registro, se adoptará, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo previo informe de la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial respectiva, y a propuesta, según la materia, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de la de Justicia o de ambas. No obstante, bastará simplemente la correspondiente propuesta para las determinaciones relativas a los Médicos del Registro Civil, o para adoptar con carácter provisional las medidas oportunas cuya vigencia, entonces, no excederá de un año.

3.ª El Secretario, por delegación del Encargado, podrá desempeñar por sí solo: la función de certificar; todas las funciones registrales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46, y las relativas a las fes de vida, soltería o viudez. Las mismas atribuciones tendrá el Oficial Habilitado de la Justicia Municipal en quien el Secretario, a su vez, delegue, previa autorización del Encargado.

4.ª En el ámbito de funciones referido en el párrafo segundo del artículo 46 las inscripciones que pueden practicarse en virtud de declaración pueden igualmente practicarse en virtud del acta que de tal declaración levante dicho Oficial o Secretario, siempre que se extienda el asiento antes de los dieciséis días de ocurrir el hecho inscribible.

Para que el Juez pueda expedir la licencia de entierro se requiere que se haya levantado el acta y que conste el parte y comprobación de la muerte en los términos exigidos para la inscripción.

5.ª Las atribuciones del Juez de Primera Instancia son asumidas, en el ámbito de las funciones registrales de cada Juzgado Municipal, por el superior respectivo.

En su virtud, extenderá las inscripciones dentro del plazo de nacimientos de hijos habidos en matrimonio, las ordinarias de defunción, las de matrimonio canónico mediante acta civil ordinaria y las notas marginales que no sean de rectificación o cancelación.

Las certificaciones, siempre, se expedirán y firmarán conjuntamente por el Juez y el Secretario.

Cuando sea competente un Registro Consular y se trate de inscripción fuera de plazo puede practicarse antes en el Registro Central y después, por traslado, en el Consular correspondiente.

Extendida la inscripción principal en el último folio registral útil, se pondrá diligencia de cierre expresiva del motivo de clausura, número total de inscripciones principales y el de páginas inutilizadas.

Cualquiera que sea el tiempo transcurrido, y aunque hayan muerto padre e hijo, el expediente puede iniciarse a petición de quien tenga interés legítimo o su representante legal.

La incoación será comunicada en persona a los interesados, quienes en todo caso, podrán constituirse en parte y formular oposición.

Para que la oposición de los constituidos en parte o del Ministerio Fiscal se entienda debidamente formulada a efectos de impedir la aprobación del expediente, debe presentarse en tiempo oportuno, y expresar las razones por las que se estime que faltan los concretos fundamentos de fondo que en la solicitud se invoquen.

Las normas relativas a la imposición y modificación de apellidos que no corresponden por filiación, contenidas en la Sección V, capítulo I, título V, regirán también con las variaciones pertinentes, respecto de la imposición y modificación de los nombres de padre o madre a que se refiere el párrafo anterior.

A estas modificaciones de apellidos se aplicarán también las prescripciones del artículo 217.

a) Si se tratare de apellido a apellidos que no correspondan por naturaleza y el propuesto sea usual o perteneciente a la línea de apellidos conocida.

b) Si el apellido o apellidos solicitados correspondieren a quien tuviere adoptado, prohijado o acogido de hecho al interesado, siempre que aquél, o por haber fallecido, sus herederos, den su consentimiento al cambio. En todo caso se requiere que, por si a sus representantes legales, asientan al cambio el cónyuge y descendientes del titular del apellido.

La incoación del expediente se comunicará a los interesados por edictos fijados en los tablones de los Registros de nacimiento y del domicilio, de los alcanzados por el cambio; la Dirección General puede ordenar otras formas de publicidad.

El Encargado competente para la inscripción de cualquier acto que implique cambio de nombre o apellidos lo comunicará, en cuanto afecte a mayores de dieciséis años, a la Dirección General de Seguridad y al Registro Central de Penados y Rebeldes, y también en su caso, a las autoridades de la Policía del país extranjero en que residan los alcanzados por el cambio. La Dirección General de los Registros y del Notariado puede ordenar otras comunicaciones.

Tales inscripciones, cuando especialmente no se consigne en ellas que se han justificado debidamente ante el Encargado los requisitos de la conservación no modificación de la nacionalidad o vecindad, sólo dan fe de las declaraciones en cuya virtud se practican, circunstancia que de modo destacado constará tanto en el asiento como en la certificación.

Se presentará además, también en su caso, la prueba de la disolución de anteriores vínculos, la licencia matrimonial o la dispensa; ésta no prejuzga la inexistencia de otros impedimentos u obstáculos.

En el acto de ratificación o cuando se adviertan, se indicará a los contrayentes los defectos de alegación y prueba que deben subsanarse.

En los casos no comprendidos en el artículo precedente, la prueba de que no se profesa la religión católica podrá efectuarse, bien mediante certificación acreditativa de la adscripción a otra confesión religiosa, expedida por ministro competente o representante autorizado de la respectiva Asociación confesional, o bien mediante declaración expresa del interesado ante el Encargado.

El Encargado oirá a ambos contrayentes, respectivamente, y por separado, para cerciorarse de la inexistencia de obstáculos legales a la celebración.

La inscripción se extenderá en virtud del acta levantada con las circunstancias necesarias para practicar aquélla y del correspondiente expediente gubernativo.

Las diligencias para la celebración, se practicarán reservadamente y no se publicarán edictos o proclamas. El acta, sin producir asiento alguno en los Libros de inscripciones, será remitida original, inmediata y reservadamente al Central.

En su caso, a la orden de la autoridad judicial que instruye las diligencias seguidas por la muerte, debe haber precedido informa favorable del Ministerio Fiscal, y si se trata de autoridad judicial militar, el del Auditor; si la autoridad es extranjera, se instruirá, para poder inscribir, el oportuno expediente.

Para precisar las circunstancias en el expediente o diligencias, se tendrán en cuenta las pruebas previstas para el de reconstitución.

El expediente será instruido por el propio Encargado, quien, oído el Ministerio Fiscal, propondrá en forma de auto la resolución que proceda; el Juez de Primera Instancia, antes de dictar el definitivo, podrá ordenar nuevas diligencias con citación y audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.

3.º Para acreditar a efectos del artículo 74, la supervivencia del nacido a las veinticuatro horas siguientes al alumbramiento, a fin de poder practicar la inscripción de nacimiento, pero no para convalidar la ya practicada, salvo la hecha por Jueces de Paz.

El Ministerio Fiscal antes de su informe definitivo puede proponer las diligencias o pruebas oportunas. Igualmente puede ampliar, modificar u oponerse a la pretensión deducida, sobre lo cual se oirá a los interesados. Aunque a su juicio haya alguna razón procesal bastante para la oposición, ésta deberá incluir, a la vez, todas aquellas, procedimentales o de fondo que impidan acceder a lo solicitado.

Los Fiscales de Paz, solo pueden actuar en las diligencias encomendadas a los Jueces de Paz.

En lo no previsto en esta legislación, toda notificación se ajustará a lo establecido en las leyes procesales. Sin embargo y salvo cuando se exija notificación personal, las notificaciones podrán hacerse también mediante carta certificada, telegrama o cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción, de la fecha y de la identidad del acto notificado, y se dirigirán al domicilio del interesado o al lugar señalado por éste para las notificaciones. En su caso, la cédula de notificación será fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada y se unirá al expediente el resguardo del certificado.

Cuando no conste el paradero de algún interesado, se hará la notificación por anuncio general de la incoación mediante edictos fijados en el tablón de anuncios del Registro y en el de las oficinas que se juzgue oportuno. En expediente relativo a numerosos asientos, basta que el anuncio determine la Sección y fecha de los hechos de que dan fe las inscripciones principales afectadas.

Si se estima conveniente por la índole de la cuestión cabe que, además de las notificaciones, se haga también anuncio general de la incoación por edictos o cualquier otro medio de publicidad; la inserción en periódicos oficiales u otros medios de información general sólo cabe si la causa es grave y lo ordena la autoridad que haya de resolver el expediente. No obstante, a petición y costa del interesado, se ordenará la publicidad que proponga, si no hubiera en ello afrenta a personas u otro inconveniente.

Sólo podrán ser discutidas las cuestiones relacionadas directa o inmediatamente con la decisión recurrida. Podrán rechazarse los documentos o pruebas que pudieron presentarse oportunamente salvo que sea de interés público su admisión. En los recursos contra la calificación registral no podrán fundarse peticiones en títulos no presentados en tiempo y forma.

El recurso puede presentarse ante cualquier órgano del Registro Civil. Se dará inmediato traslado al órgano cuya decisión se recurra, quien lo notificará, en su caso, a la otra parte y siempre al Ministerio Fiscal, y con las alegaciones de los notificados e informe del propio órgano, se elevará al competente. Este podrá ordenar diligencias para mejor proveer con citación y audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.

Si el fallo recurrido se hubiere limitado a declarar la falta de presupuestos del procedimiento y tal falta no fuera apreciada, el órgano decisor podrá resolver por sí la cuestión de fondo o devolver las actuaciones.

La resolución de los expedientes de nombre y apellidos de la competencia del Juez de Primera Instancia corresponde al superior del Juez-Encargado Instructor.

Elevados al Juez de Primera Instancia los de su competencia y los demás directamente a la Dirección, podrá ordenarse su ampliación con nuevas diligencias y en este caso se oirá nuevamente al Ministerio Fiscal.

Los de nacionalidad cuya resolución corresponda al Jefe del Estado serán instruidos por la Dirección General, que podrá ocasionar tal efecto al Encargado del Registro del domicilio, sin que en ningún caso se requiera anuncios generales ni audiencia del Ministerio Fiscal.

Por causas justificadas, el Director General podrá autorizar la residencia en lugar último siempre y cuando ello se compatible con el exacto cumplimiento de las tareas propias del cargo.

Las enfermedades que impidan el normal desempleo de la función darán lugar a licencia de hasta tres meses prorrogables por períodos mensuales. Tanto inicialmente como para solicitar la prórroga deberá acreditarse la enfermedad y la no procedencia de la jubilación por inutilidad física.

En Encargado del Registro Civil podrá conceder permisos de hasta diez días, cuando existan razones justificadas para ello y dando cuenta inmediatamente a la Dirección General.

Corresponde al Director General la concesión de licencias en los casos y términos señalados en la legislación general de funcionarios.

Solo al que pase a la situación de excedencia especial se le reservará la plaza que ocupare, y será sustituido por el Médico o quien reglamentariamente corresponda.

El funcionario que no tenga reserva de plaza puede solicitar el reingreso, bien participando en los concursos de provisión de vacantes, bien solicitando una de las pendientes de ser convocadas a oposición, la cual, entonces no se incluirá en tal convocatoria.

Las preferencias establecidas en la legislación general de funcionarios con ocasión del reingreso en el servicio activo, se restringen a la plaza misma que servía el funcionario cuando se produjo el cese: El derecho preferente se ejercitará al solicitar el reingreso y participar en el correspondiente concurso de provisión, si entre las vacantes fuere anunciada aquella plaza.

Las faltas leves serán sancionadas por el Encargado del Registro sin necesidad de previa instrucción de expediente. Las faltas graves por acuerdo de la Dirección General y las muy graves, por el Ministerio, pero la separación del servicio sólo podrá ser acordada por el Gobierno.

La pérdida de remuneraciones se referirá a las que obtenga en los días que se determinen, que serán invertidas en papel de pagos al Estado. Se exceptúa una cuantía igual a la que a los funcionarios en general se asigna como complemento familiar.

El expediente de corrección disciplinaria por faltas graves o muy graves será instruido por un Letrado de la Dirección General o por el superior del expedientado que ésta designe.

Se considera fecha del comienzo de los servicios efectivos la de los nombramientos, en los cuales se guardará el orden de la citada propuesta.

Las prórrogas de plazo posesorio se concederán por la Dirección General, si concurre causa grave y por el tiempo estrictamente necesario.

No tomándose posesión de los cargos en el tiempo establecido se perderán los derechos adquiridos en la oposición, salvo que por la Dirección General se acuerde la rehabilitación por concurrir justa causa.